Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77744
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 279, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer párrafo y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.744, "García, Nicolás Maximiliano Franco c/ Ministerio de Seguridad s/ Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Genoud, Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, hizo lugar a la demanda promovida y anuló la resolución del Ministerio de Seguridad 2017-172-E-GDEBA-MSGP, que dispuso la baja del actor de la fuerza policial (v. sentencia de fecha 7-X-2021).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la parte demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 22-X-2021) el cual fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fecha 14-XII-2021.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. auto de fecha 4-IV-2022) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, confirmó la sentencia dictada por el juez de grado mediante la cual se anuló la resolución 2017-172-E-GDEBA-MSGP dictada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, en cuanto dispuso la baja obligatoria de la fuerza policial del actor y ordenó su reincorporación al cargo que desempeñaba al momento del cese ilegítimo.
Para así decidir primeramente advirtió que la cuestión planteada resulta sustancialmente análoga a la resuelta por esa misma Cámara en tres causas que cita, en donde se patentizó la ausencia de una adecuada motivación en la decisión estatal que dispuso la baja obligatoria de los agentes por considerar que no poseían las aptitudes psicofísicas necesarias para el normal desempeño de la función policial.
De los antecedentes que la Cámara refiere en los apartados "II.1.1" a "II.1.3", se desprende que la autoridad administrativa una vez efectuada la junta médica respecto al actor, postuló, sin más, el carácter de "No Apto", sin una adecuada sustanciación y explicitación de las conclusiones a las que arribó para determinar que el agente García, no poseía un perfil psicológico adecuado para el desempeño de las funciones en que revistaba.
La sentencia destacó la ausencia de una debida explicación por parte de las dependencias intervinientes en el procedimiento administrativo y muy especialmente se puso de manifiesto que ni las determinaciones de la Dirección de Sanidad al realizar la junta médica, ni la Superintendencia de Seguridad portan razones asequibles para los demandantes respecto a los antecedentes en los que se funda el diagnóstico que da lugar a la medida segregativa.
El tribunal puso énfasis en la circunstancia de que el dictamen técnico no brinda una argumentación que permita justificar su conclusión, en tanto que la resolución administrativa cuestionada hace una remisión directa a aquel dictamen.
En base a estas falencias, el a quo consideró viciado el obrar administrativo merced a la conducta inexpresiva de las instancias administrativas intervinientes.
II. La representación fiscal articula su embate en la violación a la doctrina legal y la del absurdo y hace hincapié en la peligrosidad que representa la reincorporación de agentes segregados (v. puntos VI.1., VI.2. y VI.3. respectivamente) sin reparar en que ninguno de estos agravios resulta idóneo para revertir la decisión impugnada.
Veamos:
III.1. Entrando en las motivaciones por las que corresponde rechazar la presente impugnación extraordinaria, es dable señalar en un primer tramo que, en un sentido opuesto a lo dicho por la representación provincial, no se encuentra violentada la normativa que regula el proceso segregativo de agentes de la fuerza policial, y menos aún mermada esta potestad.
Por el contrario, la Cámara, dada la particularísima -así la califica- esencia de la relación de empleo público en el marco de la policía de seguridad, valida una legislación que contiene un esquema que permite a la Administración efectuar controles periódicos de la aptitud física y psíquica de los agentes, para establecer si siguen en condiciones de continuar prestando servicio (v. punto II.1.3.1. de la sentencia en crisis). De ello se sigue que la argumentación blandida por el recurrente no está vinculada con el vicio específico que el tribunal atribuye a la Administración, que es la falta de motivación del acto.
El quejoso pone la mira en la potestad estatal, que no fue negada en la sentencia, sin asumir una crítica a la falta de motivación. En tal sentido cabe recordar que este Tribunal tiene dicho que solo será suficiente un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando se individualice concretamente la doctrina que se dice violada y se señalen los aspectos fácticos que rodearon al caso donde esta Corte sentó el criterio que se pretende aplicar, debiéndose indicar la cita de la norma legal que, emanada de dicha doctrina, resulte conculcada por el Tribunal de Apelación (conf. causas A. 73.480, "Rivarola", sent. de 6-IV-2016; A. 73.228, "Arbelo", sent. de 19-X-2016; A. 73.247, "Lomos", sent. de 29-VIII-2018; A. 76.740, "Caputo", sent. de 22-IX-2021; e.o.).
III.2. En un segundo tramo se agravia del absurdo y la violación a la doctrina legal; y más allá de la denuncia, en ninguna parcela se hace alusión al absurdo, con lo cual queda descartado cualquier señalamiento al respecto.
En cuanto a la transgresión de la doctrina de este Tribunal, el recurso incurre en dos yerros que fulminan cualquier intento de procedencia, en primer término, ninguno de los precedentes citados guarda identidad con el sub lite , y obviamente, no se evidencia cómo es que en el presente se aparta de lo decidido en casos anteriores.
Las disimilitudes son evidentes. Por empezar, en todos los casos citados se convalidó el obrar administrativo. Además, las diferencias fácticas entre el reclamo de una bonificación (causa B. 63.744, sent. de 29-VIII-2012) y un asunto previsional (causas B. 62.526, sent. de 4-X-2006 y B. 61.032, sent. de 10-III-2010), no pueden en modo alguno ser emparejados con la especie y, menos aún, para revocar una sentencia por violación de la doctrina legal.
Al respecto, esta Corte tiene dicho que resulta inapropiada la invocación de doctrina legal cuando difieren las condiciones fácticas y jurídicas de la causa con las del precedente alegado (causas A. 70.781, "Pérez", sent. de 1-IV-2015; A. 71.746, "Buscaglia", sent. de 23-XII-2013; A. 74.792, "García", sent. de 19-X-2016; A. 72.799, "Mansilla", sent. de 7-VI-2017 y A. 74.692, "Lobosco", sent. de 25-IX-2019; e.o.).
III.3. Finalmente, con respecto a la reincorporación del agente (v. punto VI.3. del escrito recursivo presentado electrónicamente el 22-X-2021), la representación fiscal en dos escuetos párrafos se agravia de la decisión sin hacerse cargo de que el tribunal destaca que aquel es el efecto natural de la anulación del acto de cesantía y que están indemnes las prerrogativas de la autoridad policial de examinar las aptitudes psicofísicas de los agentes en el futuro, con resguardo del procedimiento adjetivo, en cumplimiento de los lineamientos y motivaciones expresados en el dispositivo atacado.
En este contexto, idéntica suerte adversa que los agravios anteriores corre esta parcela de análisis.
IV. Por todo lo expuesto, y en virtud de que el recurso no cumple con los requisitos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, corresponde su rechazo.
Voto por la negativa.
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer párrafo y 289 in fine , CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 279, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer párrafo y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/04/2023 13:58:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/04/2023 17:19:42 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/04/2023 10:09:23 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/04/2023 10:22:00 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/04/2023 12:47:49 - GORDILLO Valeria - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 13/04/2023 12:48:02 hs. bajo el número RS-23-2023 por DO\vgordillo.
Fin de la sentencia