Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76250
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.250, "Citibank SA c/ ARBA s/ Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Torres, Soria, Maidana, Kohan, Carral.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata declaró prescriptos los créditos fiscales reclamados a la firma Citibank S.A. mediante la disposición 3.047/10, con relación al impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente al período fiscal 2004 y dejó sin efecto la responsabilidad solidaria del señor Bruchou por igual período (v. fs. 338/345).
Ordenó asimismo la devolución del importe abonado en concepto de solve et repete , con más un interés a computar desde el momento del pago hasta la efectiva restitución, calculado a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días.
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 26-IX-2019).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 356), agregada la memoria presentada por la parte actora mediante presentación electrónica de fecha 5 de febrero de 2020 y, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En lo que interesa destacar, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de esta ciudad, hizo lugar a la pretensión entablada y anuló el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de Apelación de fecha 21 de septiembre de 2017, en la parte que confirma la disposición delegada 3.047/10, que determinó las obligaciones fiscales del contribuyente, "Citibank NA", y la responsabilidad solidaria del señor Bruchou respecto del período fiscal 2004.
En consecuencia, declaró la prescripción de los créditos reclamados en el proceso y ordenó la devolución de lo abonado en concepto de solve et repete con intereses.
Para así decidir estableció, en forma preliminar que, no obstante que a la fecha del pronunciamiento ya se encontraba en vigor el Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994,), el caso de autos debía valorarse con arreglo al Código Civil vigente (ley 340) a la época en que acaeció el nacimiento de la obligación tributaria, con fundamento en el principio de irretroactividad de las leyes y por no configurarse el supuesto del art. 2.537 del nuevo Código Civil y Comercial.
Con cita de sus propios precedentes, la Cámara señaló que el instituto de la prescripción integra el derecho de fondo y se encuentra ligado al derecho de propiedad (art. 17, Const. nac.), que forma parte de las atribuciones delegadas y exclusivas del Congreso nacional (art. 75 inc. 12, Const. nac.) no solo en lo concerniente al plazo sino también a su cómputo y a las causales de suspensión e interrupción.
Sostuvo, considerando el marco normativo aplicable, que para el período fiscal correspondiente al año 2004, el plazo extintivo comenzó a correr el día 1 de enero de 2005 (art. 3.956, Cód. Civ. derogado). En consecuencia, concluyó que, por imperio del art. 4.027 inc. 3 del Código de fondo, el plazo para determinar y exigir el pago de las obligaciones fiscales expiró el día 1 de enero de 2010.
Añadió, para más, que al momento de dictarse la disposición 3.047/10 y por ende también el de su notificación posterior, esto es el 22 de junio de 2010, las obligaciones fiscales reclamadas al contribuyente ya se hallaban prescriptas.
Señaló que esta conclusión no se modifica por la invocación del art. 161 inc. "c" del Código Fiscal (t.o. 2011), que formula la demandada, desde que la jurisprudencia vigente sostiene que las causales de suspensión que regula aquella norma local, implicarían una extensión indebida del plazo de prescripción regulado por el Código Civil aplicable al caso.
Por último, afirmó que en razón de haber declarado prescripta la deuda reclamada por el Fisco resultaba inoficioso el tratamiento de los restantes planteos efectuados por la demandante, ordenando la devolución del pago previo e imponiendo las costas a la demandada vencida.
II. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 26-IX-2019), en el que denuncia la transgresión de los arts. 159 y 161 del Código Fiscal (t.o. 2011); 5, 121 y 123 de la Constitución nacional y 3.956, 3.986, 4.027 inc. 3 del Código Civil (ley 340).
Acusa, asimismo, la errónea aplicación de los arts. 75 inc. 12 de la Constitución nacional y 3.956, 3.986 y 4.027 inc. 3 del Código Civil entonces vigente.
II.1. Señala que el objeto del recurso interpuesto consiste en demostrar la constitucionalidad de los arts. 159 y 161 del Código Fiscal, para lo cual estima necesario manifestar los fundamentos jurídicos por los que considera que debería abandonarse la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Filcrosa" (CSJN Fallos: 326:3899).
Para ello, destaca que la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación modificó el plexo normativo sobre el cual se construyó la doctrina utilizada por la Cámara interviniente para fundar su sentencia.
Con ello aduce que el nuevo Código viene a despejar las dudas expuestas por la doctora Argibay en su voto en la causa "Casa Casmma S.R.L." (CSJN causa C.2.374.XLII, sent. de 26-III-2009), demostrando que esa doctrina no fue más que una errónea interpretación jurisprudencial, y que, de la interpretación conjunta de los nuevos arts. 2.532 y 2.560 del Código Civil y Comercial vigente, surge que la competencia de las legislaturas provinciales para regular la prescripción liberatoria en materia tributaria no consiste en una delegación legislativa de la Nación a las provincias, sino de una necesaria precisión que las provincias introdujeron a la norma. A idéntico fin trascribe fragmentos del debate parlamentario que adunan su postura.
Concluye que las disposiciones allí contenidas reafirman la constitucionalidad y vigencia de las normas del Código Fiscal regulatorias de los plazos de prescripción en materia tributaria.
II.2. Particularmente, los reproches que la representación fiscal le endilga a la sentencia impugnada consisten en la violación del art. 159 del Código Fiscal, el cual estipula -en lo pertinente- que los términos de prescripción de las acciones y poderes de la autoridad de aplicación para determinar y exigir el pago de las obligaciones fiscales comenzarán a correr desde el día 1 de enero siguiente al año al cual las mismas se refieran, excepto para las obligaciones cuya determinación se produzca sobre la base de declaraciones juradas del período fiscal anual, en cuyo caso tales términos de prescripción comenzarán a correr desde el día 1 de enero siguiente al año que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen.
Asimismo, dispone que el término de prescripción de la acción para aplicar y hacer efectivas las sanciones legisladas en el Código Fiscal comenzará a correr desde el día 1 de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales.
Aduce que, en el caso, la firma actora se encuentra inscripta como contribuyente del impuesto sobre los ingresos brutos y está obligada a presentar declaraciones juradas anualmente, por lo cual sostiene que el plazo de prescripción respecto del período más antiguo reclamado en autos, 01/2004 comenzó su curso el día 1 de enero de 2006. Pues el plazo para la presentación de la declaración jurada anual expiró en 01/2005 y en consecuencia el cómputo del plazo prescriptivo para la obligación de este período fiscal se inició el 01/2006.
Explica que, durante el curso de este plazo, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) dictó el 22 de junio de 2010 la disposición determinativa 3.047/10 y la notificó el 24 de junio de 2010, de modo que el plazo quedó suspendido por un año conforme el art. 161 inc. "a" del Código Fiscal. Asimismo, la contribuyente interpuso recurso de apelación el día 16 de julio de 2010, en consecuencia la suspensión iniciada con la intimación de pago de los tributos en cuestión se prolongó por todo el plazo que demandó la resolución del recurso y hasta noventa días posteriores a que la autoridad de aplicación, ARBA, recibiera las actuaciones de parte del Tribunal Fiscal de Apelación, que en el caso rechazó la apelación presentada contra la determinación de oficio, todo ello conforme con el art. 161 inc. "a", segundo párrafo.
Es así entonces que el Tribunal Fiscal notificó la sentencia, -que dictó el 21 de septiembre de 2017-, el día 2 de octubre de 2017; ARBA recibió las actuaciones el 2 de noviembre de 2017, cumpliéndose los noventa días antes mencionados el 16 de marzo de 2018, momento este donde se reinició el cómputo del plazo suspendido.
Con ello pretende demostrar que no ha operado la prescripción para ninguno de los períodos fiscales objeto del presente proceso al momento de la interposición de la presente demanda el mismo 16 de marzo de 2018.
II.3. Paralelamente denuncia la violación del art. 161 del Código Fiscal, que regula las causales de suspensión del plazo de prescripción.
Indica que, a ese fin, la prescripción se suspendió el día 24 de junio de 2010 con la notificación al contribuyente de la resolución determinativa y sancionatoria 3.047/10 y señala que, en virtud de la interposición del recurso ante el Tribunal Fiscal de Apelación, dicha suspensión se extendió hasta noventa días posteriores a la recepción de las actuaciones administrativas por la autoridad de aplicación, luego de dictada la resolución por ese tribunal administrativo.
II.4. Denuncia que la Cámara incurrió en un error in iudicando al fundar su decisión en el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional y aplicó las disposiciones del entonces Código Civil.
III. El recurso no prospera.
III.1. La cuestión a dilucidar recae sobre la prescripción planteada por Citibank NA respecto del período fiscal 2004 correspondiente al impuesto sobre los ingresos brutos que fuera determinada por la disposición 3.047/10 del organismo tributario provincial y confirmada por el Tribunal Fiscal de Apelación , circunscribiéndose en determinar si es correcta la aplicación del Código Civil -entonces vigente- realizada por la Cámara o si -por el contrario- deben aplicarse las disposiciones del Código tributario local, tal como propicia la demandada.
En efecto, la recurrente sostuvo que en la sentencia recurrida se arribó a una conclusión errónea para declarar prescriptos los períodos fiscales objeto del proceso al aplicar la legislación de fondo del hoy derogado Código Civil.
III.2. Cabe señalar que tuve oportunidad de pronunciarme al respecto en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018, donde esta Suprema Corte, por mayoría que integré, entendió aplicable la doctrina legal emergente de la causa C. 81.253, "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada", sentencia de 30-V-2007, a los aspectos complementarios del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias provinciales -v.gr., su cómputo-. En virtud de ello, el caso fue subsumido en las normas del Código Civil -vigente a la época de los hechos debatidos- y no en lo dispuesto por el Código Fiscal local.
Sobre la base de lo resuelto en el citado precedente, al que remito en razón de la brevedad, corresponde en el presente caso desestimar los agravios traídos por la representación fiscal, relacionados con la errónea aplicación de los arts. 75 inc. 12 de la Constitución nacional; 3.956, 3.986 y 4.027 inc. 3 del Código Civil entonces vigente y la violación de las normas del Código Fiscal y, en consecuencia, confirmar lo resuelto por la Cámara.
Voto por la negativa .
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 primer párrafo y 289 in fine , CPCC).
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Disiento con el criterio del colega que inicia el acuerdo pues, en mi opinión, el recurso debe prosperar.
En la causa A. 71.388, "Fisco c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018, señalé que un nuevo estudio del régimen de la prescripción de los tributos locales, a la luz de los arts. 2.532 y 2.560 del nuevo Código Civil y Comercial (aprobado por la ley 26.994), me había convencido de modificar mi postura anterior que era coincidente con el precedente "Filcrosa" de la Corte nacional y establecer -en consecuencia- que en la materia deben prevalecer las normas locales por sobre la legislación de fondo.
En mérito a lo allí sostenido y por los argumentos que en dicha oportunidad desarrollara el doctor Soria, a cuyo voto adherí -con ciertas salvedades- y adonde cabe remitir en honor a la brevedad, entiendo que asiste razón a la Fiscalía de Estado en cuanto denuncia violación de los arts. 159 y 161 del Código Fiscal (t.o. 2011 y concs.).
Con relación a este último precepto, baste simplemente añadir que las mismas razones que llevaron en la citada causa A. 71.388 a concluir que el Código Civil (ley 340) no regía el inicio del cómputo del plazo de prescripción de una deuda fiscal local, conducen a adoptar idéntica decisión respecto de la causal de suspensión alegada, por cuanto también ésta constituye un aspecto complementario del término en cuestión (conf. mi voto en causas A. 73.347, "Fisco Prov. de Bs. As. c/ Acrílicos Atlas", sent. de 16-XII-2020; A. 71.949, "Fisco Prov. Bs. As. c/ Andreani", sent. de 29-XII-2020; A. 73.474, "Fisco de la Prov. de Bs. As. c/ Necotrans", sent. de 25-II-2021 y A. 75.566, "Maycar", sent. de 28-V-2021).
II. Por los fundamentos expuestos, corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad interpuesto, revocar la sentencia atacada y devolver las actuaciones para que se analice lo atingente a la prescripción conforme las previsiones del Código Fiscal (conf. art. 289, CPCC), como así también el resto de los agravios en su momento planteados.
Atento el modo en que se resuelve, las costas deben distribuirse por su orden (arts. 60 inc. 1, CCA; 71 y 68 segundo párrafo, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero al voto del doctor Genoud, sobre la base de los fundamentos que se reseñan a continuación.
