Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74881
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.881, "El Rápido Argentino Cía. de Micro Ómnibus S.A. c/ Tribunal Fiscal de Apelación s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, en instancia originaria, rechazó íntegramente la pretensión anulatoria dirigida contra el pronunciamiento dictado el día 9 de mayo de 2014 por la Sala III del Tribunal Fiscal de Apelación (v. fs. 311/318).
Disconforme, El Rápido Argentino S.A. interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 322/334), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 336/337).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 244), acompañado el memorial de la Fiscalía de Estado (v. presentación electrónica de fecha 25-X-2017) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó la pretensión anulatoria dirigida contra el pronunciamiento emitido el día 9 de mayo de 2014 por la Sala III del Tribunal Fiscal de Apelación, que en su hora confirmó la resolución 2/060550028910 dictada por la entonces Dirección Provincial de Rentas en virtud de los arts. 48 y 50 de la ley 12.397, estableciendo un monto consolidado al 31 de diciembre de 1999 de la deuda no prescripta al 1 de enero de 2000, novada por aplicación de tales normas.
I.1. Para así decidir, advirtió ante todo que el conflicto planteado en autos quedó consumado bajo la vigencia del Código Civil (ley 340 y sus modificatorias), motivo por el cual descartó la aplicación del Código Civil y Comercial (ley 26.994), sin abrir juicio acerca de las innovaciones de este último cuerpo normativo.
I.2. A continuación, desestimó el planteo principal, basado, lisa y llanamente, en la extinción de las obligaciones novadas por el art. 48 de la ley 12.397 en función de lo dispuesto pocos años más tarde por la ley 13.244.
En ese sentido, notó que el art. 9 inc. "a" exceptuaba de dicha consecuencia a las deudas cuya prescripción se hubiera suspendido por imperio del art. 135 del Código Fiscal (t.o. 2004), destacándose entre sus supuestos la sustanciación de un procedimiento determinativo con la consecuente intimación administrativa de pago. Al respecto, consideró que la resolución de consolidación 2/060550028910 del 7 de agosto de 2000, aquí discutida, contenía una determinación impositiva más una intimación de pago suficiente, tanto en los términos del precepto recién citado como en los del art. 3.986 del Código Civil, que también regula la suspensión de la prescripción.
Atento al modo en que resolvió el punto indicado, juzgó inoficioso expedirse sobre la concurrencia de la excepción prevista en el art. 9 inc. "c" de la ley 13.244 en su redacción original, que refiere a otra causal que también impide tener por extinguida la deuda que se novó mediante la ley 12.397 ( i.e. , el sometimiento a juicio de apremio o la verificación en concurso preventivo o quiebra).
Más allá de esto, aclaró que en la especie no estaba cuestionada la validez de la novación en sí misma. Acá la actora la tuvo por legítima con el afán de beneficiarse de la extinción dispuesta luego por la ley 13.244.
I.3. Sentado entonces que aquella no había quedado extinta ope legis y que, por encima de ello, se había producido un supuesto de suspensión por gracia de la resolución de consolidación 2/060550028910 del 7 de agosto de 2000 (conf. art. 135, Cód. Fiscal -t.o. 2004-), a los fines de establecer si el crédito del Fisco estaba parcialmente prescripto citó el precedente "Filcrosa" (Fallos: 326:3899) y expresó que las disposiciones locales relativas a la prescripción, como modo de extinción de las obligaciones, ceden frente a las contenidas en el Código Civil, en virtud de tratarse de una materia de fondo delegada por las provincias al gobierno federal (conf. art. 75 inc. 12, Const. nac.).
Puntualizó que -en su visión- dicho criterio hermenéutico debe extenderse a la regulación de la suspensión e interrupción de la prescripción, así como -en general- a todos los sucesos vinculados al curso y efectos del plazo en cuestión.
Tras ello, reputó aplicable al caso el término quinquenal establecido por el art. 4.027 inc. 3 del Código Civil, mas no situó su inicio en la fecha de presentación de la solicitud de verificación de créditos del Fisco en el proceso concursal de la empresa (23-III-2001), tal como se habría sugerido en la demanda y que hubiese dejado al margen los períodos más antiguos. En su lugar, infirió que correspondía "...estar a la [fecha] de dictado de la resolución 2/060550028910 en la faena de estimar la exigibilidad de la deuda tributaria a ese momento y ponderar así los alcances y consecuencias de ese acto singular" (fs. 315 vta. y 316).
De allí derivó "...que el lapso de prescripción no podría apreciarse expirado al indicado momento, pues desde la fecha de la resolución determinativa hasta la que enuncia la demandante, con arreglo a lo previsto por el artículo 3956 del Código Civil (ley 340), no habían transcurrido los cinco años que consigna" (fs. 316, primer párr.).
I.4. Más allá de lo anterior, observó que la deuda consolidada fue reconocida mediante acogimiento a un plan de pagos no satisfecho y otro caduco al amparo de la ley 12.233, tal como lo plasmara la sentencia del Tribunal Fiscal de Apelación. Señaló que dichos actos, no impugnados en sus alcances y consecuencias, produjeron la interrupción de la prescripción en los términos del art. 3.989 del Código Civil y colocaron al Fisco en posición suficiente para consolidar y determinar los créditos fiscales exigibles al 31 de diciembre de 1999.
Con remisión a los fundamentos brindados, rechazó asimismo la existencia de vicios en la causa y motivación del acto impugnado.
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la actora denuncia violación o errónea aplicación de los arts. 9 inc. "a" de la ley 13.244; 3.986 del Código Civil (ley 340) y 135 del Código Fiscal (t.o. 2004). Alega asimismo absurdo en el cómputo del plazo de prescripción.
II.1. Razona que aún cuando se entendiera -como lo hizo la Cámara, a su criterio equivocadamente- que la consolidación de deuda dispuesta por la resolución 2/060550028910 importó propiamente "un requerimiento de pago con efectos de intimación suficiente", esta solo podría suspender la prescripción por el término de un año, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 3.986, segundo párrafo, del Código Civil.
En abono de su tesis, invoca el criterio sentado por la Corte nacional en la causa "Filcrosa".
Plantea que la excepción regulada por el art. 9 inc. "a" de la ley 13.244 solo se aplica a las obligaciones cuyo plazo de prescripción se encontrara suspendido a la fecha en que se dictó dicha norma (15-IX-2004) y que la suspensión anual producida por el citado art. 3.986 del Código Civil ya había cesado para ese entonces (toda vez que la resolución 2/060550028910 fue emitida el 7-VIII-2000).
Alternativamente, rebate también que el curso de la prescripción pudiera considerarse suspendido a la época en que fue dictada la ley 13.244, por el art. 135 del Código Fiscal (t.o. 2004). Observa que este precepto reconoce efectos suspensivos por un año (no en forma indefinida) y asegura que dicha solución no puede verse modificada frente a la interposición del pertinente recurso ante el Tribunal Fiscal de Apelación.
Interpreta que lo recién expresado sería contrario a la doctrina sentada por la Corte nacional en el caso "Filcrosa", a la que esta Suprema Corte provincial habría adherido en las causas "Escudero" y "Fadra", entre otras, según la cual las disposiciones del Código Civil prevalecen sobre cualquier norma de carácter local en materia de prescripción.
Afirma que la jurisprudencia citada no se ve alterada por la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en tanto este únicamente faculta a las legislaturas locales, en su art. 2.532, a regular el "plazo" de la prescripción liberatoria en materia tributaria, no así las respectivas causales de interrupción y suspensión.
II.2. Sin perjuicio de lo anterior, niega que la resolución 2/060550028910 pueda ser asimilada a una intimación administrativa de pago de tributos determinados, en los términos del ya citado art. 135 del Código Fiscal (t.o. 2004).
Destaca que el acto referido no fue emitido al cabo de un procedimiento de determinación de tributos, sino en aplicación de los arts. 48 y siguientes de la ley 12.397.
II.3. En otro orden, recuerda que a través de la novación establecida por las disposiciones citadas, la Legislatura actualizó las deudas alcanzadas y borró los efectos de la prescripción cumplida. Dice que así purgó unilateralmente las consecuencias de la negligencia del Fisco, es decir, sin la concurrencia de la voluntad de las dos partes de la relación jurídica extinguida, como lo exige el Código Civil.
Advierte que la propia Cámara en el precedente que cita consideró inaplicable el art. 48 de la ley 12.397, por resultar contrario a la normativa de fondo, pero indica que en autos descartó expedirse sobre dicho tópico por reputarlo abstracto, en el entendimiento de que alcanzaba con tomar en cuenta la consolidación de la deuda concretada.
Cuestiona ese razonamiento por interpretar que se trataba de una cuestión esencial para la correcta dilucidación del pleito, que no podía ser soslayada.
Manifiesta que, si la novación y consolidación en cuestión son inconstitucionales, el crédito reclamado se encuentra indudablemente prescripto, sin que nada pueda reclamar la Provincia demandada.
Agrega que, aun en el supuesto de haberse producido los reconocimientos de deuda mencionados en la sentencia atacada -circunstancia que rechaza- la deuda discutida se encontraría de todos modos prescripta.
En sustento de esta posición, aduce que la Cámara omitió -lo que reputa absurdo- considerar que el cómputo del plazo quinquenal de prescripción (conf. art. 4.027 inc. 3, Cód. Civ.) debería volver a computarse a partir del día siguiente a los supuestos actos de reconocimiento, interruptivos del término en cuestión.
Precisa que el último de los reconocimientos invocados se habría producido el 30 de marzo de 1999 y reiniciado al día siguiente. Luego, la resolución 1/015660000115 lo habría suspendido por un año a partir del 26 de junio de 2000. Tras ello, no se habría producido ningún otro acto suspensivo o interruptivo en los términos de la legislación civil.
II.4. Finalmente, dice que no podría asignársele efecto alguno sobre el curso de la prescripción al frustrado intento de verificación del crédito fiscal en el concurso preventivo de la firma actora, ni en los términos del art. 160 inc. 3 del Código Fiscal (t.o. 2011) como tampoco en los del art. 3.986 del Código Civil.
III. De todos los argumentos que plantea El Rápido Argentino S.A. -los principales y los supletorios- anticipo que las acciones para exigir el pago de la deuda discutida deben considerarse extinguidas en los términos del art. 9 de la ley 13.244, lo cual torna innecesario expedirse sobre el resto de los agravios esgrimidos.
III.1. Según lo dispuesto por el proemio del citado artículo, "[l]as acciones administrativas y/o judiciales para exigir el pago de las obligaciones comprendidas en el Artículo 48º de la Ley 12.397 se considerarán extinguidas a partir del 1º de septiembre de 2004, inclusive".
A continuación, dicho precepto estableció cuatro excepciones al perdón fiscal. La concurrencia de dos de ellas se encuentra controvertida en este caso.
La primera es la contemplada en el inc. "a", por medio de la cual se excluyó de los mencionados efectos extintivos a las obligaciones en las que se encontrare "[s]uspendido el curso de la prescripción de conformidad al Artículo 135° del Código Fiscal -Ley 10.397 (t.o. 2004)-".
De acuerdo con la interpretación asumida por la Cámara, de los términos de la resolución 2/060550028910 se deriva claramente "...una determinación impositiva suficiente..." y una "...intimación bastante y con efecto suspensivo, tanto en los términos de la indicada norma local (art. 135 cit.) como de la contenida en el artículo 3986 del Código Civil (ley 340)" (fs. 313 vta. y 314).
En cambio, para la impugnante, dicha resolución no puede jamás ser asimilada a una "...intimación administrativa de pago de tributos determinados, cierta o presuntivamente...", que son los términos empleados por el art. 135 del Código Fiscal (t.o. 2004), precepto directamente aplicable a la discusión debido a la remisión expresa del art. 9 de la ley 13.244, invocado como defensa.
III.2. No se encuentra controvertido en estos autos que la resolución 2/060550028910 -obrante en copia certificada a fs. 195- fue dictada en virtud de lo establecido por los arts. 48 y 50 de la ley 12.397, que en su oportunidad consagraron la novación y consolidación de todas las obligaciones tributarias adeudadas, no prescriptas al 1 de enero de 2000, correspondientes a los gravámenes cuya autoridad de aplicación fuese la Dirección Provincial de Rentas.
A través de tales disposiciones se estructuró un singular sistema, mediante el cual se pretendió extinguir las obligaciones mencionadas y dar nacimiento a otras nuevas, cuyo monto no se vería sustancialmente modificado, pues el procedimiento legal preveía que sobre el capital original se calcularan, hasta la fecha de corte elegida, los mismos intereses que entonces contemplaba de manera general el propio Código Fiscal (conf. art. 50, ley 12.387; mi voto en causa A. 72.295, "Yell Argentina S.A.", sent. de 23-II-2021, punto III.2.c., párr. tercero).
Dentro del universo de supuestos alcanzados por dicho dispositivo estaban las deudas que hubieran sido reconocidas mediante regímenes de regularización (conf. art. 48 párr. seg. y 50 inc. "b", ley 12.397), entre ellas las que son materia del pleito. Adviértase que, según lo detallado por la Cámara interviniente, la fuente de la deuda consolidada mediante la resolución 2/060550028910 estaba constituida por "...un acogimiento a plan de pagos no satisfecho (06.12.1995) y [...] otro caduco al amparo de la ley 12.233, tal y como lo consigna la sentencia del Tribunal Fiscal..." (fs. 316).
De lo previamente expuesto se sigue que la deuda que dio origen a estas actuaciones había sido reconocida en su oportunidad por la firma contribuyente, mediante acogimiento a sendos planes de pagos, pese a lo cual luego fue objeto de la resolución aquí discutida en aplicación de lo dispuesto por los arts. 48 y 50 de la ley 12.397, que la tuvo por novada y consolidó con intereses.
III.3. Ahora bien, frente a los planteos sobre la cuestión formulados por la recurrente, no puede obviarse en esta instancia que la primera de las disposiciones recién nombradas fue declarada inconstitucional por esta Suprema Corte en las causas A. 72.295, "Yell Argentina S.A.", sentencia de 23-II-2021 y A. 72.528, "Fiscalía de Estado c/ Tribunal Fiscal de Apelación", sentencia de 28-V-2021.
La mayoría del Tribunal coincidió allí en censurar la novación dispuesta por dicho plexo -y sus consecuentes efectos en la prescripción de las obligaciones discutidas- sobre la base de la jurisprudencia sentada a partir del precedente "Filcrosa" de la Corte nacional, mientras que la minoría -que por mi parte integré- arribó a una conclusión similar respecto de la inconstitucionalidad del art. 48 de la ley 12.397, con fundamento en su falta de razonabilidad.
Al expedirme en la citada causa A. 72.295, descarté en particular que este último pudiera válidamente dar nacimiento a una nueva obligación tributaria que no se diferenciara en forma sustancial de aquella que de manera simultánea venía a extinguir, lo que en la práctica solo traía como resultado la extensión del plazo de prescripción aplicable en violación a los principios de razonabilidad y proporcionalidad derivados del art. 28 de la Constitución nacional (v. mi voto en causa A. 72.295, cit., pto. III.2.f.).
He aquí, entonces, un primer argumento para desconocerle a la resolución 2/060550028910 efectos de "determinación" de una nueva deuda, pese a lo consignado en el encabezado de dicho acto ("R-553/0 - Resolución de la impugnación determinando nueva deuda", fs. 195). Si en los antecedentes recién mencionados esta Corte declaró inconstitucional y, por ende, inaplicable la novación dispuesta por el art. 48 de la ley 12.397, no podría lógicamente considerarse que el procedimiento de consolidación fruto de aquella tiene por resultado establecer una nueva obligación.
Pero desde ya que no se me escapa que, en autos, tal como dejó entrever la Cámara, la apelante pretende valerse de la regularidad de dicha novación a los fines de beneficiarse inmediatamente con la extinción de las deudas tal cual lo previó el art. 9 de la ley 13.244.
De allí que lo dicho en el párrafo anterior en torno a la inconstitucionalidad del régimen decretada en otros casos y su potencial para desentrañar la naturaleza del formulario R-553/0 aplica aquí solo con fines indiciarios, pues estando involucrados derechos patrimoniales disponibles cualquier avance en ese sentido violaría la congruencia decisoria (v. mi voto en causa A. 74.489, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Consorcio Médico Sarmiento", sent. de 23-III-2022).
Si bien destaco que luego sí se pide su inconstitucionalidad (independientemente de la suficiencia del planteo), ello es solamente en caso de fracasar esa línea principal de impugnación. Algo que, como anticipé, merece acogimiento.
IV. Con esa precisión, deviene necesario tomar en consideración el particular contexto interpretativo en el que adquieren sentido las expresiones utilizadas por la legislación en que la recurrente sustenta su defensa.
IV.1. Según se ha visto, la discusión planteada se centra en el alcance del art. 9 de la ley 13.244, disposición que, como principio general, estableció la extinción de las obligaciones comprendidas en el art. 48 de la ley 12.397 a partir del 1 de septiembre de 2004, aunque a continuación exceptuó de lo indicado a aquellas en las que "[s]e encontrare suspendido el curso de la prescripción de conformidad al Artículo 135º del Código Fiscal -Ley 10.397 (T.O. 2004)-" (énfasis añadido).
La mayoría de la Sala III del Tribunal Fiscal y los integrantes de la Cámara en lo Contencioso Administrativo leyeron ese párrafo con algo de flexibilidad y en beneficio del Fisco, haciendo hincapié en ciertas expresiones contenidas en el artículo de reenvío ( i.e. , "intimación administrativa de pago").
Sin embargo, por constituir una desviación del exteriorizado propósito legislativo de olvidar las problemáticas deudas fiscales largamente perpetuadas que habían sido objeto de la novación de la ley 12.397, la interpretación de la excepción prevista en el art. 9 inc. "a" debió haberse hecho con marcado criterio restrictivo. Esto es, considerando si existió, estrictamente hablando, una "determinación de oficio" sobre base cierta o presunta en los términos de los arts. 37 in fine , 38, 39, 101 a 104 y concordantes del Código Fiscal (t.o. 2004).
Es evidente para mí que tal cosa no sucedió en la especie y basta para ello con remitir al sucinto contenido del formulario preimpreso R-553/0 a fs. 195.
IV.2. La inteligencia propuesta encuentra respaldo en los fundamentos del proyecto que emergió como ley 13.244, presentado el 30 de agosto de 2004 (expte. D-1896/04-05-0).
Allí se alude a "
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.