Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77484
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.484, "Giordano, José Marcelo c/ Municipalidad de Junín s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, Kogan, Torres .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia y ordenó -por sus fundamentos- la anulación de los decretos 2.612/17 y 3.251/17 y mandó a la Municipalidad de Junín que dicte un nuevo acto administrativo en sustitución de los referidos, dentro del plazo de sesenta (60) días de notificada su decisión, reintegrando mientras tanto al actor en el mismo cargo que se desempeñaba al momento de la cesantía; dejó sin efecto lo resuelto por el señor juez de primera instancia respecto de las restantes pretensiones actorales y difirió el tratamiento de los agravios expresados por la comuna apelante, hasta tanto se expida la Administración municipal (v. sent. de fecha 23-IX-2021).
Asimismo, rechazó por falta de crítica concreta y razonada, el recurso deducido por el actor.
Contra el referido pronunciamiento la demandada dedujo recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. escrito electrónico de fecha 12-X-2021, 11:53:49 hs.) y la actora interpuso la vía mencionada en último término (v. presentación electrónica de fecha 13-X-2021, 11:44:04 hs.).
La Cámara interviniente concedió los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y denegó el de nulidad mediante resolución de fecha 26 de octubre de 2021.
Dictada la providencia de autos para resolver -ver proveído de fecha 30 de marzo de 2022- y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte demandada?
2ª) ¿Lo es el interpuesto por la parte actora?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Junín acogió la pretensión deducida por el señor José Marcelo Giordano contra la Municipalidad de Junín y, en consecuencia, anuló los decretos 2.612/17 y 3.251/17 mediante los cuales el Intendente dispuso su cesantía y rechazó los recursos de reposición y jerárquico interpuestos contra la mencionada medida, respectivamente (v. sent. de 29-V-2020).
Asimismo, ordenó la reincorporación del actor a la estructura municipal al mismo grado en que revistaba en el escalafón al momento de su cese y el pago de la totalidad de los haberes devengados a partir de la sanción impuesta y de una suma dineraria en concepto de daño moral, ambos rubros con más intereses.
I.1. En prieta síntesis, en primer lugar, desestimó la prescripción de la potestad disciplinaria alegada por el señor Giordano.
Puntualizó que el hecho que provocó el inicio del sumario acaeció el día 28 de marzo de 2016 y la apertura del procedimiento se produjo a escasos días, esto es el 1 de abril de ese año, por lo que la prescripción se encontraba interrumpida conforme el decreto 4.161/96 -que reglamenta la ley 10.430 que regula el empleo público provincial- de aplicación analógica, conforme lo resolviera esta Corte en el caso "Cisneros", sentencia de 27-VIII-2017.
A ello agregó que luego del inicio del sumario se sucedieron actos procedimentales que mantuvieron el tránsito del sendero administrativo por parte del municipio.
I.2. Acto seguido analizó la legitimidad del ejercicio de la potestad disciplinaria.
Tras conceptualizar el mobbing laboral y sus tres variantes como así también poner de relieve la dificultad probatoria de esa conducta, destacó la importancia de las declaraciones testimoniales incorporadas a los procesos judiciales.
En tales condiciones, señaló que el demandante ha ofrecido y producido prueba respecto a que la mutación de autoridades producida durante el mes de diciembre de 2015 fue la que generó el accionar persecutorio que desembocara en la situación conflictiva entre agentes que sirviera de base para que se decretara su cesantía.
Sin embargo, sostuvo que sea cual fuere la causa de lo sucedido, existía una diferencia entre el testimonio judicial y el administrativo, cuya credibilidad en el caso de tratarse como prueba de cargo era disminuida toda vez que ha sido producida por la misma Administración sin brindarle la posibilidad de contralor al agente Giordano (declaraciones testificales de Alvelo, Luciani y de Derroco).
Acto seguido destacó que en ocasión de prestar declaración una testigo aludió a que el actor se presentó espontáneamente sin haber sido citado por la Secretaría.
Consideró que la Administración en el proceso judicial -ante el achaque del actor a la presunción de legitimidad del acto- debía coadyuvar a sostener que el acto cuestionado por el demandante había sido dictado respetando los estándares de juridicidad y que ello no acaeció en el caso, toda vez que las circunstancias de modo, tiempo y lugar que contextualizaron los hechos fueron estimados de forma incompleta, en tanto que el exceso verbal constante -aproximadamente desde el mes de diciembre de 2015 a finales del mes de marzo de 2016- y provocador desde el señor Luciani hacia el señor Giordano había culminado en el forcejeo o discusión que generó la cesantía.
Finalmente, puso de relieve que los testimonios brindados en el sumario que se consideraron como premisas irrefutables para arribar a la cesantía, no fueron fuente probatoria en el proceso judicial por la Municipalidad para defender la juridicidad de su accionar.
I.3. En otro punto, consideró que al haberse afectado al actor por una medida ilegítima juzgó que correspondía disponer su reincorporación al cargo que ocupaba en el escalafón al momento de su segregación y el pago de la totalidad de los salarios caídos con más una suma de dinero en concepto de daño moral, al comprobarse el hostigamiento habitual padecido.
Ambas partes apelaron el mentado pronunciamiento.
II. A su turno, la Cámara interviniente confirmó parcialmente la decisión de primera instancia y ordenó -por sus fundamentos- la anulación de los decretos 2.612/17 y 3.251/17 y mandó a la Municipalidad de Junín que dicte un nuevo acto administrativo en sustitución de los referidos, dentro del plazo de sesenta (60) días de notificada su decisión, reintegrando mientras tanto al actor en el mismo cargo que desempeñaba al momento de la cesantía; dejó sin efecto lo resuelto por el señor juez de primera instancia respecto de las restantes pretensiones del actor y difirió el tratamiento de los agravios expresados por la comuna apelante, hasta tanto se expida la Administración municipal (v. sent. de fecha 23-IX-2021).
Asimismo, rechazó por falta de crítica concreta y razonada, el recurso deducido por el actor.
II.1. Relatados los antecedentes de la causa, en primer lugar, el Tribunal de Alzada abordó el recurso interpuesto por la parte actora deducido respecto de la denegatoria a su planteo vinculado a la prescripción de la potestad disciplinaria.
Tras referenciar el art. 56 inc. 3 del Código Contencioso Administrativo y lo expresado por esta Corte respecto del art. 260 del Código Procesal Civil y Comercial señaló que el demandante en su pieza recursiva esgrimió los mismos argumentos ya invocados en el escrito de inicio y ante tal reiteración sostuvo que se configuraba la insuficiencia de la vía intentada.
En ese contexto, entendió que el actor no cumplía con la carga impuesta por los citados preceptos legales, no bastando "la mera remisión a presentaciones anteriores".
Agregó que el señor Giordano no desarrollaba ningún argumento vinculado a su reproche referido a la aplicación analógica del decreto reglamentario de la ley 10.430 -decreto 4.161/96- ni a la afectación de sus derechos de propiedad y defensa en juicio como tampoco al gravamen irreparable que la decisión le ocasionaba ni, finalmente, formulaba un embate idóneo a los fundamentos del fallo de primera instancia que sirvieron de sustento para la aplicación de tal normativa, habiéndose limitado sólo a efectuar tal invocación, sin mayores precisiones.
II.2. Acto seguido examinó el recurso deducido por la Municipalidad demandada en lo atinente a la anulación de los decretos impugnados.
II.2.a. Respecto del mobbing expresó que los ataques que realizó la comuna son de recibo, aunque ello no implicaba que debía descartarse -por sus fundamentos- la pretensión anulatoria deducida.
Afirmó inicialmente que el encuadre jurídico del magistrado interviniente, más allá del principio iura curia novit , se había efectuado mediante un análisis de las constancias del sumario administrativo que excedía las propias manifestaciones y pretensiones actorales, tanto en el proceso como en el procedimiento.
Señaló que el actor, más allá de su planteo prescriptivo, esgrimió una actuación en legítima defensa -vinculada con una relación conflictiva con otro agente comunal, el señor Luciani, y una situación difícil de éste con la nueva gestión en el municipio- y un exceso de punición por parte de la comuna.
Descartó, ante los dichos del actor en ese sentido, vertidos en más de una ocasión en el procedimiento sumarial, que la Municipalidad haya desatado o tolerado el mobbing horizontal y que las declaraciones testimoniales de Alvelo, Luciani y de Derroco, no pueden aseverarse que se hallen debilitadas en su fuerza probatoria, en tanto fueron brindadas en el marco de la investigación presumarial y, luego de ordenada la instrucción, pudieron ser rebatidas por prueba ofrecida por el sumariado, sin que éste optase por convocarlos y someterlos a nuevos cuestionarios y, aún, a careos.
Consideró que no se había configurado el mobbing por cuanto el procedimiento sumarial no se llevó a cabo con mengua de los derechos del demandante de ser oído y de ofrecer pruebas, el que fue anoticiado -una vez ordenado e iniciado el sumario y hasta el cierre del periodo probatorio y efectuado su alegato- de lo colectado, permitiéndose presentar su descargo y ofrecer pruebas.
II.2.b. Expresó que tampoco el acoso laboral ha ocurrido con motivo de que los testigos ofrecidos por el señor Giordano poco dicen del hecho que se investigaba y a su vez, no se percibía una asimetría de poder, en tanto que no se acreditaba que Luciani actuara con aval tácito de sus superiores y que Giordano hubiere formulado las denuncias al Sindicato y a la Secretaría de Trabajo que en su declaración indagatoria mencionara.
Añadió que esa afirmación no aparecía planteada en este proceso.
Manifestó reiteradamente que disiente con la valoración efectuada por el magistrado de primera instancia respecto de los testimonios producidos en el sumario, en tanto que de las restantes probanzas no resultaba demostrado el mobbing , con motivo de que los dichos de los testigos ofrecidos por el actor en el proceso judicial -Micheref, Colonna y Moreno- no aportaban nuevos elementos de juicio y solo se limitaban a ratificar lo declarado en sede administrativa, a criticar el carácter de Luciani y a expresar que los cambios de gestión comunal implicaban también cambios en el sector de choferes, sin que ninguno se explayara sobre el vínculo entre Luciani y el demandante.
También estimó, por un lado, que el señor Giordano no había formulado preguntas a los testigos a los fines de acreditar el trato que le propinaba Luciani a Giordano y una asimetría de poder y, por otro lado, no había ofrecido ninguna pericia psicológica o psiquiátrica, con el fin de demostrar el supuesto daño ocasionado como consecuencia del acoso, cuestión que hizo hincapié que no formó parte del objeto de la pretensión inicial, ni de los hechos y tampoco del procedimiento sumarial.
Puntualizó que, sin perjuicio de la dificultad probatoria alegada por el señor juez de primera instancia, dicho magistrado no había ordenado medidas para mejor proveer en los términos del art. 46 del Código Contencioso Administrativo.
En ese marco, a tenor de las pruebas reunidas descartó la configuración del mobbing señalado por el a quo .
II.3. Luego examinó la pretensión anulatoria deducida por el actor, ponderando lo actuado por el señor instructor sumariante y lo acontecido con posterioridad en el expediente sumarial 4059-1238-16.
Tras referirse a las partes pertinentes de las citadas actuaciones, reseñó el descargo del señor Giordano, el dictamen del Secretario Legal y Técnico municipal, el acta n° 3 de la Junta de Disciplina municipal y el decreto 2.612/17.
Destacó que el titular del Departamento Ejecutivo expresó en dicho acto que: "A fs. 47 luce testimonio del acta labrada el día 17 de agosto de 2017, por la Junta de Disciplina Municipal, la cual concluye por mayoría de votos, que correspondería disponerse el cese del agente, debiendo aclararse que el anexo al CCT por el cual se reglamenta la creación y funcionamiento de la Junta de Disciplina Municipal dispone en su art. 50 que el cuerpo será presidido por uno de los miembros designado por el Departamento Ejecutivo, quien en caso de empate en las votaciones, contará con doble voto".
Manifestó que a tenor de las conclusiones arribadas por el Secretario Legal y la Junta citadas el Intendente dispuso el cese del señor Giordano con sustento en lo previsto en los arts. 84 y 87 del Convenio Colectivo de Trabajo para el personal de la Municipalidad de Junín y 103 y 107 incs. 3 y 10 de la ley 14.656.
Sostuvo que del dictamen de la Secretaría Legal y Técnica municipal se desprendía que la instrucción sumariante omitió dar tratamiento a manifestaciones y requerimientos formulados por el demandante tanto en su escrito defensivo como en su descargo vinculados con la actuación en defensa propia y la relación con el señor Luciani.
Asimismo, puso de relieve que el referido dictamen también soslayó toda consideración a esas alegaciones y, por lo tanto, aquella mirada acotada de la instrucción obstaba a que pueda conferirse rotunda validez a ese dictamen previo, repercutiendo negativamente sobre el elemento motivación del decreto impugnado.
II.4. Por otro lado, señaló que de la redacción del acta de la Junta de Disciplina se desprendía que se constituyó por tres miembros del Departamento Ejecutivo y tres representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales y según la redacción del decreto 2.612/17 los últimos integrantes en minoría habrían postulado la prescripción del sumario, por lo que no surgía nítida su postura.
Además, consideró que no se habían explicitado las posibles sanciones que se habrían barajado ni los argumentos para optar por la medida que finalmente se adoptó. Ello sin perjuicio -señaló- de que en el acto de cesantía erróneamente se afirmó que la decisión se adoptó por mayoría de votos.
Destacó que tampoco se dejó constancia de si alguno de los intervinientes presidió la Junta y, en tal supuesto, quien lo hizo, no se plasmó quien de ellos contaba con la facultad de hacer uso del doble voto y si se ejerció tal facultad. También agregó que se había omitido asentar si se llevó finalmente adelante la votación respecto de la situación del demandante y de haber ocurrido ello, cuál fue su resultado.
En tal contexto entendió que el decreto que imponía la cesantía le asignaba a la Junta de Disciplina una mayoría a la que la misma no arribó, y que no era tal.
Interpretó que la aclaración insertada en dicho acto importaba un reconocimiento por el municipio acerca de las falencias indicadas y que el decreto 2.612/17, por vía indirecta, infructuosamente procuraba subsanar.
A tenor de aquellas deficiencias concluyó que se afectaba el elemento motivación del acto segregativo y su posterior confirmatorio (cfr. art. 108, ord. general 267-80).
II.5. En adición sostuvo que, ante tales falencias, la Municipalidad incurrió en un exceso de punición, en tanto que la sanción impuesta al demandante no guardaba adecuada proporcionalidad con las constancias que el proceso sumarial exhibe.
Asimismo, estimó que el decreto de cesantía no ponderó el requerimiento efectuado por el actor en sus escritos de defensa y de descargo, vinculado con que "a todo evento se lo sancione con la menor sanción administrativa" y tampoco existen constancias de que se hubiere hecho valoración de ningún tipo, en punto a la consideración de los antecedentes disciplinarios del sumariado, a los efectos de la graduación de la sanción a aplicar.
Ante tales circunstancias entendió que la cesantía dispuesta al actor lesionaba el principio de razonabilidad, previsto en los arts. 28 de la Constitución nacional y 57 de su par provincial, por lo que correspondía confirmar la anulación del decreto que dispuso la cesantía y su confirmatorio.
II.6. Por último, entendió que al resolver como lo hizo, no correspondía abordar los agravios del municipio apelante, con motivo de que en forma previa deberá la Municipalidad de Junín dictar un nuevo acto -esta vez ajustado a derecho- en el trámite sumarial.
III. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, el apoderado de la Municipalidad de Junín denuncia que el pronunciamiento de la Cámara vulnera el principio de congruencia y la doctrina legal de este Superior Tribunal provincial y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. presentación electrónica de fecha 12-X-2021, 11:53:49 hs.).
Aduce que la sentencia impugnada viola el mentado axioma al ingresar en forma intempestiva a cuestiones de hecho sobre las cuales su parte no pudo ejercer en forma plena y oportuna su derecho de defensa, debido proceso y de propiedad.
Precisa que el actor, al apelar, circunscribió su reproche a la prescripción del trámite sumarial por lo que su parte al contestar el traslado se acotó a dicho achaque.
IV. Adelanto que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte demandada no puede prosperar.
IV.1. El recurrente postula que la Cámara violó el principio procesal de congruencia, sin explicitar concretamente las cuestiones de hecho que el fallo impugnado abordó de modo intempestivo.
En efecto, en la especie el impugnante se limita a una genérica alegación acerca de las cuestiones en las que no pudo ejercer en forma plena y oportuna su derecho de defensa, debido proceso y de propiedad, sin desarrollar los puntos que inadecuadamente habrían sido tratados por el a quo . Sólo esboza en adición, lo que constituyó agravio para el demandante, haciendo referencia a la prescripción de la potestad disciplinaria.
De tal modo, lo manifestado por el recurrente se muestra insuficiente para conmover los fundamentos brindados por la Cámara, los cuales versaron sobre varios aspectos fácticos y jurídicos acontecidos en el trámite sumarial.
La falencia señalada no puede ser salvada por esta Suprema Corte, en tanto se encuentra impedida de suplir la omisión de los argumentos que debieron efectuarse por el impugnante para sustentar el recurso interpuesto.
IV.2. A más de tener que observarse el cumplimiento de lo indicado, indispensable para el conocimiento del intento revisor, señalo que este Tribunal ha expresado que los agravios relativos a la violación del principio de congruencia, por estar vinculados con la interpretación de los escritos presentados en el proceso, deben estar acompañados de una adecuada demostración del absurdo (doctr. causas C. 118.170, "Nasif", sent. de 7-V-2014; C. 101.790, "Alegre", sent. de 29-IV-2009; A. 71.594, "Silva Ruiz", sent. de 9-IX-2015 y A. 73.431, "Fisco de la Buenos Aires c/ Matera", sent. de 4-III-2022), vicio que en el caso ni siquiera le ha sido endilgado a la sentencia recurrida.
V. Por las razones expuestas, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilida
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