Sabido es que, en la causa "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A. c/ Provincia de Misiones - Dirección General de Rentas y otros/ demanda contenciosa administrativa" (CSJN causa 4.930/2.015, sent. de 5-XI-2019), la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó su jurisprudencia de Fallos: 326:3899, 332:616, 332:2108, 332:2250 (e.o.), haciendo referencia a las razones por las que invariablemente había sostenido que la prescripción no era un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho.
Para así decidir, el Alto Tribunal advirtió que en la especie -al igual que en autos- se estaba en presencia de una situación jurídica y de actos o hechos que son su consecuencia, cumplidos por el Fisco y por el particular en su totalidad durante la vigencia de la legislación anterior, por lo que la noción de consumo jurídico (cfr. doctr. CSJN Fallos: 232:490; 306:1799; 314:481; 321:1757; "Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires", Fallos: 338:1455, cons. 5°) conducía a concluir que el caso debía regirse por la antigua ley y por la interpretación que de ella se había realizado en la jurisprudencia previamente señalada.
En esa inteligencia, siendo que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulta relevante para los tribunales inferiores, ya por tratarse de temas federales, donde constituye la intérprete última y más genuina de nuestra Carta fundamental o, sin serlo, por aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, corresponde desestimar los agravios de la Fiscalía de Estado referentes a la aplicación de las normas del Código Civil en desmedro de lo normado por el Código Fiscal, atento que el particular discurrió bajo la vigencia del antiguo Código Civil (ley 340), hoy derogado.
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Adhiero al voto de la doctora Kogan.
I.1. En efecto, la impugnación ha de prosperar en virtud de los fundamentos que expusiera al decidir en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos S.R.L.", sentencia de 16-V-2018.
Allí sostuve, en lo tocante al plazo de prescripción en materia tributaria y sus aspectos complementarios, que debía estarse a lo regulado por la normativa provincial.
Puntualicé que la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación explicitó un criterio opuesto al sentado en el caso "Filcrosa" por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que evidenció el propósito de revertir esa línea de interpretación. Por ello indiqué que quedaba sin sostén el mantenimiento de la doctrina que emana de este precedente (v. punto IV.3.e. de mi voto en la causa A. 71.388, cit.).
Expliqué que el Congreso, como primer intérprete de sus competencias, valoró que el plazo de prescripción de tributos era un asunto de resorte local y, por ende, ajeno al art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional; lo que desbarata los argumentos tendientes a sostener la mencionada doctrina del Máximo Tribunal federal.
Advertí, además, que el contenido de la normativa tributaria local era sustancialmente idéntico al preceptuado a nivel nacional en varias disposiciones de la ley 11.683, guardando congruencia en orden a su razonabilidad (conf. art. 28, Const. nac.).
Ello, sumado al resto de las consideraciones vertidas a las que remito por cuestiones de brevedad, me convence de postular la aplicación de la legislación tributaria local al caso de autos.
I.2. No ignoro que más cerca en el tiempo una mayoría de la Corte federal se expidió en el caso "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados SA" (Fallos: 342:1903, sent. de 5-XII-2019) de un modo que, a simple vista, desautorizaría la lectura normativa que vengo defendiendo. Y que desprovista de cualquier cualificación adicional o novedosa, esta última debería ceder en favor de tal criterio jurisprudencial a fin de salvaguardar la economía procesal, consistentemente con el temperamento que he seguido veces anteriores.
Pero al margen de la menor fuerza vinculante que cabría asignarle a un argumento obiter dictum por no estar directamente ligado al caso sometido a juzgamiento -donde el pronunciamiento apelado, por haber sido dictado con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, nunca pudo fundamentarse de un modo semejante al que aquí propicio- (CSJN Fallos: 219:583), lo concreto es que del análisis de la referida sentencia no es posible extraer la refutación del punto de vista aquí avanzado y que, por lo pronto, habré de mantener.
Tras recordar las normas incorporadas a la nueva codificación de fondo que facultaron a las legislaciones locales a regular el plazo de prescripción liberatoria en materia de tributos (v. causa "Volkswagen", cons. 4°), la Corte sostuvo: "Que, sin embargo, los hechos del caso no deben ser juzgados a la luz del mencionado Código Civil y Comercial ni sobre la base del principio de la aplicación inmediata de la nueva ley [...] sino de conformidad con la legislación anterior, pues no se ha controvertido en autos que la deuda tributaria reclamad
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.