Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76575
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.575, "Sotera, María Marta c/ Municipalidad de Rojas s/ Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Soria, Torres, Maidana.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás, hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la actora, revocó la sentencia de primera instancia y -en lo que aquí interesa- admitió la pretensión anulatoria deducida por la agente María Marta Sotera contra el decreto municipal que dispuso su cese como personal administrativo de planta permanente, durante el transcurso del período de prueba, por no encontrar acreditado el recaudo de oposición fundada exigido por el art. 7 de la ley 11.757, aplicable al caso (v. sent. de fecha 2-IV-2020).
Disconforme con ese pronunciamiento, la Municipalidad demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 29-VII-2020, 10:16:02 hs.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fecha 13 de agosto de 2020.
Dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Junín desestimó la demanda deducida por la señora María Marta Sotera contra la Municipalidad de Rojas, mediante la cual pretendía: i) la nulidad del decreto 76/16 -y su confirmatorio 172/16- por el cual el Intendente municipal dispuso su cese como personal administrativo de planta permanente, durante el período de prueba (cfr. art. 7, ley 11.757, entonces vigente); ii) su reincorporación en el cargo que ocupaba y iii) el resarcimiento de los daños y perjuicios que dijo haber sufrido (v. sentencia de fecha 21-X-2019).
I.1. Liminarmente, señaló que los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo municipal para disponer el cese de la actora en el marco del período de prueba, hacían alusión principalmente a la necesidad de reestructuración y organización del área donde aquella prestaba servicios, pero que también contemplaba una cuestión no menor vinculada a la ejecución del presupuesto municipal para el período 2015, motivo por el cual abordó el caso desde la óptica del art. 7 de la ley 11.757 -"período de prueba"- y del presupuesto anual municipal (art. 118, dec. ley 6.769/58).
I.1.a. En ese orden, comenzó por recordar que el art. 7 de la ley 11.757, entonces vigente, disponía la provisionalidad del nombramiento hasta tanto el agente adquiera estabilidad, derecho que se alcanzaba a los doce meses de no mediar previamente oposición fundada y debidamente notificada por la autoridad competente.
A partir de allí, apreció que si bien la actora no había adquirido estabilidad en el empleo -por no haber culminado el período de prueba- y la Administración tenía la atribución de disponer su baja a través del mecanismo de oposición fundada previsto en la norma, el acto administrativo cuestionado no exhibía una motivación adecuada y -en consecuencia- el accionar estatal devino ilegítimo.
I.1.b. Sin embargo, luego ponderó también que el acto de designación de la actora transgredía la ordenanza presupuestaria del año en curso, por superar el límite máximo permisible de agentes, en violación de lo dispuesto por el art. 31 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, al no contar con el correspondiente respaldo presupuestario, circunstancia que -apuntó- habilitaba la potestad anulatoria del nombramiento que consideró ejercida de oficio por la comuna demandada (cfr. art. 240, ley cit.).
En conclusión, juzgó legítimo el acto que revocó una designación irregular y rechazó la pretensión anulatoria deducida.
II. A su turno, la Cámara del fuero con asiento en la ciudad de San Nicolás hizo lugar -parcialmente- al recurso de apelación interpuesto por la actora y, en consecuencia: i) anuló los actos administrativos impugnados; ii) consolidó la reincorporación laboral dispuesta por ese tribunal mediante medida cautelar de fecha 9 de febrero de 2017; iii) fijó una indemnización por daño material equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la suma dejada de percibir y iv) rechazó el reclamo por daño moral.
Para así decidir -y en lo que a esta instancia extraordinaria interesa- el Tribunal de Alzada realizó las siguientes consideraciones.
En primer lugar, advirtió que la causa invocada por el municipio demandado para justificar el desplazamiento de la actora en el marco del período de prueba, no reunía el recaudo de oposición fundada exigido por la normativa aplicable (cfr. art. 7, ley 11.757, conc. con el actual art. 4, ley 14.656).
En ese sentido, señaló que la motivación del acto de cese resultaba desviada de la normativa aplicable, pues no se oponía fundadamente a la aptitud o desempeño laboral de la actora, ni tampoco expresaba la razón por la cual de todos los agentes del área sería ella el personal "excedente", sino que solamente argüía que se encontraba en el período de prueba y refería a circunstancias presupuestarias y de reestructuración que -para más- no tuvo por acreditadas fehacientemente en la causa.
Por lo demás, recordó que habiéndose dictado en autos una medida cautelar en favor de la actora, nada había cambiado respecto de lo ponderado en esa primera intervención, en tanto no se arrimó a la causa ninguna prueba que justificara el cumplimiento de los recaudos establecidos en el art. 7 de la ley 11.757, entonces vigente.
En virtud de lo expuesto, revocó el fallo de grado y admitió la pretensión anulatoria entablada.
III. Contra dicho pronunciamiento la Municipalidad accionada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 29-VII-2020, 10:16:02 hs.), en cuyo marco denuncia la violación de las normas que cita y de la doctrina legal que considera aplicable al caso.
Básicamente, sostiene que los argumentos brindados por la Cámara para revocar la sentencia de grado resultan escuetos y omiten deliberadamente el análisis del cumplimiento de las disposiciones presupuestarias vigentes al momento del ingreso de la actora en la planta permanente del municipio.
III.1. En ese sentido, señala que la Cámara ponderó que el decreto 76/16 no exhibía una motivación adecuada en los términos del art. 7 de la ley 11.757, por cuanto la oposición no se fundó en el desempeño de la agente, pero omitió y desconoció -en forma deliberada y arbitraria- que el sustento del acto de baja se apontocó en la deficiencia de origen que revestía la designación de la señora Sotera, efectivizada por conducto del decreto 1.331/15, al violentar las disposiciones presupuestarias para el año -por entonces- en curso. Indica que ello, genera una incongruencia ostensible que fulmina la validez del decisorio.
Aduce que la circunstancia de que el cese se dispusiera durante el período de prueba, resulta un argumento complementario de la razón presupuestaria que vició de origen el nombramiento de la actora y que habilitaba el ejercicio de la potestad anulatoria de la comuna en cualquier momento.
III.2. Luego, considera arbitrario que no se tenga por acreditado el carácter de personal excedente que revestía la actora y las necesidades de restructuración invocadas por el municipio, pues entiende que ello surge del límite de gastos previsto por la ordenanza fiscal para el año 2015, que fuera manifiestamente incumplida por las designaciones efectuadas por conducto del decreto 1.331/15, tal como se desprende del propio decreto 76/16.
III.3. Por su parte, manifiesta que no puede tener asidero la crítica esbozada en la sentencia respecto de los artículos invocados en el decreto impugnado para disponer el cese ya que, si bien la revocación por violación de disposiciones presupuestarias no se encuentra expresamente prevista en la ley 11.757, ello no impide que puedan revocarse designaciones que adolezcan de vicios graves, como son las designaciones realizadas en contraposición a las normas presupuestarias vigentes, tal como surge de la motivación del decreto de cese.
Bajo este esquema, postula que la potestad anulatoria -la cual considera irrenunciable-, queda englobada tanto en el plexo de la ley 11.757 (como fuera señalado en el acto de baja), como en la ordenanza general 267/80 (arts. 113 y 114).
III.4. Finalmente, señala que la Cámara prescinde de considerar la jurisprudencia consolidada de esta Suprema Corte en torno a las designaciones irregulares de empleados municipales, circunstancia que se enlaza con la omisión del tratamiento de la cuestión presupuestaria y deja en evidencia la ostensible violación de las normas que denuncia y de la doctrina legal que cita.
IV. Considero que el recurso debe prosperar.
IV.1. Conforme surge del relato de antecedentes, la cuestión a dilucidar consiste en determinar si el decreto 76/16, por el cual el Intendente entrante dispuso el cese de la actora como personal administrativo de planta permanente, se ajusta a derecho.
IV.2. Establecido ello, corresponde ponderar, en primer lugar, el expediente administrativo 1.185/15 ofrecido como prueba en este proceso (v. contestación de demanda) y cuya copia obra agregada en la causa A. 76.184, "Susenna, Sofia Luján c/ Municipalidad de Rojas s/ Pretensión Anulatoria", que fuera tenida a la vista por esta Suprema Corte para resolver el recurso de inaplicabilidad de ley allí interpuesto.
En efecto, de las citadas actuaciones toman relevancia: i) la nota de fecha 28 de diciembre de 2015 del Director de Recursos Humanos del municipio dirigida al Intendente a cargo de la gestión entrante, mediante la cual le manifiesta su preocupación por la superpoblación de agentes municipales ocurrida en un breve lapso (v. fs. 1); ii) el decreto 1.483/15 mediante el cual el Intendente dispuso organizar la estructura de gobierno en el marco de la Ley Orgánica de las Municipalidades, requiriendo a cada Secretaría del Departamento Ejecutivo un informe sobre el personal a su cargo (v. fs. 2 y vta.); iii) el informe de la Dirección de Asesoría Letrada comunicando que podía disponerse la baja de la señora Sotera (v. fs. 87); iv) el decreto 76/16 por el cual el Intendente dispuso el cese de la actora en sus funciones (v. fs. 120 y vta.) y v) la cédula de notificación del acto de baja, de fecha 15 de enero de 2016 (v. fs. 148 y vta.).
Por su parte, de las presentes actuaciones surgen los siguientes datos laborales de la actora: i) que ingresó a trabajar para el municipio demandado el día 18 de enero de 2013, con sucesivas designaciones, ocupando la planta temporaria (v. legajo de fs. 11 y sigs.); ii) que por decreto 1.331 de fecha 30 de octubre de 2015, el Intendente saliente la designó en la planta permanente (v. fs. 98/104) y iii) que al disponerse la medida segregativa y su notificación con fechas 13 y 15 de enero de 2016 respectivamente (v. fs. 94/95 vta.), se encontraba cursando el período de prueba (art. 7, ley 11.757).
IV.3. Ahora bien, con relación al régimen legal aplicable, estimo pertinente puntualizar que la ley 11.757 fue derogada por su similar 14.656 (B.O. de 6-I-2015) cuya vigencia había sido establecida -en un primer momento- a partir del día 6 de julio de 2015 (art. 120, ley 14.656). Luego, por ley 14.807 se prorrogó su entrada en vigencia por ciento ochenta días, por lo que comenzó a regir el día 12 de julio de 2016. Atento ello, y conforme resolviera el Tribunal de Alzada, en el presente caso corresponde la aplicación de las disposiciones de la norma actualmente derogada, por estar vigentes al momento en el que el Intendente de la Municipalidad de Rojas dictó el decreto 76/16 (del 13 de enero de 2016), que dispuso la baja de la designación de la actora como personal de planta permanente de dicha comuna (cfr. arts. 3, Cód. Civ. y 7, Cód. Civ. y Com.).
Sobre la vigencia y aplicación de la norma en cuestión este Superior Tribunal ha dicho que si al momento en que se dispuso la baja del agente se encontraba vigente la ley 11.757, esta es la norma aplicable (conf. causa A. 74.089, "Sert", sent. de 12-II-2021).
Sentado ello, cabe señalar que el estatuto del empleado municipal (ley 11.757), contemplaba dos regímenes claramente diferenciados para el personal comprendido en su ámbito de aplicación, a saber: a) de planta permanente (cap. I) -integrada por el personal que gozaba de estabilidad- y b) de planta temporaria (cap. II) -comprensivo del personal temporario, reemplazante, destajista y contratado por locación de servicios-. La citada normativa deslindaba, igualmente, los derechos que les asistía a los agentes en cada caso.
Asimismo, disponía que todo nombramiento era provisional hasta tanto el agente adquiera estabilidad; derecho que se obtenía a los doce meses de no mediar, previamente, oposición fundada y debidamente notificada por autoridad competente. Durante el período de prueba al agente podía exigírsele la realización de acciones de capacitación y/o formación, cuyo resultado podía condicionar su situación definitiva. Debía cumplir además los requisitos del art. 3 inc. "d" (art. 7).
IV.4. En la especie, la situación de la actora se encuentra regulada en el art. 7 de la ley 11.757 puesto que, a pesar de haber sido incorporada a la planta permanente del municipio, carecía de estabilidad ya que al momento de disponerse el cese -y su notificación- aún no había trascurrido el lapso de los doce meses allí estipulados.
Siendo ello así, he de precisar que durante el citado período de provisionalidad, se permite a la Administración examinar con minuciosidad las condiciones del agente y las circunstancias del nombramiento para determinar si merece pertenecer a su plantel permanente, y en caso negativo, poner fin a la relación jurídica por "razones de servicio" o "de confianza", ya que al no existir estabilidad, le asiste al órgano competente la facultad de remover, consecuencia natural del derecho de nombrar (conf. causas B. 50.032, "Gallego", sent. de 28-VIII-1990; B. 59.575, "Pequeño", sent. de 21-XII-2011 y sus citas; A. 74.192, "Morales", sent. de 20-IX-2022; A. 76.185, "Vallejos", sent. de 21-X-2022 y A. 76.325, "González", sent. de 15-V-2023).
También, durante dicho período, la autoridad administrativa puede disponer su cese, desde que ello no implica la imposición de una medida disciplinaria sino el ejercicio de una facultad que deriva de la de nombrar. No obstante, resulta imprescindible para ello la mención de las causales que llevan al órgano a adoptar esa actitud, esto es, suministrar pruebas de los antecedentes fácticos que pudieran motivar el acto (conf. causas B. 50.032, cit.; B. 54.512, "Pertusi", sent. de 11-IV-1995; B. 50.864, "Rodríguez", sent. de 29-VIII-1995 y B. 59.575, cit.).
El cese del agente municipal producido durante el período de prueba constituye el ejercicio de una facultad que -como se dijo- deriva de la de nombrar, y su eficacia se encuentra supeditada a un doble condicionamiento: tanto la emisión del acto como su notificación deben producirse con antelación al cumplimiento del período de prueba (doctr. causa B. 49.744, "Cornes", sent. de 30-IX-1986, en "Acuerdos y Sentencias", 1986-III, 389 y mi voto en causa B. 59.575, cit.).
Y es claro que ambos extremos se encuentran acreditados en autos a la luz de las constancias obrantes a fs. 94/95 y vta. (concs. con fs. 120 y vta. y 148 y vta. de las copias del expte. adm. 1.185/15).
IV.5. Sobre esa base, corresponde agregar que en lo relativo a la "oposición fundada" esta Suprema Corte ha indicado que es un mecanismo previsto en la ley para evitar que se produzca automáticamente la estabilidad por el transcurso del plazo de prueba, cuando la Administración advierta que el agente incorporado en la planta permanente, resulte disfuncional a los cuadros administrativos, sea ello por su falta de idoneidad comprobada en el período de prueba o por su manifiesta incompatibilidad con las necesidades de servicio, determinada aun ulteriormente a la designación (conf. causas B. 50.032, cit.; B. 61.660, "Fardín", sent. de 11-III-2009; B. 59.575, cit. y B. 61.903, "Picotto", sent. de 5-III-2014).
Corresponde recordar que la obligación de motivar el acto administrativo, como modo de reconstrucción del razonamiento lógico seguido por la autoridad para justificar una decisión de alcance particular que afecta situaciones subjetivas, a más de comportar una exigencia inherente a la racionalidad de su decisión, así como a la legalidad de su actuar y ser, también, derivación del principio republicano de gobierno, es postulada prácticamente con alcance universal por el moderno derecho público (doctr. causa B. 64.180, "Yane", sent. de 27-XII-2017).
Y que esa exigencia de motivación no busca establecer formas por las formas mismas, sino preservar valores sustantivos. Aparece como una necesidad tendiente a la observancia del principio de legalidad en la actuación de los órganos estatales y que desde el punto de vista del particular o administrado traduce una pretensión fundada en la idea de una mayor protección de los derechos individuales, ya que de su cumplimiento depende que el administrado pueda conocer de una manera efectiva y expresa los antecedentes y razones que justifican el dictado del acto (conf. causas B. 59.134, "Sacomani", sent. de 8-VI-2005 y B. 62.434, "Cassini", sent. de 21-X-2015).
En consecuencia, nada obsta que la designación de la agente sea reconsiderada por conducto del art. 7 de la ley 11.757, siempre con el límite de no incurrir en ilegitimidad, extremo que podría verificarse cuando, por ejemplo, se demostrara que no medió el motivo determinante invocado por la autoridad (art. 108, ord. gral. 267/80) o que se hubiere desviado el fin previsto por las normas actuadas (art. 103, ord. gral. 267/80), circunstancias que conforme la reiterada jurisprudencia de este Tribunal, conllevarían la invalidez de la decisión administrativa (doctr. causa A. 70.874, "Mattei", sent. de 14-X-2015).
IV.6. Desde esta perspectiva, a la luz de los lineamientos indicados y vistas las constancias de la causa, corresponde analizar si se encuentra corporizado en el decreto 76/16 el carácter "fundado" de la oposición exigido en la citada norma.
Ello así, puesto que mientras la Cámara estima que el acto no abasteció tal recaudo, por no referirse a la idoneidad de la agente cesanteada, la comuna recurrente defiende la legitimidad de su obrar al sostener que el cese se funda en las siguientes circunstancias, a saber: i) excedente de personal; ii) déficit presupuestario; iii) necesidad de reestructuración y iv) irregularidad de la designación en la planta permanente, por efectuarse en contravención a la norma presupuestaria vigente (art. 31, LOM). En ese contexto, el Ejecutivo municipal estimó oportuno y conveniente ejercer la potestad anulatoria legalmente reconocida a la Administración.
En efecto, teniendo en consideración la finalidad práctica que posee el período de prueba previo a la consagración administrativa de la estabilidad laboral, puede advertirse el error en que incurre el Tribunal de Alzada al pretender circunscribir solo en la idoneidad de la agente la oposición para habilitar el cese durante la pendencia del período de prueba. Pues el contexto que aprehende la norma, en modo alguno impide considerar también situaciones como la planteada en el presente caso; donde la solución no depende solo de la idoneidad de la trabajadora separada de las filas de la Administración, sino de verificar la existencia de determinad
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