Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76051
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso de inaplicabilidad interpuesto (conf. art. 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.051, "Atanor S.C.A. c/ Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Genoud, Kogan, Carral, Natiello, Maidana.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata admitió la pretensión de la actora y declaró la prescripción de los períodos fiscales 2007 y 2008 del Impuesto sobre los Ingresos Brutos reclamados por el Fisco, con costas a la vencida (v. fs. 353/359 vta.).
Disconforme con ese pronunciamiento, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara actuante (v. presentación electrónica de fecha 15-IV-2019 a las 10:24 hs.).
Dictada la providencia de autos a fs. 372, presentada la memoria (v. presentación electrónica de fecha 12-IX-2019) y, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por la parte actora y, en consecuencia, anuló la decisión del Tribunal Fiscal de Apelación, en la parte que confirma la resolución determinativa y sancionatoria 3.855/13, emitida por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) y declaró la prescripción de los períodos fiscales 2007 y 2008 del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, reclamados en dicho acto al contribuyente "ATANOR S.A." (cfr. arts. 12, 27 y concs., CCA; 2, ley 12.074, texto según ley 13.405).
Para así decidir, por mayoría, hizo lugar al planteo de prescripción y explicó que, en las presentes actuaciones, correspondía admitir la objeción constitucional que la demandante dirige a las normas locales que regulan la prescripción y su desplazamiento por las del Código Civil que rigen la materia (ley 340, Cód. Civ.).
En esa inteligencia, advirtió que el período fiscal ejecutado correspondiente al año 2007 comenzó a prescribir el 1 de enero de 2008, y expiró cinco años después (1 de enero de 2013), siempre y cuando no existan causales de suspensión que modifiquen su curso (de conformidad con el inc. 3 del art. 4.027, Cód. Civ., t.a.).
Agregó que, en el caso, la disposición 3.855/13 fue notificada el 3-XII-2013, cuando ya el plazo se hallaba prescripto, sin que las actuaciones administrativas sustanciadas posean efecto suspensivo o interruptivo alguno.
Respecto al período 2008 señaló, con el mismo razonamiento antes expresado, que su extinción se produjo durante el trámite ante el Tribunal Fiscal. Para ello -por mayoría- advirtió que el momento en que opera el cese del impedimento -a los fines de dar inicio al cómputo del término de tres meses previsto en el art. 3.980 del Código Civil-, fue la notificación efectuada a la Fiscalía de Estado de la decisión del Tribunal Fiscal de Apelación. En esa inteligencia, advirtió que según surge del cargo y sello estampados a fs. 3.184 vta. del expediente administrativo, la notificación del acto aludido a la Fiscalía de Estado tuvo lugar el día 5-VI-2015.
Sobre la base de lo expuesto y advirtiendo que no se ha invocado -así como tampoco acreditado- en la presente causa, actuación alguna de la parte demandada haciendo valer sus derechos en el plazo indicado (cfr. art. 3.980, Cód. Civ.), es que no puede hacerse valer la dispensa de la prescripción cumplida; estando -por tanto- también prescripto dicho período.
II. Contra dicho pronunciamiento, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Denuncia que la sentencia impugnada infringió el régimen jurídico aplicable por violación de normas provinciales y errónea aplicación de normativa constitucional.
Remarca la necesidad de revisar la doctrina sentada por la Corte federal en el caso "Filcrosa", a la luz de la nueva normativa nacional que regula expresamente la preeminencia de las normas locales tributarias en materia de prescripción, atento la insoslayable autonomía de estas por sobre las disposiciones del derecho común.
En lo atinente al tema que nos ocupa, expresa que el art. 2.532 del nuevo Código confirma expresamente la competencia de las legislaturas provinciales para regular la prescripción liberatoria en cuanto al plazo de tributos. Agregó que el art. 2.560 establece que el plazo de prescripción es de cinco años, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local.
En cuanto al alcance de la potestad provincial para regular la prescripción de sus tributos, destaca que, si el legislador ha reivindicado que las normas locales pueden regular la prescripción liberatoria en cuanto a los plazos, más aún pueden regular el modo de cómputo y las causales de suspensión e interrupción.
Sentado ello, recuerda que el art. 159 del Código Fiscal regula el inicio del plazo de prescripción para determinar y exigir el pago de los tributos adeudados.
Apunta que la aplicación de dicha norma impone concluir que la acción entablada por el Fisco se encontraba vigente al tiempo de su ejercicio y de allí la plena exigibilidad de la deuda que compone la pretensión fiscal.
Sostiene que, en el caso de autos, el plazo de prescripción del período más antiguo reclamado -1 de 2007-, comenzó el 1 de enero de 2009. Ello así, toda vez que tratándose de una deuda generada por el Impuesto a los Ingresos Brutos, debe ser determinada por el contribuyente en sus declaraciones juradas anuales, a año vencido (arts. 209 y 210, Cód. Fiscal).
Por último, destaca que el art. 161 del Código Fiscal determina que el plazo queda suspendido por un año entre otros, desde la fecha de la intimación administrativa de pago; lo que -aduce- en el caso aconteció el día 12 de diciembre de 2013, con la notificación a la firma demandada de la disposición determinativa y sancionatoria 3.855/13.
A su vez, como la firma contribuyente interpuso recurso de apelación contra el acto administrativo de intimación el día 11 de febrero de 2014, alega que el plazo no pudo reiniciarse, sino que por el contrario esa apelación tuvo el efecto de expandir la suspensión por hasta noventa días hábiles administrativos posteriores a que ARBA reciba el expediente administrativo pertinente (conf. art. 161 inc. "a" seg. párr., Cód. Fiscal).
De tal modo, atento que ARBA recibió las actuaciones administrativas el día 19 de junio de 2015, sostiene que el plazo de prescripción se hallaba suspendido desde el día 12-XII-2013 -con la notificación de la disposición determinativa- suspensión que luego se prolongó con la interposición del recurso de apelación de la contribuyente el día 11-II-2014, siendo recién el día 27-X-2015 que se reinició el plazo.
Precisa entonces que, al momento de interponerse la demanda, el 13-X-2015, el plazo para promover la acción aún no había expirado.
Destaca así que la recta interpretación de las cuestiones debatidas en autos, imponen destacar que cuando el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional menciona los diferentes códigos de derecho material, establece una pauta de distribución de competencia legislativa entre la Nación y las provincias respecto del derecho común que, interpretada racionalmente, no solo debe obedecer al texto de los actuales arts. 121 y 126 de la Constitución nacional (siendo la legislación local la regla, en tanto la legislación nacional es la excepción) sino que, en el caso particular de los gobiernos locales, debe respetar las autonomías legislativas.
III. El recurso no prospera.
El Máximo Tribunal de la Nación -recientemente- en la causa "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A. c/ Provincia de Misiones - Dirección General de Rentas y otro s/ demanda contenciosa administrativa" (CSJ 4930/2015, sent. de 5-XI-2019), ratificó su inalterada jurisprudencia de Fallos: 326:3899, 332:616, 332:2108 y 332:2250 (entre otros), haciendo referencia a las razones por las que invariablemente sostuvo que la prescripción no era un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho.
Para así decidir, advirtió que -en el caso- se estaba en presencia de una situación jurídica y de actos o hechos que son su consecuencia, cumplidos por el Fisco y por el particular en su totalidad durante la vigencia de la legislación anterior, por lo que la noción de consumo jurídico (cfr. doctr. de Fallos: 232:490; 306:1799; 314:481; 321:1757; "Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires", Fallos: 338:1455, cons. 5°), conducía a concluir que el caso debía regirse por la antigua ley y por la interpretación que de ella había realizado ese Tribunal -en la jurisprudencia señalada supra-.
En esa inteligencia, siendo que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulta relevante para los tribunales inferiores, ya sea por tratarse de temas federales donde resulta la intérprete última y más genuina de nuestra Carta fundamental o, sin serlo, por aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, corresponde confirmar lo resuelto por la Cámara que -en lo medular de su voto- declaró inaplicable al caso las normas que regulan la prescripción del Código Fiscal con sustento en la doctrina emergente de dicho precedente.
Por los fundamentos expuestos, en atención al alcance de la impugnación extraordinaria formulada, se impone en la especie descartar los agravios de la Fiscalía de Estado relacionados con la alegada violación de los arts. 159 y 161 del Código Fiscal (t.o. 2011), normas locales dedicadas a reglar -respectivamente- el inicio del cómputo y la suspensión de la prescripción de las obligaciones tributarias provinciales y rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto (conf. art. 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Como en otros precedentes análogos, habré de apartarme de la solución que aquí propicia el doctor Torres.
En efecto, la impugnación ha de prosperar en virtud de los fundamentos que expusiera al decidir en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos S.R.L.", sentencia de 16-V-2018.
Allí sostuve, en lo tocante al plazo de prescripción en materia tributaria y sus aspectos complementarios, que debía estarse a lo regulado por la normativa provincial.
Puntualicé que la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación explicitó un criterio opuesto al sentado en el caso "Filcrosa" por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que evidenció el propósito de revertir esa línea de interpretación. Por ello indiqué que quedaba sin sostén el mantenimiento de la doctrina que emana de este precedente (v. punto IV.3.e. de mi voto en la causa A. 71.388, cit.).
Expliqué que el Congreso, como primer intérprete de sus competencias, valoró que el plazo de prescripción de tributos era un asunto de resorte local y, por ende, ajeno al art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional; lo que desbarata los argumentos tendientes a sostener la mencionada doctrina del Máximo Tribunal federal.
Advertí, además, que el contenido de la normativa tributaria local era sustancialmente idéntico al preceptuado a nivel nacional en varias disposiciones de la ley 11.683, guardando congruencia en orden a su razonabilidad (conf. art. 28, Const. nac.).
Ello, sumado al resto de las consideraciones vertidas a las que remito por cuestiones de brevedad, me convence de postular la aplicación de la legislación tributaria local al caso de autos.
II. No ignoro que más cerca en el tiempo una mayoría de la Corte federal se expidió en el caso "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A." (Fallos: 342:1903, sent. de 5-XII-2019) de un modo que, a simple vista, desautorizaría la lectura normativa que vengo defendiendo. Y que desprovista de cualquier cualificación adicional o novedosa, esta última debería ceder en favor de tal criterio jurisprudencial a fin de salvaguardar la economía procesal, consistentemente con el temperamento que he seguido veces anteriores.
Pero al margen de la menor fuerza vinculante que cabría asignarle a un argumento obiter dictum por no estar directamente ligado al caso sometido a decisión -donde la sentencia apelada, por haber sido dictada con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, nunca pudo fundamentarse de un modo semejante al que aquí propicio- (CSJN Fallos: 219:583), lo concreto es que del análisis de la referida sentencia no es posible extraer la refutación del punto de vista aquí avanzado y que, por lo pronto, habré de mantener.
Tras recordar las normas incorporadas a la nueva codificación de fondo que facultaron a las legislaciones locales a regular el plazo de prescripción liberatoria en materia de tributos (v. causa "Volkswagen", cons. 4°), la Corte sostuvo: "Que, sin embargo, los hechos del caso no deben ser juzgados a la luz del mencionado Código Civil y Comercial ni sobre la base del principio de la aplicación inmediata de la nueva ley [...] sino de conformidad con la legislación anterior, pues no se ha controvertido en autos que la deuda tributaria reclamada en concepto del impuesto sobre los ingresos brutos responde a los períodos fiscales comprendidos entre los años 1987 y 1997...", para luego ensayar acerca de la "noción del consumo jurídico" y concluir que "...el caso debe ser regido por la antigua ley y por la interpretación que de ella ha realizado este Tribunal" (cons. 5°).
Aun cuando pueda subyacer el propósito de desconocer su injerencia, la opinión mayoritaria no se detuvo a analizar la articulación entre la solución brindada por el legislador nacional al aprobar la ley 26.994 (v. arts. 2.532, 2.560 y concs.) y su virtualidad para desentrañar el verdadero alcance de la "legislación anterior" o "antigua ley" -como arriba se dice- en materia de potestades tributarias provinciales y municipales. Lo que hizo fue abordar tales elementos de manera aislada, reconociendo la vigencia de la nueva codificación desde el día de su vigencia -de un lado- y reiterando la doctrina "Filcrosa" hasta ese momento -de otro-. Mas no su interrelación como sí lo hizo abiertamente el voto minoritario (v. voto del juez Rosatti, cons. 12°, seg. párr.).
Lo anterior no se ha visto alterado, tampoco, en los casos elevados a la Corte nacional provenientes de esta jurisdicción, en los cuales expresamente reparé en las implicancias de la nueva codificación civil y comercial en la materia. En ellos se remite, sin más, al referido precedente "Volkswagen" (CSJN causas CSJ 309/2020/CS1, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Wunder" y CSJ 2620/2019/CS1, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ De Fabio", sents. de 26-XI-2020).
III. Consecuentemente, corresponde acoger el recurso extraordinario y ordenar que, observando lo dispuesto en los arts. 159, 161 y demás preceptos relevantes del Código Fiscal (t.o. 2011), se proceda a realizar un nuevo cómputo de la prescripción con relación a la deuda determinada por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente de autos, para los períodos fiscales que son objeto de controversia (art. 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
Costas por su orden, dado que la actora pudo considerar que la deuda se hallaba prescripta (arts. 60 inc. 1, CCA y 68 seg. párr., CPCC).
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Comparto la propuesta decisoria elaborada por el señor Juez doctor Torres sobre la base de los fundamentos que tuve oportunidad de señalar en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018, sustancialmente análoga a la presente, a la que remito en razón de la brevedad.
Dichos razonamientos fueron señalados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Filcrosa", los que recientemente fueron renovados por dicho Tribunal en autos "Volkswagen de ahorro para fines determinados S.A.", sentencia de 5-XI-2019 (CSJN Fallos: 342:1903).
II. Por los fundamentos brindados, corresponde rechazar el recurso de inaplicabilidad interpuesto, con costas a la recurrente en su carácter de vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a lo expuesto por el doctor Soria en los puntos I y III de su voto, pues considero que los fundamentos allí vertidos resultan suficientes para dar también mi voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Carral dijo:
Adhiero al voto del doctor Soria por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Natiello dijo:
Adhiero al voto del doctor Genoud.
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Maidana dijo:
Por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, voto también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se rechaza el recurso de inaplicabilidad interpuesto (conf. art. 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/12/2022 17:34:20 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/12/2022 21:46:28 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/12/2022 11:26:05 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/12/2022 07:22:55 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/12/2022 11:22:06 - NATIELLO Carlos Angel ([email protected]) - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/12/2022 14:37:59 - MAIDANA Ricardo Ramon - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/12/2022 09:21:08 - CARRAL Daniel Alfredo
Funcionario Firmante: 14/12/2022 10:14:18 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 14/12/2022 10:14:34 hs. bajo el número RS-107-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia