Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78027
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas se imponen al recurrente vencido (conf. arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.027, "Beneitez, Clive Darío contra Instituto de Previsión Social -IPS-. Pretensión anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Genoud, Kogan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmó la sentencia de primera instancia.
Disconforme con ese pronunciamiento, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara actuante.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmó la sentencia de primera instancia.
Para resolver de ese modo comenzó explicando que el actor, Clive Darío Beneitez, promovió demanda contencioso administrativa contra el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS), mediante la cual solicitó la anulación de la resolución 794.938 de fecha 6-VIII-2014, dictada por el Directorio del organismo demandado, así como de su similar 817.957, que la confirmara (en el marco del expediente administrativo 21557-167803/10).
Observó que, por conducto de esas decisiones, le fue denegada al actor la incorporación a su haber de la bonificación establecida por el decreto 576/06.
Precisó que el actor goza de una jubilación ordinaria, que le fuera otorgada mediante la resolución 11.121 de fecha 1-VIII-10, en virtud de haber ocupado el cargo de planta permanente del Agrupamiento Ocupacional 4, Personal Técnico, Inspector Laboral A, Categoría 18, con un régimen de treinta horas semanales.
Señaló también que -de acuerdo con la citada resolución 11.121- el señor Beneitez registraba una antigüedad de treinta y cinco años y catorce días de servicios, con un desempeño durante treinta y seis meses consecutivos en el mejor cargo correspondiente a la Categoría 17 del Agrupamiento Personal Técnico, Inspector Laboral A. Puntualizó que durante dicho período el actor recibió, entre otras, la bonificación prevista en el decreto 576/06.
Explicó que, sobre la base de esos antecedentes quien demanda reclama el reajuste de su jubilación con el mencionado suplemento, liquidado a favor de quienes -como él- prestaban funciones de inspección laboral, por considerarlo remunerativo, debido a su carácter habitual y permanente.
Luego el Tribunal de Alzada ingresó en el análisis de la procedencia del reclamo. En esa labor, compartió los argumentos del juez de primera instancia y consideró alcanzado por el art. 40 del decreto ley 9.650/80 al suplemento salarial motivo de polémica, en tanto este se reporta bajo las condiciones uniformes de habitualidad y regularidad, tratándose de una percepción desentendida de todo reintegro o compensación por gastos y sujeta a aportes.
Subrayó que el esfuerzo por supeditar al efectivo cumplimiento de tareas y requisitos el derecho al cómputo de este adicional, no se compadece con el criterio sostenido en la sentencia recurrida, que cuenta con doctrina judicial que lo respalda.
Ello así, a partir de una mecánica de liquidación que la muestra sin otras condiciones que la efectiva situación de revista, solo sujeta a una prestación de servicios que no excede del deber asumido por el agente al trabar la relación de empleo y que queda comprendido entre sus obligaciones inherentes, las cuales también son causa eficiente de la retribución salarial en general.
Conforme a tales argumentos, coincidió con el perfil remunerativo que la sentencia de primera instancia le atribuyó al suplemento.
II. Contra el pronunciamiento de la Cámara de Apelación, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
En primer lugar, denunció la errónea interpretación del decreto 576/06. Consideró que el análisis efectuado en las sentencias dictadas en el caso se centró exclusivamente en su primer artículo, soslayando los restantes, que delimitan y establecen las condiciones de percepción del beneficio.
Sostuvo que, aunque es cierto que el universo de potenciales beneficiarios de la bonificación se encuentra fijado en forma amplia, a favor de quienes ocupan un determinado cargo ("funciones de inspección laboral" ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires), ello no supone el automático y efectivo abono a toda persona que lo desempeñe.
Alegó que, si bien esto último resulta una condición para la percepción de la bonificación, no es un recaudo suficiente, en tanto quien pretenda el cobro en actividad, además de cumplir las funciones en cuestión, debe adicionalmente recabar los restantes requisitos que establece el art. 3 del decreto 576/06, vinculados con tareas adicionales a las mínimas del cargo desempeñado.
Agregó que no puede soslayarse que el propio decreto establece la incidencia de los incumplimientos de los recaudos sobre la percepción de la bonificación, por lo que resultaría erróneo el razonamiento según el cual la bonificación es inherente al cargo, toda vez que la efectiva prestación de servicios es una condición imprescindible para percibir el aludido adicional, que excluye del cobro a todos aquellos que no cumplan con dicha exigencia.
Concluyó que no puede considerarse habitual la percepción de un adicional cuando este se halla sujeto al cumplimiento de una condición que puede o no estar presente.
Precisó además que el suplemento en estudio no corresponde a cualquier cargo del Ministerio de Trabajo, sino que, por el contrario, para su acceso se requiere el cumplimiento de determinadas tareas específicas y la previa autorización de la autoridad competente.
Por otro lado, planteó la errónea interpretación del art. 40 del decreto ley 9.650/80. Afirmó que el hecho de que la liquidación del suplemento en análisis esté supeditada al cumplimiento de determinados requisitos trae aparejado que no pueda considerárselo como integrante del haber previsional, en tanto de permanecer en actividad el actor no lo hubiera percibido necesariamente.
Consideró desacertada la solución del caso mediante la mera remisión a los términos del artículo citado, en particular a su último párrafo, de acuerdo con el cual "[s]ólo quedan excluidos de este concepto, la retribución por horas extras, las asignaciones familiares, las percibidas en calidad de viáticos, los gastos de residencia y las asignaciones percibidas en concepto de beca".
Razonó que lo que dicha norma establece es que todos los suplementos que tengan carácter de habitualidad y regularidad son considerados remuneración, con excepción de aquellos expresamente mencionados al final. Es decir, que pese a que estos últimos adicionales pudieran revestir la calidad de habituales y regulares, en ningún supuesto serán considerados a los fines previsionales.
Culminó su exposición advirtiendo que el concepto de "remuneración" se encuentra enlazadoínsitamente en materia previsional con las nociones de regularidad y habitualidad, lo que conlleva a concluir que toda bonificación, para resultar exigible en su abono en pasividad, debe reunir ambos recaudos.
III. El recurso no prospera atento su insuficiencia (arg. art. 279, CPCC).
III.1. El impugnante ataca el pronunciamiento de la Cámara interviniente -que a su turno confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la pretensión promovida- denunciando en primer término errónea interpretación de lo dispuesto por el decreto 576/06.
Sin dejar de reconocer que dicho reglamento estableció en el ámbito del Ministerio de Trabajo, para los empleados que desempeñasen las funciones de inspección laboral o de seguridad e higiene, una "bonificación mensual remunerativa no bonificable" (conf. art. 1, dec. cit.), argumenta que allí también se fijaron distintos requisitos que condicionan el cobro de tal suma y que igualmente se contemplaron las consecuencias de esos incumplimientos, así como la necesaria autorización previa de la autoridad competente para acceder al beneficio (conf. arts. 3, 4 y 6, dec. cit.).
Sobre la base de esta clase de consideraciones, el representante estatal controvierte en autos que la bonificación en cuestión revista caracteres de habitualidad y regularidad.
No puede dejar de observarse, sin embargo, que en el concreto caso sometido a juzgamiento, no se encuentra controvertido que el actor percibió la bonificación establecida por el decreto 576/06 mientras se encontraba en actividad.
Esto ha sido destacado -sin resultar desconocido por la demandada- tanto por el juez de grado como por el Tribunal de Alzada, al considerar cuanto se desprende de la propia resolución 11.121 n° 29, por medio de la cual el entonces Ministro de Trabajo dispuso el cese del actor a fin de que este se acogiera al beneficio jubilatorio y certificó su antigüedad, el mejor cargo y los haberes percibidos en ese marco, incluyendo entre estos a la bonificación en discusión (v. sent. de primera instancia, cons. 3°, párr. segundo; sent. de Cámara, voto del doctor De Santis, pto. 1, párr. sexto; doc. adjunta al prov. de fecha 10-X-2018, que tuvo por contestado el oficio librado al Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires).
Más precisamente, los pronunciamientos dictados en las instancias ordinarias dieron cuenta de que el actor percibió la bonificación creada por el decreto 570/06 desde abril de 2006 hasta agosto de 2010, lo cual concuerda con la respuesta brindada en la especie por la Dirección Provincial de Relaciones Laborales, donde se añadió que el cobro del adicional durante dicho período se realizó "en forma regular, permanente e ininterrumpida", adjuntándose el pertinente detalle de los montos liquidados (v. sent. de primera instancia, cons. 3°, párr. séptimo; sent. de Cámara, voto del doctor De Santis, pto. 1, párr. octavo; doc. adjunta al prov. de fecha 10-X-2018, que tuvo por contestado el oficio librado al Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires).
En las condiciones descriptas, la denuncia de errónea interpretación de lo dispuesto por el decreto 576/06 que formula el recurrente no puede ser atendida, toda vez que se basa en una construcción desentendida de puntuales constancias y circunstancias de la causa, que han sido consideradas por los magistrados de grado para decidir como lo hicieron, lo cual supone haber dejado sin réplica parte de los fundamentos que estructuran el pronunciamiento atacado.
Al respecto, tiene dicho este Tribunal que deviene ineficaz el recurso que no se hace cargo de la línea argumental del fallo y, en su lugar, se dedica a impugnarlo con su propia interpretación del tema, dejando incólumes afirmaciones que le dan sustento bastante, más allá del acierto o error de la solución a la que se arriba (conf. causas A. 73.491, "Lin", sent. de 13-VI-2018; A. 76.307, "Lista", sent. de 11-XI-2021; A. 76.048, "ESPN", sent. de 4-X-2023; e.o.).
De manera similar, esta Corte ha sostenido en numerosas ocasiones que es requisito de ineludible cumplimiento para la recurrente la réplica concreta, directa y eficaz de todos los fundamentos del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 70.763, "Cheves", sent. de 29-VI-2016; A. 72.799, "Mansilla", sent. de 7-VI-2017; A. 74.071, "Cacho", sent. de 24-IV-2019; A. 76.982, "Ricci", sent. de 4-VIII-2023; e.o.).
III.2. Los argumentos brindados en el punto anterior conducen también a descartar la denuncia de errónea interpretación del art. 40 del decreto ley 9.650/80, pues a través de ella el recurrente insiste -en definitiva- con que la bonificación objeto de debate carece de las notas de habitualidad y regularidad, motivo por el cual no podría ser considerada como remuneración en los términos del precepto invocado.
Pues bien, al no haberse controvertido concretamente las circunstancias específicas del caso que han llevado a los magistrados ordinarios a entender -con sustento en las probanzas rendidas- que el adicional creado por el decreto 576/06 implicó para el demandante -mientras se hallaba en actividad- la percepción habitual y regular de un concepto que, debido a tales razones -amén de la propia denominación utilizada por el reglamento- debe ser considerado como "remunerativo", el intento recursivo fracasa.
Es que, de tal modo, el remedio articulado prescinde de refutar uno de los fundamentos centrales por los cuales la Cámara consideró que el suplemento discutido tiene naturaleza remunerativa. En tal escenario, cabe concluir que la decisión del a quo no ha sido debidamente controvertida.
III.3. Por último, toda vez que el recurrente ha pretendido abonar su posición con algunos fragmentos de decisiones provenientes del Máximo Tribunal federal, he de recordar que la invocación de precedentes de otros órganos judiciales no resulta eficaz para fundamentar el recurso de inaplicabilidad de ley, porque ellos no constituyen la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, aunque se trate de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (doctr. causa A. 75.736, "Pita", sent. de 13-XI-2019).
Además, cabe puntualizar que no basta con la mera individualización del precedente y la trascripción de un sumario para sustentar la denuncia de violación de la doctrina legal en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, y que solo es suficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando se individualiza concretamente la doctrina que se dice violada y se señalan los aspectos fácticos que rodearon al caso donde esta Corte sentó el criterio que se pretende aplicar, debiéndose indicar en la respectiva denuncia la cita de la norma legal que, emanada de dicha doctrina, resulta conculcada por el tribunal de apelación (doctr. causas A. 73.228, "Arbelo", sent. de 19-X-2016; A. 72.793, "Ruiz", sent. de 5-VII-2017; e.o.). Estos estándares que no se encuentran cumplidos en la especie.
IV. Por las razones expuestas, que resultan suficientes para decidir, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (conf. arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas se imponen al recurrente vencido (conf. arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada , el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al colega que abre el acuerdo, en cuanto a que como bien allí se destaca el recurso articulado por la representación fiscal, no alcanza los requisitos de suficiencia exigidos en esta instancia de excepción (conf. art. 279, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Con iguales consideraciones realizadas por el señor Juez doctor Soria, comparto la solución que propicia el señor Juez doctor Torres.
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas se imponen al recurrente vencido (conf. arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/04/2024 13:57:57 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/04/2024 14:18:39 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/04/2024 08:35:57 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/04/2024 08:49:16 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/04/2024 09:16:38 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 29/04/2024 09:19:59 hs. bajo el número RS-40-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia