Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76049
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.049, "Gardinetti, Carlos Marcelo y otros contra Dirección General de Cultura y Educación. Pretensión anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud, Maidana, Natiello.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso interpuesto por la parte demandada e hizo lugar al de la actora, dejando sin efecto el reenvío a la autoridad administrativa para el dictado de un nuevo acto, confirmando así la nulidad del impugnado y admitiendo, consecuentemente, la pretensión resarcitoria por los salarios caídos.
Disconforme con ese pronunciamiento, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara actuante.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata resolvió hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Carlos Marcelo Gardinetti, Tulio Eduardo Perdriel, Ricardo Molinari y Mailín María Herrera y declaró la nulidad de las resoluciones 78/12 y 872/12, ambas dictadas por la titular de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (en adelante, DGCyE).
De ese modo, condenó a la autoridad demandada a dictar un nuevo acto administrativo -previa sustanciación de los actos procedimentales pertinentes- que decida sobre la investigación sumarial iniciada a los actores, garantizándoles esta vez el pleno ejercicio de su derecho de defensa. Asimismo, ordenó transitoriamente su reincorporación en los cargos de los que fueron separados.
I.2.a. Para arribar a esa decisión, destacó que en el marco de la IPP 06-00-32488-09, caratulada "Bayseé, Leonardo Andrés Luján s/ denuncia", por trámite ante la UFIJ n° 8 de La Plata, se ordenó la detención de varios empleados de la DGCyE entre los cuales se encontraban los aquí actores, lo que motivó el inicio del sumario disciplinario respectivo a fin de investigar la utilización de materiales de construcción, herramientas, vehículos oficiales y mano de obra del Estado para la construcción y/o ampliación de la vivienda particular de uno de ellos.
I.2.b. Remarcó el carácter en el cual se desempeñaron cada uno de los imputados, a saber: a) El señor Ricardo Molinari en su condición de Jefe de Departamento de Obras dependiente de la Subdirección de Mantenimiento de la Dirección de Equipamiento y Mantenimiento; b) El señor Tulio Ernesto Perdriel como Subdirector de Equipamiento dependiente de la Dirección de Equipamiento y Mantenimiento; c) El señor Carlos Marcelo Gardinetti en su rol de Director de la Dirección de Equipamiento y Mantenimiento y d) La señora Mailín María Herrera como agente de la DGCyE.
I.2.c. Notó que con fecha 18 de agosto de 2011 el instructor sumariante dictó el auto de imputación (v. fs. 316/331), corriéndoles vista de las actuaciones administrativas instruidas, endilgándole a todos los agentes el mismo cargo, sobre la base de que "...tenían pleno conocimiento que la construcción objeto de la investigación no revestía el carácter de un plano o proyecto de la Dirección General de Cultura y Educación, sino por el contrario, se trataba de la construcción de una vivienda para uso particular de los agentes de esa Dirección Fernando Luis Marín, Delegado Gremial de U.P.C.N. a la fecha de los hechos y de su pareja Mailin María Herrera...", por lo que cabía "...responsabilizar a los agentes [...] Ricardo Molinari, Tulio Ernesto Perdriel, [...], Carlos M. Gardinetti, [...] y Mailin María Herrera respecto de las irregularidades registradas entre los meses de julio de 2008 y octubre de 2009, en torno al uso de bienes y personal de la DGCyE en virtud de haber empleado para usos particulares, en la construcción de una casa habitación realizada sobre el terreno sito en la calle 5 N° 2758 (entre los numerales 2756 y 2760) entre las calles 504 y 505 de la localidad de Gonnet, materiales de construcción, herramientas, vehículos oficiales y mano de obra, que están destinados a ser utilizados por parte de la dependencia pública [...] han retirado y utilizado con fines particulares bienes y servicios del personal del Estado dentro del horario de trabajo además de que el accionar desplegado por parte de los encartados no se compadece con la conducta debida, en virtud de no haber observado, dentro del servicio, una conducta decorosa y digna, inherente a su rol de agente público dentro de la institución en que presta servicio; y han actuado desconociendo la normativa que hacen a la operatividad y gestión de la Administración como así también las referidas específicamente a las tareas que se desempeñaban..." ( sic , fs. 329).
I.2.d. Recordó que, al cabo del procedimiento, mediante la resolución 78/12 de 6 de febrero de 2012, se les aplicó la sanción de cesantía prevista en el art. 83 incs. "c" y "d" de la ley 10.430, por incumplimiento de los deberes contemplados en el art. 78 incs. "e" y "h", además de haber incurrido en la prohibición del art. 79 inc. "f" de dicho ordenamiento. Decisión confirmada por la resolución 872/12 de 1 de junio de 2012, por la cual se rechazaron los recursos de revocatoria intentados por los sumariados.
I.3. A la luz de esos antecedentes, el señor juez de primera instancia consideró que la Administración incumplió su "...obligación de fundar discriminada y concretamente la participación de cada uno de ellos en la comisión de los hechos investigados, conforme lo establece el art. 87 inc. VII del decreto 4161/96 [reglamentario] de la ley 10.430".
Sostuvo al respecto que "...el tratamiento promiscuo de los antecedentes de hecho y de la merituación de la prueba en forma global respecto de todos los involucrados en el acto de imputación dictado en el sumario y en los actos administrativos que imponen y confirman la sanción ha impedido conocer a los accionantes en forma clara, precisa, circunstanciada y específica, los hechos que se les atribuyen y el detalle de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de su comisión, a fin de posibilitarles el correcto ejercicio de su derecho de defensa y garantizar el principio constitucional de debido proceso".
Indicó que "...la utilización de bienes y servicios del Estado para la construcción de una vivienda particular en perjuicio del erario de la Administración Pública provincial es la conducta que se le endilga a todos los sumariados, omitiendo desarrollar la accionada el modo en que cada uno contribuyó a tal accionar".
Dijo que, de una atenta lectura de los considerandos de los actos administrativos cuestionados, no surgía una descripción del hecho que se le endilgaba a cada uno de los demandantes en particular, ni de la prueba de cargo que daba sustento a la sanción impuesta. Advirtiendo que "...no basta la referencia incompleta de los mismos ni la genérica cita legal que los englobe", siendo "...preciso que se determine en forma clara y puntual, cuál es la conducta imputada, la que debe hallarse individualizada en sus particulares circunstancias de tiempo, modo y lugar".
Concluyó así que el vicio de procedimiento presente en la resolución 78/12 y -por contagio- en la 872/12 que la confirmara, determinaba su nulidad absoluta de imposible subsanación, toda vez que se violaron derechos constitucionales fundamentales (conf. arts. 18 y 19, Const. nac.; 10 y 15, Const. prov. y 8, CADH) y, en particular, lo reglado en el art. 87 inc. VII del decreto 4.161/96, reglamentario de la ley 10.430.
No obstante ello, optó por ordenar a la autoridad demandada que otra vez "...ejerza su potestad disciplinaria por medio del dictado de un nuevo acto administrativo, garantizando debidamente el derecho de defensa de los accionantes; debiendo reincorporar a los actores de un modo inmediato" y postergando el tratamiento de la pretensión indemnizatoria para su oportunidad.
II. Contra esa sentencia interpusieron recurso de apelación ambas partes.
II.1. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso interpuesto por la demandada e hizo lugar al de la actora, confirmando así la anulación y dejando sin efecto el reenvío dispuesto a la autoridad administrativa, admitiendo en su totalidad la pretensión por los salarios dejados de percibir con motivo de las cesantías.
II.2. A través del voto del señor juez De Santis y a los fines de atender a los agravios de la representación fiscal, compartió las conclusiones del señor juez de primera instancia relativas al reproche de validez fundado en la falta de motivación suficiente del acto sancionatorio.
Remitiendo a un precedente análogo que involucró a otro empleado de la DGCyE segregado por el mismo evento (conf. causa 18.744, "Guzmán", sent. de 7-III-2017), enfatizó "...la necesidad de precisar la participación de cada uno de los agentes estatales en la consumación del hecho que les fuera imputado, como condición esencial de motivación y del ejercicio del derecho de defensa", ya que la falta de esto último impedía confrontar debidamente la inculpación que se les hacía.
Recordó haber sostenido allí "...que la motivación que es exigible a todo acto administrativo no puede extenderse a una explicación genérica de los hechos imputados para derivar en una falta administrativa", exigiéndose en cambio "...un detalle suficiente de las razones fundadas que expliquen la sanción decidida, de manera que pueda apreciarse, desde cada comportamiento particular, el tributo a la comisión del suceso". Añadiendo que "...la mera referencia general relativa a hechos cometidos por un grupo de agentes" no bastaba.
Confirmó entonces que el acto impugnado lucía inmotivado, afectando de tal modo la situación jurídica de los dependientes estatales involucrados en la investigación, quienes se vieron impedidos de ejercer plenamente el derecho de defensa individualmente.
Finalmente, para responder a todos los planteos formulados por la demandada, descartó que pudiera tratarse de una imputación objetiva basada en un supuesto de responsabilidad colectiva, insistiendo en que se estaba frente a un acto insanablemente nulo.
II.3. Luego analizó el recurso de apelación deducido por los actores.
Aclaró que los recurrentes invocaban en respaldo de su queja los naturales efectos de toda declaración de nulidad frente a vicios irremediables (conf. arts. 1.050 y concs., Cód. Civil y 387, 390 y concs., Cód. Civ. y Com.), cuestionando el desenlace adoptado.
A partir de ello, valoró que el reenvío ordenado no lucía compatible con la invalidez desencadenada por la constatación de un vicio que se tildó de insanable, siendo el acto irregular y carente de toda posibilidad de convalidación o saneamiento, correspondiendo "...su plena extinción, sin más".
Concluyó así que en la especie era inviable una remisión a la autoridad administrativa para que sustancie otra vez el procedimiento sumarial y dicte un nuevo acto -esta vez regular-, debiendo volver las cosas al estado anterior. Es decir, que procedía la inmediata reincorporación de los actores a los cuadros de la DGCyE.
Como consecuencia de ello, abordó el pedido indemnizatorio, admitiéndolo; y -por mayoría- mandó a pagar la totalidad de los salarios caídos mientras se vieron separados ilegítimamente de sus puestos.
III. Contra el pronunciamiento de la Cámara, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
III.1. Denuncia ante todo que la decisión impugnada no es una derivación razonada del derecho vigente.
Señala que de las propias constancias de las actuaciones y de los actos administrativos impugnados se advierte con claridad que la DGCyE describió los hechos endilgados a los actores, así como también las circunstancias de tiempo y lugar en que se produjeron las faltas administrativas, que no fueron desconocidas.
Sostiene que ello conlleva una suficiente motivación de los actos y la certeza -para los demandantes- de las faltas imputadas y las consecuencias concretas que su actuar le ocasionó a la Administración provincial.
Considera arbitrarias las directivas que el Tribunal de Alzada hace pasar como incumplidas al no existir una explicación fundada para cada uno de los actores que dé cuenta de un reproche particularizado.
Plantea que de un estudio razonable que no se aparte de los hechos, faltas y consecuencias que la actitud de los actores ocasionó a los fondos públicos, la omisión endilgada a la Administración queda erradicada ya que se encuentran suficientes elementos en el procedimiento sumarial que justifican la sanción de cesantía en cuestión.
Expresa que la pérdida de confianza evidenciada en la relación que unió a los actores Gardinetti, Perdriel, Molina y Herrera, al no atenerse a los deberes y prohibiciones que surgen de la ley 10.430, resultó por demás bastante para dar por motivada la cesantía dispuesta en el expediente administrativo n° 5847-10938/10, sus alcances y agregados.
Afirma que los actores "...tuvieron suficientes ocasiones de ejercer su derecho de defensa en el procedimiento sumarial", ya que "...actuaron con letrado patrocinante, brindaron declaración testimonial, tomaron vista de las actuaciones, presentaron descargos, recurrieron las resoluciones que consideraron adversas, y, a su turno, la administración resolvió cada una de sus peticiones de manera fundada".
III.2. También cuestiona que el a quo haya utilizado -a fin de confirmar el decisorio- lo resuelto en el precedente "Guzmán", para luego apartarse de las conclusiones a las que allí arribó ante las mismas circunstancias fácticas, dejando sin efecto el reenvío y ordenando el pago de las sumas dejadas de percibir por los accionantes.
Asegura que la solución brindada por el señor juez de primera instancia de que se dicte un nuevo acto adecuadamente motivado se trató de un remedio apropiado, que además hallaba consagración en casos resueltos por esta misma Suprema Corte (conf. causas A. 70.214, "Araujo", sent. de 29-X-2014 y A. 71.490, "Sabbatini", sent. de 9-III-2016).
III.3. En forma subsidiaria, se opone al reconocimiento de los haberes no percibidos con motivo de la sustanciación del sumario y el posterior apartamiento de los actores de los cuadros oficiales, pues entiende que con ello se violó la doctrina legal de este Tribunal.
IV. El recurso prospera, pero solo parcialmente y para aquel último tramo de la impugnación, exclusivamente.
IV.1.a. En primer lugar, no resultan admisibles los agravios tendientes a dejar sin efecto la nulidad del acto segregativo.
Esta Suprema Corte ha sostenido que para que el escrito con que se interpone y funda el recurso de inaplicabilidad de ley cumpla con la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, consistente en demostrar la existencia de violación o error en la aplicación de la ley, los argumentos que en él se formulen deben referirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia cuestionada (conf. doctr. causa A. 76.794, "Etchepare", sent. de 24-XI-2021 y sus citas).
Así, es requisito ineludible de una adecuada fundamentación, la impugnación concreta, directa y eficaz a las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento objetado, tarea que no se cumple cuando el recurrente se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante, dejando sin réplica fundamentos esenciales del fallo atacado (doctr. causas A. 70.136, "Trillo", sent. de 21-IV-2010; A. 71.152, "Formoso", sent. de 12-IX-2012; C. 116.914, "Villamil", sent. de 19-III-2014; A. 73.294, "Bettoli", resol. de 11-III-2015; A. 70.139, "Falasconi", sent. de 28-IX-2016; A. 74.706, "Gallina", sent. de 12-VII-2017; A. 76.145, "Rosa", sent. de 4-VIII-2021; e.o.).
IV.1.b. En el caso, para confirmar la sentencia de la primera instancia, la Cámara coincidió en que el acto sancionatorio, derivado de un endeble auto de imputación, estaba insuficientemente motivado, puesto que nunca se plasmaron las circunstancias singulares de participación para cada uno de los actores en estos autos, defecto que -entendió en su hora el juez de origen- infringía la letra del art. 87 inc. VII del decreto 4.161/96 reglamentario de la ley 10.430, lesionando severamente el derecho de defensa en sede administrativa.
Frente a ello, la recurrente insiste en afirmar que los actores tuvieron sobradas ocasiones para ejercer dicho derecho durante el procedimiento sumarial y que lo resuelto en torno a la falta de motivación o causa resulta errado. Plantea que la omisión endilgada a la Administración queda igualmente erradicada frente a la existencia de elementos que justifican la sanción de cesantía, argumentación que refuerza diciendo que los hechos investigados trascienden de una simple o particular omisión u acción.
Efectuada en tales términos, la impugnación de la demandada evidencia un punto de vista subjetivo y discrepante que intenta hacer prevalecer su propio criterio por sobre el de los magistrados, sin hacerse cargo de refutar concretamente los fundamentos medulares sobre los cuales se estructura la sentencia (conf. doctr. causas A. 71.806, "Comolli", sent. de 7-IX-2016; A. 70.815, "Darhanpe", sent. de 19-X-2016; e.o.).
En tal sentido, el agravio referido a la motivación que los jueces anteriores hallaron precaria y que reitera la recurrente en esta instancia, fue abordado por la Cámara y desechado por considerar que la escueta mención en el acto sancionatorio del desempeño de los actores en los hechos investigados, sin detallar las conductas realizadas por cada uno de ellos ni señalar la prueba de cargo correspondiente, no satisfacía expresas disposiciones legales ni abastecía un elemento esencial del acto administrativo.
No obstante, la Fiscalía de Estado se limita a reeditar planteos que viene esgrimiendo desde el inicio y que han recibido solución adversa -con fundamentos suficientes- en las instancias de grado, sin que en esta vía extraordinaria se patentice algún vicio revisable en casación que justifique revertir lo fallado por los judicantes de grado en el marco de su competencia, deviniendo técnicamente insuficiente el recurso en esta parcela (art. 279 in fine , CPCC).
IV.1.c. Tampoco cumple con tales exigencias la denuncia de transgresión de ciertos preceptos de la ley 10.430 (arts. 78 incs. "e" y "h" y 79 inc. "f") que simplemente tipifican los deberes y prohibiciones que pudieron haber gravitado en la especie, ya que no fue la operación de tales normas lo que, en rigor, dio fundamento legal al fallo, omitiéndose denunciar como violadas aquellas efectivamente actuadas por el órgano judicial, lo que impide analizar en debida forma la crítica realizada en este tramo (conf. doctr. causa A. 74.817, "Aguas Bonaerenses S.A.", sent. de 16-II-2022).
IV.1.d. Por lo expuesto hasta acá, la principal línea de agravios tendiente a dejar sin efecto la nulidad de las resoluciones 78/12 y 872/12 de la DGCyE confirmada por la Cámara, debe desestimarse.
IV.2.a. Pasando entonces al abordaje de los argumentos supletorios en vista del fracaso de la anterior impugnación, me permito recordar que durante la sustanciación del sumario administrativo el grupo de actores planteó, ya desde el primer momento y al presentar descargo contra el auto de imputación, que el mismo era nulo en tanto incumplía con la normativa aplicable.
Eso así, en cuanto aquella preveía detallar la participación en lo
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