Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 70703
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 70.703, "Montezzanti, Néstor c/ Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión Anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Carral , Budiño , Violini, Maidana.
Esta Suprema Corte rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la demandada contra la sentencia de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, que -en su oportunidad- confirmó el fallo de primera instancia mediante el cual se declaró la nulidad parcial de las resoluciones dictadas por la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires que subordinaban el pago de los haberes previsionales del actor al cese en su cargo de magistrado, condenó a pagarle los haberes previsionales a partir del día 3 de abril de 2003 y declaró la inconstitucionalidad del art. 45 tercer párrafo de la ley 6.716 (v. fs. 354/364).
Disconforme, la demandada interpuso recurso extraordinario federal (v. fs. 367/388), el que a su turno fue denegado por este Tribunal (v. fs. 396/398), lo que motivó la interposición del recurso de queja (v. fs. 479/527 vta.) ante el Máximo Tribunal, el que resultó admitido y declarado admisible el recurso extraordinario federal (v. fs. 544).
Llegado el caso a su conocimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, haciendo suyos los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procurador Fiscal, dejó sin efecto la sentencia recurrida y ordenó la devolución de las actuaciones a este Tribunal a fin de que -por quien correspondiera- se dictase un nuevo pronunciamiento (v. fs. 538/542 y 544 y vta.).
Vueltos los autos, integrado el Tribunal (v. acta electrónica de fecha 2-III-2022) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
Visto lo resuelto por la Corte Suprema nacional, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Mediante el pronunciamiento de fs. 487/496, esta Suprema Corte rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la demandada.
Para así decidir, el ponente, señor Juez doctor Pettigiani, cuyo voto, con excepción de la señora Jueza doctora Kogan, acompañaron los señores Jueces doctores Genoud, Hitters y Soria, sostuvo que los argumentos planteados no rebatían adecuadamente el fundamento central de la sentencia impugnada. Negó que en el caso hubiere existido una errónea aplicación o interpretación de las normas en cuyos términos fue fundada la sentencia, tal como exige el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial y descartó que el pronunciamiento fuere absurdo.
Considero al igual que la Cámara, que la situación del abogado jubilado de la Caja de Previsión demandada que mantiene su matrícula en otras jurisdicciones y ejerce la profesión guarda analogía con la de aquel que ocupa un cargo en el fuero federal, pues la ley provincial no puede tener el efecto extraterritorial de imponer condiciones ajenas al ámbito de su propia jurisdicción, para el goce del beneficio acordado. Por cuanto el límite de la potestad reglamentaria de la Legislatura local le impide establecer incompatibilidades que importen regular materia que le es ajena, con sustento en la jurisprudencia que dimana de la Corte federal in re "Rebagliatti" y otros y que fue asimilada por esta Suprema Corte en las causas B. 56.606, "Bauzer" y B. 55.992, "Olivier".
Por esta razón rechazó que en el caso hubiera apartamiento de la doctrina legal de esta Corte.
Descartó también la aplicación del antecedente judicial "Servini" -causa B. 48.957, sentencia de 29-X-1985-, donde se señaló la incompatibilidad entre la jubilación y el ejercicio de un cargo de juez federal en la Provincia, a tenor del cambio jurisprudencial, expuesto en las causas "Bauzer" y "Olivier", motivado en la censura de la Corte federal en el caso "Rebagliatti" antes citado.
En esa dirección entendió acertado seguir la misma línea hermenéutica y de razonamiento en la evaluación de la incompatibilidad entre el goce de la jubilación local con el desempeño de la abogacía en otras jurisdicciones, ya sea en forma autónoma o en relación de dependencia.
Por último, desestimó la denuncia de absurdo, al igual que la infracción de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional.
II. Contra dicho pronunciamiento, la demandada interpuso recurso extraordinario federal.
En su presentación, estimó configurado un conflicto susceptible de ser encuadrado en el art. 14 de la ley 48, en tanto alegó que esta Suprema Corte confirmó un pronunciamiento violatorio del art. 45 de la ley 6.716 -texto original- al tacharlo de inconstitucional sin fundamento, desinterpretando los preceptos legales aplicables al caso, y omitiendo considerar otros, arribando así a un decisorio que desconoce las constituciones nacional y provincial y la legislación aplicable.
Sostuvo que la declaración de inconstitucionalidad del inc. 3 del art. 45 de la ley 6.716, tiene fundamento en una doctrina de la Corte nacional que supone una analogía que no es tal. Pues, afirma que se confunde el desempeño autónomo de la abogacía con la percepción simultanea del beneficio jubilatorio, en distinta jurisdicción, con la de percibir idéntico beneficio y ejercer al mismo tiempo un cargo de magistrado.
Desarrolló en ese sentido argumentos tendientes a rebatir la analogía de la doctrina sentada por el Máximo Tribunal en las causas "Rebagliatti", "Leon" y siguientes, incorporada por esta Suprema Corte en las causas B. 55.606, "Bauzer", sentencia de 25-III-1997 y B. 55.992, "Olivier", sentencia de 14-VII-1998, con la situación del caso, asimilable en rigor al antecedente B. 48.957, "Servini", sentencia de 29-X-1985, donde efectivamente se trató la incompatibilidad entre la percepción del beneficio jubilatorio y el ejercicio de un cargo de juez federal en la Provincia, como ocurre en este caso. Agregó que, sin embargo, el precedente invocado fue desestimado solamente, por ser previo al cambio jurisprudencial operado a partir de la causa "Rebagliatti", sin ningún otro análisis.
Asimismo, señaló que existe cuestión federal por encontrarse cuestionada la interpretación de la ley 6.716 y el art. 125 de la Constitución nacional que en el segundo párrafo dispone que las provincias y la ciudad de Buenos Aires pueden conservar organismos de seguridad social para los empleados públicos y profesionales, precepto que según el recurrente limita que se pueda decidir sobre las formas de financiamiento con que cuenta la Caja profesional. Y cuestiones federales complejas en cuanto se desecha la aplicación de la ley 6.716 por reputarla inconstitucional desconociéndose así los arts. 5, 17, 28, 31, 121, 123 y 125 de la Constitución nacional, en tanto se obligó a la Caja a abonar un beneficio no previsto en su estatuto, por la incompatibilidad para acceder a su goce.
Finalmente denuncia gravedad institucional.
III.1. En su oportunidad, esta Suprema Corte denegó la concesión del recurso extraordinario reseñado, por el incumplimiento de las pautas establecidas en el art. 1 de la Acordada 4/2007, al exceder el número de renglones por página allí establecidos. Además, se destacó que los agravios referidos a la aplicación e interpretación del derecho local son privativos de los tribunales ordinarios y ajenos como regla a la competencia federal.
Por último, se descartó la doctrina de la arbitrariedad, porque ella no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales en orden a temas no federales y tampoco se advierte un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una carencia de fundamentación tal que invalide la sentencia como acto jurisdiccional.
III.2. Contra la resolución denegatoria del recurso extraordinario federal la Caja demandada fue en queja ante la Corte nacional.
En el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, previa vista a la Procuración Fiscal, se hizo lugar a la queja, se declaró procedente el recurso extraordinario y se dejó sin efecto la sentencia apelada.
A su entender, los magistrados, haciendo suyos los fundamentos expresados por la representación fiscal, consideraron atendibles los agravios fincados en la doctrina de la arbitrariedad planteados por la recurrente respecto al problema federal debatido. El punto central a dilucidar era la falta de un tratamiento particularizado de la cuestión relativa a la constitucionalidad del art. 45, párrafo tercero de la ley 6.716. El que fue soslayado al declarar, por un lado, la insuficiencia del remedio planteado y acudir por otro a un precedente inatinente de la Corte nacional.
Estimaron que correspondía tratar en primer término los agravios referidos a esa causal pues de existir arbitrariedad no habría sentencia propiamente dicha.
Añadió que no obsta lo expuesto que lo concerniente a la suficiencia de los recursos locales resulte, en principio, ajeno a la vía, pues cabe hacer excepción a esa regla cuando, como en el caso, se denuncia que el pronunciamiento incurre en graves defectos de fundamentación que perjudican la defensa en juicio.
Por último, señaló que la omisión del Tribunal de última instancia designado por las leyes 48 o 4.055 de expedirse sobre el asunto federal involucrado, tras un estudio cuidadoso y exhaustivo del tema configura un obstáculo para que el Alto Tribunal pueda ejercer correctamente su competencia apelada.
IV. En cuanto al fondo de la cuestión debatida abundaron sobre que las diferencias entre la cuestión controvertida en la causa "Rebagliatti" y la de autos puestas de resalto por la demandada y eventualmente conducentes para la adecuada solución del litigio, imponían - prima facie- una ponderación particularizada por parte de esta Suprema Corte, en torno a la constitucionalidad del art. 45, tercer párrafo de la ley 6.716 y esa exigencia no se satisface con la mera remisión a la doctrina mencionada.
Al respecto recordó que en el caso citado la Corte nacional trató la constitucionalidad de la ley 6.716, en tanto dispone que los abogados que actúen en la matrícula deben acreditar la cancelación de esta, en todas las jurisdicciones del país en las que estuvieren inscriptos para percibir el beneficio jubilatorio.
En cambio, en esta causa, se discute la constitucionalidad del art. 45, tercer párrafo de la ley 6.716, que prohíbe al jubilado la percepción del haber previsional y el ejercicio simultáneo en todo el país de cargos judiciales o de cualquier función pública que requiera el título de abogado. Lo que dispone la norma es que el pago de la jubilación se interrumpe mientras dure esa incompatibilidad y que el beneficiario puede pedir en cualquier momento que la prestación se suspenda para ejercer un cargo judicial.
En ese contexto sostuvo que la justificación del fallo luce insuficiente al advertirse que la decisión, en definitiva, termina convalidando la declaración de inconstitucionalidad del precepto -en el caso, de derecho local-. Cuando tal declaración constituye la ultima ratio del orden jurídico, a la que solo cabe acudir luego de un acabado examen de la norma con la convicción cierta de que su aplicación lesiona el derecho o la garantía constitucional alegados.
Señaló que la Caja argumentó que conciernen a las provincias potestades en materia de seguridad social respecto de profesionales y que en ese plano se dictó la ley 6.716, cuyo art. 45, tercer párrafo, reglamenta lo referente al cobro del haber previsional en la Provincia de Buenos Aires de quienes, como el actor, se hallan sujetos a su jurisdicción por haber ejercido allí su labor profesional y por haber efectuado aportes al régimen local (art. 125, Const. nac.).
Asimismo, ponderó el argumento de la Caja respecto a que no puede equipararse válidamente la situación del abogado litigante, cuya remuneración es aleatoria, y justifica su práctica en distintas jurisdicciones con la del juez que percibe regularmente un salario relevante.
En tal sentido, destacó que en el precedente "Rebagliatti", se examinó un supuesto de cancelación acotada de la matrícula, en tanto que aquí se considera un caso de incompatibilidad absoluta del ejercicio profesional, que viene a prolongar, en suma, una restricción dispuesta para la matrícula activa, en tanto que se veda a los jueces el ejercicio de la profesión de abogados (art. 3, inc. "d", ley 5.177).
Hizo hincapié en que el derecho adquirido al beneficio jubilatorio no se ve comprometido por la suspensión temporal de su percepción, puesto que el interesado puede optar en cualquier momento por dejar el cargo judicial que ocupa para percibir dicho haber, además de sostener que, durante el proceso, no se demostró que la aplicación de la incompatibilidad prevista en el art. 45 de la ley 6.716 coloque al peticionario en la imposibilidad de cubrir su subsistencia (art. 14 bis, Const. nac.).
En suma, adujo que, mediante el artículo en cuestión, la Provincia persigue propósitos vinculados con el funcionamiento del régimen jubilatorio local en torno al desempeño de la magistratura en el fuero federal de Bahía Blanca y su incompatibilidad con el cobro del beneficio jubilatorio reconocido al actor, el que deberá de ser usufructuado con arreglo a la disposición provincial que lo confirió.
En tales condiciones concluyó en que, tratándose de la constitucionalidad de una norma local, y que la apelante postuló agravios prima facie , idóneos para ser valorados, la decisión que no se hace cargo concretamente de ellos y que se reduce a la aplicación dogmática de un precedente de la Corte, carece de suficiente fundamentación y debe invalidarse jurisdiccionalmente.
Por todo lo expuesto, la Corte nacional hizo lugar a la queja, declaró procedente el recurso extraordinario federal deducido, dejó sin efecto la sentencia dictada por este Superior Tribunal provincial y ordenó la devolución de las actuaciones a fin de que se emitiera un nuevo pronunciamiento.
V. En este contexto y a tenor de lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, corresponde ahora a esta Suprema Corte dictar un nuevo pronunciamiento.
En esa labor, en primer lugar, deben analizarse los agravios esgrimidos por la parte demandada en el recurso de inaplicabilidad de ley obrante a fs. 300/332, los que son de recibo atento las directivas supra reseñadas.
Conforme los argumentos expuestos en la impugnación, la interesada cuestionó el fallo dictado por la Cámara interviniente por violación y errónea aplicación de la doctrina legal de esta Suprema Corte sentada con relación al art. 44 de la ley 6.716, al hacerla extensiva al art. 45, tercer párrafo, y declarar su inconstitucionalidad.
