Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75491
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.491, "Mehl, Roberto Alejandro contra Provincia de Buenos Aires. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Mancini, Carral, Maidana.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada y revocó la sentencia de primera instancia por la que se había reconocido el derecho del actor a percibir la bonificación por bloqueo total del título de abogado.
Disconforme con ese pronunciamiento, el actor interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara actuante.
Dictada la providencia de autos, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. El actor promovió demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires, solicitando la nulidad de la resolución 3.360, de fecha 3-XII-2014, emitida por la Suprema Corte de Justicia, mediante la que se rechazó el pago de la bonificación por bloqueo total de título en su condición de abogado, en el desempeño de sus labores como agente en el Departamento Judicial de Dolores.
Requirió asimismo el reconocimiento del derecho al cobro de las diferencias salariales adeudadas, con los respectivos intereses y demás accesorios de ley.
Manifestó que trabajó durante un extenso período en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, desarrollando tareas de perito contador en la Asesoría Pericial de Dolores. Por tal razón, destacó, desde el año 1994 se le abonó la bonificación por bloqueo total del título de contador.
Relató que una vez recibido de abogado, con fecha 21-X-2009, peticionó el reconocimiento del bloqueo total del título de abogado y el pago de la bonificación correspondiente.
Habiendo reunido los requisitos legales necesarios para jubilarse, presentó su renuncia, la que fue aceptada a partir del 1-X-2013. Con fecha 3-XII-2014, la Suprema Corte de Justicia emitió la resolución 3.360 por la que se denegó su reclamo.
Sostuvo que la mentada resolución posee un vicio en la causa y en el objeto, toda vez que no ha considerado antecedentes de hecho relevantes vinculados a la situación particular del actor como único perito contador del Departamento Judicial de Dolores, y se han inaplicado y erróneamente interpretado normas expresas contenidas en la ley 5.177 y el Acuerdo 3427, entre otros.
Destacó por último que la mentada bonificación le corresponde a todos los abogados que laboren en relación de dependencia en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, cualesquiera sean las otras bonificaciones que perciban.
I.2. El juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 de La Plata resolvió hacer lugar a la demanda promovida y declarar la nulidad de la resolución 3.360 de la Suprema Corte de Justicia, reconociendo el derecho del actor a percibir la bonificación por bloqueo total del título de abogado equivalente al 25%, desde el momento en que efectuó su reclamo con fecha 21-X-2009, hasta el día 1-X-2013, cuando se le aceptó la renuncia a los fines jubilatorios, debiendo efectuarse asimismo los aportes de ley correspondientes.
Para resolver de ese modo señaló que la cuestión central traída a debate se dirigía a determinar si el acto administrativo impugnado en cuanto denegó la bonificación por bloqueo del título de abogado resulta o no legítimo y, en su consecuencia, si le asiste derecho al actor a percibir la bonificación por bloqueo de título de contador y abogado.
Explicó que el señor Mehl fue designado en el cargo de perito contador, y con motivo de la carga de trabajo que ello implicaba se dispuso su dedicación exclusiva con el consiguiente pago de la bonificación por bloqueo total del aludido título, la que continuó percibiendo sin perjuicio de haber pasado a prestar funciones desde el año 2008 hasta su retiro, en el Registro Público de Comercio del Departamento Judicial de Dolores.
Terminado sus estudios como abogado, obtuvo la matriculación en el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Dolores, la que suspendió en razón de prestar funciones en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.
Sentado ello advirtió que la resolución impugnada en autos (resol. 3.360), mediante la cual se rechazó el pedido del actor, tuvo como principal fundamento la incompatibilidad legal de ejercer ambas profesiones (de abogado y de contador), conforme surge de sus considerandos al señalar que "...hacer lugar al requerimiento colocaría al solicitante en una mejor situación respecto de aquellos que teniendo ambos títulos, no laboren en la órbita del Poder Judicial, solución que atentaría contra los principios de igualdad y equidad arts. 14 bis CN y 16 CN (derecho a la igualdad)".
Al respecto consideró que la incompatibilidad en el ejercicio de las profesiones de contador y abogado, establecida en el art. 3 de la ley 5.177, resulta irrazonable y violatoria de los principios constitucionales de trabajar y ejercer toda industria lícita, desproporcionada a la luz de la naturaleza y espíritu que rigen las profesiones liberales.
Sin perjuicio de ello, entendió que la postura adoptada por la parte actora prescindía de la declaración de inconstitucionalidad del art. 3 de la ley 5.177, puesto que al momento de reclamar el pago del adicional el peticionario se encontraba matriculado en el Colegio de Abogados de Dolores, de donde le asistía el derecho a la percepción de la bonificación por bloqueo de título de abogado; en tanto no pesaba sobre él -al momento de matricularse como abogado- ninguna incompatibilidad para el ejercicio de la profesión.
Por otra parte, consideró que son los colegios profesionales los que ejercen el poder de policía en materia de matriculación y, en todo caso, si existiera algún tipo de incompatibilidad en el ejercicio de la profesión, es el propio colegio quien debe resolverlo y no así su empleador.
Afirmó que el pago de la bonificación por bloqueo de título se trata de un derecho de carácter individual, como imposición del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires de carácter general y obligatorio para todos los empleados.
Sobre la base de dichas consideraciones juzgó que el acto administrativo cuestionado se encuentra viciado en su objeto, en tanto exhibe un error vinculado al derecho aplicable, circunstancia que determina su nulidad (arts. 103, dec. ley 7.647/70 y 50 inc. 2, CCA), lo que torna procedente el reconocimiento del derecho del actor a obtener el pago del bloqueo de título de abogado (arts. 107, ley 10.430 y 41, dec. ley 9.650/80).
I.3. Recurrida dicha sentencia por la demandada, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata hizo lugar al remedio interpuesto y revocó la sentencia de primera instancia.
Entendió que de los antecedentes allí reseñados se desprendía que en el caso no se hallaba controvertido que le asistía al actor el derecho a percibir la bonificación por bloqueo total de título de contador, que se le abona desde el día 13-XII-1994, sino que la cuestión a dilucidar se circunscribía a determinar si procedía reconocerle, en simultáneo, el adicional por bloqueo total del título de abogado, desde la fecha de su solicitud en sede administrativa -esto es, el 21-X-2009-, hasta el 1-X-2013, en que se le aceptó la renuncia a los fines jubilatorios.
En ese marco, advirtió que el caso bajo examen encuadra en las previsiones del art. 3 inc. "e" de la ley 5.177, que específicamente establece la incompatibilidad absoluta del ejercicio de las profesiones de abogado y contador público y cuya constitucionalidad -destacó- no había sido puesta en tela de juicio por el actor.
Al respecto, y en atención a la mentada bonificación, sostuvo que esta Suprema Corte ha expresado que su reconocimiento constituye una compensación por la pérdida total o parcial de la labor profesional en razón de una inhabilidad de carácter legal, en tanto el interesado debe encontrarse expresamente inhabilitado por la normativa pertinente para ejercer libremente dicha actividad profesional (conf. doctr. causas B. 52.991, "Ayllón", sent. de 2-VI-1992; B. 53.863, "Cáceres", sent. de 7-VI-1994; B. 55.574, "Roldán", sent. de 5-VII-1996 y B. 54.980, "Vampa", sent. de 5-IV-2000).
No obstante señaló que, en el sub judice , el óbice opuesto por la demandada para reconocer el aludido adicional no derivaba de la imposibilidad de ejercer libremente la profesión de abogado en virtud de cumplir funciones en el Poder Judicial, sino que radicaba en la circunstancia de haberse previamente matriculado en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas (v. fs. 27 cit.) y, por consiguiente, hallarse incurso en las previsiones del art. 3 inc. "e" de la ley 5.177 que establece la incompatibilidad absoluta del ejercicio de ambas profesiones, independientemente del ámbito donde se desarrollen las tareas.
A lo expuesto agregó que, si bien el magistrado de grado había entendido que a la fecha en que se efectuó el reclamo del adicional, no pesaba sobre el agente ninguna incompatibilidad para el ejercicio de la profesión de abogado (v. cons. 4), lo cierto es que del plexo probatorio obrante en autos surgía que el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Dolores procedió a su matriculación e inmediata suspensión, en fechas 5 y 6 de octubre de 2009, por la causal de incompatibilidad, atento encontrarse laborando como perito contador en el Poder Judicial (v. certif. fs. 26 cit.).
Sumó que a ello no obsta la circunstancia de que, a partir del año 2011, haya comenzado a prestar servicios en el Registro Público de Comercio departamental, pues la situación de incompatibilidad se configuraba por la sola condición de reunir dos títulos considerados como "auxiliares de justicia", aun cuando no se ejerzan funciones concretamente en el Poder Judicial. De lo contrario, si se reconociera la bonificación por título a quien no se halla habilitado para ejercer la profesión -tal como esgrime la demandada y no ha podido ser desvirtuado por el actor- se vulneraría el principio de igualdad consagrado constitucionalmente respecto de aquellos profesionales que no trabajan dentro de la órbita del Poder Judicial (arts. 16, Const. nac. y 11, Const. prov.).
En sentido concordante, reseñó que este Tribunal ha expresado que la bonificación por bloqueo de título resulta inherente a la función a la cual se la asigna, al haber sido instituida de modo general a favor de todos aquellos que se encuentren en las condiciones objetivas que señalan las normas, con el fin de compensar la incompatibilidad para el ejercicio profesional que conllevan las tareas concernientes al cargo (cita doctr. causa I. 2.204, "Zamarreño", sent. de 8-X-2008).
Así, en mérito de las consideraciones expuestas, concluyó que la motivación del fallo de primera instancia no logra desvirtuar la razonabilidad de la resolución cuya nulidad se pretende, ni tampoco el actor aportó elementos de juicio que permitan tener por acreditado que le asiste derecho a acceder a la bonificación pretendida, juntamente con el adicional por bloqueo total del título de contador; por lo que revocó la sentencia recurrida.
II. Contra ese pronunciamiento, la actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Advierte que el caso no se rige por el art. 3 inc. "e" de la ley 5.177, razón por la cual no se efectuó el planteo y eventual declaración de invalidez constitucional de dicha norma.
Considera que si tiene o no derecho a lo reclamado, queda fuera del alcance de incompatibilidad que regula todo lo relativo al ejercicio profesional de los abogados y procuradores.
Señala que al momento de su matriculación como abogado no poseía matrícula de contador, la que hacía largo tiempo había sido dada de baja en forma definitiva, razón por la que pudo obtener matrícula de abogado sin mayores dificultades.
Afirma que lo que prevé la norma es que no se puede tener vigente la matrícula de contador, y luego matricularse como abogado.
Destaca que la condición para el bloqueo está asociada a la matriculación como tal, que demuestra que está en condiciones de ejercer la profesión de no existir suspensión de su ejercicio, que justamente refuerza esta idea.
Advierte que se vio impedido de ejercer la profesión de abogado no porque fuese contador matriculado, sino por el hecho de tener la incompatibilidad prevista en el art. 3 inc. "d" de la ley 5.177, que impide oficiar como abogado cuando se es empleado del Poder Judicial.
En caso de que se considere que el supuesto debe encuadrarse en el inc. "e" del art. 3 de la ley 5.177, plantea una inconstitucionalidad sobreviniente en tanto fue el Tribunal de Alzada el que se inclinó por su aplicación.
III. El recurso no prospera.
III.1. La facultad revisora de esta Suprema Corte está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación que contra ella se formule en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. De allí que el éxito de la postulación recursiva dependa de que se baste a sí misma para que, de su lectura, pueda advertirse el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal. Ello exige una crítica concreta, directa y eficaz de las conclusiones definitorias y argumentos en que se funda el fallo recurrido (conf. causas A. 70.095, sent. de 21-IX-2011 y A. 70.148, sent. de 28-III-2012).
Ha sostenido este Tribunal -reiteradamente- que quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esa exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (art. 279, CPCC; doctr. causas A. 71.488, "Gras", sent. de 9-III-2016; A. 74.077, "Sisul", resol. de 3-V-2018 y A. 74.588, "Fox", resol. de 4-VII-2018).
En el caso, el Tribunal de Alzada -a la luz de la normativa aplicable y de las constancias obrantes en la causa- consideró que no se había logrado desvirtuar la razonabilidad de la resolución cuya nulidad se pretende, ni tampoco que el actor había aportado elementos de juicio que permitieran tener por acreditado que le asiste derecho a acceder a la bonificación reclamada de forma conjunta con el adicional por bloqueo total del título de contador que posee.
Para resolver de ese modo, la Cámara advirtió que el caso encuadra en las previsiones del art. 3 inc. "e" de la ley 5.177, que específicamente establece la incompatibilidad absoluta del ejercicio de las profesiones de abogado y contador público; condición de incompatibilidad que se configura por la sola condición de reunir dos títulos considerados como "auxiliares de justicia", aun cuando no se ejerzan funciones concretamente en el Poder Judicial, siendo ese el óbice opuesto por la demandada para reconocer el aludido adicional, respecto del que no se efectuó reproche constitucional alguno.
Agregó -en esa misma inteligencia- que si se reconociera la bonificación por título a quien no se halla habilitado para ejercer la profesión -tal como esgrime la demandada y no ha podido ser desvirtuado por el actor- se vulneraría el principio de igualdad consagrado constitucionalmente respecto de aquellos profesionales que no trabajan dentro de la órbita del Poder Judicial (art. 16, Const. nac. y 11, Const. prov.).
Ahora bien, el recurrente limita su embate a discrepar con lo resuelto por la Cámara, pero sin efectuar una idónea impugnación de las motivaciones que estructuran la sentencia, desentendiéndose de su verdadera línea argumental a través de un criterio personal distinto en orden a la interpretación de las disposiciones invocadas, sin conseguir demostrar que haya existido violación de la ley.
Como surge del acápite antecedente, el actor insiste en esta instancia extraordinaria sobre su propia interpretación del alcance de la norma, señalando que esta establece que no se puede tener vigente la matrícula de contador, y luego matricularse como abogado; y que -en su particular exégesis- la condición para el bloqueo está asociada a la matriculación como tal, lo que demuestra que estaría en condiciones de ejercer la profesión de no existir la suspensión de aquella, la que no se motivó en su condición de contador, sino por el hecho de prestar funciones en el Poder Judicial, conforme la incompatibilidad prevista en el art. 3 inc. "d" de la ley 5.177 -que impide oficiar como abogado cuando se es empleado del Poder Judicial-.
Al respecto ha dicho esta Corte, que resulta insuficiente el remedio procesal deducido que se limita a insistir en un enfoque legal de las circunstancias de autos, disímil al del órgano juzgador sin otro sustento que el afán de hacer prevalecer su propio criterio, reiterando objeciones expuestas y desechadas por el juzgador (doctr. causa A. 73.186, "Moyano Walker", sent. de 21-II-2018).
Siendo de ese tenor los agravios traídos a esta instancia extraordinaria, corresponde el rechazo de tales reproches (art. 279 in fine , CPCC).
Tampoco puede prosperar el planteo de inconstitucionalidad del art. 3 inc. "e" de la ley 5.177, que señala como sobreviniente en el curso del proceso, en tanto dicha norma sirvió de fundamento no sólo de la sentencia de la Cámara, sino de la propia resolución aquí cuestionada y sobre la que el actor solicita la nulidad.
Resta señalar que si bien esta Suprema Corte ya se ha pronunciado a dicho respecto, lo cierto es que en autos no se da el supuesto fáctico que diera lugar a la referida descalificación constitucional, en tanto en este supuesto se trata de establecer si corresponde el pago de la bonificación por bloqueo de título a un agente que ya se encuentra cobrando una en el mayor porcentaje establecido.
III.2. Ahora bien, no obstante que lo manifestado hasta aquí basta para desestimar la vía intentada, cabe agregar algunas consideraciones sobre la temática debatida.
El art. 41 de la ley 10.475 estableció para el personal del Poder Judicial una bonificación por bloqueo de título equivalente al 25% del sueldo y gastos de representación a abonarse cuando el agente sufra una inhabilitación legal total o parcial para el ejercicio de la actividad profesional.
Por su parte, el Acuerdo 2172 reglamentó el pago de dicha bonificación, estableciendo que ella alcanza a todos los magistrados, funcionarios y empleados con título de abogado, procurador o escribano que se desempeñen en el Poder Judicial, teniendo en consideración la inhabilitación absoluta emergente de los arts. 3 inc. "d" y 63 de la ley 5.177 y 33 inc. 3 del decreto ley 9.020/78, respectivamente.
Luego, el Acuerdo 3427 determinó que correspondía declarar comprendidos en la citada bonificación a los funcionarios y empleados de la administración de justicia que posean título de licenciado en economía, contador público, licenciado en administración y actuario, fijando el porcentaje en un 12,50%, dado que en esos supuestos existe un bloqueo parcial de título (art. 2).
En definitiva, el art. 41 de la ley 10.475 establece un guarismo para la bonificación allí establecida -25% del sueldo y gastos de representación-, que significa que el pago del emolumento no puede incrementarse como consecuencia de la obtención de diversos títulos profesionales por parte de los agentes judiciales superando dicho tope legal.
Ello por cuanto, en materia de interpretación, la primera regla hermenéutica es dar pleno efecto a la intención del legislador, y la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley (CSJN Fallos: 299:167) y cuando esta no exi
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