Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76596
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.596, "Bocca, Cristina Margarita y otro contra Provincia de Buenos Aires. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Genoud, Kogan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la decisión de primera instancia que había admitido la pretensión de nulidad y condena al pago de diferencias salariales respecto de las actoras, por carecer el recurso de apelación ordinario incoado de una correcta expresión de agravios (v. sent. de fecha 4-II-2020).
Disconforme con tal pronunciamiento, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. escrito de fecha 21-II-2020), el cual fue concedido oportunamente por la Cámara actuante (v. resol. de fecha 16-VII-2020).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En las presentes actuaciones las señoras Cristina Margarita Bocca, María Susana Beinat, Teresa Matilde Luchetti, Silvia Mabel Di Lorenzo, Isabel Cristina Spanu y María Fabiana Aguilar, a través de letrado apoderado, promovieron demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires, en los términos del art. 12 inc. 2 de la ley 12.008 (t. seg. ley 13.101). Por la pretensión anulatoria que deducen persiguen un pronunciamiento que invalide la resolución 847/13, dictada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, que les denegara el reconocimiento del régimen horario de 48 horas semanales como componente salarial. A tales fines, fundamentan su demanda en lo dispuesto por los decretos 1.248/93, 515/98 y la resolución 67/02, en cuanto sostienen haber cumplido funciones como inspectoras en la Dirección de Patrimonio de Desarrollo Social de aquella cartera ministerial. Adicionan a su reclamo el pago de las diferencias devengadas desde el momento en que comenzaran a prestar labores, más los aportes al sistema jubilatorio que pudieren corresponder.
II. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata, decide hacer lugar a la demanda interpuesta (v. fs. 125/132), impone las costas a la demandada vencida y difiere la regulación de honorarios.
Para así decidir, en prieta síntesis, delimita el debate a la determinación de validez de la decisión administrativa traída a controversia y con ello la elucidación del derecho alegado en el inicio. Para ello, toma en consideración las constancias administrativas colectadas (expte. adm. 21.705-18397/07) y brinda un detalle de lo informado por cada órgano consultivo en el considerando segundo. Desde allí, la sentencia de primera instancia edifica la conclusión de procedencia de la pretensión sobre la base -en primer término- del principio de primacía de la realidad, consagrado en el art. 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, por cuanto la extensión de las tareas inicialmente asignadas a las actoras más allá de sus jornadas habituales (conf. constancias referidas de fs. 62, 74, 127, 133 y 132, expte. judicial) y de una retribución salarial insuficiente, se evidenciaría un intento administrativo por derivar esa variable hacia respuestas más convenientes que la del reconocimiento de la mayor carga horaria, como lo impondría la regla general en consideración.
Luego, el magistrado advierte que de tal actuar administrativo surge una vulneración de las garantías constitucionales de retribución justa e igual remuneración por igual tarea (arts. 14 bis, Const. nac. y 39, Const. prov.). Como consecuencia de lo cual, el pronunciamiento apelado deja ver la existencia vicios en la causa y la motivación de un acto administrativo que, desoyendo los consejos de los órganos de la Administración consultiva, se sostiene únicamente -afirma- en la ausencia de una declaración formal de la Administración y la prueba del desempeño que abastece el reclamo de demanda.
Con esos fundamentos decide la nulidad de la resolución 843/13 y su confirmatoria; no obstante, admite la excepción de prescripción opuesta por la demandada y establece el límite al reconocimiento del pago de las diferencias devengadas a partir del 8 de marzo de 2005, es decir, dos años antes del reclamo administrativo, más los intereses que determina.
III. Apelado el fallo por la parte demandada, la Cámara interviniente confirmó la resolución de grado, rechazando el recurso de apelación deducido el 13-VIII-2018 por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires (arts. 55, 56, 58, 59 y 77, CCA; 260, 266, 272, 273 y concs., CPCC), con costas a su cargo (art. 51, CCA).
Para así decidir, la doctora Milanta, cuya tesis concitó la adhesión del doctor Spacarotel, compartió con el doctor De Santis (que en minoría confirmó solo parcialmente el fallo de la primera instancia, esto es, únicamente en torno a la nulidad de la resolución 843/13 y su confirmatoria) todo cuanto desarrolla en relación con la prueba del desempeño efectivo de las actoras como inspectoras patrimoniales y, asimismo, respecto de la rendida para demostrar el cumplimiento del régimen horario de 48 horas por parte de aquellas, "sin que la queja logre consistencia para desvirtuar un complejo probatorio que abastece sin reparos la configuración del escenario de demanda y sobre éste el reclamo de promoción" (sic pto. 4 del voto del doctor De Santis). Por lo demás, desde esa base, los tres jueces coincidieron, entonces, con que cabía inferir inherente a las funciones de las agentes estatales, como inspectoras patrimoniales, el régimen horario de 48 horas semanales sobre el que la sentencia apelada pudo sostener la aplicación de la regla de igual remuneración por igual tarea y que tampoco la impugnación logró desvirtuar.
Sin embargo, y en esto la mayoría se diferencia de la solución propiciada por el juez de primer voto, advirtió que el alcance de la sentencia de primera instancia, en cuanto condena "a la entidad demandada a que, en el plazo de sesenta (60) días (art. 163 de la C.P), proceda a efectuar la liquidación correspondiente y abonar a las actoras las diferencias de los haberes dejados de percibir desde el 8/03/2005 conforme al punto 4, con más el interés equivalente a la tasa más alta pagada por el Banco Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, el que deberá liquidarse desde que cada periodo debió ser abonado, y hasta la fecha de su efectivo e íntegro pago (conforme lo resuelto en el Considerando 4 y 5 de la presente sentencia)" (v. punto 2 del "Resuelvo", esp. fs. 131 vta.) no fue materia de agravios por la parte recurrente en los términos de los arts. 56 inc. 3 y 77 del Código Contencioso Administrativo; 260 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial. En virtud de ello, consideró que no correspondía entrar a analizar dicho alcance, pues no ha sido cuestionado ante ese Tribunal y -siguiendo doctrina legal de esta Suprema Corte provincial (v. causa Ac. 80.630, "Espósito", sent. de 1-IX-2004; e.o.)- sostuvo que no es obligación de la alzada rebatir o "analizar la sentencia de primera instancia" sino la de examinar "las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión" del juez inicial y que "hubiesen sido materia de agravio" (art. 266, CPCC), ello dentro de los límites que ciñeron su competencia (arts. 272, 273 y concs., Cód. cit.; conf. causa Ac. 71.683, sent. de 1-XI-2000).
IV. Mediante recurso de inaplicabilidad de ley de fecha 21-II-2020, la Fiscalía de Estado denuncia que la Cámara realiza una interpretación absurda respecto del escrito de apelación ordinaria, como asimismo la existencia de absurdo valorativo y violación de la ley en cuanto a la confirmación de la condena al pago de "mayores tareas" en favor de las actoras, ante la inexistencia de un acto administrativo previo, emanado de autoridad competente, que determinara la vigencia de un régimen laboral efectivo de 48 horas semanales.
IV.1. El primer agravio denunciado por la recurrente es la violación de la ley, doctrina legal y absurdo, por grosera desinterpretación del recurso de apelación, al pretenderse no impugnada la condena del fallo, "que fuera precisamente lo apelado".
En este punto, expresa la Fiscalía de Estado que el mencionado vicio de absurdo consiste, sencillamente, en haber desinterpretado la Cámara los términos literales del escrito de apelación, al extremo incoherente de afirmar que un fallo apelado "...en todos sus términos..." (sic recurso) implicó consentir la condena que "...no ha sido materia de agravios..." (sic fallo); todo lo cual fue tomado como excusa por el Tribunal de Alzada para no tener que abordar sus planteos (entre ellos el de la falta de un acto administrativo previo que asignara a las actoras el régimen horario que se les reconociera en el fallo), desplazándose formalmente el tratamiento de esos agravios, con privación de la garantía de revisión en segunda instancia a su respecto (cfr. arts. 15, Const. prov. y 18, Const. nac.). Agrega que, a este respecto, "el voto mayoritario de la CCALP construye el rechazo recursivo en sólo '4 párrafos' genéricos, lacónicos e inatingentes a las circunstancias del juicio, sin abordaje concreto -y sin respuesta- a ninguno de los agravios que motivaron nuestro escrito recursivo" (sic).
Por último, con relación a este mismo agravio, cita doctrina judicial de esta Suprema Corte que considera violada, en particular referencia a la existencia del absurdo. Al respecto, apunta que este Tribunal tiene dicho que "...el absurdo puede provenir de [...] un desencuentro abismal entre los datos desde los que se deriva y la conclusión a la que se arriba (lo que se ha llamado absurdo formal), como también puede originarse en aseveraciones groseramente desacertadas respecto de las constancias objetivas de la causa, escritos postulatorios, probanzas producidas, etcétera (en cuyo caso estamos ante el absurdo por falsedad o error en las premisas, o absurdo material)..." (cfr. causa C. 121.306, "Loscar", sent. de 29-V-2019). Entendiendo que, por lo demás, del vicio señalado en el párrafo anterior, deriva necesariamente el quebrantamiento del principio de congruencia y con ello, del derecho de defensa en juicio (arts. 34 inc. 4 y 266, CPCC; 59 inc. 4 y 77, CCA; 15, Const. prov. y 18, Const. nac.). En ese sentido, expresa que, en dos breves párrafos, y tras considerar que la condena impuesta por la sentencia de primera instancia no fue objeto de ataque por el recurso, la Cámara confirmó el decisorio de grado, sin mínima alusión a los agravios incorporados por la Fiscalía de Estado, que no habrían merecido tratamiento, violentando de este modo el derecho de defensa en juicio y debido proceso (arts. 15, Const. prov. y 18, Const. nac.).
