Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74895
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.895, "Canestrari Hnos. S.A. c/ Municipalidad de San Fernando s/ pretensión anulatoria. Recurso Extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Genoud, Torres .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín hizo lugar al recurso interpuesto por Canestrari Hnos. S.A. y revocó la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda promovida por dicha firma.
En consecuencia, admitió la pretensión y anuló el acto emitido el día 9 de diciembre de 2008 por la Secretaría de Obras e Infraestructura Pública municipal y el decreto 1.285/09 ratificatorio de aquel, disponiendo la devolución de las actuaciones administrativas a la Municipalidad de San Fernando a fin de que emita un nuevo acto; esta vez, ponderando la incidencia de ciertos elementos, entre ellos, la ordenanza 6.302/96 y la concordancia del nuevo plano presentado con relación al otrora aprobado en el expediente administrativo 1728/87.
Contra tal pronunciamiento, el municipio interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 391/396), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 398/399.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 401), agregado el memorial de la parte actora a fs. 404/406 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el año 1987 Canestrari Hermanos S.A.C.I.F., una empresa que desde ese entonces explota una guardería náutica en la Municipalidad de San Fernando, obtuvo la aprobación para construir un nuevo galpón de 2.400 metros cuadrados en la parcela aledaña a su predio denominada catastralmente como "3m-2b". Como ese lote fue a la postre destinado a la construcción del barrio "Marina Canestrari", la actora acordó con la comuna la relocalización de la proyectada estructura a una nueva parcela que en ese momento pertenecía al dominio comunal: la "4a", actualmente identificada como parcela "4m". El municipio aprobó esto último mediante la ordenanza 6.302/96 y el decreto 15/97, permitiendo el desarrollo "con las mismas dimensiones y características" que las ya certificadas en el expediente 1728/87, supeditando la autorización a que se consume la transmisión de la referida parcela entre las partes.
En el año 2005 la operación inmobiliaria quedó concluida. Dos años más tarde, Canestrari Hnos. presentó ante la Secretaría de Obras e Infraestructura Pública unos planos ligeramente alterados buscando una nueva aprobación basada en los términos de la ordenanza 6.302/96 (v. fs. 1, expte. adm. 3663/07). No obstante, en esta ocasión la autoridad administrativa se rehusó a visarlos, alegando que el permiso de construcción al que se hacía referencia había caducado en los términos del art. 2.1.5.1. del Código de Edificación, y que los planos ahora presentados violaban varias disposiciones urbanísticas (v. fs. 46/49, 76, 84 y 86, cit.). Decisión ratificada por el decreto 1.285/09 del Intendente municipal (v. fs. 112, cit.).
II. Agraviada, la actora promovió una pretensión anulatoria ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro, que rechazó la demanda (v. fs. 158/172 vta.).
Sin embargo, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín hizo lugar al recurso interpuesto contra esa sentencia, anuló los actos por los cuales se le denegó la construcción del nuevo galpón a Canestrari Hnos. y devolvió las actuaciones para que se dicte un nuevo acto teniendo en cuenta la injerencia de lo autorizado tiempo atrás en la ordenanza 6.302/96, a los fines de ponderar la viabilidad del plano ahora propuesto (v. fs. 354/374 vta.).
II.1. Para así resolver, luego de reseñar las constancias obrantes en autos que estimó relevantes, dijo advertir vicios en la causa y la motivación de las decisiones administrativas impugnadas; algo que -sostuvo- conducía a la declaración de su nulidad.
Recordó que el acto denegatorio de la aprobación del plano presentado en el expediente administrativo 3663/07, emitido por la Secretaría de Obras e Infraestructura Pública municipal el día 9 de diciembre de 2008 y ratificado posteriormente por el decreto 1.285/09 del día 12 de junio de 2009, se había sustentado principalmente en lo dictaminado por la Asesoría Letrada. Esta había recomendado pronunciarse en tal sentido dado que: a) el galpón que contaba con autorización de relocalización en una nueva parcela no existía actualmente, por lo que implicaba la construcción de uno nuevo, no pudiendo aplicarse la autorización otorgada por la ordenanza 6.302/96 (contraria, además, a las normas del Código de Edificación vigente) para brindarle a la peticionante inmunidad ante las contravenciones referidas en el informe técnico producido por el Área de Aprobación y Control de Obras Particulares y b) el proyecto se encontraría caduco, conforme lo normado en el art. 2.1.5.1. del mismo Código.
II.1.a. Con relación a la primera de las causales apuntadas, el Tribunal de Alzada señaló que la mentada ordenanza 6.302/96, sancionada el día 26 de diciembre de 1996 y promulgada por el decreto 15/97 del día 3 de enero de 1997, había dispuesto en su art. 3 lo siguiente: "Autorizase la relocalización de las instalaciones de la Guardería Canestrari actualmente situadas en la parcela '3b' en la parcela '4a', con las mismas dimensiones y características aprobadas por la Municipalidad de San Fernando mediante Expte. n° 1728/87. La vigencia del presente artículo queda sujeta a la aprobación definitiva del trámite de venta a favor de Canestrari Hnos. S.A. de la parcela '4a' correspondiente a la Circunscripción V, Sección B, Fracción II, tratamiento por Expte. n° 2750/93".
Asimismo, indicó que con fecha 5 de junio de 2003 la Municipalidad de San Fernando, por un lado, y Canestrari Hnos. S.A.C.I.F. y Marina Canestrari S.A., por el otro, celebraron un acuerdo mediante el cual se declaró resuelta la venta de la parcela "4a" (actualmente "4m"), acto convalidado a través de la ordenanza 7.993/03 del día 8 de agosto de 2003, promulgada por decreto 1.805/03 del día 12 de agosto del mismo año, pasada en escritura pública el día 21 de noviembre de 2005 y finalmente inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble con fecha 14 de diciembre de 2005.
Ante ello, advirtió que la interpretación que hiciera la Administración de las circunstancias fácticas y de la mentada ordenanza para denegar la aprobación del plano presentado, resultaban manifiestamente arbitrarias.
II.1.b. Estimó que por más que al momento de llevarse a cabo la inspección en el mes de octubre de 2008 no se hubiera constatado la existencia del galpón en la parcela originaria -"3" o "3b"-, no podía desconocerse que hubiera existido con anterioridad.
A su vez, sostuvo que la misma ordenanza 6.302/96, al conceder la autorización de relocalización de las instalaciones, había indicado expresamente que se encontraban "actualmente situadas en la parcela 3b" (habiendo aclarado con posterioridad que se trataba de la parcela 3), y que en una inspección realizada el día 24 de noviembre de 2004 en el marco del expediente administrativo 5962/04 se había dejado constancia de que lo edificado en la propiedad guardaba relación con lo consignado en el plano aprobado en el año 1987.
Señaló también que la propia demandada había indicado, durante la tramitación del expediente administrativo 3663/07, que el expediente administrativo 1728/87 en el cual se había aprobado la obra en un primer momento se encontraba extraviado (v. fs. 38, expte. adm. 3663/07). De tal manera, valoró que no podía afirmarse que aquel implicase una nueva obra.
Entendió que atento a que el Concejo Deliberante, al sancionar la mentada ordenanza en el año 1996 autorizando la relocalización en la parcela "4a" (actual "4m"), lo había hecho con "...las mismas dimensiones y características aprobadas con la Municipalidad de San Fernando mediante Expediente 1728/87", la comuna debió tener en cuenta que la obra originaria había sido habilitada al amparo del Código de Edificación sancionado por la ordenanza 346/78 y que en ese tiempo se encontraba en vigencia el Código aprobado por la ordenanza 3.603/91, razón por la cual interpretó que lo que pretendió el Departamento Deliberativo fue dotar de efectos ultraactivos a la derogada normativa en el caso concreto, constituyendo así una ordenanza de excepción, que no podía ser desconocida por el Departamento Ejecutivo al momento de serle solicitado el permiso necesario para iniciar la obra, independientemente de la nueva normativa general.
II.1.c. Tras formular precisiones acerca del contenido y alcance de la autonomía municipal, aseveró que si bien la autorización o habilitación constituyen actos de policía administrativa, mediante los cuales el Departamento Ejecutivo verifica el cumplimiento de determinados recaudos fijados en el marco del poder de policía reglamentario del Concejo en pos del interés general, y actúa en consecuencia otorgando o denegando tales actos (cfr. causa B. 50.891, "Domini", "Acuerdos y Sentencias", 1996-V-802), no sucede lo mismo en el caso de las autorizaciones o habilitaciones de excepción. En este campo, reputó que por tratarse de situaciones en las que los particulares no se encuentran sujetos al régimen general de habilitaciones, la Administración no se encuentra facultada para otorgar o denegar dicha autorización o habilitación, pues de hacerlo estaría violando el principio de juridicidad y también el principio de división de poderes a nivel comunal, al no observar lo dispuesto normativamente por el Concejo Deliberante. Sostuvo por ende que, en semejantes circunstancias, el administrado debía recurrir directamente a ese mismo departamento legislativo para que dicte un acto normativo que lo exima del cumplimiento de los recaudos o presupuestos generales que exige el ordenamiento jurídico local.
De tal manera, consideró que la facultad de los concejos deliberantes para otorgar autorizaciones o habilitaciones de excepción resultaba un asunto informado por la oportunidad, el mérito o la conveniencia debidamente fundadas que hacían posible -a falta de norma constitucional o legal que lo impida- el apartamiento o dispensa de un régimen jurídico general.
En definitiva, afirmó que es el Departamento Deliberativo de cada municipio el órgano competente para reglamentar todas las cuestiones concernientes a los recaudos de autorizaciones en materia edilicia y, por ello, siguiendo el principio de paralelismo de las competencias, era el único que podía otorgar excepciones en dispensa de los requisitos generales que el propio Concejo determinara en la materia. Lo que consideró que hizo al dictar la ordenanza 6.302/96, sancionada el día 26 de diciembre de 1996 y promulgada sin observaciones por el Departamento Ejecutivo mediante el decreto 15/97, norma cuya vigencia no fue desconocida por la demandada.
Trajo a colación que la Corte federal tiene dicho que: "La denegación de permisos de edificar viola el derecho de propiedad garantizado jurídicamente en la Constitución. En consecuencia, la denegatoria justifica el recurso extraordinario, por inconstitucionalidad de la decisión" (CSJN Fallos: 184:480). Sobre esa base, reparó en el carácter de derecho subjetivo, no precario y comprendido en el resguardo del derecho de propiedad, del permiso de construcción.
En suma, entendió que por la naturaleza de los derechos nacidos al amparo de autorizaciones y/o habilitaciones por vía de excepción, como así también por aplicación de la normativa constitucional y legal en materia de deslinde de competencias entre los departamentos del gobierno municipal y atento al principio del paralelismo de las competencias, no podía el Departamento Ejecutivo legítimamente denegar el pedido de aprobación de plano para la relocalización del galpón que contaba con la venia expresa del Departamento Deliberativo, pues tal temperamento implicaría -en los hechos- derogar la ordenanza de excepción al desconocerle sus efectos jurídicos.
II.1.d. A mayor abundamiento, estimó que la conducta desplegada por la demandada, además de ilegítima, rozaba con la mala fe. Lo expresado, por cuanto promovió la venta a la firma actora de una parcela sabiendo que tendría como destino la relocalización de un galpón que había sido previamente aprobada en su ámbito y, no obstante ello, luego le denegó la solicitud de autorización de planos para realizar la obra en cuestión, apelando a tal fin a las normas del Código de Edificación que se había encontrado vigente durante toda la negociación, a efectos de tildar al proyecto de antirreglamentario por exceder los indicadores urbanísticos máximos.
II.2. Respecto a la invocada caducidad del proyecto a la luz de lo normado en el art. 2.1.5.1. del Código de Edificación, recordó que la declaración de caducidad de una autorización, permiso, licencia, habilitación o concesión puede asumir diferentes modalidades o formas jurídicas, razón por la cual entendió que su calificación como sanción o como causa de extinción de un acto administrativo unilateral o bilateral no puede efectuarse con prescindencia del marco de juridicidad en el que está inserto el ejercicio de la función administrativa productora de derechos subjetivos.
Sostuvo que la caducidad procedía únicamente si el permisionario hubiese incurrido en un incumplimiento de las obligaciones a su cargo y siempre que dicha inobservancia le sea imputable.
Señaló que la ordenanza municipal 3.603/91 estableció en su art. 2.1.5.1. (de similar contenido al de la derogada ordenanza 34 6/78) que: "...a) El propietario tiene el derecho de manifestar por escrito en el expediente de obra, su propósito de no llevar a cabo el proyecto por el cual tiene permiso concedido; b) Se considerará perimido el trámite de toda actuación no activada por el interesado por un término de un año corrido, contado a partir de la fecha de aprobación de los planos; c) El permiso de edificación una vez aprobados los planos tendrá vigencia de un año contado a partir de la fecha de la citada aprobación; d) La Dirección de Obras Particulares luego de comprobar que la obra no se ha iniciado declarará la caducidad del permiso otorgado [...] f) Las obras paralizadas por más de 12 meses, más las que hayan sido iniciadas a los 12 meses de la fecha de 'aprobación' de los planos, no podrán continuarse o iniciarse, según sea el caso, sin solicitar nuevo permiso a la Municipalidad, la que lo otorgará siempre que la obra responda al Código vigente a la fecha de solicitud citada o haya sido aprobada por el HCD, en cuyos casos se cobrará el 15 % de los derechos de construcción en concepto de revisación del plano. Si las obras no se adaptaran al Código vigente deberá presentarse planos nuevos con iniciación de nuevo expediente, pagándose los derechos que correspondan, teniendo en cuenta los derechos ya abonados y no se devolverá si pagó de más".
