Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76318
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario interpuesto (art. 279, CPCC).
Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.318, "Ramos, Mirta Graciela contra Provincia de Buenos Aires. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres .
A T E C E D E N T E S
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata revocó la sentencia dictada por la jueza de primera instancia, que había hecho lugar a la pretensión de la actora de anular la resolución 323/12 y su confirmatoria 340/14 -emanadas del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires- y condenó a la demandada a reubicar a la actora en el cargo de Inspector General del Escalafón Cuerpo General, con retroactividad al día 30 de marzo de 2009, así como también al pago de las diferencias salariales que correspondieran hasta el momento del retiro voluntario, acaecido el 1 de abril de 2010, con más intereses y costas a la demandada (v. fs. 125/130).
Contra dicho pronunciamiento la señora Mirta Graciela Ramos, con patrocinio letrado, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 133/148), el que fue concedido por resolución de la Cámara interviniente a fs. 157/158.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 160) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. La señora Mirta Graciela Ramos promovió acción contencioso administrativa en la que requirió la declaración de nulidad de las resoluciones 323/12 y 340/14, por medio de las cuales el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires denegó su reclamo de reescalafonamiento al Cuerpo General del Servicio Penitenciario Bonaerense. Asimismo, solicitó se condenara a la demandada al dictado del acto administrativo pertinente disponiendo su pase al nuevo escalafón a partir del 30 de marzo de 2009, el pago de las diferencias salariales con más intereses, incorporando también los aportes personales a liquidar que correspondan en el Instituto de Previsión Social provincial sobre las diferencias reconocidas.
Sostuvo la actora que razones ajenas a su desempeño profesional le impidieron acceder al cargo de máxima jerarquía del escalafón Cuerpo General, no obstante los informes favorables de calificación, la consideración de apta para el ascenso y la circunstancia de haberse solicitado el ascenso de oficio por el Jefe del Servicio el 30 de marzo de 2009.
I.2. Se aclara que la demandante pasó a situación de retiro efectivo voluntario con el cargo de Inspector Mayor del Escalafón Profesional a partir del 1 de abril de 2010 (v. fs. 131 y 134, expte. adm. 21.211-816499/09), fecha a partir de la cual la entidad previsional comenzó a liquidarle el beneficio jubilatorio correspondiente al cargo que ocupara en el Escalafón Profesional.
I.3. En lo que a la resolución del presente recurso interesa, la titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda y reconoció el derecho de la actora al reescalafonamiento en el cargo de Inspector General del Escalafón Cuerpo General, con retroactividad al día 30 de marzo de 2009, condenando a la demandada al pago de las diferencias salariales que correspondieran hasta el momento del retiro voluntario. Asimismo, adicionó intereses e impuso las costas a la demandada en su condición de vencida.
Para así resolver, sostuvo que la agente Ramos reunía, al momento de la propuesta de reescalafonamiento, los requisitos que la ley exigía en esa época para ocupar el cargo de Inspector General de la Estación General del Servicio Penitenciario, con todas las tareas y responsabilidades indicadas para su promoción, de conformidad a lo establecido por el decreto 949/05 y descartó los recaudos estipulados a través del decreto 3.392/09 por resultar posteriores a la fecha de propuesta de promoción de la actora.
I.4. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, hizo lugar al recurso de apelación deducido por la Fiscalía de Estado y, en consecuencia, revocó esa decisión estimatoria de la pretensión, imponiendo las costas en el orden causado (v. fs. 125/130).
Para así decidir, luego de relatar los antecedentes del caso y reseñar la normativa aplicable, señaló que los agravios traídos a esa instancia eran de recibo, y que la sentencia apelada debía ser dejada sin efecto.
Refirió que la actora no había siquiera intentado desvirtuar las consideraciones vinculadas a la falta de cumplimiento de los presupuestos establecidos por decreto 3.392/09, en cuanto modificó las funciones de jerarquía de Inspector General del Escalafón General previstas en el Anexo I del decreto 342/81, circunstancia que evidenciaba -a la luz de los resuelto por los dictámenes de los organismos intervinientes- que claramente la señora Ramos no cumplía con tales exigencias legales.
Agregó que la circunstancia de que la agente haya decidido voluntariamente acogerse al Retiro Efectivo el 1 de abril de 2010, obstaba la posibilidad de ser promovida, de conformidad a lo establecido por el art. 54 del decreto ley 9.578/80 y la doctrina de este Tribunal que establece que "...el retiro cierra la carrera activa del causante" (cfr. causa B. 67.200, "Elizondo", sent. de 11-III-2009; e.o.).
Por su parte, recordó también la doctrina de esta Suprema Corte relativa al derecho al ascenso, según la cual este requiere una norma inequívoca que lo establezca, así como el cumplimiento efectivo de los requisitos necesarios a ese objeto, pues la mera existencia de una vacante en el cargo pretendido, no constituye razón suficiente para generar la obligación de cubrirla por parte de la Administración Pública.
II. Contra dicho pronunciamiento la representación legal de la actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (arts. 278 y 279, CPCC), en cuyo marco denuncia la violación de los decretos 3.392/09 y 9.578/80 y su reglamentario 342/81.
Asimismo, cuestiona que la sentencia impugnada vulnera el precedente emanado de esta Suprema Corte en el caso "Elizondo" (causa B. 67.200, sent. de 11-III-2009) y doctrina concordante.
II.1. Respecto a la violación de la normativa aplicable la recurrente expresa que el decreto 3.392/09 no resulta aplicable al caso, tal como surge de la sentencia de grado, ya que si bien su art. 3 modificó las funciones de la jerarquía de Inspector General del Escalafón General previstas en el Anexo I del decreto 342/81, lo cierto es que dicha norma fue publicada más de un año después de que el Jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense propusiera el cambio de escalafón (esto es, el 30-III-2009), razón por la cual, en virtud de la aplicación del principio de irretroactividad de las leyes (consagrada en diversos precedentes de este Tribunal que se citan a fs. 144 vta. y en el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación -ley 26.994-) impide que se aplique una ley nueva para juzgar hechos anteriores a ella.
Insiste en que la decisión de su pedido fue demorada unilateralmente por la Administración, que nunca activó el procedimiento durante los plazos debidos, circunstancia que jamás podría perjudicar su derechos.
Expresa que el tribunal actuante no ha realizado ninguna consideración respecto de este punto en la sentencia impugnada, pese a formar parte central del pronunciamiento revocado.
Por último, aduce que la sentencia impugnada trata al objeto del reclamo como un "ascenso" y no como un "cambio de escalafón", razón por la cual erra tanto en las normas que aplica como en la doctrina legal en la que se apoya.
II.2. Por su parte, en lo atinente al agravio relativo a la violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte, afirma que el a quo se apartó de la sentada en el caso "Elizondo" y de los precedentes concordantes en la materia, destacando que tal doctrina se refiere a casos de "ascenso" de un agente, pero no de "cambio de escalafón", supuesto en el cual no resulta de aplicación el art. 54 del decreto ley 9.578/80, sino los arts. 28 y 29 del mismo cuerpo normativo, que regularían de un modo diferente la cuestión.
III. Considero que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto no prospera, en consideración a su insuficiencia (art. 279, CPCC).
Advierto que la pieza recursiva debe ser rechazada en tanto sus argumentos solo importan una mera disconformidad con lo resuelto en la sentencia que ataca y omite rebatir los fundamentos centrales del fallo.
Esta Corte tiene dicho que es requisito de ineludible cumplimiento para el recurrente en instancia extraordinaria la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte. Deficiencia que se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (conf. doctr. causas A. 76.166, "Los Lagartos Country Club S.A.", sent. de 26-XI-2021; A. 71.160, "Martire de Abeijón", sent. de 19-X-2016; A. 72.293, "Gómez", sent. de 6-V-2015; e.o.).
