Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77421
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.421, "Báez, Hugo Daniel y Otros contra Municipalidad de Berazategui. Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, confirmó la sentencia de primera instancia que -a su turno- hizo lugar a la demanda deducida por los actores y, en consecuencia, declaró la nulidad del decreto 1.019/15, a la vez que condenó a la Municipalidad de Berazategui a abonarles a aquellos, durante los períodos reclamados, las diferencias salariales derivadas de la prestación de tareas por un horario superior al de revista, en el plazo de sesenta días de quedar firme la liquidación a practicarse.
Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal de Alzada modificó el fallo de grado en cuanto a los intereses, los que dispuso que sean calculados a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. sent. de fecha 1-VII-2021).
Disconforme con ese pronunciamiento, la comuna demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 30-VII-2021, 15:28:48 hs.), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. resol. de fecha 30-IX-2021).
Dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Los actores promovieron demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Berazategui, a fin de obtener la nulidad del decreto 1.019/15, mediante el cual se les rechazó el pago de las diferencias salariales -y su incidencia sobre otros rubros- devengadas desde el año 1995 hasta el 2004, correspondientes a una jornada laboral de 48 horas semanales.
Indicaron que durante ese período tenían asignada "teóricamente" una jornada laboral de 40 horas semanales, cuando en realidad esta era de 48 horas, que cumplían en dos jornadas de 24 horas cada semana.
Señalaron que, si bien por el decreto municipal 39/05 se les reconoció a cada uno de ellos, a partir del 1 de enero de 2005, la jornada laboral de 48 horas semanales que cumplían desde el año 1995, nunca se les abonaron las diferencias salariales devengadas desde aquella fecha, motivo por el cual iniciaron el reclamo administrativo, que luego fuera denegado por el decreto impugnado.
II. El titular del juzgado de primera instancia en lo contencioso administrativo del Departamento Judicial de Quilmes hizo lugar a la pretensión deducida y, en consecuencia, declaró la nulidad del decreto 1.019/15, a la vez que condenó al municipio demandado a abonar a los actores, en el plazo de sesenta días de quedar firme la liquidación a practicarse, las diferencias salariales correspondientes, según los guarismos resultantes del peritaje contable practicado, más intereses a calcularse a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. sent. de fecha 1-X-2019).
II.1. Liminarmente, efectuó el control de juridicidad del acto administrativo cuestionado.
En ese sentido, a partir de la prueba producida en autos, tuvo por acreditado que los actores prestaron servicios durante diez años bajo un régimen de 48 horas semanales, cumplidas en dos jornadas de 24 horas cada una.
Desde allí, edificó la procedencia de la pretensión sobre la base del principio de primacía de la realidad (con cita del art. 1, ley 14.656); la aplicación analógica de la directriz del derecho laboral, consistente en practicar la interpretación a favor del operario; y lo dispuesto por el art. 2 del Código Civil y Comercial.
En función de ello -y sin perjuicio de las características de la vinculación laboral- concluyó que correspondía anular el decreto 1.019/15, por contener un vicio en su motivación que lo tornaba ilegítimo.
II.2. Luego, se expidió sobre el alcance de la condena.
Al efecto, ponderó el peritaje contable practicado en autos, de cuyas conclusiones no encontró mérito para apartarse y, consecuentemente, condenó a la demandada a abonar a cada uno de los actores las sumas correspondientes en concepto de diferencias salariales -y su incidencia en otros rubros-, según los guarismos que surgían de la citada prueba.
A las sumas resultantes de las liquidaciones a practicarse, adunó los intereses que fijó a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
III. A su turno, la Cámara de Apelación del fuero con asiento en la ciudad de La Plata confirmó -en lo sustancial- la sentencia de primera instancia, aunque la modificó en cuanto a los intereses, los que dispuso que se calculen a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. sent. de fecha 1-VII-2021).
III.1. En primer lugar, desestimó el reproche referido a la supuesta inexistencia de prueba que permita tener por acreditados los extremos invocados en la demanda y, en su mérito, declarar la nulidad del decreto 1.019/15.
En ese sentido, el doctor Spacarotel, cuyo voto suscitó la adhesión de la doctora Milanta y fue compartido en sus apreciaciones sobre la procedencia del régimen horario por el doctor De Santis, tuvo por acreditado que los actores, durante los períodos reclamados, cumplieron un régimen horario de 48 horas semanales, que excedía al reconocido por la demandada en sus liquidaciones de haberes para esos períodos.
Al efecto, ponderó: i) los informes de determinados organismos administrativos que avalaban el régimen horario de 48 horas semanales cumplido por los actores (cfr. expte. adm. 4011-14092/06, fs. 137/139); ii) la prueba testimonial, de la que surgía que el servicio de emergencia funcionaba durante las 24 horas, que los actores eran choferes de ambulancia con una jornada laboral de 48 horas semanales y que existían registros de las salidas de 24 horas de cada chofer; iii) el dictamen pericial, en el que el experto actuante informó sobre la imposibilidad de relevar los horarios cumplidos por los agentes; y iv) la actitud asumida por la demandada, quien no acreditó que -según lo alegara- el archivo municipal hubiera sufrido deterioros por inundación y humedad, limitándose a indicar que exhibió los legajos y decretos de designación de los actores, mas sin acompañar prueba alguna que evidenciase que ellos no desempeñaron las horas reclamadas, no obstante ser la titular de los registros horarios en cuestión.
A partir del cuadro fáctico y probatorio descripto, que analizó a la luz del principio de primacía de la realidad y demás previsiones del art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial, como así también de la jurisprudencia elaborada a su respecto, el Tribunal de Alzada concluyó que debían prevalecer los hechos verificados en la causa por sobre las formalidades o apariencias e incluso por sobre lo que la actora y demandada pudieran haber pactado originariamente.
En función de lo expuesto, consideró que el decreto 1.019/15 contenía vicios en el elemento causa -antecedentes de hecho-, objeto y motivación.
III.2. Luego, con relación al alcance patrimonial del reclamo, la Cámara -por mayoría-, no encontró motivos para apartarse de las conclusiones -y explicaciones- a las que arribara el perito contador. Asimismo, señaló que el agravio constituía una reiteración del escrito de impugnación del peritaje, que posteriormente había sido respondido por el profesional interviniente.
III.3. Finalmente, la Cámara hizo lugar al recurso de apelación deducido por la actora en lo relativo a los intereses correspondientes, que dispuso calcular a la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires, desestimando la aplicación de la tasa activa.
IV. Contra dicho pronunciamiento la comuna demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 30-VII-2021, 15:28:48 hs.), en el que desarrolla los siguientes agravios: a) errónea consideración de la validez del acto administrativo, de su presunción de legalidad y de las facultades discrecionales de la Administración; b) absurda valoración de la prueba y aplicación de las reglas de la sana crítica; y c) absurda e improcedente aplicación de intereses.
IV.1. En primer término, defiende la legalidad del acto administrativo impugnado.
En ese sentido sostiene que el decreto 1.019/15 reúne todos los requisitos legalmente exigidos, puntualizando que se encuentra debidamente motivado en la ausencia de sustento fáctico que acredite que los actores cumplían 48 horas semanales, ya que del informe de la Secretaría de Gobierno -Dirección de Personal- surge la situación de revista de los agentes involucrados durante el período 1995 a 2004 y la jornada laboral de 40 horas semanales.
Enfatiza sobre la presunción de legitimidad de los actos administrativos y la facultad discrecional del municipio de nombrar a sus funcionarios y votar su presupuesto. En aval de esta posición, cita los arts. 5 de la Constitución nacional; 192 de la provincial; 104 de la ley 11.757; y jurisprudencia tanto de la Corte federal como de esta Suprema Corte.
IV.2. Seguidamente, denuncia que la Cámara incurrió en absurda valoración de la prueba al tener por acreditada la efectiva prestación de servicios por un horario superior al reconocido por el municipio en sus liquidaciones de haberes durante los períodos reclamados.
En ese sentido, indica que, conforme a las constancias administrativas, la situación de revista de los agentes durante el período 1995 a 2004 era de una jornada laboral de 40 horas semanales, las cuales coincidían con las abonadas.
En particular, discrepa con la interpretación dada por el Tribunal de Alzada al informe producido por la Secretaría de Salud Pública e Higiene a fs. 137 del expediente administrativo. Sostiene que de allí no se deriva ningún reconocimiento, sino una síntesis del reclamo, luego de la cual el municipio modificó la jornada laboral de los aquí actores, llevándola a 48 horas semanales.
Con posterioridad, cuestiona puntualmente la valoración de la prueba testimonial, confesional y pericial contable, como así también, la falta de ponderación de los legajos y decretos de designación de los actores.
Con relación al alcance de la condena, critica también distintos rubros salariales incorporados por el perito contador en la liquidación practicada y se agravia de que la Cámara se base en dicho informe para determinar el monto de condena sin considerar las impugnaciones realizadas al efecto.
Tras citar lo dispuesto por el art. 385 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial, reprocha que la Cámara otorgue prevalencia a una prueba sobre otra sin explicitar las razones, circunstancia que -entiende- transgrede las reglas de la sana crítica.
Como corolario, a partir de su propia interpretación del material probatorio rendido en autos, concluye que la sentencia refleja arbitrariedad en el razonamiento, valoración de la prueba y decisión adoptada.
IV.3. Finalmente, se agravia de la tasa de interés aplicada, en atención a las particulares circunstancias que menciona, referidas a montos supuestamente exorbitantes e infundados que habrían sido fijados arbitrariamente y que ocasionarían perjuicios irreparables a la demandada.
Solicita su adecuación en los rubros pertinentes y su exclusión en aquellos que por su naturaleza serían inaplicables.
V. Adelanto que el recurso no puede prosperar.
V.1. He de comenzar por señalar que los principales agravios de la recurrente se dirigen contra la valoración de la prueba efectuada por la Cámara, a partir de la cual esta: a) tuvo por acreditado que los actores, durante el período reclamado, cumplieron una jornada laboral de 48 horas semanales; y b) confirmó el alcance patrimonial de la condena que, sobre la base de las conclusiones del perito contador interviniente, había establecido el juez de grado.
Sentado lo expuesto, corresponde destacar que dichos aspectos en debate, en tanto reconducen a cuestiones de hecho y prueba, resultan ajenos -por regla- a la competencia extraordinaria de esta Suprema Corte, salvedad hecha del supuesto excepcional de absurdo (doctr. causa A. 75.455, "Colturi", sent. de 26-XII-2019).
Asimismo, es doctrina consolidada de este Tribunal que el mencionado vicio es el error grave y ostensible que se comete en la conceptuación, juicio o raciocinio al analizar, interpretar o valorar las pruebas o los hechos susceptibles de llegar a serlo, con tergiversación de las reglas de la sana crítica, en violación de las normas procesales aplicables, de todo lo cual resulta una conclusión contradictoria o incoherente en el orden lógico-formal e insostenible en la discriminación axiológica (doctr. causa A. 75.943, "Romero", sent. de 12-VII-2022).
Pues bien, en la especie la impugnante no logra demostrar la existencia de un vicio de las características señaladas, que justifique revertir lo decidido por los jueces de grado.
Cuadra recordar aquí que la selección de las pruebas y la atribución de la jerarquía que les corresponde es una facultad propia de los jueces de grado -potestad que admite la posibilidad de inclinarse hacia unas descartando otras, sin necesidad de expresar la valoración de todas- y que no se consuma absurdo por la preferencia de un medio probatorio sobre otro (doctr. causa A. 75.943, "Romero", sent. de 12-VII-2022).
Además, la invocación aislada de determinados medios de prueba carece de virtualidad para invalidar un análisis en el que ha primado la consideración integral de los elementos colectados en la causa, cuya valoración de manera conjunta e interrelacionada constituye un método que aleja la posibilidad de vislumbrar en la labor del judicante la presencia del citado vicio invalidante (doctr. causa A. 75.943, cit.).
Sobre la base de estos conceptos, se impone desestimar las críticas de la recurrente relacionadas con los tópicos previamente mencionados, en tanto ellas, por un lado, descansan sobre una simple valoración alternativa de algunos medios de prueba (y aun de determinados fragmentos de ciertas constancias administrativas y declaraciones prestadas), que relativizarían la conclusión en torno a la cantidad de horas trabajadas; y del otro, procuran desvirtuar el alcance de la condena, fijado sobre la base del peritaje contable y sus respuestas a las impugnaciones recibidas, dando prevalencia a los valores que surgen de elementos tales como los decretos de designación y cuestionando la inclusión de determinados rubros y los cálculos practicados, en razón de una particular interpretación de lo peticionado en la demanda y de la preferencia por la aplicación de procedimientos distintos de los efectivamente seguidos. Nada de lo cual alcanza para demostrar el absurdo que ha sido denunciado.
Al respecto, este Tribunal ha sostenido reiteradamente que no cualquier error, ni la apreciación opinable, ni la posibilidad de otras interpretaciones alcanzan para configurar el absurdo, sino que es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, una falla palmaria en los procesos mentales, para que se evidencie la irracionalidad de las conclusiones a que se ha arribado. Y ello debe ser eficazmente denunciado y demostrado por quien lo invoca. En definitiva: al recurrente no le alcanza con argumentar que el hecho, la valoración de la prueba, la interpretación de los hechos probados, la relación dialéctica entre los hechos y las normas, etc., pudo ocurrir o hacerse de otra forma, tanto o más aceptable; en cambio, le resulta indispensable demostrar que, de la manera que lo afirma la sentencia, no pudo ser (doctr. causas C. 119.623, "Guevara", sent. de 25-IV-2018; A. 74.932, "Martin", sent. de 17-X-2018; A. 74.659, "Valot", sent. de 16-XII-2020; e.o.).
Cuanto acaba de postularse no ha sido cumplido en la especie. Por el contrario, las reseñadas críticas de la recurrente resultan -en rigor- una mera discrepancia que, como es sabido, no constituye por sí misma base idónea de agravios ni configura el absurdo que dé lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, pues esta anomalía queda conformada solo cuando media cabal demostración del error palmario y fundamental en lo decidido por el sentenciante (doctr. causa A. 75.105, "Berra", sent. de 21-VIII-2019).
V.2. La misma solución desfavorable se impone para la pretensa violación de las normas constitucionales y legales citadas en el escrito bajo examen, por cuanto no se ha logrado acreditar de qué manera la decisión en crisis colisionaría con los derechos y garantías emergentes de esos preceptos que se dicen infringidos, tarea a cargo de la recurrente que en el caso no ha sido satisfecha y no puede ser suplida por esta Corte (doctr. causa A. 75.684, "Pallanza", sent. de 5-VIII-2020).
Las conclusiones hasta aquí alcanzadas no se ven conmovidas por las referencias a la presunción de legitimidad de los actos administrativos, a los elementos de estos ni a las facultades discrecionales de la Administración, debido a su carácter marcadamente genérico y a que en definitiva recaen -del modo en que han sido planteadas- sobre cuestiones de hecho que ya han sido abordadas e incluso sobre otros aspectos que no fueron objeto de controversia.
V.3. En lo relativo a la tasa de interés aplicada, ante todo señalaré que el agravio de la recurrente se basa en los supuestos montos exorbitantes y perjuicios irreparables que de aquella se derivarían, los cuales en modo alguno se ha siquiera intentado acreditar, circunstancia que impone su rechazo.
Para más, observo que dicha tasa se ajusta a la doctrina de este Tribunal que establece que los intereses en las sentencias que condenan a pagar una suma de dinero a valores históricos deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta (30) días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme a las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (causas B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016; C. 119.176, "Cabrera" y L. 109.587, "Trofe", sents. de 15-VI-2016, e.o.; conf. arts. 622 y 623, Cód. Civ. -ley 340-; 7, 768 inc. "c" y 770, Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
VI. Por las razones expuestas, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto.
Voto por la negativa .
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68, primer párrafo y 289 in fine , CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, voto también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al voto del doctor Torres, salvo a lo expresado en el segundo párrafo del punto V.3. de su opinión, pues lo dicho hasta allí resulta suficiente para rechazar el tramo de la impugnación vinculado con la tasa de interés aplicada.
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Comparto los fundamentos y la decisión que propone el señor Juez doctor Torres.
Voto por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (art. 289, CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.00
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.