Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75839
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada (art. 279, CPCC). Con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.839, "Fernandez, Cesar Darío Baltazar c/ Ministerio de Seguridad s/ Pretensión anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Torres, Kogan, Soria.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada y, en consecuencia, revocó la sentencia de grado por medio de la cual se había hecho lugar a la pretensión entablada por el actor, con costas del proceso en el orden causado.
Disconforme con dicho pronunciamiento, la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara interviniente.
Dictada la providencia de autos, agregado el memorial de la parte actora y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda promovida por el señor César Darío Baltazar Fernández y, en consecuencia, declaró la nulidad de la resolución 653/14 y reconoció su derecho a percibir el subsidio previsto en la ley 13.985 desde la fecha del reclamo, 19 de abril de 2012, y mientras dure la incapacidad que le impide trabajar como policía. Todo ello con intereses a tasa pasiva digital (v. sent. de 10-II-2017 y su aclaratoria de 1-III-2017).
Finalmente, impuso las costas del proceso a la demandada vencida (art. 51, CCA).
I.2. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al recurso de apelación deducido por la accionada y revocó la sentencia cuestionada, con costas en el orden causado (arts. 51 inc. 2, texto según ley 14.437; 77, CCA y 274, CPCC).
Para así resolver, en lo que aquí interesa, entendió que en la sentencia de grado no se explicitaron las razones por las cuales se consideró que el accidente sufrido por el actor in itinere lo haya sido en un "acto de servicio" o en "función de policía de seguridad", sino por el contrario, se ponderó que si bien aquel hecho resultaba "imputable al servicio", no cumplía con los recaudos previstos en el art. 1 de la ley 13.985 y en el decreto 149/10 para la obtención del subsidio requerido.
Sostuvo que el art. 1 de la ley 13.985 establece para el personal herido o incapacitado transitoriamente, en el acto de servicio y en función de policía de seguridad, un subsidio mensual a cargo del Estado provincial y que el art. 1 del decreto 149/10 dispone que, a los fines de obtener el beneficio aludido, se debe acreditar que el infortunio se produjo en dichas condiciones, según el alcance que otorgan los arts. 30 y 51 de la ley 13.982.
Agregó que el art. 30 de la ley 13.982 denomina "función de seguridad" a la potestad y el deber que tiene el personal policial de proceder a la prevención y represión de delitos y contravenciones, como así de proveer al mantenimiento del orden público en general; en tanto que el art. 51 de dicha ley entiende por "acto de servicio" a todo aquel resultante del cumplimiento del deber de defender contra las vías de hecho o en acto de arrojo, la vida, la propiedad o la libertad de las personas, de la condición policial del agente o de su obligación de mantener el orden público, preservar la seguridad pública, prevenir y reprimir los delitos y las contravenciones, como así el enfrentamiento armado con delincuentes.
Evaluó que el accidente vial sufrido por el actor era in itinere y que, por dicho motivo, no ha sido en "acto de servicio" o en "función de seguridad" de conformidad al alcance y contenido de la normativa citada, pues aun cuando fuera imputable al servicio (cfr. SCBA causa B. 66.421, "R., A. M.", sent. de 22-V-2013), no se relaciona con la prevención y represión de delitos o contravenciones y tampoco se refiere a la condición policial del agente ni se vincula con el mantenimiento del orden público.
En ese sentido, advirtió que, para la concesión del subsidio reclamado no alcanza con que el infortunio sea imputable al servicio, sino que deben acreditarse -además de que lo ha sido en acto de servicio o en función de seguridad-, circunstancias que no se advierten configuradas en los actuados.
Dijo que el art. 4 de la ley 13.942, no modifica la solución propiciada, pues para considerar a los accidentes como acaecidos en acto de servicio, se requiere que sean sufridos como consecuencia directa del desempeño de tal tarea (prestación del servicio de Policía Adicional), circunstancia que no luce acreditada en autos.
II. Contra dicho pronunciamiento, la actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal en el que denuncia que el tribunal de alzada no contempló el espíritu de las normas ni los fundamentos que les dieron origen, violó los arts. 1 y 2 de la ley 13.985 y 30 de la ley 13.982; la ley 13.942 de Policía Adicional y el decreto reglamentario 149/10.
Agrega que la Cámara ha violado los arts. 14, 16, 17 y 18 de la Constitución nacional referidos a la igualdad, el derecho de propiedad, la defensa en juicio; el principio de legalidad y la supremacía constitucional (arts. 19 y 31, Const. nac.). Además de que se ha violado el art. 39 de la Constitución provincial y que el fallo en cuestión resulta ser una sentencia arbitraria.
Afirma que la Cámara departamental ha contrariado en su fallo la ley y doctrina legal imperante en la materia. Para fundar su recurso, hace mención a lo dispuesto por los arts. 1 de la ley 13.985; 1 del decreto reglamentario 149/10; 30 y 51 de la ley 13.982 y la ley 13.942. Puntualiza que el art. 4 de la ley 13.942 dispone que los accidentes que se sufrieren como consecuencia directa del desempeño de Policía Adicional, deben ser considerados como acaecidos en acto de servicio, a todos los efectos legales.
Advierte que el espíritu de la ley 13.985, no fue considerado por el tribunal de alzada al momento de dictar su sentencia y que el subsidio es una ayuda económica que procura el amparo de la integridad física y económica del personal policial y la de su grupo familiar.
Destaca que, tal como lo indicó el sentenciante de grado, el subsidio en cuestión es de "...carácter tuitivo y alimentario" y "...no hay que perder de vista la finalidad de la ley y sus fundamentos, lo cuales no son otros que la protección integral del trabajador, de la discapacidad y la promoción de su inserción laboral, derechoséstos que son constitucionalmente reconocidos y el Estado provincial - bajo la figura del subsidio- intenta eliminar los obstáculos económicos y sociales que afectan o impiden el ejercicio de tales derechos (art. 36 de la Const. Prov.)...".
Añade que el a quo ha vulnerado el art. 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que consagra los principios de primacía de la realidad, progresividad, justicia social e interpretación a favor del trabajador, principios que impiden cualquier interpretación "desfavorable" de la norma aplicable a la situación en la que se encuentran los destinatarios de la seguridad social. Citó las causas B. 57.560, "Vila" y B. 59.647, "Mendoza", entre otras. En el mismo sentido afirmó que se vulneró el principio in dubio pro justitia socialis (CSJN causa "Sánchez", sent. de 17-V-2005, voto del doctor Maqueda).
Cita doctrina legal de esta Suprema Corte, en un caso que, a su entender, es de similar contenido fáctico al presente, referido a la interpretación de las leyes, afirmando que se debe indagar el espíritu que las anima (causa B. 66.421, "R., A. M.", sent. de 22-V-2013).
Esgrime que las lesiones incapacitantes que sufrió el actor fueron declaradas "en ocasión de servicio" mediante la resolución 405/09, pero, en base al principio de primacía de la realidad establecido en el art. 39 de la Constitución provincial, se deben valorar los hechos en forma independiente de la calificación que le haya dado el demandado, resultando aplicable al caso lo establecido por el art. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Asevera que, de la prueba rendida en los actuados surge que el actor sufrió un siniestro en horario laboral, lo cual no fue objeto de contradicción alguna entre las partes. Y de la normativa vigente se desprende que un accidente "en acto de servicio y en función de policía de seguridad" comprende, no solo al policía que mantiene un enfrentamiento armado con delincuentes, sino que también surge de la condición policial del agente, del hecho de estar en prevención de delitos, como por ejemplo, estar parado en una esquina uniformado y con armamento en rondín, de pie o efectuando tareas de patrullaje, en lo que en la jerga policial se denomina "recorrida de prevención", como también puede ser un acto de servicio y en función de policía de seguridad con la única condición de que se encuentre manteniendo el orden público.
