Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77180
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812). Con costas al recurrente vencido (art. 289, CPCC).
A.77.180 “OMINT S.A. DE SERVICIOS C/ TRIBUNAL FISCAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION ANULATORIA - RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY”
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata hizo lugar a la pretensión anulatoria deducida por la parte actora, declarando extinguidos por prescripción los tributos objeto del proceso (Ingresos Brutos periodos 01/2007 a 12/2008) y dejando sin efecto, en consecuencia, lo demás decidido en la resolución del Tribunal Fiscal de Apelación de 8-V-2017. Asimismo, ordenó la devolución de las sumas ingresadas en concepto de pago previo, e impuso las costas al Fisco demandado en su calidad de vencido, con cita del art. 51 del Código Contencioso Administrativo (v. sent. de 30-III-2021).
Frente a ello, la apoderada fiscal articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. present. de 15-IV-2021), el que fue concedido (v. resol. de 20-V-2021).
II. En su presentación, la impugnante denuncia la transgresión de los arts. 51 del Código Contencioso Administrativo y 69 del Código Procesal Civil y Comercial, cuestionando el modo de imposición de las costas por considerarlo desacertado. Alega que la normativa procesal bonaerense vigente indica en forma expresa la posibilidad de eximir total o parcialmente del pago de las costas al vencido cuando, como en el caso de autos, se debaten cuestiones dudosas o complejas de derecho, correspondiendo la aplicación de costas en el orden causado. Remarca que se debatió una situación que exige la flexibilización del principio de imposición de costas a la parte vencida.
III. El recurso no prospera.
III.1. Portan los agravios traídos en el escrito en análisis únicamente el cuestionamiento de la condena en costas a la vencida por la declaración de prescripción de los tributos reclamados.
Al respecto, ha sostenido con reiteración esta Corte, en materia de costas, que es facultad exclusiva de los tribunales de grado analizar la situación de cada parte y cargar en consecuencia a una u otra las costas del juicio, valorando al mismo tiempo si se dan los supuestos como para hacer uso de las posibilidades de eximición total o parcial previstas por el ordenamiento procesal (doctr. causas Ac. 87.603, "Bartoszevich", sent. de 6-VII-2005; L. 84.287, "R.R.", sent. de 31-VIII-2007; C. 113.689, "Fisco Nacional, AFIP-DGI", sent. de 6-XI-2012; Q. 70.401, "Fisco c/ Cintolo Hnos", sent. de 10-IX-2014; C. 104.195, "Lede", sent. de 21-II-2018; A. 76.972, "El Rápido Argentino", resol. de 25-VI-2021, e.o.).
Asimismo, también se ha señalado que la imposición y distribución de las costas es una típica cuestión de hecho, propia de las instancias de mérito y, como tal, irrevisable en sede extraordinaria salvo el supuesto de absurdo, vicio que se configura si se invoca -y demuestra- que se haya alterado burdamente el carácter de vencido o exista iniquidad manifiesta en el criterio de distribución (doctr. causas A. 73.664, "Cisi", sent. de 17-V-2017; A. 75.478, "Cifuentes", resol. de 5-VI-2019; A. 76.076, "Guardia", resol. de 13-XI-2019; A. 76.393, "Sales", resol. de 19-VIII-2020).
Los indicados extremos no se verifican en la especie, donde el recurrente solo exterioriza una mera disconformidad en orden al criterio seguido por el a quo , sin siquiera invocar el aludido vicio (art. 279, CPCC).
De manera que, aún cuando lo decidido respecto de la imposición de las costas pudiera ser calificado de objetable, discutible o poco convincente, ello no patentiza el mencionado déficit, cuya concreción requiere algo más: el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones inconciliables con las constancias objetivas de la causa (doctr. causas A. 71.518, "Boada", sent. de 19-X-2016; A. 73.283, "Troncoso Vivas", sent. de 13-XII-2017; A. 75.092, "Martínez", sent. de 17-X-2018; A. 76.280, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ FIN S.A.", resol. de 6-VII-2020).
III.2. Por otra parte, corresponde agregar que la doctrina legal a la que refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial es la que fluye de las sentencias de esta Corte y no la que se desprende de los fallos de otros tribunales, incluyendo la derivada de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (conf. doctr. causas A. 70.702, "Ponce", sent. de 29-II-2012; A. 72.442, "Arteca", sent. de 6-XI-2013; A. 74.706, "Gallina", resol. de 12-VII-2017; A. 76.829, "Belmonte", resol. de 30-III-2021).
Además, cabe señalar que los precedentes de este Tribunal que se citan, aluden a presupuestos fácticos distintos a los de la presente causa.
III.3. Finalmente, en relación a la denuncia de "gravedad institucional" cabe adunar que, en el ámbito del recurso federal y también en el de los recursos extraordinarios locales, se ha juzgado, mediante un criterio que es enteramente aplicable en este supuesto, que no corresponde hacer lugar a su invocada existencia si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable su concurrencia (conf. CSJN Fallos: 303:221; doctr. causas Q. 73.758, "Asociación Vecinal de Fomento", resol. de 15-VII-2015; Q. 74.638, "Rodriguez", resol. de 10-V-2017; Q. 75.536, "Senin", resol. de 20-III-2019; Q. 76.604, "Fisco c/ Distribuidora Blancaluna S.A.", resol. de 23-XII-2020).
IV. Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812). Con costas al recurrente vencido (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 inc. 3 ap. "c", resol. Presidencia SCBA 10/20, resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/08/2022 14:18:38 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/08/2022 18:19:02 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/08/2022 10:44:51 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/08/2022 14:32:21 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/08/2022 10:34:28 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 06/08/2022 10:39:57 hs. bajo el número RR-797-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia