Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78088
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
El depósito previo queda perdido para la recurrente (art. 294, CPCC) debiendo la Cámara dar cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto según resol. 3135/13).
A.78.088 “UZCUDUM VIVIANA C/COLEGIO DE CORREDORES Y MARTILLEROS PUBLICOS DE LA PROVINCIA DE BS AS S/PRETENSION ANULATORIA -RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY-“
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. La señora Viviana Uzcudum promovió pretensión anulatoria -en los términos del art. 74 de la ley 12.008- contra la resolución 11-18 dictada por el Consejo Superior del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires con fecha 30 de mayo de 2018 -confirmatoria de la sanción dispuesta por el Tribunal de Disciplina del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de San Isidro dictada con fecha 16-V-2016-, por la cual se le aplicó la sanción de un año de suspensión en el ejercicio de la profesión al considerar que se habían transgredido las normas que rigen su actividad.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata desestimó la demanda deducida y confirmó la decisión impugnada (v. sent. de fecha 7-XII-2021).
Para así decidir reseñó la normativa disciplinaria y ética que rige la controversia -arts. 53 inc. "l" y 55 inc. "a" apartado 22 de la ley 10.973, texto conforme ley 14.085 y arts. 13 y 15 del Código de Ética Profesional- y señaló precedentes resueltos por ese Tribunal, de configuración análoga y de cuyo criterio decisorio no hallaba razón para apartarse.
Apuntó que el eje central consistía en determinar si, tal como invocaba la actora, podía esta hacer uso de la marca Re/Max en el ejercicio de su actividad profesional.
Sobre esa base consideró en primer término que se encontraba reconocida por la profesional su vinculación con la mencionada firma y que la propia Viviana Uzcudun es la corredora matriculada que ejerce su labor bajo la denominación de "Re/Max Full", titular de la agencia inmobiliaria sita en Avenida del Libertador 2785, Olivos, coincidiendo a su vez este domicilio con el listado de agentes colaboradores en la tarea de intermediación.
Agregó que los argumentos de la colegiada respecto a la asesoría técnica contratada con Re/Max, en relación a que la única prestación que recibe de dicha empresa serían los cursos de capacitación, organización y contactos que le otorga la franquicia, se mostraban contrarios a lo que se extraía de la publicidad de la página web y demás prueba agregada al expediente administrativo n° 551/00 al que dio trámite el colegio demandado.
Sobre esta base entendió que se verificaba en la especie la inobservancia de la prohibición de facilitar su nombre o matrícula a personas no habilitadas para el ejercicio profesional y de actuar bajo otra denominación que no correspondiera con su identidad, conforme lo previsto por las disposiciones aplicables citadas, por lo que la infracción comprobada configuraba sin dudas la causal de sanción disciplinaria.
Precisó que la agente ejercía la actividad bajo una modalidad no autorizada y un ejercicio derivado a terceros impropio de sus obligaciones profesionales y bajo una marca comercial incompatibles con el régimen legal que la rige, por lo que la sanción aplicada no se había fundamentado en haber incurrido en ilegal ejercicio de la profesión sino en el incumplimiento de la prohibición de utilizar otro nombre que el individual y a la vez una modalidad de desempeño en pugna con los deberes inherentes al despliegue de su labor.
Advirtió que las excepciones invocadas al respecto por la impugnante no pudieron ser acreditadas debido a la insuficiencia del planteo actoral en ese sentido y, en consecuencia, su situación de hecho subsumía en el citado art. 53 inc. "l" con las consecuencias disciplinarias previstas por los arts. 19 inc. "c" y concordantes del mismo cuerpo legal.
Concluyó que la conducta desplegada por el organismo de gobierno de la matrícula y policía profesional, no merecía reparos encontrándose ajustadas a derecho las resoluciones traídas a proceso.
Rechazó a su vez los embates vinculados a la graduación de la sanción aplicada, en tanto la impugnante no brindaba elementos demostrativos del exceso ni cuestionaba la plataforma fáctica en la que se sostenía.
Para más, señaló que la autoridad colegial había optado por aplicar una sanción que corresponde al promedio del máximo legalmente previsto -dos años, conforme el citado art. 19 inc. "c"- y que las manifestaciones de la agente tendientes a invalidarla devenían insuficientes para demostrar la falta de proporcionalidad invocada lo que impedía el ingreso a la revisión de tal acuse.
Con respecto al planteo de inconstitucionalidad formulado en relación al art. 53 inc. "l" de la ley 10.973, señaló que los argumentos introducidos por la demandante respecto a los derechos que consideraba lesionados en relación con las garantías que enunciaba -derecho a trabajar y ejercer toda industria licita, principio de razonabilidad y el derecho a la propiedad- lucían insuficientes, en tanto la respuesta normativa que agraviaba a la demandante no evidenciaba una incongruencia constitucional que demostrara una desproporción entre la disposición legal y el ejercicio de los derechos individuales, o conculcara el goce de la garantía de la propiedad u obstara al correcto ejercicio de la profesión de martillero y corredor público.
Encontró que la prédica de la demanda no representaba más que un descontento general que no alcanzaba a justificar la descalificación del decisorio por irrazonable, relativa al resultado del ejercicio del poder de policía de la matrícula y con ello se no advertían, en el proceder administrativo desplegado por el Colegio Profesional, vicios de legalidad acreditados que pudieran conducir a proveer un resultado favorable a la pretensión.
Confirmó así la sanción impuesta.
II. Frente a lo resuelto, por presentación electrónica de fecha 22-XII-2021 la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara el 31-III-2022.
Mediante su impugnación denuncia que el fallo cuestionado incurre en absurdo en cuanto tiene por acreditada la violación de los arts. 53 inc. "l" y 52 inc. 22, sin contar con prueba alguna que demuestre dicho supuesto; observa que se mantiene la ausencia de toda consideración de la nulidad planteada; agrega que se aplica erróneamente el art. 53 citado, otorgándole un sentido contrario a las disposiciones legales que regulan la actividad del corretaje inmobiliario a nivel nacional; cuestiona el rechazo al planteo de inconstitucionalidad de la mencionada norma por cuanto invoca que la misma vulnera arbitrariamente y sin fundamento derechos constitucionales y, por último, se agravia al entender que el Tribunal a quo ha fallado extra petita al confirmar la sanción en base a disposiciones no imputadas a la actora en instancia administrativa.
III. El remedio no debe prosperar, atento a su manifiesta insuficiencia (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5827).
III.1. En primer orden se advierte que, tal como quedara reseñado, la Cámara interviniente consideró que, frente a los planteos de inconstitucionalidad del art. 53 inc. "l" de la ley 10.973, las excepciones invocadas por la actora en relación a la subsunción de su actividad en dicha norma y la graduación de la sanción aplicada, el recurso interpuesto resultaba insuficiente en tanto los argumentos desplegados en cada uno de estos planteos no alcanzaban para proveer un resultado favorable a la pretensión de la accionante.
Tal declaración de insuficiencia no ha sido idóneamente cuestionada en el recurso extraordinario interpuesto (conf. doctr. art. 279, CPCC).
Corresponde recordar que analizar la suficiencia técnica del escrito de expresión de agravios constituye una facultad privativa de los tribunales de apelación, la que sólo puede ser objeto de revisión en esta instancia extraordinaria si se denuncia y demuestra que la declaración de ineficacia, o la deserción en su caso, son el resultado de un razonamiento viciado por el absurdo (conf. causas A. 71.328, "Cura Grassi", sent. de 26-X-2016; A. 72.368, "Cipulli", sent. de 23-XI-2016; A. 74.751, "Guillén", resol. de 21-II-2018).
Vicio que no ha sido demostrado debidamente por la recurrente quien no brindó las explicaciones necesarias que evidenciarían la concurrencia de una situación especial, configurada por la existencia de un error grave y manifiesto en el criterio adoptado por la a quo al sentenciar (art. 279, CPCC; conf. causas A. 73.580, "Favini", sent. de 9-IX-2015; A. 72.731, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", sent. 16-VIII-2017, entre otras).
III.2. Además, cabe recordar que este Tribunal ha dicho que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (conf. doctr. causas A. 70.596, "González", sent. de 24-IX-2014; A. 70.977, "Rossi", sent. de 25-II-2015; A. 74.211, "Lunghi", resol. de 11-IX-2018; A. 75.558, "Lucero", resol. de 24-IV-2019).
En tal sentido, resulta claro que los argumentos esbozados por la recurrente no pasan de expresar un criterio divergente en cuanto expone que la Cámara interviniente ha tenido por configurado un incumplimiento de la ley en base a frases infundadas y carentes de contenido real sin hacer un análisis de la prueba y con ello demostrar en forma fehaciente un hecho pasible de sanción.
Reclama que la a quo ha resuelto en base a interpretaciones dogmáticas, en abstracto, sin analizar ni explicar de qué manera en las actuaciones administrativas se acredita una violación a la ley que implique la aplicación de la suspensión de un año en el ejercicio de la profesión.
Se agravia también por cuanto considera la falta de sustento en el decisorio cuestionado por cuanto la a quo no explica cuál era la modalidad no autorizada en el ejercicio de la actividad, ni por qué la "marca comercial" es extraña a unas variables de posibilidad que no se especifican.
Tales argumentos se muestran insuficientes para desarrollar de manera adecuada una crítica a todos los fundamentos dados por la Cámara para resolver la cuestión del modo en que lo hizo.
Por ello, resulta de aplicación la doctrina de esta Suprema Corte respecto a que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (doctr. causas A. 70.225, "Tejerina", sent. de 1-VI-2011; A. 70.986, "Transportadores Unidos S.A", sent. de 28-XII-2016; A. 73.545, D'Aloisio, resol. de 27-XII-2017; A. 75.881, "Di Girolamo", resol. de 25-IX-2019).
III.3. Con mayor razón tal solución resulta de estricta aplicación cuando, como sucede en el caso, la recurrente expone que en ningún momento de las actuaciones se logra acreditar cómo la agente habría utilizado un nombre de fantasía para ejercer actos de corretaje, toda vez que no se explica el nexo entre la supuesta prueba y el ejercicio de actos propios de una profesión con utilización de un nombre de fantasía.
Sabido es que cuando los argumentos de quien impugna se dirigen a enrostrarle a la Cámara una equívoca fijación de los hechos y valoración de la prueba agregada a la causa -todas circunstancias privativas de los jueces de las instancias ordinarias-, sólo pueden ser eficazmente esgrimidos mediante la denuncia y demostración de absurdo en la respectiva apreciación del sentenciante (doctr. causas A. 70.683, "Sforza", sent. de 31-VIII-2011; A. 71.891, "Valentini", sent. de 3-XII-2014; A. 70.165, "García Urcola", sent. de 4-XII-2016; A. 75.558, cit.).
El absurdo no se configura con la mera discrepancia de criterios, sino cuando media una cabal demostración de su existencia, que implica acreditar un error palmario, grave y manifiesto que conduzca a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa (doctr. causas A. 70.716, "Díaz", sent. de 4-XII-2013; C. 116.914, "Villamil", sent. de 19-III-2014; A. 72.514, "Visa Argentina S.A.", sent. de 21-XII-2016).
En tal marco, la crítica de la impugnante, en cuanto expone que la presente denuncia fue efectuada sobre la base de impresiones parciales de la página web "remax.com.ar", de Facebook y del Acta de Inspección n° 3668 de las cuales a su entender no surge que se hayan visualizado publicaciones o propagandas de las cuales se desprenda lo que se ha sostenido a través de todas las actuaciones realizadas por los distintos órganos de la matrícula que aplicaron la sanción, no exterioriza más que una discrepancia tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (doctr. causas A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016; A. 73.265, "Vélez", sent. de 21-VI-2017).
III.4. A su vez, en punto a la vulneración del art. 53 inc. "l" de la ley 10.973, la recurrente no se encarga de desarrollar adecuadamente tal agravio.
Expone que el fallo cuestionado aplica tal norma en forma contraria a sus propios fundamentos y establece una prohibición que no está prevista en la ley nacional 20.266 ni en el Código Civil y Comercial. Agrega que en su proceder no hay perjuicio alguno, no se defrauda, ni se le atribuye ni quita responsabilidad a nadie. Advierte que, por el contrario, es clara la intención de tergiversar el espíritu de la norma a los fines de mantener el status quo inmobiliario y expulsar del mercado a todos aquellos corredores que quieran contar con métodos más modernos utilizando servicios complementarios Re/Max, en tanto del fallo en crisis se desprende que la Cámara actuante directamente prohíbe la utilización de marcas, sin perjuicio que se informe el nombre y datos de publicación en todas las publicidades y cuando ha quedado debidamente acreditado que la actora realiza y concluye a título personal todas y cada una de las operaciones inmobiliarias que celebra.
Todas ellas representan alegaciones extrañas a los fundamentos brindados por la a quo y, como tales, insuficientes para rebatirlos debidamente.
Ha decidido reiteradamente esta Corte que quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos legales no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito, no resultando suficiente a ese efecto la mera exposición de un criterio interpretativo distinto al del juzgador (doctr. causas A. 73.688, "Randello", sent. de 18-X-2017; A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018; A. 74.629, "Vázquez", resol. de 5-XII-2018), tal como acontece en la especie.
Es claro que el remedio en tratamiento no implica más que un juicio de disconformidad personal respecto del resultado de las pautas interpretativas propuestas por el Tribunal a quo , omitiendo señalar aquello que resulta esencial a los fines recursivos, esto es, las razones tendientes a demostrar en qué medida lo resuelto importa una vulneración a la norma aplicada (doctr. causas A. 71.971, "Ciccone", sent. de 22-VI-2016; A. 72.682, "Biasetti", sent. de 16-V-201; A. 76.614, "Di Girolamo", resol. de 16-XII-2020, entre otras).
III.5. En tal contexto, no merece andamiaje la aducida infracción al principio de congruencia -decisión extra petita- respecto a que la a quo tuvo por configurado el incumplimiento de lo previsto en el art. 13 del Código de Ética profesional, ya que no se ha desarrollado argumento lo suficientemente eficaz que permita visualizar el apartamiento del Tribunal del razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio, mostrándose la sentencia en crisis atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la controversia (conf. causas A. 71.806, "Cormolli", sent. de 7-IX-2016; A. 73.515, "Katz Jora", sent. de 13-IX-2017).
III.6. Por último, respecto al planteo de inconstitucionalidad con el que insiste la recurrente bajo el argumento de que con la aplicación de la norma cuestionada quedan vedados derechos fundamentales de las personas, como el derecho a trabajar y ejercer industria lícita, esta Corte tiene dicho que deviene inidónea para mejorar la suerte adversa del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la denuncia de infracción de cláusulas constitucionales, que sería eventual consecuencia de haberse infringido preceptos legales de la materia de que se trata, si esto último, tal como se expresó, no es previamente demostrado (conf. causas A. 71.682, "Casado", sent. de 22-X-2014; A. 72.672, "Regner", sent. de 14-VI-2017; A. 72.052, "Benítez", sent. de 17-V-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
El depósito previo queda perdido para la recurrente (art. 294, CPCC) debiendo la Cámara dar cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto según resol. 3135/13).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1. acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/12/2022 17:34:23 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/12/2022 21:46:37 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/12/2022 11:26:11 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/12/2022 07:23:09 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/12/2022 08:56:39 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 07/12/2022 09:25:07 hs. bajo el número RR-1237-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia