Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78418
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.418, "Farías, Jimena Haydee c/ Ministerio de Seguridad s/ Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Genoud, Kogan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación articulado por la parte demandada y en consecuencia confirmó en lo sustancial la sentencia impugnada. Además, por mayoría, modificó el alcance de la reparación patrimonial por daños y perjuicios, el cual estipuló en el equivalente al 35% de los salarios caídos desde el acto de cese y hasta la fecha en que la actora fue reincorporada con motivo de la medida cautelar dictada, tomando como base para el cálculo el sueldo actual correspondiente a la categoría de revista que aquella ocupaba al tiempo de la baja.
Disconforme con dicho pronunciamiento la parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 29-X-2021), el cual fue concedido por la Cámara interviniente mediante proveído de fecha 4 de octubre de 2022.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. auto de fecha 15-XI-2022) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, desestimó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado, confirmó en lo sustancial la sentencia de primera instancia y, por mayoría, modificó el monto de la condena, al disponer como base para su cálculo el equivalente al 35% de los salarios dejados de percibir correspondientes a la categoría de revista de la agente al momento de la baja, desde el acto de cese que se declaró nulo hasta que fue reincorporada mediante la medida cautelar dictada, (v. resol. de 28-VIII-2017 del proceso incidental).
Respecto a los intereses aplicó la tasa del 6% anual desde la fecha de la separación en el cargo hasta el dictado de la sentencia y, en adelante, conforme la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones a treinta días, de acuerdo a jurisprudencia de esta Corte que cita.
Impuso las costas a la demandada vencida por aplicación del art. 51 de la ley 12.008 y sus modificatorias.
Para así decidir, expuso los antecedentes del caso y citó los fundamentos desarrollados por el propio tribunal en casos similares que consideró resultaban aplicables a la controversia planteada.
De tal modo, puntualizó que la resolución administrativa 2017-13-E-GDBA-MSGP de fecha 3 de junio de 2017 que se impugna en autos, dispuso la baja obligatoria de la actora (entre otros), invocando la falta de aptitud psicológica en los términos de los arts. 8 inc. "e" y 64 inc. "d" de la ley 13.982 y 148 del decreto reglamentario 1.050/09.
Destacó que en los considerandos de dicho acto se señala que la Dirección de Sanidad informó que los efectivos citados, entre los que se halla la actora, no contaban con la aptitud requerida para desempeñar las tareas propias de la función policial para la que ingresaron y encuadró su situación en las previsiones de los arts. 8 inc. "e" y 64 inc. "d" de la ley 13.982 y 148 del decreto reglamentario 1.050/09.
Agregó que, al momento de ser evaluada por el Gabinete Psicotécnico, el 10 de abril de 2017, la agente Farías contaba con una antigüedad de dos años desde su ingreso a la institución policial.
Asimismo, advirtió que del expediente administrativo 21-100-52894 agregado a la causa, surge que la División Delegación Departamental La Plata con fecha 12 de abril de 2017 informó, con relación a la demandante, que "...de las evaluaciones y testificaciones realizadas en Gabinete Psicotécnico y posterior Junta Médica Departamental La Plata, la misma no presenta la aptitud requerida para la función policial para la cual ingresó y, que sobre esta base la Superintendencia de Policía Local propició la baja obligatoria de la agente por aplicación de lo dispuesto en los arts. 8, inc. e) y 64 inc. 'd', de la ley 13.982 y art. 148 del dto. reglamentario 1050/09, materializándose luego la baja sugerida, en la resolución antes mencionada y que aquí se impugna".
Seguidamente se abocó al análisis de la normativa aplicable y concluyó que los agravios de la Fiscalía de Estado dirigidos a demostrar la existencia de motivación suficiente del acto impugnado, carecían de consistencia pues -además de constituir una reiteración de los argumentos expuestos en el escrito de contestación de demanda, debida y suficientemente rebatidos por la sentencia de primera instancia-, no lograban refutar los sólidos fundamentos explicitados en el decisorio de grado, ni alcanzaban para considerar al acto suficientemente motivado ante la falta de cumplimiento de las especificaciones que debe tener el dictamen médico y, en su caso, el procedimiento a seguir para disponer una baja como la resuelta en el caso, con íntegro resguardo del debido proceso y el derecho de defensa, asegurando la efectiva participación del agente involucrado (art. 138 y concs., dec. regl. 1.050/09).
Advirtió que, aun cuando no se trate de un procedimiento disciplinario sino de uno de baja por cuestiones de salud, tal circunstancia no resulta apta para convalidar un procedimiento seguido sin intervención de la parte afectada.
Así, señaló que en el presente caso -tal como surge de las constancias de la causa- la agente no había tenido posibilidad de ejercer adecuadamente su derecho de defensa en el procedimiento administrativo que concluyera con el acto que dispuso su baja por presentar un perfil psicológico inadecuado, en el que tampoco se determinó el grado de incapacidad que padecía para el servicio, ni si su ineptitud resulta o no absoluta para las funciones que debía ejercer e incluso sin haberse siquiera mencionado -tanto en sede administrativa como en esta instancia judicial- las razones por las cuales no se aplicó el procedimiento previsto a tal fin (art. 138 y concs., dec. regl. 1.050/09).
Recordó que frente a una relación de empleo como la de la actora, no pueden dictarse decisiones como la impugnada en autos sin que medie el debido resguardo de la garantía constitucional de inviolabilidad de la defensa en juicio, asegurándole la posibilidad de ser oída y de ofrecer y producir prueba que haga a su derecho (arts. 18, Const. nac. y 15, Const. prov.).
Puntualizó que resulta pertinente, al igual que en supuestos anteriores, aplicar el criterio adoptado por esta Suprema Corte en un precedente de configuración estructural semejante al de autos, en el que se interpretó que la resolución que dispuso la baja del actor por no estar en condiciones de reintegrarse al servicio activo, aun frente a la imposibilidad de obtener el retiro por incapacidad, resultaba ilegítima (causa B. 62.043, "Karanicolas", sent. de 31-X-2016). Ello, en cuanto una decisión así dictada vulnera la garantía de estabilidad en el empleo público que amparaba a la parte actora (arts. 14 bis, Const. nac. y 103 inc. 12, Const. prov.) y, al propio tiempo, le niega el acceso a prestaciones de la seguridad social reconocidas por el art. 39 de la Constitución provincial.
En este sentido, recalcó que allí se dispuso que "Una vez declarada por la Junta Médica la imposibilidad del agente de reintegrarse al servicio activo en el agrupamiento comando, la autoridad administrativa debió, en resguardo de los derechos del agente, procurar asignarle tareas acordes a su disminuida capacidad laboral [...]. Esa reubicación procedía o bien en el agrupamiento en el que revistaba, mediante la adjudicación de funciones acordes, o en otro, si hubiese cuestiones relevantes referidas a exigencias físicas y psíquicas vinculadas al normal desempeño en el agrupamiento comando. Por esas variables transitaba la racionalidad y proporcionalidad (art. 28, C.N.) en el tratamiento de un problema como el señalado, dado el estado de salud del actor y su capacidad laboral..." (pto. IV.1. "c" in fine ).
De tal modo entendió ajustado a derecho el pronunciamiento de grado que declaró la ilegitimidad de la resolución administrativa cuestionada.
En cuanto al alcance de la condena patrimonial, el voto de la mayoría con base en la doctrina sentada por esta Corte en la causa A. 74.138, "Gelves", sentencia de 27-XI-2019, sostuvo que frente a la ilegitimidad del cese deviene como correlato el deber de indemnizar el daño emergente dejando establecido el porcentaje del 35% de cuanto corresponda al cálculo por salarios caídos, computados a valores actuales de la categoría de revista de la agente al tiempo del cese.
Finalmente desestimó el agravio relativo al modo de calcular las sumas devengadas y el interés aplicable, con fundamento en que lo decidido se ajusta a la doctrina legal de este Tribunal aplicable a los actos administrativos ilegítimos en materia de empleo público conforme las causas B. 60.558, "González" y A. 74.138, "Gelves", entre otras que cita.
II. Contra dicho pronunciamiento la parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, en el que denuncia violación de los arts. 7, 8, 11, 12, 127 y concordantes del decreto reglamentario 1.050/09; 108 del decreto ley 7.647/70 y 14 bis de la Constitución nacional.
Afirma que la decisión del Tribunal de Alzada desconoce el funcionamiento de las normas que reglamentan la baja policial por ausencia o pérdida de aptitud psicofísica como límite a la estabilidad en el empleo.
Sostiene que la Cámara confunde motivación discreta con motivación insuficiente, perdiendo de vista que el acto remite a un dictamen médico pericial, que a su vez remite a un diagnóstico cifrado de un protocolo general, autoexplicativo en la materia, con remisión a una codificación internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud.
Expresa que la sentencia en crisis desconoce la doctrina legal de esta Corte, sobre la motivación de los actos por remisión de fundamentos bajo la modalidad integrativa e incurre en absurdo en la valoración de la prueba al desconocer la validez y eficacia probatoria de un dictamen médico pericial emitido por la Junta Médica Superior, sin haberse producido contraprueba que lo desmienta.
Señala que la Cámara vulnera la inteligencia de los arts. 18 de la Constitución nacional y 15 de la Constitución provincial, al reputar afectado el derecho de defensa de la actora sin contemplar que, en el caso, se trató de un trámite no sumarial que no prevé el traslado previo del dictamen psicofísico.
Seguidamente reseña el esquema normativo y las diversas posibilidades por las que se produce una "baja policial", concluyendo que no todo cese requiere de un trámite administrativo de tipo bilateral con traslados y ejercicio de descargos. Aduce que en casos de pérdida de las aptitudes psicofísicas existentes al inicio del vínculo laboral -como en autos-, solo se requiere un breve procedimiento de "información sumaria" acotado al examen del agente mediante un dictamen médico que lo certifique.
Puntualiza que la Cámara prescindió del régimen normativo aplicable al exigir trámites que son ajenos a la causal de baja por enfermedad preexistente, que por tal condición funciona como límite a la estabilidad del empleado, confundiendo esta situación de cese justificado con una diferente, vinculada a la baja por invalidez o a la baja disciplinaria.
Entiende que el reproche de la Cámara de falta de motivación del acto de cese, por no reflejar el dictamen pericial de la Junta Médica los procedimientos y estudios teóricos llevados a cabo para declarar la falta de aptitud de la actora, configura absurdo. Reitera que la Cámara desconoce la norma aplicable al exigir un patrón de fundamentación desmedido que excede el trámite de mera certificación médica.
Insiste en afirmar que el uso de una fórmula discreta para motivar el dictamen médico de los peritos que examinaron a la actora en nada impidió conocer a la interesada los fundamentos por los cuales se dispuso su baja por falta de aptitud psicofísica, hallándose integrado con la remisión al protocolo operativo sin que ello afecte su validez o suficiencia.
Expresa que el error en el que incurrió el Tribunal de Alzada, se patentiza aún más cuando en la sentencia se admite que en este proceso no se ha producido prueba que permita desmentir las conclusiones de la Junta Superior de Reconocimientos Médicos.
En tercer orden, reprocha la exigencia de la Cámara que con base en los arts. 18 de la Constitución nacional y 15 de la Constitución provincial, entendió necesario el traslado a la agente para permitirle ejercer un descargo defensivo previo al dictado del acto administrativo que dispuso la baja. En esa tarea insiste en que la ley aplicable no impone la sustanciación de un sumario.
Asimismo, cuestiona la reincorporación de la actora a la fuerza policial en tanto considera que prescinde de la peligrosidad que ello conlleva y la eventual responsabilidad del estado al contar con una agente sin aptitud psicofísica para la función asignada. Nuevamente señala que la Cámara confundió el régimen legal aplicable al caso, al igualarlo con una baja por invalidez (conf. art. 138, dec. regl. 1.050/09), cuando en rigor se trata de una por ineptitud (conf. art. 8, igual norma).
En definitiva, sostiene que este error en el encuadramiento del hecho, provocó una sentencia injusta que impone a la Administración reincorporar a una agente que carece de la aptitud para desempeñarse en la fuerza policial.
Finalmente se agravia de la reparación patrimonial otorgada y del modo de computarla.
III. El recurso no prospera.
III.1. Cabe señalar que el art. 31 bis de la ley 5.827 -texto según ley 13.812- faculta a esta Corte a proceder, con su sola invocación, al rechazo de los recursos extraordinarios cuando se hubieran desestimado en casos sustancialmente análogos, potestad que puede ejercer en cualquier estado de su tramitación.
Considerando ello, advierto que el planteo principal traído por la Fiscalía de Estado en su apelación ha sido analizado en las causas A. 76.246, "Álvarez" y A. 77.405, "Gutiérrez", sentencias de 16-VI-2022, de configuración semejante a la presente, en las cuales se rechazaron -en razón de su insuficiencia- intentos recursivos estructurados sobre bases similares.
Siendo así, corresponde rechazar sin más esta parcela del embate (arts. 31 bis, cit. y 279 in fine , CPCC).
III.2. Por su parte, con relación a la condena accesoria, la crítica contra la fijación en el fallo atacado de una indemnización material que ascienda al 35% de los salarios caídos y no percibidos por la actora, estimados a valores actuales, no cabe más que ser descartada.
En el caso, es de notar que el porcentaje que otorgó la Cámara, más intereses a una tasa del 6% anual hasta la sentencia y de ahí en más la pasiva digital que pague el Banco Provincia en sus operaciones a treinta días resulta coincidente con aquel fijado en numerosos precedentes (conf. doctr. causa "Gelvez", cit.), siendo este un dato en el que la mayoría reparó expresamente (v. por ej., causas B. 64.158, "Móbili de Zuccarini", sent. de 13-XI-2012; B. 58.622, "Marín", sent. de 31-X-2016; B. 65.702, "Gallo", sent. de 24-X-2018; B. 61.895, "Schiffelbein", sent. de 16-XII-2020; B. 64.394, "Lazzati", sent. de 31-VIII-2021; e.o.).
Consecuentemente, si bien el recurso enuncia la inobservancia de precedentes de esta Corte en los que para fijar la indemnización se tomaron porcentajes menores que el aquí condenado, lo cierto es que omitió desarrollar la analogía en la plataforma fáctico-jurídica de aquellos supuestos en los cuales se habría asignado un porcentaje inferior y que, en tal caso, exigirían su aplicación a la presente controversia.
El recurrente incumple así la regla que impone el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial relativa a la indicación, en términos claros y concretos, de la doctrina que se reputa violada (doctr. causa A. 75.275, "Zavala", sent. de 23-IX-2020).
III.3. Igual suerte adversa corre la queja formulada contra la estimación de la reparación patrimonial, con base en el salario actual que dispone la sentencia apelada.
Al respecto, la doctrina de esta Suprema Corte indica, por mayoría que integro, que para establecer el importe de la indemnización debida por cesantías ilegítimas cuando se verifica la continuidad del vínculo a consecuencia de la declaración de ilegitimidad del cese y se ordena su reincorporación, se debe considerar el sueldo actual del agente (v. causas B. 60.559, "Yantorno", sent. de 14-VI-2021; B. 62.523, "Fernández, Claudio", sent. de 31-VIII-2021; B. 65.203, "Pérez", sent. de 31-VIII-2021 y B. 57.535, "Balderrama", sent. de 1-VII-2022).
La determinación de las indemnizaciones tomando como base el sueldo actual correspondiente al cargo que ocupaba la agente al momento de acaecer el hecho ilegítimo que lo altera, no importa una transgresión a lo dispuesto por la ley 23.928 -ratificada por la ley 25.561-, pues constituye la expresión de la facultad conferida al juzgador por la última parte del art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial -aplicable al caso en los términos del art. 77 inc. 1 de la ley 12.008, texto según ley 13.101- relativa a la determinación del quantum de la indemnización por los perjuicios causados; tarea en la cual es dable tomar en cuenta, como parámetro, el salario que percibía la agente (conf. causa B. 31.217, "Acuña", sent. de 23-IX-1947, voto del doctor Ramírez Gronda, "Acuerdos y Sentencias", serie 20°, tomo X, pág. 331; arg. CSJN Fallos: 321:635, cons. 6° in fine ).
Asimismo, abordada la cuestión desde la óptica de la distinción entre deudas de valor y deudas dinerarias (v. voto de la doctora Kogan en la causa B. 59.999, "D. L., O. N.", sent. de 21-XII-2011) el criterio no se modifica. En tanto en el caso la indemnización del daño material derivado de una actividad ilícita posee el carácter de deuda de valor -cuya cuantía se procura establecer-, hasta el momento de su determinación (arg. art. 772, Cód. Civ. y Com.), luego de que ese valor sea cuantificado en dinero se aplican las disposiciones relativas a estas últimas (v. causa B. 65.203, "Pérez", sent. de 31-VIII-2021).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Con costas al recurrente vencido (arts. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-; 60 inc. 1, CCA; 279 in fine y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El art. 31 bis de la ley 5.827 -texto según ley 13.812- faculta a esta Corte a proceder, con su sola invocación, al rechazo de los recursos extraordinarios cuando se hubieran desestimado en casos sustancialmente análogos, potestad que puede ejercer en cualquier estado de su tramitación.
Considerando ello y como bien advierte el doctor Torres, el planteo principal traído por la Fiscalía de Estado en su apelación ha sido analizado en las causas A. 76.246, "Álvarez" y A. 77.405, "Gutiérrez", sentencias de 16-VI-2022, de configuración semejante a la presente, en las cuales se rechazaron -en razón de su insuficiencia- intentos recursivos estructurados sobre bases similares.
Siendo así, corresponde rechazar sin más esta parcela del embate (arts. 31 bis, cit. y 279 in fine , CPCC).
II. En lo que respecta a la crítica montada contra la fijación en el fallo atacado de una indemnización material que atienda al 35% de los salarios caídos y no percibidos por la actora, estimados a valores actua
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.