Para ello advirtió que entre la incompatibilidad de los arts. 44 párrafo segundo y 45 párrafo tercero, median claras diferencias que impiden sean tratadas en forma conjunta. Pues mientras una apunta al desempeño autónomo de la profesión la segunda norma refiere al ejercicio de cargos públicos sean judiciales o en tribunales administrativos, para los que se requiera ser abogado.
Adujo que el pronunciamiento identifica el ejercicio independiente con el de una relación de empleo público.
Señaló que el beneficio jubilatorio conlleva un fin alimentario y la sustitución de los ingresos económicos de la actividad, aunque no guarden una estricta proporcionalidad rigurosa con estos.
En otro sentido, añadió, que no resulta ético compatibilizar el cobro del beneficio jubilatorio reconocido por la Caja y el desempeño como camarista de la justicia federal de Bahía Blanca, tal como acontece en el caso. Agregó, que la incompatibilidad analizada se erige como un requisito de neutralidad e independencia para el ejercicio de la función judicial.
Respecto al alcance de la Provincia para legislar, afirma que no puede sino regular sobre las cosas o personas que se hallen sometidas a su jurisdicción, sin que de ello se siga que la incompatibilidad controvertida configure un supuesto de extraterritorialidad de la ley provincial 6.716. Por el contrario, invocó que se trata de una condición o requisito impuesto por el legislador para que accedan al goce de la jubilación quienes se hallan sometidos a su jurisdicción por haber cumplido o desempeñado su actividad profesional en el ámbito de aplicación de la norma, esto es, la Provincia de Buenos Aires.
Con cita del antecedente jurisprudencial, causa B. 48.957, "Servini", sentencia de 29-X-1985, donde se discutió la simultánea percepción del haber jubilatorio y el desempeño como juez de la Cámara Federal de La Plata, esta Suprema Corte por mayoría se expidió en favor de la incompatibilidad.
Concluyó en que en el caso se vulneró el art. 45 de la ley 6.716, al tacharlo de inconstitucional sin fundamento, asimismo se vulnera la doctrina sentada con relación al art. 44 por las cortes provincial y nacional, al hacerlo extensivo a un caso disímil al analizado y decidido en ella, se violenta la doctrina legal sentada en el caso "Servini" citado. Y, se incurre en una absurda valoración de la prueba estableciendo una analogía entre autos y precedentes ya analizados cuando las cuestiones y hechos son distintos.
Como puede advertirse, las críticas indicadas coinciden en lo sustancial con los razonamientos desplegados por la Corte nacional al revocar el fallo emitido por este Tribunal provincial.
Así delimitada la cuestión adelanto que, de acuerdo a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y tal como se propiciara en el voto en minoría de la sentencia revocada, el recurso prospera.
En tal sentido, resulta razonable la prohibición de percibir el beneficio jubilatorio, reconocido por el organismo previsional derivado de los aportes efectuados por el ejercicio de la profesión de abogado en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires y al mismo tiempo desempeñarse como magistrado en el fuero federal en la Provincia.
Considero que en tal supuesto no hay afectación de derechos de rango constitucional, ni de derechos adquiridos en el marco de la ley 6.716, razón por la cual el planteo de inconstitucionalidad del art. 45, párrafo tercero, corresponde desestimarlo. Pues, desde que le fue reconocido tal derecho por la Caja, el goce del haber previsional estuvo supeditado al cese de la incompatibilidad que la norma cuya inconstitucionalidad procura el actor contempla.
De esta manera, los argumentos relativos al ejercicio de la profesión liberal en las distintas jurisdicciones del país para declarar la inconstitucionalidad del art. 44 de la ley 6.716, no resultan aplicables a la materia aquí en debate, relativa a la incompatibilidad entre el goce efectivo del beneficio jubilatorio reconocido y el ejercicio de un cargo de juez federal en la Provincia, conforme ya fue resuelto por este Tribunal en una causa análoga (causa B. 48.957, "Servini"), invocada en el recurso.
Estimo que la discusión relativa a la potestad normativa de las provincias para establecer incompatibilidades que importen la regulación de materia que le es ajena, no debe ser confundida con la prohibición en cuestión, que gira en torno del ejercicio de la magistratura y a la incompatibilidad que de dicha situación deriva para acceder a un derecho que, si bien está reconocido, podrá ser usufructuado de acuerdo a las previsiones de la norma cuya constitucionalidad aquí cuestionó el actor.
Juzgo razonable diferenciar por un lado la incompatibilidad prevista en el art. 44, párrafo segundo de la ley 6.716, relativo al ejercicio autónomo de la profesión, de la regulada en el art. 45, párrafo tercero, que se refiere al desempeño de un cargo público, judicial o administrativo y la percepción
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