Expresa que el accidente de autos se produjo durante la prestación propia del servicio, por lo que debe ser considerado en ocasión o como consecuencia del servicio de seguridad que prestaba el actor en la compañía Eagle Security & Investigaciones S.A., bajo la modalidad de Policía Adicional (POL.AD).
Concluye en que le asiste el derecho a percibir el subsidio pretendido en virtud de lo dispuesto por los arts. 1 de la ley 13.985 y 4 de la ley 13.942.
III. El recurso no prospera.
III.1. Cabe tener en cuenta que la Cámara luego de analizar exhaustivamente la normativa aplicable y en vista a las constancias de autos entendió que el accidente vial del actor fue in itinere y que no se produjo en acto de servicio o en función de policía de seguridad, estimando a su vez que si bien dicho accidente era imputable al servicio no cumplía con los recaudos previstos en el art. 1 de la ley 13.985 y del decreto 149/10 para la obtención del subsidio requerido (v. fs. 304).
Agregó que el art. 4 de la ley 13.942 no modificaba dicha solución pues para considerar a los accidentes como acaecidos en acto de servicio, se requiere que sean sufridos como consecuencia directa del desempeño de tal tarea, lo cual no estaba acreditado en autos.
En ese sentido, lo resuelto por la Cámara debe ser ratificado con las consideraciones que referiré.
En primer lugar, cabe observar que no existe controversia en autos sobre que las lesiones de carácter grave sufridas por el actor resultan imputables al servicio, por haberse producido con motivo o en ocasión de prestarlo (v. disposición del Director General Legal y Técnico n° 405/09 de fecha 16 de abril de 2009 obrante a fs. 26) encuadrándose el hecho dentro las previsiones del art. 208 segundo párrafo del decreto 3.326/04 y no en el primer párrafo que contiene los casos a los que remite la ley 13.985.
No obstante ello, el actor insiste en que el accidente sea encasillado en la ley 13.985 en atención al principio de la primacía de la realidad y el art. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En este punto cabe aclarar que, si bien el tribunal a quo utilizó el ropaje del brocárdico in itinere , para rechazar en el caso la presencia de acto de servicio o función policial a que alude la ley 13.985, el hecho de que un infortunio pueda suceder cuando el agente policial se dirija a su trabajo, no excluye, en términos generales, la posibilidad de que, eventualmente, suceda algún hecho que genere el derecho a la percepción del subsidio.
Tal determinación no obedece a alguna regla categórica, sino que debe evaluarse en cada caso. En el presente, considero que el accidente de tránsito protagonizado por el actor, sin ninguna otra connotación acreditada -o impugnada- constituye un hecho extraño al ámbito de la seguridad pública; de allí su ajenidad a la función policial.
En efecto, la Cámara al colocar el suceso en el ámbito in itinere determinó su análisis exclusivamente en el marco de la Ley de Riesgos del Trabajo y ajeno a la ley 13.985, en tanto que las argumentaciones actorales no lograron demostrar -por las características específicas del hecho- una interpretación distinta.
Este vicio consiste en un notorio desvío de las reglas de la lógica que derive en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas de la causa (doctr. causas A. 73.664, "Cisi", sent. de 17-V-2017; A. 74.515, "Rojas", sent. de 20-III-2019; e.o.), lo que en la especie no ha sido ni denunciado ni patentizado.
III . 2. Respecto del agravio del impugnante sobre que la sentencia de cámara vulneró principios constitucionales tales como los de seguridad social y primacía de la realidad, entre otros, que emergen del art. 39 de la Constitución de la Provincia, el recurso tampoco prospera. En efecto, quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos, no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, no resultando suficiente la mera exposición de un criterio interpretativo distinto al del juzgador (conf. causas A. 74.837, "Bentancur", sent. de 20-III-2019; A. 74.737, "Balaguer", sent. de 17-IV-2019; A. 74.818, "Magnanego", sent. de 17-IV-2019; e.o.).