III.1. Respecto del primer agravio, esto es, la configuración de la legislación aplicable y el principio de irretroactividad de la ley, resulta preciso llevar el análisis jurídico del caso a su justo cauce.
En efecto, por más que la recurrente dirija sus embates hacia la irretroactividad de la ley (en este caso, del decreto 3.392/09), lo cierto es que esto carece de relevancia para la resolución del caso.
En tal sentido, advierto que la Cámara interviniente resolvió expresamente que dado que la interesada pasó a revistar en situación de retiro efectivo voluntario mediante resolución interna 2.548/10 a partir del 1 de abril de 2010, refrendada por resolución ministerial 155, de 9 de mayo de 2011 (y el Ministerio de Justicia y Seguridad resolvió denegar por tal razón la reubicación solicitada) y que por aplicación del art. 3 del decreto 3.392/09 entendió que la agente ya no cumplía con alguna de las funciones allí establecidas para acceder a la jerarquía pretendida (cfr. resol. 323/12), la normativa de base que impedía el mencionado ascenso era el decreto reglamentario 342/81 (arts. 28 y 29), el art. 1 inc. 12 del decreto 574/01 y, finalmente, el art. 4 del decreto ley 9.578/80, en cuanto a los requisitos generales y específicos exigidos legalmente para acordar pases y/o ascensos dentro del plantel del Servicio Penitenciario Bonaerense.
De allí que, contrariamente a lo afirmado por la recurrente, el decreto 3.392/09 no tiene consecuencias jurídicas atinentes al desenlace de la cuestión bajo análisis. De hecho, tal como lo explica el Tribunal de Alzada en el punto II.3. del voto mayoritario, la propia recurrente ni siquiera intentó desvirtuar las consideraciones efectuadas por la autoridad administrativa vinculadas a la falta de cumplimiento de los presupuestos establecidos en este decreto, en cuanto modificó las funciones de la jerarquía de Inspector General del Escalafón General previstas en el Anexo I del decreto 342/81.
Por otra parte, no surge evidente que, como aduce la recurrente, el art. 54 del decreto ley 9.578/80 y los arts. 28 y 29 del mismo cuerpo normativo, regulen de manera diferente la cuestión relativa al cumplimiento de los requisitos efectivos para la promoción de un agente, más allá de su diferencia nominal, dado que se advierte que todo el régimen del personal del Servicio Penitenciario se encuentra, lógicamente, apuntalado por los mismos principios y por la coherencia propia de un sistema normativo que -como tal- no ha sido impugnado en la presente causa.
III.2. Entiendo que el planteo efectuado en relación al segundo agravio también luce ineficaz. Se equivoca la recurrente cuando denuncia que el tribunal realizó una incorrecta aplicación del régimen legal regulado por el decreto ley 9.578/80 y su decreto reglamentario 342/1981.
En tal sentido, cabe señalar que expresamente el art. 54 del decreto ley 9.578/80 establece que el retiro cierra la carrera activa del causante, produce la vacante en el respectivo escalafón, no permitiendo desempeñar funciones en actividad, salvo el caso de convocatoria.
Por su parte, el art. 71 del decreto ley 9.578/80 establece ciertos límites para los ascensos, prohibiendo expresamente la promoción del personal que se encontrare en condiciones de pasar a situación de retiro. Tal lo que aconteció en la especie, como fuera dejado en claro en las instancias anteriores.
Lo expuesto basta para considerar que en las circunstancias del caso resultan insuficientes los argumentos con los que la actora intenta controvertir lo decidido por el Tribunal de Alzada, dado que solo con su criterio disidente sostiene que le asiste derecho en lograr una promoción a un cargo superior y reajustar su haber jubilatorio con un cargo que no alcanzó durante su desempeño en el Servicio Penitenciario.
Además, corresponde aclarar que resulta plenamente aplicable al presente caso la doctrina sentada por este Tribunal in re "Elizondo" (causa B. 67.200, sent. de 11-III-2009), ajustada a su recta interpretación, en la cual se dijo que el régimen legal aplicable a estas situaciones no confiere el derecho a ascender por la sola circunstancia de haber sido el agente calificado como apto para el ascenso, máxime cuando ha pasado a situación de pasividad.
Resulta clave en este aspecto lo dicho por el tribunal en cuanto a que la promoción en la escala jerárquica no es un derecho subjetivo del agente público que pueda generarse por consecuencia necesaria de la producción de una vacante, ni tampoco por la acumulación de determinados años de antigüedad o la existencia de una buena calificación (causa B. 63.447, "Bruni", sent. de 13-VII-2011).
IV. Por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la actora (art. 279, CPCC), confirmando la sentencia impugnada.
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68, primer párr. y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Adhiero, por las consideraciones que seguidamente expondré, a la solución propuesta por la colega que abre el acuerdo, en cuanto que el recurso no cumple con los requisitos de suficiencia técnica exigidos en esta instancia de excepción (conf. art. 279, CPCC).
II. El tribunal a quo resolvió desestimar la pretensión con base en dos argumentos; en primer lugar, entendió que la actora Ramos no habría acreditado el cumplimiento de los requisitos para acceder al cambio de escalafón solicitado (v. fs. 128). En un segundo tramo señaló que la actora se encontraba en situación de retiro voluntario lo que importaba el cierre activo de la carrera administrativa.
Más allá del acierto o error en la decisión, lo trascendente para la resolución del caso radica en la falta de sujeción de los fundamentos del recurso a la sentencia de Cámara.
La presentación recursiva articulada por la demandante a fs. 133/148 contiene dos embates que no guardan vinculación con el pronunciamiento. De un lado (v. pto. V.1., fs. 144), reedita lo dicho por la jueza de origen en torno a la aplicación temporal del decreto 3.392/09; y del otro, alega la violación de la doctrina legal de este Tribunal (v. fs. 145 vta.).
III.1. Respecto del primer agravio, cabe expresar, como lo señalara la doctora Kogan, que en el recurso se profundiza lo dicho por la jueza de grado en relación con la aplicación del decreto 3.392/09 a su situación, cuando lejos de ello, el tribunal a quo sostuvo que "la accionante no ha siquiera intentado desvirtuar las consideraciones vinculadas a la falta de cumplimiento de los presupuestos establecidos por del Decreto 3392". Hay un notorio desacople entre el argumento donde se centra su embate y el eje por el cual transita la decisión.
Ello, además de evidenciar una insuficiencia recursiva, importa la firmeza de la decisión en torno al incumplimiento de los requisitos por parte de la demandante para obtener el pretendido cambio de escalafón.
III.2. En relación al segundo agravio, el recurso denuncia el modo en el que, según su criterio, el a quo hace una interpretación errónea de la jurisprudencia de esta Corte. Indica que los casos utilizados por el tribunal para fundamentar su decisión no guardan identidad fáctica con el sub lite.
Ello en modo alguno supone la violación de la doctrina legal; en cualquier caso, podría implicar que el órgano no ha citado fallos atingentes a los hechos que se debaten. En la medida en que no se acrediten las razones por las que la decisión se contrapone con el criterio de este Tribunal, no se configura tal agravio. Lo que importa a estos fines es lo medular de la decisión, y no los precedentes -o eventuales citas doctrinarias- que, atinadamente o no, se citen en su apoyo.
En razón de tales consideraciones, voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Comparto los fundamentos que propone la señora Jueza doctora Kogan, con las precisiones dadas por el señor Juez doctor Soria.
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto (art. 279, CPCC).
Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/10/2022 20:52:50 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2022 09:37:20 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/10/2022 10:26:32 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2022 13:59:24 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2022 17:55:20 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 27/10/2022 17:57:49 hs. bajo el número RS-90-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia