Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77568
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.568, "Larrosa, Luis Norberto c/ Municipalidad de San Fernando s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en General San Martín, hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Norberto Larrosa. En consecuencia, declaró la nulidad del decreto 1.357/13 y ordenó a la Municipalidad de San Fernando a dictar un nuevo acto de acuerdo a las consideraciones vertidas en la sentencia. Asimismo, dispuso la reincorporación del actor a su lugar de trabajo, todo ello en el plazo de 60 días de la notificación de la decisión mencionada (v. sent. de fecha 28-X-2021).
A su vez, resolvió posponer la pretensión relativa a los daños y perjuicios peticionados en el escrito inicial hasta el dictado de la decisión cuya producción ordena.
Contra dicho pronunciamiento, la apoderada de la Municipalidad de San Fernando interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. escrito electrónico de fecha 18-XI-2021), el que fue concedido por la Cámara mediante resolución de fecha 25 de noviembre de 2022.
Dictada la providencia de autos (v. proveído de fecha 21-III-2022), glosada la memoria presentada por la parte actora (22-III-2022, 7:26:05 p.m.) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en General San Martín, hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Norberto Larrosa y, en consecuencia, acogió la pretensión deducida y declaró la nulidad del decreto 1.357/13 que dispuso su cesantía por considerar a esa medida un exceso de punición. Por ello, ordenó la devolución del expediente administrativo para que se dictara un nuevo acto a fin de que se estableciera al agente una sanción de menor entidad y, asimismo, dispuso la reincorporación del actor a su lugar de trabajo (v. sent. de fecha 28-X-2021).
A su vez, resolvió posponer la pretensión indemnizatoria hasta el dictado de la decisión cuya producción ordenara.
I.1. En lo que al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interesa, la Cámara, consideró que la cuestión central a analizar era si el acto sancionatorio estaba debidamente motivado y, en su caso, si la medida adoptada era proporcional a la conducta reprochada.
En esa tarea, consideró relevante, luego de recordar que al actor se lo imputó por no haber informado a sus superiores -al retomar sus tareas el día 15 de marzo de 2013- que el sistema de grabación de llamadas telefónicas de la línea de emergencia de San Fernando Salud se encontraba apagado, contextualizar el motivo que diera origen al inicio del sumario con el objeto de efectuar un análisis integral de la cuestión debatida.
De este modo, indicó que el origen de esas actuaciones obedeció a la denuncia efectuada por el Secretario de Protección Ciudadana, señor Hugo Giuffre, quien manifestó que el día 14 de marzo a las 21:30 hs., al hacerse presente en un domicilio como consecuencia de una alerta municipal y policial ante la comisión de un hecho ilícito donde resultara víctima de un impacto de bala una persona, se requirió con urgencia la presencia de una ambulancia, pedido que fue reiterado por personal de la patrulla y la policía a través del 911, demorando aquel móvil aproximadamente de 30 a 35 minutos en arribar al lugar y que ello ocasionó que el traslado se realizara por un familiar.
Con motivo de ello señaló que se ordenó una constatación por el Subsecretario de Modernización de Gestión e Informática de la cual se desprendía que con fecha 15 de marzo de 2013 el sistema de grabación de llamadas telefónicas de la línea de emergencia de San Fernando Salud se encontraba desconectado, por lo cual las llamadas entrantes de los días 14 y 15 de ese mes y año no fueron registradas y, a su vez, que la grabadora funcionaba en óptimas condiciones y que fue desconectada en forma manual, no habiendo otra forma de que ello ocurra.
Asimismo, puntualizó que en dicho informe se hizo saber que los operadores cuentan en la pantalla de la PC en donde se realizan las grabaciones un ícono luminoso de color rojo que indica el momento en que se recibe la llamada que el sistema se encuentra grabando, por lo cual el operador sabe cuando este no está conectado, como ocurrió en los días mencionados.
I.2. Expresó que si bien el sumario se originó como consecuencia del hecho ocurrido el día 14 de marzo de 2013 al actor se le imputó no haber informado a sus superiores, cuando retomó sus tareas el día 15 de marzo de 2013, que el sistema de grabación de llamadas telefónicas de la línea de emergencia de San Fernando Salud no funcionaba; ello en la medida en que quedó acreditado que el día anterior se encontraba de licencia (cons. 9° de la sentencia recurrida).
El Tribunal de Alzada precisó que no era un hecho controvertido por las partes que el día 15 de marzo de 2013 el sistema de grabación de llamadas telefónicas de la línea de emergencia no funcionaba y que en dicha fecha el actor fue a trabajar, por lo que ante la constatación de dicha anomalía tendría que haber avisado a sus superiores, circunstancia que no se encuentra acreditada en autos.
Consideró, de este modo y en concordancia con el análisis efectuado por la señora jueza de la instancia, que conforme la prueba producida en el sumario, y en esta causa, había quedado demostrada la falta endilgada al señor Larrosa por lo que su conducta se encuadró en el art. 64 incs. "b", "c", "f" y "j" -2, 3, 4 y 10- de la ley 11.757.
I.3. Sin embargo, entendió que correspondía imponer una sanción menos gravosa que la decretada.
En efecto, la Cámara consideró que la sanción decidida traducía un exceso de punición que invalidada los actos impugnados, en tanto que el actor fue sancionado con una medida expulsiva conforme el art. 62 inc. "d" de la ley 11.757 y que el art. 64 de dicho cuerpo legal establecía que esas conductas podrán sancionarse hasta con cesantía, por lo que su comisión no imponía obligatoriamente las sanciones establecidas en el mentado art. 62 inc. "d", sino que también podían aplicarse medidas correctivas, conforme lo estatuido por la primera parte de este último precepto legal.
Reseñando una vez más lo que constituyó la única imputación efectuada al actor, el Tribunal actuante sostuvo que la sanción impuesta era irrazonable y presumió que las circunstancias que dieron origen al sumario influyeron directamente al momento de decretar la cesantía, máxime cuando no se desprendía que la falta endilgada al actor hubiera generado perjuicio a la comuna que obstaculizare el hipotético deslinde de responsabilidades.
Y a mayor abundamiento estimó que, aun en el supuesto en que se hubiere endilgado responsabilidad al demandante por lo acaecido el 14 de marzo de 2013 -lo cual no aconteció ya que ese día el actor estaba de franco-, lo cierto es que la llamada que originó el sumario no habría incidido a los efectos de determinar el deslinde de las responsabilidades en tanto que se realizó por derivación del 911; llamada que a todo evento -estuviese o no desenchufado el sistema- no se hubiese grabado, ya que las únicas que se grababan, conforme se desprende de los testimonios brindados en sede administrativa, eran las que ingresaban por el 107.
En adición ponderó que, a los fines de graduar la medida segregatoria no se tuvo en cuenta la ausencia de sanciones durante el tiempo que prestó servicios a la comuna, ni el buen concepto del agente Larrosa manifestado por el testigo Cruz en el sumario.
I.4. Luego de referirse a los límites de la actividad discrecional mediante la cita de doctrina de autores, juzgó que el acto que impuso la cesantía era desproporcionado con motivo de que no surgía motivo alguno de por qué se optó por la sanción más severa y se descartaran las menos gravosas; el hecho imputado no resultaba de la gravedad señalada; no se había efectuado un encuadre jurídico adecuado; y, no se había reparado en los antecedentes del actor.
De la inobservancia de tales extremos y la existencia de sanciones correctivas para castigar hechos como los analizados concluyó que el municipio había incurrido en un exceso de punición que tornaba nulos los actos que emitiera por vicio en su finalidad. Por ello, resolvió devolver el expediente a la demandada para la emisión de un nuevo acto con el objetivo de no sustituir el ejercicio de sus funciones.
II. Contra dicho pronunciamiento la parte demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el cual denuncia la violación del art. 108 del decreto ley 6.769/58 y la doctrina legal de esta Corte emanada de los fallos que cita (v. escrito electrónico de fecha 18-XI-2021).
Se agravia en cuanto la Cámara declarara la nulidad del decreto 1.357/13 por exceso de punición y ordenara la reincorporación del actor a su puesto de trabajo.
En ese orden alega que la Cámara efectúa una errónea interpretación de los hechos y del art. 64 de la ley 11.757.
II.1. Señala respecto al primer aspecto, que el fallo en crisis considera como factor que disminuye la responsabilidad del actor que al ingresar la llamada al 107 -servicio municipal de solicitud de ambulancia- derivada del 911 -servicio de emergencia policial de la Provincia de Buenos Aires- hubiere estado o no activado el sistema de grabación, aquella no hubiese quedado grabada.
Refiere que lo allí indicado es confuso, en virtud de que, según la prueba testimonial aportada, la llamada se realizó el 14 de marzo de 2013 al 107 por agentes de la patrulla municipal solicitando una ambulancia por el disparo recibido por una niña en su domicilio, pero que inicialmente el aviso fue efectuado al 911.
Además, expresa que la desconexión de la grabadora de sonidos fue realizada de manera manual hacía al menos cuatro o cinco meses antes de esa fecha, según la declaración informativa del señor Larrosa y el testimonio del señor Falchi rendido en sede administrativa.
Con base a lo así alegado sostiene que la medida expulsiva luce proporcionada a la falta comprobada, la que no solo consistió en que el señor Larrosa no dio aviso de la interrupción del sistema, sino que ella fue hecha de modo manual e intencional.
Manifiesta en ese marco que la Cámara soslaya la doctrina de esta Corte sobre el exceso de punición que emana de los precedentes B. 63.792, "Mendiuk", sentencia de 22-III-2016; B. 67.423, "Irrazabal", sentencia de 11-XI-2015 y B. 64.235, "Arias", sentencia de 14-VIII-2013.
II.2. También aduce que la sentencia impugnada omitió apreciar la libre valoración de las faltas por el municipio.
Reitera que no solo el actor no comunicó aquella anomalía, sino que se ha ignorado que en su declaración informativa admitió que hacía cuatro o cinco meses que la grabadora se encontraba desconectada, lo que ocasionó que no quedara registro alguno de la llamada efectuada al 107 el día del incidente.
Ante ese modo de proceder del señor Larrosa entiende que no es razonable que se lo mantenga en su puesto de trabajo al poner en riesgo la salud de las personas y, a la vez, que se ha perdido la confianza en el agente, por lo que corresponde separarlo de su cargo, conforme lo decidiera esta Corte en las causas B. 56.090, "Quatromano", sentencia de 24-II-1998; B. 61.772, "Giraldez", sentencia de 11-V-2005; entre otras.
Agrega que la cesantía decretada ha sido el corolario de un proceso disciplinario en el que se reunieron pruebas suficientes, se dio intervención a la Junta de Disciplina y al sumariado, en cumplimiento de los arts. 15 de la Constitución provincial; 61 y siguientes de la ley 11.757.
Puntualiza que el municipio, en el marco de su potestad sancionatoria, está facultado a elegir entre varias alternativas punitivas y que incumbe al demandante acreditar la irrazonabilidad de la medida seleccionada (doctr. causa B. 59.451, "Bufarini de Rakijar", sent. de 23-III-2010; e.o. que cita), situación que no ha sucedido en este caso.
II.3. Por último, considera que la Cámara interpretó erróneamente el art. 64 de la ley 11.757.
Asevera que no dar a conocer por el actor la falencia de la grabadora constituyó una inconducta notoria que ocasiona posibles planteos judiciales, que afecta materialmente a la institución comunal, repercute negativamente en su prestigio y, asimismo, importa un quiebre de la buena fe-lealtad en la relación laboral.
Finalmente insiste en señalar que el comportamiento negligente en el que incurrió el actor no fue aislado, sino que se produjo durante varios meses, configurando una falta grave que justifica la sanción impuesta conforme el art. 64 inc.10 de la ley 11.757.
III. El recurso no prospera (art. 279, CPCC).
Como antes señalé, el recurrente reprochó que la sentencia atacada, al endilgar a los actos administrativos impugnados exceso de punición, ha incurrido en una interpretación errónea de los hechos acontecidos, del derecho y de la doctrina legal aplicable.
Alega que, ante la gravedad de los hechos cometidos por el demandante el municipio optó por imponer la cesantía en su cargo.
III.1. Este Tribunal ha expresado que la evaluación de la gravedad de los comportamientos y demás antecedentes a los efectos de determinar la cuantía de la sanción impuesta es una cuestión de hecho, en principio ajena a la competencia extraordinaria de la Suprema Corte, salvo denuncia y acreditación de absurdo (doctr. causas A. 71.829, "Panero", sent. de 1-IV-2015 y A. 73.964, "Farias", sent. de 27-V-2020).
El mentado vicio implica un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica, o a una grosera desinterpretación material de la prueba producida. Al recurrente que pretenda articular este excepcional mecanismo no le ha de alcanzar con sostener que el hecho pudo ocurrir de otra manera, o que la prueba debió ser apreciada de una forma distinta, más probable o aceptable. En cambio, es indispensable dejar claramente demostrado que, de la manera en que se la valoró en la sentencia, no pudo ser valorada (doctr. causas L. 102.945, "Spinadel", sent. de 5-III-2021 y L. 125.065, "C., O. E.", sent. de 9-VIII-2022).
En tales condiciones, el absurdo no ha sido acreditado, pues aquí el impugnante al denunciar que la Cámara incurrió en una interpretación errónea de los hechos brinda su propia interpretación sobre ellos, omitiendo atacar de modo directo y eficaz las premisas y conclusiones que dan sustento a la solución en crisis (cfr. art. 279, CPCC; doctr. causas A. 71.843, "Pellizari", sent. de 3-XII-2014; A. 73.480, "Rivarola", sent. de 6-IV-2016; e.o.).
III.1.a. En efecto, el recurrente alude al testimonio del señor Giuffre, del cual se desprende que el día 14 de marzo de 2013 ante una alerta en el área de protección ciudadana, se solicitó una ambulancia al servicio telefónico 107 por agentes municipales desde el domicilio donde se cometiera un hecho ilícito, previamente denunciado al 911.
Refiere que no quedó registro de la llamada efectuada al 107 ese día por la desconexión de la grabadora de sonidos, la que se había producido hacía al menos cuatro o cinco meses antes, tal como surge de la declaración informativa del actor, quién no aportó prueba que lo exima de responsabilidad por tales hechos.
Concluye que la falta cometida por el señor Larrosa no solo ha sido no haber dado aviso del desperfecto de la grabadora durante al menos los cinco meses previos al día del incidente, sino que fue desconectada manualmente conforme los dichos del testigo Falchi en sede administrativa.
III.1.b. Sin embargo, la Cámara distinguió los hechos que dieron origen al sumario, acontecidos el día 14 de marzo de 2013, y el que fue únicamente imputado al actor -falta de comunicación a sus superiores respecto al no funcionamiento del sistema de grabación de llamadas telefónicas de la línea de emergencia de San Fernando Salud- sucedido el día 15 de marzo del citado año.
Dicha distinción fue efectuada por el Tribunal de Alzada desde el comienzo del voto y reiterada en varias oportunidades con el fin de explicitar el resultado al que arribó (ver cons. 8°, 9° y 11°).
En efecto, a criterio del Tribunal, dicha circunstancia evidencia la irrazonabilidad de la sanción, la que surge patente de las constancias de autos, destacando que el resultado al que arribó la comuna -cesantía-, hace presumir que los hechos acontecidos el 14 de marzo influyeron directamente en el análisis y ponderación al momento de decidir.
En dicha labor, por un lado, reparó en la denuncia del Secretario de Protección Ciudadana, señor Giuffre, sobre el pedido de una ambulancia el mencionado 14 de marzo al recibir una persona un impacto de bala en su domicilio, solicitud reiterada por personal de la patrulla y la policía a través del 911, demorando aquel móvil aproximadamente de 30 a 35 minutos en arribar al lugar, lo que provocó que el traslado se hiciera en un vehículo particular.
Luego puso de relieve la posterior constatación, realizada el 15 de marzo por el Subsecretario de Modernización y Gestión, de que el sistema de grabación de llamadas telefónicas de la línea de emergencia se encontraba desconectado, haciendo saber que las llamadas entrantes de los días 14 y 15 de marzo del citado año no fueron registradas, que la grabadora funcionaba en óptimas condiciones y que fue desconectada en forma manual, dado que no existe otra forma de que ello ocurra.
Tras puntualizar tales diligencias que inicializaron el sumario, centró su análisis en los hechos imputados al actor y por los que fuera cesanteado.
Destacó que ello consistió en que el día 15 de marzo de 2013 el sistema de grabación de llamadas telefónicas de la línea de emergencia de San Fernando Salud no funcionaba y al concurrir a trabajar el señor Larrosa ese día no dio aviso a sus superiores de tal falencia.
Una vez ponderado el informe del Subsecretario de Modernización de Gestión e Informática, el testimonio del señor Cornejo en esta causa, la intervención del señor Larrosa en la oportunidad en que declararan los testigos Falchi y Cruz ante esta sede, lo declarado por este último y en lo manifestado por el actor en el escrito inaugural, concluyó que el demandante no había demostrado que cumplió con el deber de comunicación de aquella anomalía a sus superiores y en la ausencia de prueba que lo exima de responsabilidad por ese hecho.
Desde ese mirador sostuvo que, al momento de sancionarlo no se había reparado que lo allí reprochado no generó perjuicio a la comuna que obstaculizara el hipotético deslinde de responsabilidades y tampoco se había evaluado la ausencia de antecedentes disciplinarios y el buen concepto del señor Larrosa.
A ello adunó, que para el supuesto en que se hubiere endilgado responsabilidad al actor por los hechos del 14 de marzo de 2013, día en que no concurrió a trabajar, puso de relieve que la llamada que motivó el inicio del sumario ingresó derivada del 911 y no directamente por el 107, por lo que estuviese o no desenchufado el sistema, la llamada no se hubiese grabado ya que las únicas que se grababan eran las que ingresaban por el 107.
III.1.c. Lo anterior obliga a recordar que -por vía de principio- los jueces de grado son soberanos en la fijación de los hechos litigiosos y en la valoración de la prueba por lo que el control casatorio queda por regla excluido en este terreno, salvo los supuestos en que los magistrados incurran en absurdo (doctr. causas A. 74.603, "Bingos Platenses S.A., sent. de 19-VIII-20
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