Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77904
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC), con costas a la vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer párrafo y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.904, "Carreño, Marcelo Juan contra Ministerio de Economía (Instituto de Previsión Social). Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, Torres, Kogan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata revocó la sentencia de primera instancia que, a su turno, había admitido la demanda promovida por el señor Marcelo Juan Carreño contra el Instituto de Previsión Social (v. sent. de fecha 21-XII-2021).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 7-II-2022, 23:58:11 hs. en el sistema Augusta).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de fecha 22-VI-2022), agregado el memorial de la Fiscalía de Estado (v. presentación electrónica de fecha 8-VII-2022, 10:19:19 hs. en el sistema Augusta) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El señor Marcelo Juan Carreño promovió acción contencioso administrativa contra el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires a fin de obtener la anulación de las resoluciones 11.321 n° 368 de fecha 12 de julio de 2011 y su confirmatoria n° 90 de fecha 3 de abril de 2014, por medio de las cuales la entidad previsional demandada le denegó la "Pensión Honorífica de la Provincia de Buenos Aires en reconocimiento de los ex combatientes del Conflicto Bélico de las Islas Malvinas", por considerar que el peticionante no cumplía con el requisito establecido en el art. 2 incs. "a" y "b" de la ley 12.006 y su modificatoria 13.324, de poseer domicilio real en la Provincia de Buenos Aires con anterioridad al 2 de abril de 1982 y al tiempo de la sanción de la mencionada ley 13.324 -21 de octubre de 2004- que extendió el beneficio a soldados profesionales, pertenecientes al personal de las fuerzas armadas y de seguridad.
I.1. El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 1 de Bahía Blanca hizo lugar a la pretensión deducida, anuló las resoluciones impugnadas y reconoció el derecho del actor a obtener la denominada pensión social Islas Malvinas, conforme la ley 12.006 y sus modificatorias.
Entendió que la exigencia legal importaba acreditar el domicilio en territorio bonaerense con anterioridad al conflicto bélico y que el actor cumplió con el requisito impuesto por la norma.
Puntualizó que de conformidad con los elementos aportados y las circunstancias señaladas por el demandante en su escrito postulatorio, su traslado a la Provincia de Santa Cruz obedeció a cuestiones laborales.
Asimismo, se pronunció por la inconstitucionalidad del art. 2 inc. "b" de la ley 12.006, texto según ley 13.324, que prescribe el requisito de poseer domicilio real en la Provincia de Buenos Aires al momento de la sanción de la mencionada ley, por ser violatorio de las garantías consagradas en los arts. 16 de la Constitución nacional y 11 de la Constitución provincial.
Impuso las costas a la vencida (art. 51, CCA).
I.2. A su turno, la Cámara del fuero con asiento en la ciudad de Mar del Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada, revocó la sentencia de primera instancia y desestimó la pretensión promovida.
Consideró que, en el caso, no se encontraba demostrado el cumplimiento del requisito previsto en el art. 2 inc. "a" de la ley 12.006 respecto del actor.
Para así decidir, luego de analizar la prueba documental adjuntada a las actuaciones administrativas a la luz de la sana crítica (conf. arts. 384 y concs., CPCC y 77, CCA) concluyó -contrariamente a la postura adoptada por el magistrado de grado- que al momento que refiere el art. 2 inc. "a" de la ley 12.006, el actor residió en la Provincia de Santa Cruz, lugar en el que consideró que erigió el centro de su vida, tanto laboral como familiar, durante un período que se alongó por más de treinta años.
En base a lo expuesto y dejando aclarado que no desconoce los principios superiores en materia de seguridad social, revocó la sentencia apelada y rechazó la demanda deducida.
Atento a la naturaleza de la cuestión debatida, impuso las costas de ambas instancias en el orden causado (art. 51 inc. 2, CCA -texto según ley 14.437-).
II. Disconforme con la sentencia dictada por la Cámara de Apelación interviniente, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia: i) absurda interpretación de la prueba y ii) violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte.
Se agravia de que el Tribunal de Alzada haya considerado que no se encontraba demostrado en autos el requisito del domicilio en la Provincia de Buenos Aires con anterioridad al 2 de abril de 1982 para acceder al beneficio en el que funda su derecho.
Sostiene que dicha conclusión es absurda, toda vez que la Cámara omitió explicar si el incumplimiento del requisito previsto en el art. 2 inc. "a" de la ley 12.006 se concretó antes o al momento del conflicto.
Postula que el tribunal interviniente incumplió con el deber de motivación, pues conforme la prueba obrante en el expediente, no consideró el lugar de nacimiento del peticionante.
Menciona que en las causas citadas por la propia Cámara (CCAMDP causa "Miño", sent. de 21-III-2015 y A. 74.053, "Foschesatto", sent. de 3-V-2018) ambos actores provenían de otras provincias, motivo por el cual la interpretación del requisito de contar con el domicilio real en la Provincia de Buenos Aires con anterioridad al 2 de abril de 1982 y la valoración de la prueba tendiente a demostrarlo es diferente a la del presente caso, en el cual el actor es oriundo de la Provincia de Buenos Aires.
En consecuencia, señala que este supuesto debió haber sido analizado a la luz de la causa "Masiriz" (A. 72.789, sent. de 29-VIII-2017), dada la similitud fáctica existente entre ellos .
Por su parte, cuestiona la valoración -a su juicio- aislada y parcializada de la prueba.
Indica que debe considerarse absurdo el fallo que "no efectúa una ponderación de la prueba 'en su múltiple unidad' y 'unas con otras y todas entre sí', o bien el que no 'toma en su conjunto' todos los medios producidos en el expediente y, por tanto, realiza un 'examen fragmentario y parcializado' de las pruebas" (sic).
Reitera que la Cámara omitió considerar que el actor nació en la Provincia de Buenos Aires, sumado a que a la misma ha regresado, lo cual implica a su juicio el cumplimiento del requisito de tener domicilio real en aquella con anterioridad al 2 de abril de 1982 para acceder al beneficio previsional.
Advierte que el fallo en crisis afecta derechos y garantías constitucionales y hace reserva del caso federal.
III. El recurso extraordinario no prospera.
III.1. El recurrente cuestiona el modo en que el Tribunal de Alzada valoró la prueba relativa al requisito de poseer domicilio real en la Provincia de Buenos Aires con anterioridad al 2 de abril de 1982 para acceder al beneficio denominado "Pensión Honorífica de la Provincia de Buenos Aires en reconocimiento de los ex combatientes del Conflicto Bélico de las Islas Malvinas" establecido por la ley 12.006 y sus modificatorias.
Tal como lo manifiesta en su impugnación, el agravio nos sitúa en el campo de la apreciación de los hechos y del material probatorio, tarea propia de las instancias ordinarias que, por regla, resultan ajenas al ámbito de los recursos extraordinarios y solo pueden ser abordadas mediando la alegación y demostración de absurdo.
El Tribunal de Alzada formó convicción sobre la base de la documental agregada y ponderó que el actor tuvo su lugar de residencia por un periodo de más de treinta años en la Provincia de Santa Cruz, donde erigió el centro de su vida, tanto laboral como familiar. Para ello, consideró incluso la tramitación del divorcio vincular en la localidad de Río Gallegos, tomando en cuenta la competencia del juez del lugar en el que se asentó el último domicilio conyugal efectivo (conf. art. 227, Cód. Civ. actualmente derogado, vigente al momento de la promoción de la demanda).
Con los elementos que pormenorizadamente describe en el punto II.3.1 primer párrafo, el Tribunal de Alzada revocó el pronunciamiento de primera instancia que había admitido la pretensión. Esta sentencia, aunque es tachada de absurda por la recurrente, no ha recibido por su parte un reproche que demuestre un error palmario y fundamental en la apreciación del tribunal que lo condujera a conclusiones incongruentes o contradictorias con las constancias de la causa (cfr. causas Ac. 58.786, "Racioppe", sent. de 18-VIII-1998; C. 101.694, "D., R. E.", sent. de 21-IX-2016; e.o.).
Esta Corte tiene dicho que la presencia de absurdo supone un desvío grave, palmario y notorio de las leyes de la lógica, que lleve al juzgador a postular conclusiones contradictorias, incongruentes o abiertamente enfrentadas a las constancias de la causa. Pues no basta con un error meramente opinable, ni es carril para la expresión de criterios discordantes por parte del recurrente (conf. causas A. 70.416, "EDEASA", sent. de 9-X-2013; A. 72.442, "Arteca", sent. de 6-XI-2013; e.o.).
Si bien mediante la doctrina del absurdo se admite la apertura de las cuestiones de hecho en la instancia extraordinaria, es de carácter excepcional, ya que no cualquier disentimiento autoriza a tener por acreditado el aludido vicio, ni tampoco puede la Corte sustituir con su propio criterio al de los jueces de mérito.
No es suficiente el reproche de la recurrente de achacarle al Tribunal de Alzada la omisión en considerar, a los efectos del cumplimiento de la exigencia legal relativa al domicilio en la Provincia de Buenos Aires, el lugar de nacimiento del peticionante, pues con base a las pruebas colectadas -las que no fueron controvertidas-, estimó que el este mantuvo su hogar y domicilio permanente en la Provincia de Santa Cruz y de allí concluyó que tuvo su domicilio en dicha Provincia con anterioridad al conflicto bélico de Malvinas.
Específicamente, con relación a la valoración de la prueba me permito recordar que este Tribunal tiene dicho que las instancias de grado tienen la facultad de seleccionar el material probatorio dando preeminencia a unas pruebas respecto de otras sin necesidad de expresar la valoración que le merecen todas y cada una de ellas. De allí que, a los fines de que se admita la revisión de tal actividad en la instancia extraordinaria, es necesario -tal como antes señalé- invocar y demostrar que existió absurdo, el que no queda evidenciado con la mera exposición de un criterio discordante (cfr. causas A. 69.321, "Bellia Munzón", sent. de 27-VIII-2008; A. 69.506, "Vigil", sent. de 1-IV-2009; A. 72.315, "C., D. V.", sent. de 13-IV-2016).
III.2. Con relación al agravio relacionado con el apartamiento por parte de la Cámara de la doctrina legal sentada por este Tribunal en punto al requisito del domicilio en la Provincia de Buenos Aires con anterioridad al 2 de abril de 1982 -de acuerdo al peticionante, según haya nacido o no en la Provincia de Buenos Aires- que alega la recurrente, cabe puntualizar que a los fines de la suficiencia y procedencia de ese agravio no basta con la individualización aislada de ciertos precedentes, sino que deben indicarse con precisión los aspectos fácticos que rodearon al caso donde esta Corte sentó el criterio que se intenta emplear, lo cual no ha ocurrido en el caso.
Solo será suficiente un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando se individualice concretamente la doctrina que se dice violada y se señalen los aspectos fácticos que rodearon al caso donde esta Corte sentó el criterio que se pretende aplicar, debiéndose indicar en la respectiva denuncia la cita de la norma legal que, emanada de dicha doctrina, resulte conculcada por el tribunal de apelación (cfr. causas A. 73.228, "Arbelo", sent. de 19-X-2016; A. 73.793, "Ruiz", sent. de 5-VII-2017; A. 74.288, "Paredi", sent. de 3-V-2018; e.o.), carga que no ha sido satisfecha por la recurrente.
IV. Por las razones expuestas, corresponde desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC), con costas a la vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer párrafo y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria , Torres y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC), con costas a la vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer párrafo y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/06/2023 17:27:10 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/06/2023 22:02:03 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/06/2023 10:49:29 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/06/2023 20:59:07 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/06/2023 08:28:18 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 06/06/2023 08:31:52 hs. bajo el número RS-50-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia