Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78314
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
A.78.314 "MALDONADO JORGE OMAR C/ CAJA DE JUB. SUB. Y PENS. DEL PERSONAL DEL BANCO DE LA PCIA. S/ PRETENSION ANULATORIA - PREVISION -RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY-"
Los señores Jueces doctores Torres y Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Maidana dijeron:
I.1. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo n°2 de La Plata, hizo lugar a la pretensión deducida por el señor Jorge Omar Maldonado contra la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires y anuló la resolución de fecha 3 de febrero de 2015 dictada por la demandada, en cuanto rectificó el cálculo de reajuste apartándose de las previsiones de la ley 13.364, así como también la resolución que rechazó el recurso jerárquico (ambas dictadas en las actuaciones administrativas n° 19.424/7).
Como consecuencia de ello, condenó a la Caja a que efectúe una nueva liquidación del adicional correspondiente al beneficio jubilatorio del actor a partir del 19 de febrero de 2012 (fecha de restablecimiento del pago), conforme las pautas establecidas en el art. 56 de la ley 13.364, debiendo descontarse del nuevo cálculo las sumas ya percibidas (v. sent. de fecha 29-IV-2019).
Para así decidir, comenzó sosteniendo que el actor había obtenido su beneficio jubilatorio bajo la ley 11.761 y, una vez reingresado a la actividad en vigencia de la ley 13.364, es cuando realiza la correspondiente comunicación y solicita la suspensión del beneficio previsional conforme lo establecía el art. 55 de la ley citada en último término, por lo que correspondía analizar las actuaciones administrativas donde había tramitado ese reajuste del haber jubilatorio.
Consideró la prueba ofrecida en el caso debatido en autos, para señalar que en virtud de ello se desprendía que la Caja demandada había realizado una resta de haberes entre lo percibido y lo dejado de percibir para luego dividirlo por el lapso que duró el reingreso del actor a la actividad. Con lo que determinó que el cálculo realizado sobre los haberes jubilatorios del señor Maldonado no guardaba relación con el procedimiento normado por el art. 56 de la ley 13.364, ni tampoco se había explicado razonablemente la metodología utilizada para llegar a su conclusión, lo que culminaba arrojando un cálculo notablemente inferior en el reajuste que le correspondería percibir al actor sobre sus haberes jubilatorios.
Con invocación de la jurisprudencia de este Tribunal en materia previsional y la normativa constitucional que emerge del art. 39 inc. 3, concluyó que la liquidación llevada a cabo por la Caja demandada no guardaba congruencia con las disposiciones del art. 56 de la ley 13.364, que establece un procedimiento mucho más específico que el realizado en esa oportunidad.
I.2. Disconforme con dicho pronunciamiento, la Caja demandada interpuso recurso de apelación.
Adujo que se cumplió con el procedimiento previsto en la norma al efectuarse dos cálculos y, tras explicarlo brevemente, destacó que incluso se buscó una interpretación a favor del jubilado.
I.3. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en esta ciudad, desestimó el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento de primera instancia (v. sent. de fecha 1-VII-2021).
Para así decidir, en lo que aquí interesa, consideró que la apelación intentada no poseía mérito suficiente como para revocar la sentencia de grado.
Señaló que el escrito recursivo presentado por la Caja demandada se había limitado a expresar su discrepancia sin puntualizar, con el debido sustento fáctico y jurídico, las razones que pudiesen provocar el reexamen de la cuestión tratada y resuelta en primera instancia, a fin de verificar la configuración de un error en el juzgamiento.
Consideró que la pieza recursiva no permitía esa revisión, pues la frustraba el defecto de la fundamentación que afectaba a la impugnación (doctr. arts. 56, 77 y concs., CCA y doctr. arts. 260, 261 y concs., CPCC), basada en formulaciones genéricas que no solo habían sido motivo de atención por la sentenciante, sino que no rebatían la motivación.
No obstante ello y "para mayor satisfacción del recurrente", luego abordó el tratamiento del recurso, conforme los agravios planteados por la demandada.
II. Frente a lo así decidido, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 5-VIII-2021), el que fue concedido por la Cámara con fecha 23-VIII-2022.
En prieta síntesis, la Caja reedita argumentos propios de las instancias de grado para considerar como crítica puntual, aunque destacando que se refiere a ambos fallos, que no se ha realizado un juicio positivo y útil respecto a la interpretación del art. 56 de la ley 13.364 con referencia al art. 54, sosteniendo que resulta confuso tanto para la perito actuante, como para la jueza de primera instancia y la Cámara para proponer, tras ello, que se ingrese a un nuevo análisis interpretativo de la normativa señalada.
III. El recurso no prospera, atento la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5827).
IV.1. La Cámara, en primer lugar, expuso la insuficiencia técnica de la apelación articulada contra la sentencia de primera instancia, concluyendo que tal falencia recursiva resultaba suficiente para sellar la suerte adversa del remedio. Sin perjuicio de ello, de seguido abordó el fondo del asunto ratificando la decisión de la jueza de origen.
Esta Suprema Corte tiene dicho que analizar la suficiencia técnica del escrito de expresión de agravios constituye una facultad privativa de los tribunales de apelación, la que sólo puede ser objeto de revisión en esta instancia extraordinaria si se denuncia y demuestra que la declaración de ineficacia, o la deserción en su caso, son el resultado de un razonamiento viciado por el absurdo (doctr. causas A. 71.328, "Cura Grassi", sent. de 26-X-2016; A. 72.368, "Cipulli", sent. de 23-XI-2016; A. 74.939, "Sabater", resol. de 4-VII-2018, e.o.), vicio -éste último- que no ha sido invocado ni, en consecuencia, demostrado debidamente.
Siendo ello así, el recurso extraordinario en tratamiento debe ser rechazado toda vez que la recurrente no ha denunciado ni logrado acreditar el vicio lógico de absurdo, ni la consecuente infracción del art. 56 inc. 3 del Código ritual.
IV.2. Por lo demás, vale recordar que si en orden a la conclusión a la que llegó la Cámara en lo atinente a la insuficiencia de la expresión de agravios lo más apropiado hubiera sido declarar desierto el recurso conforme el art. 261 del Código Procesal Civil y Comercial (cfr. art. 77 inc. 1, CCA), la sola circunstancia de que se hayan agregado consideraciones para ratificar la solución adoptada por la jueza de primera instancia, de ninguna forma importa una rectificación de la afirmación de que el memorial de apelación no ha cumplido su función, otorgando firmeza e inmutabilidad a la resolución primigenia en tal segmento (doctr. causas Ac. 90.752, "Politi", sent. de 30-III-2005; C. 96.135, "Santillán", sent. de 12-IX-2007; C. 92.915, "G., M.", sent. de 18-IV-2008; A. 72.633, "P., M.", sent. de 18-X-2017; A. 74.799, "Presa", sent. de 24-VIII-2020 y A. 77.968, "Tesei", resol. de 21-X-2022).
V. Lo expuesto, alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. art. 1. acápite 3 “c”, resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/10/2023 17:53:18 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/10/2023 10:19:54 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/10/2023 00:22:20 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/10/2023 13:25:10 - MAIDANA Ricardo Ramon - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/10/2023 10:52:49 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 31/10/2023 10:56:33 hs. bajo el número RR-954-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia