Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74300
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.300, "Hernández, Juan Carlos c/ Municipalidad de Bahía Blanca. Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata revocó parcialmente la sentencia de primera instancia y -en lo que aquí interesa- admitió la demanda deducida por el señor Juan Carlos Hernández contra la Municipalidad de Bahía Blanca, declarando la nulidad de la resolución municipal 10/870/11.
En consecuencia, condenó a Telefónica de Argentina S.A. -citada al juicio- a asumir los gastos que demande la quita del cableado de fibra óptica que atraviesa parte del inmueble cedido por la Municipalidad al actor, por aplicación del art. 4 de la resolución 4/348/93 emitida al tiempo de otorgar la autorización para el tendido de la red cuya remoción se solicita (v. sent. de fecha 10-XII-2015).
Disconforme con ese pronunciamiento, Telefónica de Argentina S.A. interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 257/266), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fecha 31 de mayo de 2016.
Dictada la providencia de autos para resolver, agregada la memoria de la parte actora y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca desestimó la demanda interpuesta por el señor Juan Carlos Hernández y Diógenes S.A. contra la Municipalidad de Bahía Blanca y los terceros citados, Telefónica de Argentina S.A. y EDES S.A., tendiente a obtener la nulidad de la resolución municipal 10/870/11 que desestimó su pedido de reubicación de la línea de fibra óptica perteneciente a Telefónica de Argentina S.A. que atraviesa parte del inmueble que aquellos poseen (v. sent. de fecha 30-XII-2014).
Para así decidir, acompañando la interpretación que del art. 4 de la resolución 4/348/93 se hiciera en el acto impugnado e invocando las previsiones del art. 43 de la Ley Nacional de Telecomunicaciones n° 19.798, concluyó que resultaban de interés exclusivo del actor las modificaciones requeridas, por lo que era él quién debía hacerse cargo de su costo.
II. A su turno, la Cámara de Apelación del fuero con asiento en la ciudad de Mar del Plata hizo lugar parcialmente al recurso interpuesto por la parte actora, revocó la sentencia de grado y -en lo que aquí interesa- hizo lugar a la demanda declarando la nulidad de la resolución municipal 10/870/11.
Consecuentemente, atento a que Telefónica de Argentina S.A. fue citada al juicio y pudo ejercer sus defensas, la condenó a asumir los gastos que demande la eliminación del cableado de fibra óptica en el tramo que atraviesa la propiedad cedida al señor Juan Carlos Hernández por la Municipalidad de Bahía Blanca, por aplicación del art. 4 de la resolución 4/348/93 que fue la que en su hora autorizó su instalación en las calles Tres Sargentos entre Fragata Sarmiento y Pilmayquén y sobre esta última entre Tres Sargentos y Huemul, a la vez que la comprometía a afrontar los costos de su eventual remoción (v. sent. de fecha 10-XII-2015).
Para así resolver, luego de reseñar los antecedentes del caso y analizar la normativa involucrada, el Tribunal de Alzada juzgó que lo razonado en la instancia de grado no se condecía con las particulares circunstancias del expediente, las que evaluó a la luz de lo resuelto por la Corte federal en la causa "Provincia de Buenos Aires c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ remoción de instalaciones" (sent. de 13-V-2008, Fallos: 331:1234).
Dijo que si bien la lectura allí efectuada del art. 43 de la ley 19.798 importaría, en principio, la asunción por parte de la comuna de la erogación que demande la remoción de las instalaciones en virtud de la autorización otorgada, dicha directriz quedaba desplazada -en la especie- por la asunción voluntaria de tales costos por parte de Telefónica de Argentina S.A. a tenor del texto de la citada resolución (cfr. art. 4, resol. 4/348/93), acto administrativo que -al no ser reclamado- selló la relación jurídica entre el municipio y la empresa prestataria del servicio en lo que se refiere a costos económicos por modificaciones motivados en trabajos de jurisdicción municipal en el inmueble en cuestión.
Refirió que las parcelas por donde pasaba el cableado de fibra óptica fueron desafectadas mediante ordenanza 82 (del día 2 de junio de 1999) y cedidas por la comuna al actor mediante escritura 292 (del día 7 de julio de 2000), transfiriéndole todos los derechos de dominio y posesión que sobre lo deslindado tenía la transmitente, lo que importó -según juzgó- trasladar al particular la previsión contenida en el art. 4 de la resolución municipal 4/348/93. Esto es: la asunción de los costos de modificación o traslado del tendido a cargo de Telefónica de Argentina S.A. (arg. art. 3.270, Cód. Civil).
En esa línea, sostuvo que el mantenimiento de los términos de la citada resolución obligaba a respetar el marco de juridicidad dentro del cual debía desenvolverse la actividad estatal y que aquella importó la "cristalización" de la obligación en cabeza de la prestataria del servicio, sin perjuicio de la posterior transmisión de ese inmueble al dominio del señor Hernández, ya que en tal cesión el municipio no renunció de manera expresa a aquella prerrogativa que por el art. 4 de la resolución 4/348/93 se asignó por fuera de los parámetros del art. 43 de la ley 19.798 y que fuera consentida por Telefónica.
Por lo demás, señaló que la solución propiciada resultaba compatible con el art. 44 de la ley 19.798, que exime al propietario de un inmueble de todo gasto que ocasione la remoción de instalaciones de los servicios públicos de telecomunicaciones ubicados en su dominio privado.
III. Contra dicho pronunciamiento Telefónica de Argentina S.A. dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 257/266).
Denuncia violación o errónea aplicación de los arts. 1, 14, 16, 17 y 19 de la Constitución nacional; 11 de la Constitución provincial; 43 y 44 de la ley 19.798; 3.270 del derogado Código Civil; 384 del Código Procesal Civil y Comercial y 4 de la resolución municipal 4/348/93. Asimismo, alega promiscuamente absurdo valorativo y vulneración de la doctrina legal que cita.
III.1. Liminarmente, indica que mediante la resolución 4/348/93 la Municipalidad de Bahía Blanca autorizó a Telefónica de Argentina S.A. a efectuar la construcción de las cañerías para el tendido de fibra óptica y puso a su costo cualquier modificación ulterior motivada por trabajos de jurisdicción municipal (cfr. art. 4), los que -según razona- resultan ser los instados por la propia empresa de telefonía o en su interés, en plena coincidencia con la previsión del art. 43 de la ley 19.798.
En virtud de ello, considera que la interpretación efectuada por la Cámara del art. 4 de la resolución citada desconoce:
III.1.a. El art. 43 de la ley 19.798, que pone a cargo del interesado en la ejecución de la obra los costos que ella demande, cualidad que -en el caso- atribuye al actor. Indica que dicha norma es de orden público y no puede ser modificada o dejada de lado por una resolución administrativa de inferior rango.
III.1.b. La lectura que del art. 43 de la ley 19.798 efectuó la Corte federal en el precedente citado en la sentencia impugnada, en donde se consideró que, de haberse acreditado la licitud de las instalaciones, el costo de la remoción debía correr a cargo del Estado provincial, por revestir la calidad de interesado. Situación que -según indica- acontece en la especie, a partir de la autorización otorgada por el municipio.
III.1.c. El art. 3.270 del derogado Código Civil, en tanto el actor no pudo adquirir un derecho mejor ni más extenso que el que poseía la Municipalidad de Bahía Blanca, puesto que aun asumiendo que Telefónica de Argentina S.A. hubiese aceptado los costos de la modificación de las instalaciones cuando no estuviese motivada en su propio interés, ello no podía ir más allá de su vínculo original con la Municipalidad que fue quien autorizó la construcción de las cañerías. Por lo cual -sostiene- no puede interpretarse que el municipio, al ceder las tierras al actor, le hubiese traspasado un derecho que era contrario a la ley.
III.2. Finalmente, considera inaplicable el art. 44 de la ley 19.798 por referirse a bienes del dominio privado. Al efecto, sostiene que debe tenerse en cuenta el carácter de dominio público del inmueble al momento de otorgarse el permiso municipal.
IV. El recurso no prospera.
IV.1. La facultad revisora de esta Suprema Corte está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación que contra ella se formule en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. De allí que el éxito de la postulación recursiva dependa de que se baste a sí misma para que, de su lectura, pueda advertirse el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal. Ello exige una crítica concreta, directa y eficaz de las conclusiones definitorias y argumentos en que se funda el fallo recurrido (doctr. causa A. 74.603, "Bingos Platenses S.A.", sent. de 19-VIII-2020).
La pieza recursiva es deficitaria en ese aspecto, habida cuenta de que los reproches que se presentan como agravios y causales de casación, no pasan de ser -en rigor- una mera disconformidad de la impugnante con el sentido de lo resuelto, circunstancia que no alcanza para tener por cumplidas las cargas técnicas que supone el tránsito por esta instancia extraordinaria.
IV.2. El reproche que propone la parte interesada hacia la labor jurisdiccional se limita a disentir con la interpretación efectuada por la Cámara del art. 4 de la resolución municipal 4/348/93, a partir de la cual juzgó que Telefónica de Argentina S.A. resultaba ser el sujeto obligado para asumir el costo de remoción del cableado de fibra óptica en el inmueble de autos. Mas en ese derrotero no logra atacar de manera idónea los cimientos sobre los que se estructura la decisión impugnada, ni demostrar que haya existido errónea aplicación o interpretación de la ley (arts. 279 y 289, CPCC).
IV.2.a. A los fines de fundar su decisión, la Cámara ponderó: i) que al tiempo de la realización del cableado el inmueble pertenecía al dominio público municipal; ii) que la Municipalidad de Bahía Blanca autorizó a Telefónica de Argentina la realización de la obra mediante resolución 4/348/93; iii) que el texto del art. 4 de la citada resolución puso en cabeza de la empresa prestataria del servicio el costo que demande la remoción de las instalaciones motivadas por trabajos de jurisdicción municipal; iv) que la comuna cedió al actor la titularidad de ese bien -previa desafectación por ordenanza 82/99-, transfiriéndole todos los derechos de dominio y posesión que sobre lo deslindado tenía el transmitente (escritura 292/00); v) que el art. 43 de la ley 19.798 pone a cargo del interesado el gasto que ocasione la remoción de instalaciones de servicios públicos de telecomunicaciones ubicados en dominio público y vi) la lectura que la Corte federal realizó de dicho artículo en el precedente de Fallos: 331:1234.
Con todos esos elementos a la vista y a tenor del propio texto del art. 4 de la resolución 4/348/93 que establece que "...cualquier modificación a estas instalaciones con posterioridad a su construcción [...] motivadas por la ejecución de trabajos de jurisdicción municipal deberán ser llevadas a cabo [...] a exclusivo costo de T.A.S.A. [Telefónica]", juzgó que los gastos que demandase la remoción de las instalaciones habían sido expresamente cargados a la prestataria del servicio, cosa que no variaba aun cuando el inmueble hubiese sido transferido al actor.
Dijo que en el sub lite esa asunción voluntaria de la obligación por parte de Telefónica de Argentina S.A. desplazó (al igual que lo hizo la clandestinidad de la obra constatada en CSJN Fallos: 331:1234) la regla emergente del art. 43 de la ley 19.798, en cuanto pone a cargo del interesado los gastos que demande la remoción del tendido.
Finalmente, recalcó que la resolución 4/348/93 no fue cuestionada en ese aspecto sustancial y agregó que la solución se mostraba compatible con la previsión del art. 44 de la ley 19.798, que pone en cabeza de la prestataria del servicio de telecomunicaciones la remoción de equipamientos del dominio privado de los particulares. Ello, como contracara de tener que tolerar la instalación en su predio de conexiones correspondientes a un servicio de interés público (conf. arts. 41 y 42, ley 19.798).
IV.2.b. Ninguno de estos fundamentos recibe replica adecuada por parte de la recurrente, quien pretende hacer prevalecer su propio criterio interpretativo al afirmar que el art. 4 de la resolución 4/348/93 se estableció únicamente para el supuesto en que fuese la propia empresa de telefonía la interesada en la modificación de las instalaciones, coincidentemente con lo dispuesto por el art. 43 de la ley 19.798. En esa lógica, concluye que al haberse acreditado la licitud de la obra debió seguirse el criterio sentado por la Corte federal en el precedente citado en la sentencia en crisis y que resultan inaplicables los arts. 3.270 del derogado Código Civil o 44 de la ley 19.798.
Pues bien, se observa que la apelante, sobre la base de los mismos hechos, se limita a efectuar una interpretación de las normas actuadas según su propio criterio, pero sin realizar una crítica eficaz que intente demostrar que el pronunciamiento que la agravia contenga un error in iudicando al punto de resultar reñido con los procesos lógicos del razonamiento.
Su principal embate, estructurado a partir de una dogmática afirmación sin anclaje textual de que el contenido del art. 43 de la Ley Nacional de Telecomunicaciones es de "orden público" y, por ende, desplaza lo previsto en el art. 4 de la resolución 4/348/93, no logra erosionar la sentencia en cuanto le atribuyó primacía a lo allí establecido específicamente entre el municipio y la prestadora del servicio telefónico para el inmueble de referencia, donde claramente se estipulaba que esta última debería costear "cualquier modificación" de las instalaciones de cableado con posterioridad a su construcción, cuando estén motivados "...por la ejecución de trabajos de jurisdicción municipal".
Y sobre esto último, agrego que -tal como expone la propia recurrente- la cesión del terreno al actor se dio en el marco de una desafectación, anulación y/o reordenamiento de las calles Tres Sargentos, Fragata Sarmiento, Herminia Abat, Yapeyú y Raúl Scalabrini Ortiz (conf. ord. 82/99), lo cual demuestra que más allá del interés del señor Hernández como propietario del terreno por donde pasaba el tendido telefónico, la Municipalidad de Bahía Blanca tenía también un interés indeclinable producto de sus competencias orgánicas en la realización de tales trabajos (conf. art. 27 inc. 2, LOM).
IV.2.c. Tampoco resulta atendible el supuesto error en el que incurriría la Cámara al afirmar que su solución respeta el sentido del art. 44 de la ley 19.798, pues con motivo de la instrumentación de la ordenanza 82/99 no es dable sostener que el inmueble del actor pudiera seguir perteneciendo al dominio público comunal, lo que eventualmente remitiría al art. 43. Aunque esto, como se acaba de decir, a criterio de los sentenciantes sería indiferente dado lo puntualmente convenido para esa infraestructura zonal (conf. art. 4, resol. 4/348/93).
IV.2.d. Conforme se tiene dicho, no alcanza para conmover los fundamentos de la sentencia impugnada la divergencia de criterios en orden a la interpretación de las disposiciones legales de cara al relato de los hechos, si no se demuestra la errónea aplicación o interpretación del plexo normativo en cuyos términos se funda la sentencia, tal como lo exige el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (doctr. causa A. 74.103, "Mercedes Benz Argentina S.A.", sent. de 24-IV-2019; e.o.).
Esta circunstancia resulta suficiente para rechazar el agravio, pues es ineficaz el recurso que no se hace cargo de la línea argumental de la decisión impugnada y se dedica a criticarla con su propia interpretación, dejando incólumes afirmaciones que le dan sustento bastante (doctr. causa C. 121.938, "De Lóizaga", sent. de 7-XI-2018; e.o.).
IV.3. En otro orden, no es de recibo el agravio referido a la violación de la doctrina legal que la recurrente intenta fundar con la trascripción de sumarios jurisprudenciales provenientes de fallos de esta Suprema Corte, que entiende vulnerados por la sentencia en crisis.
En este sentido, cabe recordar que para demostrar la existencia de violación o errónea aplicación de la doctrina legal no basta con identificar el precedente del Tribunal que contiene la doctrina que se denuncia como violada, sino que debe plantearse la similitud o analogía con la plataforma fáctica de la causa (doctr. causa A. 73.976, "Usuarios y Consumidores Unidos", sent. de 8-VI-2020; e.o.), carga que no aparece cumplida en la pieza bajo examen.
IV.4. Idéntica respuesta debe brindarse a la invocada violación de normas legales y constitucionales, por cuanto no se acredita de qué manera el resolutorio colisiona con los derechos y garantías emergentes de esos preceptos que se dicen infringidos, tarea a cargo de la agraviada -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por este Tribunal (doctr. causa A. 71.806, "Comolli", sent. de 7-IX-2016; e.o.).
IV.5. Finalmente, se advierte en cuanto a la denuncia de violación o errónea aplicación de la resolución 4/348/93 que esta -a primera vista- no presenta las notas de generalidad y abstracción que permitirían reputarla "ley" en sentido amplio a los fines del recurso extraordinario de inaplicabilidad (conf. doctr. causa Ac. 17.260, "Selva", sent. de 21-IX-1971). Tampoco que el absurdo traído -formalmente hábil para ingresar en este tipo de análisis- se haya orientado directamente en tal sentido, mucho menos acreditado su excepcional configuración (conf. doctr. causa A. 77.904, "Carreño", sent. de 6-VI-2023; e.o.).
V. Por las razones expuestas, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 primer párr. y 289 in fine , CPCC).
El depósito de treinta y nueve mil setecientos pesos ($39.700), cuyo pago está acreditado a fs. 293/294 y 296, queda perdido para Telefónica de Argentina S.A. (conf. art. 294, CPCC). El tribunal a quo deberá dar cumplimiento con lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto según resol. 3.135/13).
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 primer párr. y 289 in fine , CPCC).
El depósito efectuado queda perdido para Telefónica de Argentina S.A. (conf. art. 294, CPCC). El tribunal a quo deberá dar cumplimiento co
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