Por otra parte, es del caso resaltar que el argumento basado en el quebranto de principios y textos constitucionales no comporta un adecuado sustento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando tales infracciones constitucionales derivarían como consecuencia de la trasgresión de otras normas, no acreditada en el caso (conf. doctr. causas A. 71.802, "Emma", sent. de 22-X-2014; A. 72.788, "Plata", sent. de 18-X-2017; A. 73.515, "Katz", sent. de 13-IX-2017; A. 75.641, "Ibarguren", sent. de 28-VIII-2019; e.o.).
III.3. Tampoco prospera la denuncia de violación de la doctrina de este Tribunal que refiere el impugnante en el acápite VII, pues solo es suficiente un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando se individualice concretamente la doctrina que se dice violada y se señalen los aspectos fácticos que rodearon al caso donde esta Corte sentó el criterio que se pretende aplicar, debiéndose indicar en la respectiva denuncia la cita de la norma legal que, emanada de dicha doctrina, resulte conculcada por el tribunal de apelación (conf. doctr. causas A. 73.228, "Arbelo", sent. de 19-X-2016; A. 72.793, "Ruiz", sent. de 5-VII-2017; A. 74.288, "Paredi Pavioni", sent. de 3-V-2018; A. 72.338, "G., H. E. y ot.", sent. de 26-XII-2018; e.o.), lo que no ocurre en autos.
A todo evento, respecto de las causas que cita B. 66.421, "R., A. M." y B. 57.560, "Vila", cabe advertir que tampoco el impugnante desarrolla la correspondencia fáctica y jurídica existente entre las mencionadas y el supuesto de autos. De tal modo, el planteo luce insuficiente, pues es claro que omite explicar de qué manera concreta los precedentes de esta Suprema Corte que denuncia como erróneamente aplicados o transgredidos, se relacionarían con la denunciada actuación indebida de la Cámara interviniente (art. 279, CPCC).
III.4. Por último, tampoco cabe hacer lugar al planteo de arbitrariedad de la sentencia de cámara con motivo de que se ha apartado del espíritu de la ley, en razón de su patente insuficiencia.
IV. A tenor de lo señalado, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada.
Costas de esta instancia a la vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero a la solución propuesta por los colegas que me preceden, pues la insuficiencia del recurso articulado por la parte actora es palmaria (conf. art. 279, CPCC).
La calificación legal del acto de servicio efectuada por la Cámara, como "...aquel resultante del cumplimiento del deber de defender contra las vías de hecho o en acto de arrojo, la vida, la propiedad o la libertad de las personas, de la condición policial del agente o de su obligación de mantener el orden público, preservar la seguridad pública, prevenir y reprimir los delitos y las contravenciones, como así el enfrentamiento armado con delincuentes", no ha sido refutado por el recurrente, quien insiste sin un sólido desarrollo argumental en apelar al espíritu de las normas.
La pretensión actora, no diferencia correctamente el acto de servicio, del infortunio en ocasión o imputable al servicio, ni las consecuencias jurídicas que de tal distinción derivan. Es allí donde radica el yerro fundacional del recurso, que impide residenciar favorablemente la pretensión.
El ordenamiento jurídico les da un tratamiento distinto a los infortunios como el sufrido por el actor, y al acto de servicio en los términos del art. 1 de la ley 13.985. Mientras que aquel se produce accidentalmente en ocasión de estar prestando servicio, este último, en líneas generales, implica una conducta de arrojo del agente frente a una situación de riesgo con el fin directo de proteger la vida o la propiedad de las personas.
Estas consideraciones, plasmadas en la sentencia del a quo , no han sido tenidas en cuenta por el recurrente, evitando de este modo confrontar con el núcleo de la decisión, lo que lleva irremediablemente a la insuficiencia de la impugnación.
Voto por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada (art. 279, CPCC). Con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/06/2023 18:46:50 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/06/2023 10:56:10 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/06/2023 13:30:32 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/07/2023 22:42:34 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/07/2023 07:40:09 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 31/07/2023 08:00:22 hs. bajo el número RS-58-2023 por DO\jmartiarena.
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