Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76048
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la Fiscalía de Estado, con costas a la recurrente en su calidad de vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101-; 68, 279 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.048, "ESPN SUR SRL y ot. c/ ARBA s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Genoud, Soria, Kogan .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata -en instancia originaria- hizo lugar parcialmente a la pretensión anulatoria entablada, dejando sin efecto la determinación de impuesto, las multas y los intereses correspondientes a las posiciones enero a diciembre de 2008, con distribución de costas en el orden causado, debido a la existencia de vencimientos parciales y mutuos.
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara interviniente.
Dictada la providencia de autos, presentado el memorial de la actora y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata -en instancia originaria- hizo lugar parcialmente a la pretensión anulatoria entablada, dejando sin efecto la determinación de impuesto, las multas y los intereses correspondientes a las posiciones enero a diciembre de 2008, con distribución de costas en el orden causado, debido a la existencia de vencimientos parciales y mutuos.
Para así decidir, concluyó en primer lugar que las obligaciones tributarias discutidas no se encontraban prescriptas, pese a lo alegado en sentido contrario por la actora.
Coincidió con esta última en que resultaban aplicables al caso las disposiciones sobre prescripción contenidas en el Código Civil (ley 340), debido a la época del conflicto suscitado y a la doctrina derivada de la causa "Filcrosa" (CSJN Fallos: 326:3899).
Sin embargo, estimó determinante el hecho del acogimiento de la firma de autos, por el total de la deuda reclamada, al régimen de regularización dispuesto por la resolución normativa 84/10, cuyo art. 5 permite continuar el proceso de discusión o determinación de la obligación, asignando a aquella presentación los efectos de una renuncia expresa e irrevocable al término corrido de la prescripción en curso. Destacó que la actora no había negado ni desconocido estas circunstancias.
Seguidamente, descartó los agravios según los cuales la actividad de venta de espacios publicitarios propios resultaría complementaria de la de "servicios de radio y televisión" (código NAIIB 921300). Luego de afirmar que compartía el criterio adoptado por el Tribunal Fiscal de Apelación y de hacer referencia a distintas constancias del expediente administrativo, sostuvo que la actora -en quien recaía la carga de la prueba- no había acreditado debidamente su posición, ya que sus aseveraciones carecían de respaldo documental o estudio económico o contable que las avalara, entre otras.
Añadió que la venta de espacios publicitarios podía ser ejecutada independientemente de los servicios de radio y televisión. Entendió que aquella no resultaba inescindible de estos y que tampoco los complementaba, mejoraba o integraba.
A su vez, desechó la tesis de acuerdo con la cual, cuando los servicios de publicidad consisten en actividades de intermediación, encuadran en el código NAIIB 7430, pero no así en un caso que no reviste dicha característica, como el de la empresa que promovió la demanda. Adujo que la distinción aludida no se compadecía con la normativa aplicable (a saber, arts. 11, ley 13.612 -impositiva para el ejercicio fiscal 2007-; 11 y 12, ley 13.787 -impositiva para el ejercicio fiscal 2008, aun con las modificaciones introducidas por la ley 13.850- y 198, Cód. Fiscal -t.o. 2011-).
Sin perjuicio de lo anterior, determinó que la decisión del Tribunal Fiscal de Apelación no se ajustaba a derecho en cuanto, por mayoría, había omitido aplicar lo dispuesto por ley 13.850 a la totalidad de las posiciones mensuales correspondientes a 2008. Refirió que esa norma redujo del 6% al 3,5% la alícuota correspondiente a la actividad "servicios de publicidad, excepto por actividades de intermediación" (código NAIIB 743010), desarrollada por la actora. Y si bien advirtió que la vigencia de la ley en cuestión operó a partir del día 1 de agosto de 2008, en virtud del carácter anual del impuesto sobre los ingresos brutos señaló que tal modificación incidía sobre la totalidad del año mencionado.
En abono de esta conclusión, citó una explicación del doctor José Osvaldo Casás acerca de la llamada "retroactividad impropia" en supuestos de tributos periódicos y parte de lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Eduardo A. Sambrizzi v. Nación Argentina (Dirección General Impositiva)" (CSJN Fallos: 312:2078, sent. de 31-X-1989).
En lo concerniente a la multa impuesta, halló configurado el elemento objetivo de la infracción imputada, consistente en incumplir el debido pago de la obligación fiscal a su vencimiento. Con relación al aspecto subjetivo, rechazó que concurriera en el caso alguna causal exculpatoria, en el entendimiento de que las normas aplicadas no revestían complejidad extrema y de que no se habían invocado precedentes jurisprudenciales o administrativos que dieran sustento a la posición de la impugnante.
Respecto de los intereses, indicó que no podía dispensarse su pago sobre la base del distinto criterio interpretativo de la contribuyente. Invocó en este sentido el criterio adoptado por la Corte nacional en las causas "Citibank" Fallos: 323:1315, "Pepsi Cola" (Fallos: 327:5736) y "Nobleza Piccardo" (Fallos: 333:1817).
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la Fiscalía de Estado denuncia violación o errónea aplicación de los arts. 1 y 71 de la ley 13.850.
Recuerda que, en su parte pertinente, este último precepto establece que "[l]as disposiciones contenidas en el título I [...] regirán a partir del primer día del mes siguiente al de la publicación [...] en el Boletín Oficial".
Como dicha publicación se produjo el día 29 de julio de 2008, deduce que la entrada en vigencia del citado art. 1 de la ley 13.850, norma a través de la cual se fijó una nueva alícuota para "servicios de publicidad, excepto por actividades de intermediación" (código NAIIB 743010), operó el día 1 de agosto de 2008.
Entiende que ha sido el legislador quien, en forma clara y precisa, estableció la fecha en que las reformas introducidas por medio de la ley 13.850 deben producir efectos, sin que -a su juicio- corresponda realizar ningún esfuerzo interpretativo para determinar sus alcances.
Luego de citar, en abono de su posición, jurisprudencia atinente a la recta interpretación de las leyes, critica los argumentos brindados por la Cámara interviniente para propiciar una solución distinta de la señalada.
Asevera en tal sentido que el carácter anual del impuesto sobre los ingresos brutos no permite concluir que toda modificación a un elemento de esa obligación deba extenderse a la totalidad del ejercicio fiscal.
Por el contrario, considera que, sin perjuicio de la referida anualidad, el tributo en cuestión se va perfeccionando a través del tiempo, a partir de una serie de hechos económicos de significación impositiva que se despliegan en diferentes momentos del ejercicio fiscal, sin que exista ningún óbice para que ellos queden sujetos a distintas alícuotas, según la época en que se desarrollan y la política definida por la legislación.
Manifiesta que esto se observa en numerosos supuestos donde se han establecido exenciones, desgravaciones y beneficios temporales y parciales, dentro de un mismo período anual.
Puntualiza que la fijación de alícuotas diferentes para diversas épocas del ejercicio fiscal, así como para regir respecto de los hechos imponibles desarrollados dentro de un lapso menor al año calendario, no se encuentra vedada por normas constitucionales ni afecta por sí misma derecho ni garantía supralegal alguna.
Aduce que los pronunciamientos doctrinarios y jurisprudenciales sobre el concepto de "retroactividad impropia", invocados en el fallo atacado, se refieren a situaciones inversas a la ventilada en autos, en las cuales se debatía la validez constitucional de ciertas modificaciones legales en materia impositiva que habían fijado expresamente la aplicación retroactiva.
En cambio, aquí el legislador habría dispuesto que el cambio normativo surta efectos ex nunc , sin modificar el tratamiento de hechos anteriores, solución que no podría ser soslayada ni desconocida, salvo previa declaración de inconstitucionalidad.
Concluye que, a partir del día 1 de agosto de 2008, los servicios de publicidad prestados por la firma actora comenzaron a tributar a la alícuota del 3,5%, mientras que, a tenor de lo dispuesto por la ley 13.787, entre los días 1 de enero y 31 de julio del mismo año, la actividad desplegada estuvo incluida en el código NAIIB 743000 ("servicios de publicidad") y gravada con una alícuota del 6% frente al impuesto sobre los ingresos brutos.
III. Anticipo que el recurso no prospera, en razón de su insuficiencia (doctr. art. 279, CPCC).
III.1. La Fiscalía de Estado centra su embate en la alegada infracción de lo dispuesto por el art. 71 inc. "b" de la ley 13.850, que -en lo que aquí interesa- dispuso la entrada en vigencia de las disposiciones contenidas en el título I de esa normativa a partir del primer día del mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial, la cual se produjo el día 29 de julio de 2008.
De acuerdo con lo planteado en el recurso bajo tratamiento, la Cámara interviniente habría propiciado la aplicación retroactiva del art. 1 de la ley 13.850, contradiciendo la clara solución que se desprendería del precepto citado en el párrafo anterior.
Al respecto, es dable advertir, en primer lugar, que -en sentido estricto- el tribunal a quo no ha pretendido asignar efectos retroactivos a la modificación legal dispuesta por el art. 1 de la ley 13.850. Antes al contrario, ha reconocido que este precepto entró en vigencia el día 1 de agosto de 2008, mas ha entendido también que, hacia esa fecha, el respectivo período del gravamen no había concluido, por cuanto el devengo del impuesto sobre los ingresos brutos se produce recién a la medianoche del día 31 de diciembre de cada año (v. sent. atacada, pto. VIII, párr. antepenúltimo, voto del doctor Spacarotel, al que adhirieron sus colegas).
En definitiva, la Cámara ha considerado que toda la operatoria de la actora desarrollada durante el año 2008, encuadrable dentro de "servicios de publicidad, excepto por actividades de intermediación" (código NAIIB 743010), quedó gravada a la alícuota del 3,5%, fijada por el art. 1 de la ley 13.850 (B.O. de 29-VII-2008), debido a las particularidades del impuesto sobre los ingresos brutos, más precisamente el aspecto temporal de su hecho imponible, que llevaría a calificarlo como un tributo periódico, perfeccionado recién al finalizar el año en cuestión.
Contra esta conclusión la impugnante dirige sus críticas, invocando su propia interpretación del ámbito de aplicación de los arts. 1 y 71 de la ley 13.850, mas sin controvertir idóneamente el argumento basado en la peculiar configuración del hecho imponible del impuesto sobre los ingresos brutos, que a su vez encuentra basamento en lo establecido por los arts. 182, 209 y concordantes del Código Fiscal, citados en el pronunciamiento atacado.
Sin siquiera denunciar errónea aplicación de estas últimas disposiciones, en su escrito la recurrente reconoce el carácter anual del impuesto sobre los ingresos brutos, pero simultáneamente plantea que el tributo mentado "...se va perfeccionando a través del tiempo, a partir de una serie de hechos económicos de significación tributaria, que se despliegan en distintos momentos del ejercicio fiscal, dando nacimiento a la obligación de pago, de conformidad a la normativa vigente al momento de su realización" (pto. VI.2., recurso de inaplicabilidad de ley).
Ahora bien, en ningún momento el remedio presentado brinda motivos que expliquen o avalen la caracterización formulada ni mucho menos que, como hubiera correspondido, refuten la posición inversa sobre la cuestión, adoptada en la sentencia recurrida.
Lo indicado obliga a recordar que una de las notas características de la instancia extraordinaria está dada por la mayor exigencia en cuanto a las cargas técnicas. El acabado cumplimiento de los recaudos que fija el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial supone que el recurrente indique con claridad las normas legales infringidas por la decisión cuestionada y que lo haga circunstanciadamente, esto es, que precise en qué consiste la violación contra la que se alza o por qué motivo las considera erróneamente aplicadas (conf. causas A. 68.035, "D., J. A.", sent. de 5-III-2008; A. 73.491, "Lin", sent. de 13-VI-2018; A. 76.758, "Perazzo", sent. de 21-XII-2022; e.o.).
Asimismo, esta Corte ha afirmado reiteradamente que deviene ineficaz el recurso que no se hace cargo de la línea argumental de la decisión impugnada y se dedica a criticarlo con su propia interpretación del tema, dejando incólumes afirmaciones que le dan sustento bastante (conf. causas A. 73.122, "López", sent. de 29-XI-2017; A. 74.659, "Valot", sent. de 16-XII-2020; A. 75.574, "Supermercados Toledo", sent. de 27-X-2022; e.o.).
Igualmente, es insuficiente la impugnación que se desentiende de los fundamentos del fallo, pues no basta para dar por satisfecha la carga técnica de apropiada refutación que pesa sobre el recurrente el embate que ha obviado controvertir los pilares sobre los que se asienta la solución puesta en entredicho (doctr. causas A. 71.107, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra D'Annunzio", sent. de 15-VII-2015; A. 75.636, "Morales", sent. de 6-XI-2019; A. 77.224, "Urbina", sent. de 3-X-2022; e.o.).
III.2. La falta de acierto de la recurrente al identificar y rebatir los argumentos que dieron sustento al fallo impugnado se advierte asimismo en los agravios dirigidos contra la "[e]rrada fundamentación doctrinaria y jurisprudencial de la sentencia" (pto. VI.3., recurso de inaplicabilidad de ley).
En esa parcela del escrito bajo examen se señala, pues, que los pronunciamientos invocados por la Cámara interviniente se circunscribían a disputas en torno a leyes que preveían expresamente la aplicación retroactiva, lo cual los haría inaplicables a la controversia de autos, algo que -como se verá- no es así.
En efecto, la lectura de la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Sambrizzi", mencionada en el pronunciamiento atacado, revela que la Cámara que intervino en aquella ocasión "...consideró que la ley 22.752 no contenía disposición que previera su aplicación retroactiva..." (CSJN Fallos: 312:2078, sent. de 31-X-1989, cons. 3°), apreciación esta que no fue entonces puntualmente discutida y que se condice con cuanto surge de la norma en cuestión (cfr. art. 11 inc. "b", ley 22.752).
Tampoco los conceptos del doctor José Osvaldo Casás reproducidos en la sentencia objetada se refieren en lo medular a casos como los mencionados en su escrito por la Fiscalía de Estado, sino antes bien a la problemática derivada de la llamada "retroactividad impropia" de las normas tributarias, que según el mismo autor se da cuando se debate la "...aplicación inmediata de la ley sobre actos imperfectos o no completos", cuestión relacionada a su vez con el ámbito temporal de los hechos imponibles definidos por las leyes tributarias, en particular con aquellos clasificados como complejos, sucesivos, continuados o periódicos (conf. Casás, José Osvaldo; Derechos y Garantías constitucionales del contribuyente , Ad Hoc, Buenos Aires, 2002, págs. 768 y 794/795; pto. VII, párr. tercero, sent. atacada, voto del doctor Spacarotel).
En otras palabras, al articular las críticas aludidas, la recurrente parece haber confundido los fundamentos sobre los cuales descansa el fallo impugnado, lo cual es demostrativo de la insuficiencia de aquellas para conmover la conclusión alcanzada, en la medida en que por las razones indicadas no se logra dar una debida respuesta contra los argumentos tenidos en consideración en la instancia anterior (conf. causas A. 72.289, "Fisco de la Prov. de Bs. As. c/ Andreani Logística", sent. de 21-XI-2018; A. 71.949, "Fisco de la Prov. de Bs. As. c/ Andreani Logística", sent. de 23-XII-2020 y A. 74.093, "Dirediel", sent. de 23-XII-2020).
Al respecto, esta Corte ha señalado reiteradamente que, en vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. Va de suyo, entonces, que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida; déficit que, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que -al margen de su acierto o error- se asienta el fallo del tribunal inferior (doctr. causas A. 70.124, "Petersen, Alberto Guillermo", sent. de 26-X-2011; A. 73.740, "Del Campo, Ricardo", sent. de 10-VIII-2016; A. 72.942, "Larumbe", sent. de 24-IV-2019; e.o.).
III.3. Por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley deducido, con costas a la recurrente vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101-; 68, 279 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Genoud y Soria y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la Fiscalía de Estado, con costas a la recurrente en su calidad de vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101-; 68, 279 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/09/2023 13:17:26 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/09/2023 18:28:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/09/2023 11:05:34 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/10/2023 09:22:44 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/10/2023 14:06:08 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 04/10/2023 14:11:34 hs. bajo el número RS-89-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia