Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76377
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.377, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Tribunal Fiscal de Apelación s/ Pretensión Anulatoria (Coady: Distribuidora Azopardo S.R.L y Otros). Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar, por mayoría, a la pretensión anulatoria entablada por la Fiscalía de Estado. En consecuencia, anuló la resolución dictada por el Tribunal Fiscal de Apelación que, en su hora, hizo lugar al recurso interpuesto por Distribuidora Azopardo S.R.L. contra la disposición delegada 6.168/10 de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 88/94).
Disconforme con dicho pronunciamiento, Distribuidora Azopardo S.R.L. -en carácter de coadyuvante del tribunal administrativo representado en autos por el señor Asesor General de Gobierno (conf. art. 9 inc. 1, CCA)- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 98/103), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. resolución electrónica de 4-II-2020).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 107), agregado el memorial de la Fiscalía de Estado (v. presentación electrónica de 29-IV-2020) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata admitió la pretensión anulatoria interpuesta por la Fiscalía de Estado, dejando sin efecto la resolución dictada con fecha 17 de noviembre de 2016 por la Sala II del Tribunal Fiscal de Apelación.
Reseñó que, sustanciado el procedimiento determinativo y sumarial (expediente n° 2306-52843/08), se dictó la disposición delegada 6.168/10 de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) mediante la cual se establecieron diferencias a favor del Fisco en el impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente a la firma Distribuidora Azopardo S.R.L., por el ejercicio de las actividades: a) venta al por menor de combustibles líquidos en el código NAIIB n° 505002 y b) venta al por menor de lubricantes para vehículos automotores y motocicletas en el código NAIIB n° 505003, por los períodos 2006 (julio-diciembre), 2007 y 2008 (enero-abril), que ascienden a la suma de un millón ochocientos noventa y un mil doscientos cincuenta y siete pesos ($1.891.257).
Aquí solo interesa aquel primer ajuste.
Continuó expresando que el Tribunal Fiscal, en punto a la cuestión controvertida, esgrimió que luego de la adhesión formulada al régimen instaurado por la ley nacional 23.966 que creó el impuesto sobre combustibles líquidos y gas natural, la Provincia de Buenos Aires conservó la atribución de gravar las actividades de industrialización y expendio al público de tales productos, únicamente y hasta cierto porcentaje. De ello dijo desprenderse que la actividad de intermediación quedó excluida del objeto del tributo con motivo de los compromisos asumidos en el marco de aquella ley convenio (puesto que si se la gravase se superaría automáticamente el tope), lo que implicaba que quienes denominó "agentes mayoristas" -que vendían combustible a granel, independientemente del destino posterior- debían necesariamente subsumir dentro de esa categoría de sujetos no alcanzados.
Frente a ello, el a quo precisó que el punto a dilucidar consistía en determinar si las ventas realizadas por Distribuidora Azopardo SRL a importantes actores industriales a fin de incorporar el combustible líquido a sus procesos productivos debía calificarse como "expendio al público" -y por ende, gravadas en ingresos brutos- o, por el contrario, cabía admitir la interpretación avanzada por el Tribunal Fiscal, según la cual ese tipo de operaciones, aun cuando no fueren con fines de reventa sino para introducirse definitivamente al giro de una empresa, consumiéndose, debían reputarse intermedias. Es decir, que no participaban propiamente de una actividad de industrialización como tampoco de expendio al público, lo que las dejaba al margen de la imposición.
I.2. Para sostener la primera solución y revocar el criterio del tribunal administrativo, puntualizó que con la sanción de la ley nacional 23.966 se estableció un nuevo régimen para el impuesto sobre los combustibles líquidos y gas natural, que implicaba para las jurisdicciones adherentes la posibilidad de coparticipar de su recaudación a cambio de limitar su poder de imposición en la materia, gravando únicamente las actividades de industrialización y expendio al público a una tasa global que, a partir de cierta fecha, no podía exceder del 3,5% (conf. arts. 21 y 22, ley cit.).
Remarcó que la Provincia de Buenos Aires, a través de la ley 11.244 (B.O. de 1-VI-1992), adhirió a la ley nacional 23.966 y, consecuentemente, en su art. 2 prescribió que: "De conformidad con lo dispuesto en el art. 21 de la citada norma, establécense a efectos de la aplicación del impuesto sobre los ingresos brutos por la industrialización y por expendio al público de combustibles líquidos y gas natural, las siguientes alícuotas: A) Combustibles líquidos: 1. Desde el 1/9/91 al 31/12/91: a) Industrialización [...] 1,0% b) Expendio al público [...] 1,5% 2. Desde el 1/1/92 al 31/7/92: a) Industrialización [...] 1,0% b) Expendio al público [...] 2,0% 3. Desde el 1/8/92: a) Industrialización [...] 1,0% b) Expendio al público [...] 2,5% B) Gas natural: 1. Desde el 1/9/91 al 31/12/91: a) Industrialización b) Expendio al público [...] 2,5% 2. Desde el 1/1/92 al 31/7/92: a) Industrialización [...] 0,5% b) Expendio al público [...] 2,5% 3. Desde el 1/8/92: a) Industrialización [...] 1,0% b) Expendio al público [...] 2,5%".
Notó también que entre otras modificaciones al Código Fiscal (ley 10.397 y modif.), dicha norma incorporó un segundo párrafo al entonces art. 149 referente a las actividades minoristas de las industrias, el cual quedó redactado en los siguientes términos: "En los casos en que dicha actividad minorista corresponda a la comercialización de combustibles líquidos y/o gas natural, estará gravada con el máximo de la tasa global que establece el art. 21 de la ley nacional 23.966 a la que la Provincia se encuentra adherida".
Indicó que, posteriormente, la ley 11.490 impositiva para el ejercicio 1994 (B.O. de 21-I-1994), sustituyó el texto del art. 2 de la ley 11.244, dejando finalmente establecido que a partir del día 1 de marzo de 1994 la tasa global del 3,5% se compondría de un 0,1% para la etapa de industrialización y un 3,4% para la etapa de expendio al público (conf. art. 43, ley cit.).
Explicó además que su art. 44 incorporó a la misma ley objeto de reforma, como art. 2 bis, lo siguiente: "En los casos en que el expendio al público lo realicen las empresas comercializadoras comprendidas en la norma del art. 3º inc. b) de la ley nacional 23.966, texto según ley 23.988 [i.e., 'Las empresas que refinen o comercialicen combustibles líquidos y/u otros derivados de hidrocarburos en todas sus formas'], ya sea que dicho expendio se efectúe en forma directa o por intermedio de comisionistas, consignatarios, mandatarios, corredores, representantes y/o cualquier otro tipo de intermediación en operaciones de naturaleza análoga, la alícuota a aplicar a partir del 1° de marzo de 1994 será del tres con cuatro por ciento (3,4%)".
Advirtió finalmente que el art. 40 de la ley 11.490 sustituyó el segundo párrafo del ya citado art. 149 del Código Fiscal (art. 179, t.o. 1999), con este alcance: "En los casos en que dicha actividad minorista corresponda, como expendio al público, a la comercialización de combustibles líquidos y/o gas natural, ya sea que la misma se efectúe en forma directa o por intermedio de comisionistas, consignatarios, mandatarios, corredores, representantes y/o cualquier otro tipo de intermediación en operaciones de naturaleza análoga, estará gravada con el máximo de la tasa global que establece el art. 21 de la ley nacional 23.966 a la que la Provincia se encuentra adherida".
I.3. Con todo eso a la vista, la Cámara concluyó preliminarmente que en la Provincia de Buenos Aires se encuentran alcanzadas por el impuesto sobre los ingresos brutos las ventas de combustible que constituyan expendio al público y excluidas las realizadas por agentes o distribuidores mayoristas con expendedores o revendedores de combustibles, como consecuencia de aplicar la tasa máxima global prevista en la ley 23.966 para toda la cadena de comercialización.
Ahora bien, en lo relativo a las ventas realizadas por Distribuidora Azopardo S.R.L. a otras empresas para que incorporen el insumo a sus procesos productivos (en la especie, se mencionan aquellas de la industria pesquera), reparó en que el art. 179 del Código Fiscal (t.o. 1999) dejaba inferir que las industrias "expenden al público" cuando los bienes son adquiridos para consumirlos. Consideró que esta definición era relevante para desentrañar el verdadero alcance de dicha expresión, dirimente a los fines de la presente controversia.
Reiteró que en el impuesto sobre los ingresos brutos la tasa global aplicable a la comercialización de combustible y gas natural no puede exceder del 3,5%, circunstancia que -reconoció- se logra excluyendo de la tributación a las etapas intermedias. Estimó, pues, que las ventas mayoristas de combustibles que subsumen dentro de esta última son aquellas donde el producto se adquiere con ánimo de revenderlo, en línea con la previsión que para las industrias contempla el art. 1 del decreto 4.002/00. Siendo ello así, dijo no advertir razones para excluir de la tributación a las restantes ventas, sean mayoristas o de otra clase, cuando se expenden para una finalidad distinta a la anterior.
Para más, sostuvo que dentro del mismo régimen no era razonable brindar dos conceptos de "expendio al público" disímiles: uno para las industrias (art. 1, dec. 4.002/00) y otro para los demás sujetos del impuesto, atendiendo a la razón e intención perseguida por la legislación provincial en línea con la ley nacional 23.966.
Concluyó que la industria de los combustibles líquidos se encuentra gravada con la alícuota del 0,1%, y la posterior venta -cualquiera sea el sujeto que la realice- no está alcanzada con la alícuota complementaria del 3,4% en la medida en que el adquirente del producto lo enajene a quien, a su turno, vaya a revenderlo. Pero si esto no es así porque la operación comercial se hace a los efectos de consumirse el combustible en un proceso productivo que lo emplea como materia prima para fabricar otras cosas, sentenció que hay actividad gravada al 3,4% en tanto se trata de un verdadero "expendio al público".
Corroborado que lo de Distribuidora Azopardo SRL transitaba por eso último, la Cámara anuló la resolución del Tribunal Fiscal de Apelación y confirmó el ajuste de ARBA.
II. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la coadyuvante denuncia que la sentencia impugnada se apartó sin razón o fundamentación alguna tanto de la ley provincial 11.244, como de la ley nacional 23.966.
Afirma que, conforme el art. 22 de la ley 23.966, las únicas actividades alcanzadas aquí por el impuesto sobre los ingresos brutos son las de industrialización y de venta al público de combustible, motivo por el cual su actividad no estaría gravada por el tributo ya que no ejerce ninguna de las dos.
Esgrime que la cuestión discutida estriba en la interpretación que hace la sentencia recurrida acerca de la actividad desarrollada por Distribuidora Azopardo SRL al considerar -según dice, erróneamente- que "expende combustible líquido al público" conforme el decreto 4.002/00, el cual "...entiende que las industrias expenden al público cuando los bienes no sean adquiridos con el ánimo de revenderlos...", vulnerando así el principio de legalidad tributaria al aplicar de manera extensiva y analógica un decreto reglamentario.
Señala que tal interpretación se sustenta en que en el caso de los períodos reclamados a la distribuidora los compradores de combustible no lo adquirieron para su futura reventa, sino para ser consumido o aplicado como materia prima a su propia industria. Esto, en su modo de ver las cosas, sería indiferente.
Sostiene que es errada la apreciación que hizo la a quo del significado o alcance de las propias palabras de la ley, pues este no puede ser suplido de manera extensiva por un decreto, pues en materia tributaria rige el principio de interpretación estricta o rígida en atención al principio de legalidad que en esta disciplina descarta todo alcance extensivo y/o analógico en la interpretación de las leyes impositivas.
Aclara que ni la ley nacional 23.966 como tampoco la ley provincial 11.244 establecen qué debe considerarse "expendio al público", más allá del alcance y significado usual y vulgar que emana de esas palabras. En consecuencia, considera que ante la ausencia de elemento normativo capaz de definir esa frase y siendo que la ley usa un término que no es legal o jurídico, debe interpretarse con el sentido normal de las palabras.
Cita jurisprudencia de la Corte federal que, para las normas de carácter tributario, recomienda que si ellas no definen un término a este se le debe atribuir el alcance más común y natural que admita. Con igual propósito invoca la causa B. 65.395, "Esso", sentencia de 22-VI-2016, donde esta Corte ha resuelto que cuando el texto de una norma es claro y expreso no cabe prescindir de sus términos, correspondiendo aplicarla estrictamente y en el sentido que resulta de su propio contenido.
Aduce por ello que, como no es posible mutar el objeto de un tributo mediante una interpretación ampliatoria de un término o una definición contenida en el texto normativo, sumado a que el diccionario de la Real Academia Española define "expendio" como venta comercial al por menor, la frase "expendio al público de combustible" debe leerse como venta minorista, a consumidor final y a través de bocas de expendio habilitadas al efecto.
La distribuidora concluye diciendo que como durante los períodos ajustados no realizó venta minorista de combustible al público, sino al por mayor o a granel a empresas pesqueras, su actividad no se hallaba alcanzada por el impuesto sobre los ingresos brutos en tanto debía reputarse una mera intermediaria.
Pide, por ende, que se revoque la sentencia de la Cámara y se restablezca la decisión del Tribunal Fiscal de Apelación.
III. El recurso no prospera (art. 279, CPCC).
III.1. En abstracto, no parece haber mayor discusión entre las partes -o incluso con el tribunal a quo - en cuanto a los hechos imponibles y las condiciones de su gravabilidad. En este sentido, se admite que la actividad de comercialización de combustible líquido está alcanzada por una alícuota reducida en lo que hace a la etapa de industrialización (0,1%) y por otra superior en la etapa de expendio al público (3,4%), que juntas totalizan el global del 3,5% que la Provincia de Buenos Aires se comprometió a no exceder en el marco de un régimen especial de coparticipación de impuestos creado por la ley nacional 23.966. De esto derivan que la actividad intermedia, dentro de tal contexto, está tácitamente raleada del margen de imposición local.
El nudo pasa por determinar si quien adquiere combustibles a una industria petrolera y los vende, no para posterior reventa, sino para que empresas de rubros productivos los incorporen a sus procesos, consumiéndolos, está realizando una función de intermediación mediante una venta mayorista excluida del objeto; o lisa y llanamente está expendiendo al público, en cuyo caso la alícuota aplicable sería la del 3,4%. La Cámara, como quedó en claro, entendió esto último.
III.2. Para arribar a esa conclusión siguió una noción "pura" para el concepto de intermediación, ciñéndola a quienes simplemente enajenan el combustible a otro que luego va a revenderlo. Si eso no ocurre así, como en la especie, pues entonces aseguró que no se está en presencia de dicha figura.
Como fundamento de esto, se basó en una serie de fuentes legales oriundas del mismo sistema del impuesto en cuestión, las cuales reputó ilustrativas del concepto de "expendio al público". Entre ellas: los arts. 179 segundo párrafo del Código Fiscal (t.o. 1999; conf. arts. 193, t.o. 2004 y 217, t.o. 2011), 2 bis de la ley 11.244 (texto según ley 11.490) y 1 del decreto 4.002/00.
A partir de allí, no dudó en concluir que la actividad efectuada por Distribuidora Azopardo SRL estaba gravada, pues al venderle a grandes empresas que consumían el combustible había ineludiblemente expedición al público.
III.3. La recurrente dirige su queja exclusivamente contra esto último, al decir que con ello la Cámara violó el arraigado principio de legalidad tributaria al crear un objeto impositivo ex novo , a partir de una extensión analógica de normas que si bien básicamente previeron la situación que aquí el Fisco ajustó, se refieren concretamente al supuesto de industrias de combustible líquido o gas natural que directamente comercializan sus productos sin destino a reventa, en cuyo supuesto el legislador fijó que deben contribuir por la alícuota correspondiente al expendio.
En sustento de su postura, argumenta que se evitó la lectura más obvia del término "expendio al público", prefiriéndose en su lugar una interpretación tomada de textos legales que no serían atingentes. Para la apelante, la expresión significa, según el diccionario y el sentido corriente, la venta en boca de expendio. De modo tal que, en el caso, como ella vendió combustible al por mayor a empresas productoras del sector pesquero, mantiene su condición de intermediaria en tanto su producto no tuvo por destino el extremo final de la cadena de comercialización.
Adelanto que estas alegaciones no logran erosionar el razonamiento de la Cámara.
III.4. El Código Fiscal (t.o. 2011) establece en su art. 5 que "Son admisibles todos los métodos para la interpretación de las disposiciones de este Código y demás leyes fiscales, pero en ningún caso se establecerán impuestos, tasas o contribuciones ni se considerará a ninguna persona como contribuyente o responsable del pago de una obligación fiscal, sino en virtud de este Código u otra Ley". Complementariamente, el art. 6 dispone que "Para los casos que no puedan ser resueltos por las disposiciones pertinentes de este Código, serán de aplicación sus disposiciones analógicas, salvo lo dispuesto en el artículo anterior, las normas jurídico financieras que rigen la tributación, los principios generales del derecho y subsidiariamente los del derecho privado".
Bajo estas premisas, la sentencia atacada lejos está de quebrantar el principio de legalidad tributaria, tal como se denuncia.
Es que, estrictamente hablando, no ha habido aquí la extensión analógica de un objeto imponible a un sujeto o actividad de lo contrario excluida (CSJN Fallos: 312:912; 316:2329; 326:3168; e.o.). Sencillamente, con sostén en las propias declaraciones de la empresa distribuidora acerca de su actividad, la Cámara no se movió de las dos categorías legislativas taxativamente previstas y lo único que hizo fue concluir -al revés que la mayoría del Tribunal Fiscal- que la recurrente subsumía en una de ellas: el expendio , gravado a una alícuota del 3,4%.
Para ello se valió de un método de interpretación prácticamente autointegrativo -admitido, entre otros, por el propio ordenamiento fiscal (arts. 5 y 6, Cód. Fiscal, t.o. 2011)-, donde sin salirse de los confines de la misma normativa que rige el impuesto pudo darle alcance y sen
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