IV.2. El segundo agravio invocado, consiste en la violación de la ley, doctrina legal y absurdo al imponer una condena por "mayores tareas" (régimen horario de 48 horas semanales) sin acreditarse la existencia de un acto administrativo previo de autoridad competente que las otorgara.
En este punto, pues, asegura que la sentencia recurrida incurre en los vicios denunciados en este acápite, al reconocer mayores tareas sin acto administrativo previo de autoridad competente que las otorgue: dicho agravio habría sido desplazado por la mayoría de la Cámara -según dice-, aunque reconocido por la minoría. De manera que el criterio de la Cámara deja en pie el fallo de primera instancia violentando la doctrina legal y fallos de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que sostiene que: i) la ausencia de acto administrativo previo es obstáculo para la procedencia del reconocimiento pretendido por las actoras (cfr. doctr. causa B. 59.991, "Di Loreto, Nelly Mabel contra Provincia de Buenos Aires (I.P.S.)", sent. de 5-VII-2017); ii) ese requisito no queda suplido por la mera prestación material de tareas (cfr. doctr. causas B. 67.388, "Rubén", sent. de 7-VII-2010 y A. 73.024, "Minellono", sent. de 26-X-2016).
IV.3. Prosigue la recurrente denunciando la existencia de un vicio violación de la ley, doctrina legal y absurdo, por reconocimiento de pago de mayores tareas con base en la sola invocación de la supuesta prestación material de tareas de horario superior al de revista.
En tal sentido, señala que también resultaría contrario a derecho y a la doctrina legal, la decisión de la mayoría de la Cámara por la que confirma la condena al pago de mayores tareas, considerando suficiente al efecto la supuesta prestación material de un régimen horario diferente al de revista. A este respecto, recuerda que este Tribunal, ha señalado que en las relaciones de derecho administrativo no resulta procedente "...admitir reclamos basados en la realización de prestaciones efectuadas al margen de los procedimientos reglados [...] para evitar la convalidación de hechos consumados al margen de la juridicidad..." (cfr. causas B. 66.693, "Recovering", sent. de 6-VII-2005 y B. 65.288, "Pasturenzi", sent. de 21-V-2008).
Recuerda que, tal como fuera señalado en el escrito de apelación, la opinión dada por los órganos consultivos, no resulta vinculante para la decisión administrativa, ni cabe por esta razón cuestionar su validez, máxime cuando tales dictámenes favorables habrían sido condicionados a la comprobación de determinadas situaciones fácticas que no fueron acreditadas en el caso bajo examen.
IV.4. El último agravio esgrimido, consiste en la violación de la ley, doctrina legal y absurdo al reconocer a las actoras un régimen horario superior (48 horas semanales) al que resulta establecido por la ley de empleo público provincial (30 horas semanales) e inherente a su situación de revista.
Refiriéndose a este tópico, expresa que la sentencia atacada no solo otorga un pago por mayor régimen horario a quienes no tienen asignado esa franja temporal de tareas, sino que contraría expresamente el régimen general de 30 horas semanales que se encuentra expresa y legalmente establecido, para el organismo en el que las actoras desempeñan sus tareas, por los arts. 26 de la ley 10.430 y 1, 2 y 4 del decreto 786/91, siendo por ello inherente a su situación de revista, de lo que se deriva el carácter de absurda y contraria a derecho de la sentencia que impugna.
Como respaldo de su posición, declara asimismo que el fallo en conflicto ha vulnerado la doctrina legal de esta Suprema Corte sentada en el caso B. 57.741, "Iori", sentencia de 18-II-2004, donde este Tribunal ha sostenido la naturaleza estatutaria de la relación de empleo público remarcando que "las características de las funciones para las cuales fue designado, y la circunstancia de que las mismas puedan efectuarse [...] no habilitan a tener por modificada la situación de revista del agente, toda vez que, como ya se apuntó, es el acto de designación el que imprime el régimen jurídico aplicable a la relación".
V. El recurso debe prosperar.
V.1. Con independencia de lo que correspondiera manifestar respecto de los demás tópicos abordados en el recurso extraordinario objeto de tratamiento, adelanto que este debe prosperar por asistirle razón a la impugnante en cuanto a que la mayoría de la Cámara aplicó erróneamente y con excesivo rigor formal las pautas emanadas del art. 56 inc. 3 del Código Contencioso Administrativo.
V.2. De acuerdo con el precepto recién citado, sustancialmente análogo al art. 260 del Código Procesal Civil y Comercial, "[e]l escrito de apelación deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. No bastará con la mera remisión a presentaciones anteriores".
En la especie, la mayoría del Tribunal de Alzada -conformada por los doctores Milanta y Spacarotel- sostuvo que la expresión de agravios de la demandada resultaba insuficiente, a la luz del estándar aludido, con relación a la parte dispositiva del fallo, esto es, aquella en la que se condenaba a la entidad demandada a que, en el plazo de sesenta días (art. 163, Const. prov.), procediera a efectuar la liquidación correspondiente y a abonar a las actoras las diferencias de los haberes dejados de percibir durante el período de tiempo indicado.
De allí que, como primera crítica ante esta instancia extraordinaria, la Fiscalía cuestiona esta interpretación del recurso ordinario de apelación, basada en los argumentos indicados, que considera extremadamente rigurosos y formalistas.
V.3. Si bien esta Suprema Corte ha sostenido en reiteradas oportunidades que la apreciación de la suficiencia del escrito de expresión de agravios constituye una típica cuestión de hecho ajena, en principio, a su conocimiento (conf. causas A. 72.351, "Legorburu", sent. de 18-XII-2013; A. 72.734, "Errocoundo", sent. de 22-XII-2015; A. 74.934, "Súper Merced", sent. de 29-V-2019; entre muchas), se ha admitido la revisión de decisiones sobre esa materia en los casos de denuncia y efectiva demostración de haberse incurrido en absurdo (conf. causas C. 119.526, "Kozakiewicz", sent. de 30-III-2016; A. 72.943, "Brown", sent. de 24-IV-2019; A. 75.153, "Baez", sent. de 25-IX-2019; e.o.).
Este último es el criterio que debe primar en autos, donde la recurrente ha cumplido con las cargas mencionadas, poniendo de manifiesto que la evaluación según la cual su apelación no constituía una crítica concreta y razonada de los fundamentos sobre el fondo de la cuestión brindados por el juez de grado, importa un excesivo rigor formal, contrario a la garantía de defensa en juicio y al criterio de mayor flexibilidad que debería haberse adoptado (conf. causas C. 105.082, "Garabito", sent. de 23-III-2010; C. 118.882, "Gribaudo de Luzardo", sent. de 10-XII-2014; C. 119.526 y A. 75.153, cits.; arts. 18, Const. nac. y 15, Const. prov.).
Nótese que, tal como lo advierte en su presentación la Fiscalía de Estado, los agravios del recurso de apelación ordinario en torno al régimen horario sin la existencia de un acto administrativo previo, la condena al pago de mayores tareas o la evaluación probatoria de su prestación efectiva y su forma de pago, permitieron a la minoría del tribunal actuante ingresar al fondo de dicha cuestión y -de hecho- proponer la solución del caso a partir de esas consideraciones.
Frente a ello, la renuencia de la mayoría a considerar en su faz sustancial los argumentos vertidos, atribuida a la falta de impugnación de la parte resolutiva del fallo, exclusivamente en cuanto determina la forma y sustancia de la condena, importa -como también lo señala la impugnante- la adopción de un criterio absurdo y excesivamente estricto, impropio del trámite de los recursos ordinarios (cfr. doctr. causa A. 75.464, "Cacciolato", sent. de 12-VII-2022).
Ello se ve maximizado a poco que se atienda a que tal razonamiento ha constituido el único fundamento dado por la mayoría de la Cámara interviniente para desechar el recurso de apelación intentado.
V.4. Por lo demás, es de destacar que, en el caso, la cita jurisprudencial utilizada por el Tribunal de Alzada como sustento jurídico de su posición, resulta asimismo desacertada. Ello así, toda vez que, en este punto, el órgano no ha citado jurisprudencia atingente a los hechos que se debaten. En efecto, la doctrina citada por la Cámara actuante en el voto mayoritario (SCBA causa Ac. 80.630, "Espósito", sent. de 1-IX-2004) no se aviene razonablemente a tal similitud, sino que, por el contrario, resulta bien diferente en su contexto fáctico y jurídico.
En efecto, en tal precedente se trataba de una causa compleja, que impli
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.