Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75912
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.912, "Unibike S.A. contra ARBA. Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Genoud , Soria , Kogan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, en instancia originaria, rechazó íntegramente la pretensión anulatoria dirigida por la firma Unibike S.A. y el señor Gabriel Hugo Morbelli contra la resolución 2.271, por medio de la cual la Sala II del Tribunal Fiscal de Apelación declaró la caducidad del procedimiento impulsado.
Disconforme con dicho pronunciamiento, los actores interpusieron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara interviniente.
Dictada la providencia de autos, presentado el memorial de la Fiscalía de Estado y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, en instancia originaria, rechazó íntegramente la pretensión anulatoria dirigida por la firma Unibike S.A. y el señor Gabriel Hugo Morbelli contra la resolución 2.271, por medio de la cual la Sala II del Tribunal Fiscal de Apelación declaró la caducidad del procedimiento impulsado.
Para así decidir, advirtió que tanto la intimación al cumplimiento de la contribución y de la carga previsional, como la posterior declaración de caducidad del procedimiento, fueron notificadas al domicilio constituido en la ciudad de La Plata por el doctor John Ryan Lussich, apoderado de los aquí actores.
Consideró que no se daban en el caso ninguno de los supuestos que, según el art. 26 del decreto ley 7.647/70, obligan a intimar al interesado a su domicilio real para que establezca un nuevo domicilio constituido.
Añadió que la falta de un aviso a los letrados de la demandante por parte del local donde se constituyó el domicilio configuraba una circunstancia cuyas consecuencias recaían sobre los interesados y que, por lo tanto, resultaban ajenas a la Administración.
Sostuvo que, tanto en lo atinente a la notificación de la intimación previa, efectuada por cédula al domicilio constituido por la parte actora en su recurso de apelación, como en lo tocante a la declaración de caducidad procedimental una vez transcurrido el plazo de seis meses, el accionar del organismo interviniente resultó ajustado a derecho. Descartó por ello la alegada nulidad en el trámite.
En cuanto a la legitimidad de la resolución cuestionada, interpretó que el Tribunal Fiscal de Apelación se limitó a exigir el cumplimiento de un requisito que suspende el trámite hasta tanto se le dé cumplimiento (conf. arts. 12 inc. "g" y 15, ley 6.716) y que los sucesos que impactan en el curso posterior "...forman parte del conjunto de responsabilidades de quien tiene a su cargo el impulso adjetivo...".
Tras reputar aplicables al caso los arts. 127 y 128 del decreto ley 7.647/70, razonó que la parálisis del procedimiento era imputable a la inactividad de los apelantes, que ponía en evidencia su desinterés por la continuidad del trámite.
Negó que se hubiera incumplido lo prescripto por el art. 315 del Código Procesal Civil y Comercial, en el entendimiento de que este precepto queda desplazado por la existencia de una norma expresa y singular que rige el supuesto en cuestión (conf. arts. 4, Cód. Fiscal y 127, dec. ley 7.647/70).
Destacó que, con carácter previo a la declaración de caducidad, el Tribunal Fiscal de Apelación emplazó a los interesados. En su visión, ello colocó al procedimiento en un nivel adecuado de respeto a la garantía del debido proceso, reconocida en el art. 18 de la Constitución nacional.
Indicó que lo anterior determinaba la desestimación del planteo de inconstitucionalidad del art. 15 de la ley 6.716, sin dejar de agregar que -a su juicio- la actora formuló al respecto una mera enunciación, ineficaz como embate crítico.
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, los actores denuncian violación o errónea aplicación de los arts. 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de Apelación y 13, 15 y concordantes de la Ley de la Caja de Previsión Social para Abogados n° 6.716.
Añaden que el fallo recurrido carece de sustento jurídico suficiente y que afecta en forma directa derechos y garantías constitucionales, tales como los principios de debido proceso, igualdad, razonabilidad y primacía normativa.
Relatan que, a través de la resolución 2.271, la Sala II del Tribunal Fiscal de Apelación dispuso la caducidad del procedimiento, en los términos del art. 127 del decreto ley 7.647/70, pese a que, por el art. 15 de su Ley Orgánica, el organismo se encuentra obligado al impulso de oficio y cuenta con facultades para establecer la verdad material.
Indican que, en virtud de lo dispuesto por el recién citado art. 15 del decreto ley 7.603/70, las notificaciones pertinentes deberían haberse realizado en el domicilio fiscal de Unibike S.A. o en el constituido en las actuaciones administrativas y que, con independencia de ello, debería haberse avanzado con las pruebas solicitadas y las peticiones formuladas sobre el fondo de la cuestión controvertida.
Deducen que el Tribunal Fiscal de Apelación se apartó de los deberes establecidos por la ley especial aplicable (dec. ley 7.603/70 y modif.), invocando una ley general (dec. ley 7.647/70 y modif.) y una norma absurda e inconstitucional (contenida en la ley 6.716).
En el entendimiento de que las actuaciones profesionales desarrolladas en el ámbito del Tribunal Fiscal de Apelación no devengan honorarios, infieren que el art. 13 de la ley 6.716, relativo a la obligación de pago del anticipo previsional, no resulta aplicable al caso de autos.
Tras reproducir lo normado por el ya mentado art. 15 del decreto ley 7.603/70 (texto según ley 11.796), aducen que imponer a los particulares el impulso del procedimiento, cuando este ha sido establecido en forma expresa a cargo del Tribunal Fiscal de Apelación, supone una tergiversación de las disposiciones legales vigentes.
Alegan que en su oportunidad se formularon pedidos concretos, tendientes al impulso de las actuaciones, que no fueron atendidos por el organismo mencionado, motivo por el cual niegan que se haya configurado abandono del procedimiento. Más allá de lo indicado, refutan que el Tribunal Fiscal de Apelación cuente con facultades para no tratar el recurso interpuesto ante su seno.
Reprochan que la Cámara interviniente haya desatendido lo prescripto por la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de Apelación y acudido en cambio a la Ley de Procedimiento Administrativo. Con independencia de ello, advierten que en su capítulo XIII, destinado a los recursos, esta última no contempla ninguna razón que permita no tratar el remedio interpuesto en tiempo y forma. De lo anterior extraen que el impulso del procedimiento en cuestión no podía verse obstaculizado por la falta de pago de aporte previsional alguno.
A continuación, plantean la inconstitucionalidad del art. 15 de la ley 6.716, en la inteligencia de que el precepto violenta lo establecido por los arts. 16, 18, 28, 31 y concordantes de la Constitucional nacional; 11, 15 y 57 de la provincial; y por pactos internacionales de jerarquía constitucional.
Sostienen que decretar la caducidad del procedimiento en razón de no haberse acreditado el pago de aportes previsionales importa una medida excesiva y una total privación del acceso a la justicia. Puntualizan que este derecho no puede limitarse por medio de la reglamentación, en procura de una recaudación preventiva que resulta inexigible en tanto no se devengaron honorarios.
Precisan que suspender los trámites hasta tanto se practiquen aportes previsionales no puede derivar en la desprotección de quien se presentó en un expediente y ejerció su derecho de defensa. Tampoco podría por esa vía desconocerse la validez de las actuaciones realizadas en el marco del procedimiento administrativo.
Con cita del art. 57 de la Constitución provincial, señalan que los jueces deben soslayar la aplicación de las normas que se interpongan con mandatos constitucionales. Arguyen que, si bien el Tribunal Fiscal de Apelación carece de la potestad de declarar la inconstitucionalidad de disposiciones tributarias, puede expedirse en ese sentido cuando se trate de otra clase de preceptos, o en su defecto, simplemente no aplicarlos.
Estiman no ajustado a derecho que en un mismo proceso se le imponga a un abogado el pago de un anticipo previsional para que las actuaciones puedan proseguir, mientras que, por otra parte, los recursos patrocinados por contadores avanzan sin ningún impedimento de esa clase.
Más adelante, denuncian violación de la doctrina que ha sentado esta Corte, con relación al deber de motivar las sentencias, en las causas L. 66.063 y L. 62.544, entre muchas otras. Aseguran que el fallo impugnado omitió analizar las normas y los argumentos en que se funda el pedido de nulidad de la resolución del Tribunal Fiscal de Apelación, violando así su deber de justificar las decisiones adoptadas.
III. Por los fundamentos que a continuación desarrollaré, anticipo que -en mi opinión- el recurso debe prosperar.
III.1. El juego de normas en el cual se han basado tanto el Tribunal Fiscal de Apelación para declarar la caducidad del procedimiento seguido ante su seno como la Cámara interviniente para confirmar dicha decisión se estructura de la siguiente manera.
A su turno, el art. 15 de la misma normativa indica: "En el territorio de la Provincia de Buenos Aires, los Jueces y Tribunales, así como los funcionarios y Tribunales de la Administración Pública y de Entes Públicos no estatales -con jurisdicción en el mismo-, no darán trámite alguno a las peticiones formuladas por afiliados de la Caja o patrocinadas por ellos, sin que acrediten el pago del anticipo del artículo 13° y/o la parte obligada el de la contribución del inciso g) del artículo 12, según el caso".
Por último, los arts. 127 y 128 del decreto ley 7.647/70 prevén que, "[t]ranscurridos seis meses desde que un procedimiento promovido por un interesado se paralice por causa imputable al mismo, se producirá su caducidad...", la cual " ... se declarará de oficio al vencimiento del plazo...".
De lo anterior se desprendería que la falta de acreditación del pago de la contribución previsional mentada por el art. 12 inc. "g" de la ley 6.716 impediría al Tribunal Fiscal de Apelación impulsar el trámite del recurso administrativo interpuesto ante ese órgano y que, tras seis meses de parálisis por dicha causa, solo restaría declarar -de oficio- la caducidad del procedimiento desarrollado.
III.2. En la especie, la vocal instructora de la Sala II del Tribunal Fiscal de Apelación intimó al recurrente a acreditar, dentro del plazo de diez días, el pago de la contribución previsional establecida por el art. 12 inc. "g" de la ley 6.716 (t.o. por dec. 4.771/95), bajo apercibimiento de tener por firme la resolución apelada en caso de producirse la caducidad del procedimiento. En la misma oportunidad, la funcionaria intimó a la letrada patrocinante a acreditar, dentro de igual término, el pago del anticipo previsional creado por el art. 13 de la normativa mencionada, bajo apercibimiento de comunicar su incumplimiento a la Caja profesional respectiva (v. fs. 1.023, expte. adm. 2360-280035/10).
La cédula a través de la cual se notificaron tales intimaciones fue dirigida a la calle 49 n° 918, local 1, de la ciudad de La Plata, lugar donde el letrado apoderado de Unibike S.A. y de Gabriel Morcelli, doctor John Ryan Lussich, con el patrocinio letrado de la doctora Victoria Taylor, había constituido domicilio en oportunidad de interponer el correspondiente recurso de apelación. Al cumplirse con dicho requisito procesal, en el escrito referido se añadió la expresión "...con aviso al Estudio Ryan Lussich & Asoc...", además de indicar un número telefónico de contacto, motivo por el cual, al confeccionarse la cédula en cuestión, parece haberse considerado pertinente agregar, con lapicera, la leyenda "Estudio Ryan Lussich y Cía." (v. fs. 934 y 1.025, expte. adm. cit.).
Transcurridos seis meses sin que se hubiese acreditado el pago de ninguno de los conceptos reclamados, la Sala II del Tribunal Fiscal de Apelación procedió a hacer efectivos los dos apercibimientos referidos, declarando -por un lado- la caducidad del procedimiento y -por otro- comunicando a la Caja de Previsión Social para Abogados que la letrada interviniente no había acreditado en las actuaciones el correspondiente pago del anticipo previsional (v. resol. 2.271, acompañada en copia y disponible en el sitio www.tfaba.gov.ar ).
Dicha decisión se fundó en lo dispuesto por los preceptos citados en el punto anterior de este voto, así como también en la doctrina del art. 318 del Código Procesal Civil y Comercial, norma considerada aplicable en virtud de la remisión practicada por el art. 4 del Código Fiscal, de acuerdo con la cual la caducidad operada en instancias ulteriores a la primera acuerda fuerza de cosa juzgada a la resolución recurrida.
Con posterioridad, el doctor John Ryan Lussich y la doctora Victoria Taylor se presentaron nuevamente en las actuaciones, acreditaron el pago de la contribución y el ius previsional, plantearon la nulidad de la notificación cursada y -en subsidio- dedujeron reposición contra la caducidad decretada. Pese a entender que ya había "culminado su jurisdicción", la Sala II del Tribunal Fiscal de Apelación rechazó dicho recurso defendiendo la regularidad de la notificación practicada, con cita de los arts. 25 del decreto ley 7.647/70, 141 del Código Procesal Civil y Comercial y 27 de su Reglamento Interno, así como también de su Acuerdo Extraordinario n° 50. El órgano destacó igualmente su deber de exigir la acreditación del pago de la contribución contemplada en el art. 12 inc. "g" de la ley 6.716, si bien ordenó comunicar a la Caja de Abogados la acreditación del pago del anticipo previsional por parte de la doctora Taylor (v. resol. 2.342, expte. adm. cit., disponible en el sitio www.tfaba.gov.ar ).
III.3. Sustancialmente, los recurrentes reprochan en esta instancia un apartamiento de ciertos principios que rigen en el procedimiento administrativo, tales como los de impulso de oficio y búsqueda de la verdad material, expresamente consagrados en la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de Apelación, que se habría perpetrado mediante la adopción de medidas de un formalismo excesivo. A su vez, denuncian afectación de la razonabilidad, el debido proceso, la igualdad y el acceso irrestricto a la justicia, fundamentos sobre la base de los cuales plantean también la inconstitucionalidad del art. 15 de la ley 6.716.
III.3.a. Cabe ante todo advertir que el procedimiento que se sustancia frente al Tribunal Fiscal de Apelación se encuentra regulado por el Código Fiscal, cuerpo normativo que -de manera supletoria- remite en primer término a las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo, donde se priorizan principios como la actuación de oficio y el formalismo moderado o la ausencia de rigor formal (conf. art. 4, Cód. Fiscal; dec. ley 7.647/70; causas B. 53.739, "Agroganadera del Sur", sent. de 11-VII-1995; y B. 55.910, "Llorente Hermanos", sent. de 28-IV-1998).
De allí que esta Suprema Corte haya reprochado la actuación del Tribunal Fiscal de Apelación que conspira contra los principios y reglas que informan el procedimiento administrativo en punto al impulso de oficio, celeridad, economía y eficacia en el trámite, lineamientos reconocidos por los arts. 7, 48 y 49 de la Ley de Procedimiento Administrativo (conf. causa B. 66.926, "Kook Weskott", sent. de 6-VII-2005).
En similar línea, la Corte ha cuestionado también el excesivo rigor formal puesto de manifiesto en otra oportunidad por el Tribunal Fiscal de Apelación, reputando aplicables en ese ámbito los principios de formalismo moderado y buena fe, con el objeto de hacer efectiva la garantía del acceso irrestricto a la jurisdicción (conf. art. 15, Const. prov.), que conforma una de las bases primordiales del Estado de Derecho (conf. causa B. 66.398, "Banco de Servicios Financieros", sent. de 6-X-2010).
A lo anterior es menester agregar que, tras la modificación incorporada por la ley 11.796 (posterior a la que en su hora introdujo la ley 10.268 al art. 15 del régimen de la Caja de Previsión Social para Abogados), el art. 15 del decreto ley 7.603/70 coloca expresamente en cabeza del Tribunal Fiscal de Apelación el deber de impulsar de oficio el procedimiento. Ello se suma a las facultades reconocidas desde siempre por el precepto citado para establecer la verdad de los hechos controvertidos y resolver el caso sin perjuicio de lo alegado por las partes.
Pues bien, a la luz de tales directrices, parece evidente que las autoridades del Tribunal Fiscal de Apelación no estaban obligadas a actuar en el caso planteado como lo hicieron, es decir que no tenían necesariamente que intimar por única vez al cumplimiento de ciertos requisitos relacionados con el financiamiento de una Caja profesional, para luego considerar paralizadas las actuaciones hasta tanto se regularizara dicha situación y, transcurridos seis meses, declarar sin más la caducidad del procedimiento administrativo a través del cual los interesados procuraban que se revisara una decisión que los afectaba.
Antes de arribar a tan gravosa conclusión, el Tribunal Fiscal de Apelación pudo y debió ejercer las facultades con que cuenta para hacer avanzar el trámite, habilitando en su caso la efectiva subsanación de aquellas deficiencias formales que se derivaran de la intervención letrada escogida por los recurrentes, de modo de asegurar en la especie la tutela administrativa continua y efectiva, así como el acceso irrestricto a la jurisdicción.
No ha de soslayarse que la intervención del particular en el trámite recursivo, amén de importar un medio de defensa de sus derechos e intereses, en tanto le brinda la posibilidad de reaccionar contra los actos que lo agravian, contribuye al control del proceso de formación de la voluntad administrativa. De allí que la supresión de esa participación por meras deficiencias formales remediables, de un lado, resulta incompatible con el derecho a la tutela administrativa efectiva (conf. art. 15, Const. prov.; CSJN Fallos: 327:4185) y, del otro, reduce las posibilidades de fiscalización de la actividad estatal (conf. causa B. 63.460, "Corigliano", sent. de 29-V-2019 y sus citas).
Tampoco debe perderse de vista que, por aplicación del principio de formalismo moderado, los defectos de forma en que puedan incurrir los interesados ante el órgano estatal son subsanables en favor de la verdad material y de la legalidad objetiva (conf. causas B. 52.262, "Solanas", sent. de 1-X-1990; B. 64.068, "Investigaciones Médicas S.A.", resol. de 29-IX-2005; B. 58.622, "Marín", sent. de 30-V-2007; B. 57.576, "Otero", sent. de 28-XII-2010; B. 60.554, "Suarez", sent. de 31-X-2012; A. 70.429, "Puppo", sent
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