Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74192
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.192, "Morales, María Alejandra y otros c/ Municipalidad de San Miguel del Monte. Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Soria, Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar -parcialmente- al recurso de apelación deducido por los actores y revocó la sentencia de primera instancia que había desestimado la demanda. En lo que aquí interesa, declaró la nulidad del decreto de cese y ordenó la reincorporación de los agentes a los cargos provisionales que ocupaban al momento de disponerse la baja (v. fs. 216/226).
Disconforme con ese pronunciamiento, la Municipalidad demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 235/268 vta.) el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 270/271.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 275) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El juez de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata desestimó la demanda promovida por los agentes Morales, Rolón y Toscano contra la Municipalidad de San Miguel del Monte, mediante la cual pretendían: i) la nulidad del decreto 1.910/11 por el cual el Intendente municipal dispuso el cese de los actores como personal obrero de planta permanente, durante el período de prueba (cfr. art. 7, ley 11.757); ii) la reincorporación en los cargos que ocupaban al momento de la baja; iii) el pago de los salarios no percibidos y iv) el resarcimiento del daño moral que dijeron haber sufrido (v. fs. 167/172 vta.).
Para ello ponderó que, al tiempo de disponerse el cese, los actores no habían adquirido estabilidad en el empleo ya que se encontraban cursando el plazo anual del llamado período de prueba (cfr. art. 7, ley 11.757), circunstancia que estimó suficiente para desestimar la demanda sin necesidad de ingresar al análisis del acto impugnado. Adunó que tampoco surgía de las constancias de la causa o del texto del decreto que los actores hayan respetado el proceso de selección o concurso para su ingreso a la planta permanente.
II. A su turno, la Cámara del fuero con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar -parcialmente- al recurso de apelación interpuesto por los actores y, en consecuencia: i) declaró la nulidad del acto administrativo impugnado por no encontrar abastecido el recaudo de oposición fundada (cfr. art. 7, ley 11.757); ii) ordenó la reincorporación al cargo provisional de revista que cada uno de ellos ocupaba al momento del cese y iii) desestimó el planteo indemnizatorio al considerar que los demandantes no habían adquirido -aún- la estabilidad en sus empleos.
Para así decidir -y en lo que a esta instancia extraordinaria interesa- el Tribunal de Alzada realizó las siguientes consideraciones.
II.1. Liminarmente, indicó que no se encontraba controvertido: i) el carácter temporario de las designaciones primigenias de los actores; ii) la existencia de la ordenanza 3.504/08 -en cumplimiento de la cual se los designara en la planta permanente- y iii) que el cese se dispuso durante la pendencia del período de prueba.
II.2. Luego, desestimó los argumentos de la comuna que sostenían la nulidad de los actos de designación en planta permanente por haber sido dictados en base a una ordenanza que resultaba inválida por cercenar atribuciones del Ejecutivo municipal y sin observar el procedimiento de selección y la categoría de ingreso (cfr. art. 4, ley 11.757).
En cuanto a la alegada invalidez de la ordenanza 3.504/08, la Cámara indicó que el Ejecutivo municipal se encontraba obligado a cumplir una norma general, sea cual fuere su contenido y mientras no promedie una sentencia judicial que la invalide, existiendo para ello un mecanismo específico constitucional que la autoridad municipal no siguió (cfr. art. 196, Const. prov.).
Por su parte, consideró que el procedimiento de selección no era un requisito de validez y que no se encontraba acreditado que los actores hubieran ingresado a la planta permanente sin respetar la categoría inicial que establece la norma.
II.3. Finalmente, centró el núcleo del debate en la validez del decreto 1.910/11 y señaló:
Por un lado, que el carácter temporario de las designaciones primigenias de los actores no varió por el transcurso del tiempo, ni dicho suceso resultó hábil para añadir al desempeño posterior en la planta permanente y tener por satisfecho así el lapso de provisionalidad sumando ambos espacios de labor.
Por el otro, tuvo en cuenta la ausencia de una conducta explícita de oposición fundada, expuesta durante el período de prueba en relación con la idoneidad de cada uno de los actores para el cargo (cfr. art. 7, ley 11.757) y puntualizó que -en el caso- la falta de individualización de la valoración negativa de cada uno de los agentes respecto a su idoneidad, comportaba un vicio de constitución que anulaba el acto de cese en cuestión, resultando insuficiente, a dichos fines, la mera consigna del citado artículo.
Como corolario, con cita de fallos de la Corte federal y local, declaró la nulidad del decreto impugnado y dispuso la reincorporación de los actores a los cargos provisionales de revista que cada uno de ellos ocupaba al momento de decidirse sus respectivas bajas.
III. Frente a lo así resuelto, el letrado apoderado de la Municipalidad demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 235/268 vta.), en cuyo marco denuncia violación y errónea interpretación de los arts. 3 inc. "d", 4, 7, 12, 15, 25 y 92 de la ley 11.757; 14 bis, 16 y 75 inc. 23 de la Constitución nacional; 11 y 39 de la Constitución provincial y 7 inc. 1 de la Convención de la ONU contra la corrupción; la nulidad de la ordenanza 3.504/08 y la vulneración de la doctrina legal que cita.
Básicamente defiende la legitimidad del acto de cese (dec. 1.910/11), pues -según indica- exterioriza el ejercicio de una prerrogativa legalmente reconocida a la Administración durante la pendencia del período de prueba y se encuentra debidamente motivada en la irregularidad de los actos de designación de los actores en la planta permanente, circunstancia que lo torna nulos y justifica su revocación de oficio (arts. 7, ley 11.757; 108, ord. gral. 267/80 y 240, Ley Orgánica de las Municipalidades).
III.1. En ese sentido, postula que la Cámara incurre en arbitrariedad al omitir ponderar -al momento de decidir sobre el acto impugnado- que los decretos de designación de los actores en la planta permanente -decretos 399/11, 400/11 y 1.083/11- se encontraban viciados de nulidad, merced las irregularidades que portaban, a saber: i) ausencia de vacante y de partida presupuestaria para ocupar el respectivo cargo; ii) omisión de un estudio de factibilidad económica y iii) incumplimiento del proceso de selección e inobservancia de la categoría de inicio (cfr. arts. 4 y 25, ley 11.757).
En consecuencia, sostiene que deviene legítimo el acto que revocó una designación irregular y que violentó -según alega- el derecho a la carrera administrativa y los principios constitucionales de idoneidad para la función e igualdad de oportunidades.
III.2. Por su parte, denuncia que la ordenanza 3.504/08 -en virtud de la cual se designó a los actores en la planta permanente- resulta ilegítima por invadir zonas reservadas al Ejecutivo municipal y modificar artículos de la ley 11.757, por lo que requiere se decrete su nulidad en esta instancia extraordinaria.
III.3. Seguidamente, denuncia que la interpretación efectuada por la Cámara, relativa a que el acto de oposición debe fundarse únicamente en la idoneidad, importa vaciar de contenido la prerrogativa de la Administración para decidir sobre la permanencia del agente que ha nombrado, vulnerando de ese modo la doctrina legal de esta Suprema Corte en la causa B. 51.566, "De Santis", sentencia de 29-II-2000, más cuando la oposición a la continuidad de la relación de empleo público puede ejercerse válidamente con sustento en razones de servicio o de conveniencia de la Administración (cfr. doctr. causa B. 50.032, "Gallego", sent. de 28-VIII-1990).
III.4. Finalmente afirma que los pilares sobre los que se estructura la crítica recursiva son, por un lado, la vigencia del debido proceso constitucional, que conlleva el respeto al principio de imparcialidad del juzgador y observancia irrestricta del derecho de defensa y, por el otro, el necesario ejercicio de la jurisdicción como garantía de cumplimiento del anterior.
IV. El recurso prospera.
IV.1. Liminarmente, corresponde destacar que, conforme surge del relato de antecedentes, la cuestión a dilucidar consiste en determinar si el decreto 1.910/11, por el cual el Intendente entrante revocó la designación de varios agentes municipales -entre ellos los actores- y dispuso el cese en sus funciones, se ajusta a derecho.
A tal fin, cabe ponderar los siguientes datos laborales de los actores: i) ingresaron a trabajar para el municipio demandado el día 11 de diciembre de 2007, ocupando la planta temporaria; ii) con base en la ordenanza municipal 3.504/08, fueron incorporados a la planta permanente a través de los decretos 399/11, 400/11 y 1.083/11; iii) mediante decreto 1.910/11, el Intendente entrante revocó las designaciones y dispuso el cese en sus funciones; iv) dicho acto fue notificado a los actores el día 13 de diciembre de 2011 y v) la medida segregativa se dispuso durante el transcurso del período de prueba (art. 7, ley 11.757).
IV.2. Sentado ello, me referiré al régimen previsto en la ley 11.757, vigente al momento de los hechos y aplicable al caso (actualmente derogada por el Régimen Marco de Empleo Municipal, 14.656, arts. 1, 64 y 120, B.O. de 6-I-2015).
El Estatuto del Empleado Municipal (ley 11.757), contemplaba dos regímenes claramente diferenciados para el personal comprendido en su ámbito de aplicación, a saber: a) de planta permanente (cap. I) -integrada por el personal que gozaba de estabilidad- y b) de planta temporaria (cap. II) -comprensivo del personal temporario, reemplazante, destajista y contratado por locación de servicios-. La citada normativa deslindaba, igualmente, los derechos que les asistía a los agentes en cada caso.
Asimismo, y en lo que aquí resulta pertinente, establecía que el ingreso a la función pública municipal se haría por la categoría correspondiente al grado inferior de la clase inicial de cada agrupamiento mediante concurso o procedimiento especial de selección (art. 4).
Por su parte, disponía que todo nombramiento era provisional hasta tanto el agente adquiriera estabilidad; derecho que se obtenía a los doce meses de no mediar, previamente, oposición fundada y debidamente notificada por autoridad competente. Durante el período de prueba al agente podía exigírsele la realización de acciones de capacitación y/o formación, cuyo resultado podía condicionar su situación definitiva. Debía cumplir además los requisitos del art. 3 inc. "d" (art. 7).
De lo reseñado, se sigue que para adquirir la garantía de estabilidad era menester que la designación en la planta permanente respetara la carrera administrativa y que, transcurrido el término legalmente establecido, no existiera oposición fundada a la continuación de su desempeño en ese lapso, para que los agentes quedaran definitivamente incorporados al plantel del municipio (arts. 4, 7 y 15).
IV.3. Ahora bien, en la especie queda fuera de discusión que la situación de los actores se encuentra regulada en el art. 7 de la ley 11.757 puesto que, a pesar de haber sido incorporados a la planta permanente del municipio, carecían de estabilidad, ya que al momento de disponerse el cese -y su notificación- aún no había transcurrido el lapso de los doce meses allí estipulados.
Siendo ello así, he de precisar que durante el citado período de provisionalidad, se permite a la Administración aquilatar las condiciones del agente para determinar si merece pertenecer a su plantel permanente, y en caso negativo, poner fin a la relación jurídica por "razones de servicio" o "de confianza", ya que al no existir estabilidad, le asiste al órgano competente la facultad de remover, consecuencia natural del derecho de nombrar (conf. causas B. 50.032, "Gallego", sent. de 28-VIII-1990; B. 59.575, "Pequeño", sent. de 21-XII-2011 y sus citas; e.o.).
También, durante dicho lapso, la autoridad administrativa puede disponer su cese, desde que ello no implica la imposición de una medida disciplinaria sino el ejercicio de una facultad que deriva -como señalé- de la de nombrar, resultando imprescindible para ello la mención de las causales que lleven al órgano a adoptar esa actitud (conf. causas B. 50.032, cit.; B. 54.512, "Pertusi", sent. de 11-IV-1995; B. 50.864, "Rodríguez", sent. de 29-VIII-1995 y B. 59.575, cit.).
En ese sentido, cabe destacar que esta Corte tiene dicho que el cese del agente municipal producido durante el período de prueba constituye el ejercicio de una facultad propia del municipio, cuya eficacia se encuentra supeditada a un doble condicionamiento: tanto la emisión del acto como su notificación deben producirse con antelación al cumplimiento de dicho período de prueba (doctr. causa B. 49.744, "Cornes", sent. de 30-IX-1986, en "Acuerdos y Sentencias", 1986-III, 389 y mi voto en causa B. 59.575, ya cit.).
Y es claro que ambos extremos no se encuentran controvertidos en autos.
IV.4. Sin embargo, otras consideraciones son dables de efectuar en lo relativo a la "oposición fundada" prevista en la norma.
Al respecto, este Supremo Tribunal ha tenido oportunidad de indicar que esa oposición es un mecanismo previsto en la ley para evitar que se produzca automáticamente la adquisición de la estabilidad por el transcurso del plazo de prueba, cuando la Administración advierta que el agente incorporado en la planta permanente resulta disfuncional a los cuadros administrativos, sea ello por su falta de idoneidad comprobada durante ese período o por su manifiesta incompatibilidad con las necesidades de servicio, determinadas aún después de la designación (conf. causas B. 50.032, "Gallego", sent. de 28-VIII-1990; B. 61.660, "Fardín", sent. de 11-III-2009; B. 59.575, "Pequeño", sent. de 21-XII-2011 y B. 61.903, "Picotto", sent. de 5-III-2014).
Además de que específicamente se halla impuesta en la norma aplicable, debe recordarse que la obligación de motivar el acto administrativo, como modo de reconstrucción del pensamiento lógico seguido por la autoridad para justificar una decisión de alcance particular que afecta situaciones subjetivas, a más de comportar una exigencia inherente a la racionalidad de su decisión, así como a la legalidad de su actuar y ser, también, derivación del principio republicano de gobierno, es postulada prácticamente con alcance universal por el moderno derecho público (doctr. causa B. 64.180, "Yane", sent. de 27-XII-2017).
La exigencia de motivación -lo mismo sucede con la sentencia- no busca establecer formas por las formas mismas, sino preservar valores sustantivos. Aparece como una necesidad tendiente a la observancia del principio de legalidad en la actuación de los órganos estatales y que desde el punto de vista del particular o administrado traduce una pretensión fundada en la idea de una mayor protección de los derechos individuales, ya que de su cumplimiento depende que el administrado pueda conocer de una manera efectiva y expresa los antecedentes y razones que justifican el dictado del acto (conf. causas B. 59.134, "Sacomani", sent. de 8-VI-2005 y B. 62.434, "Cassini", sent. de 21-X-2015).
En consecuencia, nada obsta que la designación de los agentes sea reconsiderada por conducto del art. 7 de la ley 11.757, siempre con el límite de no incurrir en ilegitimidad, extremo que se verificaría cuando, por ejemplo, se demostrara que no medió el motivo determinante invocado por la autoridad (art. 108, ord. gral. 267/80) o que ella ha desviado el fin previsto por las normas actuadas (art. 103, ord. gral. 267/80), circunstancias que conforme la reiterada jurisprudencia de este Tribunal, conllevarían la invalidez de la decisión administrativa (doctr. causa A. 70.874, "Mattei", sent. de 14-X-2015) y que no se presentan en este caso.
IV.5.a. Desde esta perspectiva, a la luz de los lineamientos indicados y vistas las constancias de la causa, corresponde analizar si se encuentra corporizado en el decreto 1.910/11 el carácter "fundado" de la oposición exigido en la citada norma.
Ello así, puesto que mientras la Cámara estima que el acto no abasteció tal recaudo, por no referirse a la idoneidad de los agentes cesanteados, la comuna recurrente defiende la legitimidad de su obrar al sostener que el cese se funda en las irregularidades que portaban los decretos de nombramiento, al haber sido dictados: i) sin respetar el procedimiento de selección y el nivel inicial de ingreso (art. 4, ley 11.757); ii) mediante la mecánica de la ordenanza 3.504/08 que -según indica- no se ajusta a derecho y iii) sin ponderar razones de índole presupuestarias.
En efecto, teniendo en consideración la finalidad práctica que posee el período de prueba previo a la consagración administrativa de la estabilidad laboral, puede advertirse el error en que ha incurrido el Tribunal de Alzada al pretender circunscribir solo en la idoneidad del agente la oposición para habilitar el cese durante la pendencia del período de prueba. Pues el contexto que aprehende la norma, en modo alguno impide considerar también situaciones como la planteada en el presente caso; donde la solución no depende solo de la idoneidad de los agentes cesanteados, sino de verificar la existencia de determinados recaudos legales que les permitan adquirir a los agentes el derecho a la estabilidad en sus empleos.
En este sentido, debe decirse que el motivo por el cual la comuna dispuso el cese de los actores radicó en la irregularidad de los decretos de nombramiento, al haber sido dictados -entre otras razones- con base en una ordenanza que -según se alega- resulta ilegítima por su manifiesta incompatibilidad con el sistema de ingreso a la función pública, circunstancia que -indica- los tornó irregulares y justificó su anulación de oficio.
Ello implica que, en definitiva, el ataque de la recurrente se dirige contra la ordenanza 3.504/08, en cumplimiento de la cual se designó a los agentes cesanteados en planta permanente.
Este aspecto fue abordado por el Tribunal de Alzada (v. fs. 218 vta.) al considerar que el Departamento Ejecutivo se encontraba imposibilitado de omitir, abstenerse o dejar de cumplir una norma general, sea cual fuere su contenido, sin que promedie una sentencia judicial que la invalidase de alguna forma. Añadió que el mecanismo para tal fin se hallaba en la disposición del art. 196 de la Constitución provincial, el que no se había actuado oportunamente.
Así, considero que la premisa expuesta en la sentencia impugnada luce desacertada.
IV.5.b. Advierto, asimismo, que los reproches vinculados a la supuesta trasgresión en que incurre la ordenanza 3.504/08 a las disposiciones de la ley 11.757 -por el modo en que reconoce el derecho de ingreso a la planta permanente de los empleados del municipio de San Miguel del Monte-, no están dirigidos a denunciar la invasión de facultades propias del Departamento Ejecutivo comunal, sino a impugnar la ordenanza por ilegítima en un espectro que excede el marco de distribución de competencias ent
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.