Advirtió que de la mentada norma se desprendía que la perención del trámite o la caducidad del permiso de edificación operaban al año de haberse aprobado los planos y que ambos supuestos toman como punto de inicio la decisión administrativa de aprobación, lo cual reputó que claramente no había tenido lugar en autos pues esto último, justamente, era lo que solicitaba la parte actora y le fue denegado mediante los actos cuya nulidad perseguía en el presente juicio.
II.3. Concluyó entonces que los actos administrativos impugnados en autos resultaban ilegítimos por su manifiesta arbitrariedad (cfr. arts. 103, 104 y 108, ordenanza general 267/80), en tanto no solo desconocieron la autorización de excepción que el Concejo Deliberante le había otorgado a la firma actora para relocalizar una construcción en un terreno adquirido a la propia comuna (a tal efecto), sino que además esta última fue indebidamente sancionada con la caducidad del permiso.
III. Contra lo decidido por el Tribunal de Alzada, la Municipalidad de San Fernando interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 391/396).
III.1. En primer lugar, comenta que mediante el expediente 1787/87 efectivamente aprobó la construcción de un galpón de 2.400 metros cuadrados para uso de guardería náutica a emplazarse en la parcela "3m-2b".
Expresa que a través de la ordenanza 6.302/96 y su decreto reglamentario 15/97 se autorizó "...la relocalización de las instalaciones de la Guardería Canestrari actualmente situadas en la parcela '3b' en la Parcela '4a', con las mismas dimensiones y características aprobadas por la Municipalidad de San Fernando mediante Expte.n°1728/87".
Aduce que la vigencia de esa autorización se encontraba sometida a la condición de la aprobación definitiva del trámite de venta a favor de Canestrari Hnos. de la parcela "4a" (hoy "4m") correspondiente a la Circunscripción V, Sección B, Fracción II.
Señala que con fecha 9 noviembre de 2004, la actora solicitó a la comuna que le otorgue la factibilidad para efectuar una ampliación en la guardería náutica y que recién mediante escritura de fecha 21 de noviembre de 2005 (inscripta en el Registro de la Propiedad el día 14 de diciembre del mismo año) se perfeccionó la venta de la parcela donde se pretendía ejecutar la obra reseñada.
Indica que un año y nueve meses después (el 15 de agosto de 2007), la actora inició el expediente 3663/07 a fin de obtener la aprobación de la construcción de una nueva nave para la guarda de embarcaciones y dicha presentación fue rechazada por el Secretario de Obras e Infraestructura Pública, lo que fuera confirmado por el Intendente municipal mediante el decreto 1.285/09.
Alega que la actora, con pleno conocimiento de las disposiciones del Código de Edificación que regulaban la pretensión -y cuya constitucionalidad no cuestiona-, habiendo transcurrido el año que la norma preveía desde la conclusión del trámite de venta de la parcela y contando con un plano visado veinte años atrás (el 16 de julio de 1987; v. fs. 25, expte. adm. 3663/07), se presentó ante el municipio solicitando la aprobación de los planos necesarios para efectuar la construcción del nuevo galpón destinado a la guarda de embarcaciones fuera del agua.
En esas condiciones, dice que se desprende del desarrollo cronológico la errónea interpretación y aplicación efectuada en la sentencia recurrida de las normas que reglamentan y determinan la construcción en el ejido de San Fernando.
Además, considera que la mejor forma de interpretar la conducta e intención de la actora, como también la validez de su comportamiento y las consecuencias jurídicas que debe soportar, es mediante la doctrina de los actos propios. En este sentido, afirma que Canestrari Hnos., al iniciar un nuevo expediente, estaba al tanto de que el plazo de caducidad del permiso había operado.
III.2. Argumenta que así como el ordenamiento urbano constituye el principal objetivo de la planificación, esta última se cumple mediante el ejercicio del poder de policía que compete al Estado, por el que está facultado para imponer a los particulares limitaciones y restricciones al uso y disposición del derecho de propiedad; y que ese poder se ejercita estableciendo condiciones para la ocupación del espacio urbano.
Agrega que corresponde a la actividad estatal el diseño de las ciudades, estableciendo la división del territorio en áreas y zonas, reglamentación que debe acompañar con acciones o medidas que materialicen las obras y demás realizaciones contempladas en los respectivos planes y programas, en cuya ejecución
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.