Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77102
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.102, "Pizurno, Fabio Alejandro c/ Municipalidad de Hurlingham. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Genoud, Kogan .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia por la cual se hizo lugar a la pretensión deducida en autos por el señor Fabio Alejandro Pizurno contra la Municipalidad de Hurlingham, excepto en cuanto al monto reconocido en concepto de indemnización, el cual redujo al 60% de los salarios caídos (v. sentencia de fecha 9-III-2021).
Disconforme con ese pronunciamiento, la representación de la comuna interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 26-III-2021), el que fue concedido por la Cámara actuante (v. resol. de fecha 20-IV-2021).
Dictada la providencia de autos (v. resol. de 2-V-2022) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Morón hizo lugar a la demanda interpuesta; declaró la nulidad del decreto 317/17, que dispusiera sancionar con cesantía al actor; ordenó a la Municipalidad de Hurlingham que proceda a la reincorporación de aquel en el cargo que ocupaba y a abonarle como indemnización la totalidad de los haberes dejados de percibir desde el dictado del decreto de cesantía hasta la fecha de la efectiva reincorporación, con más intereses a la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires (conf. causa B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016); impuso las costas a la demandada vencida; y difirió la regulación de honorarios para su oportunidad (v. sentencia de 15-V-2021).
Entendió que, atento a las argumentaciones de las partes, no existía controversia en torno al carácter de la relación de empleo público que las vinculó (en la modalidad de planta permanente), concluyendo que el thema decidendum conllevaba dilucidar si la cesantía dispuesta por la Municipalidad de Hurlingham a través del decreto 317/17 se encontraba ajustada al derecho aplicable en la materia.
Tras determinar la necesidad de resolver el caso de autos a la luz de lo dispuesto por el Régimen Supletorio de Empleo municipal establecido en la ley 14.656, concluyó que de las pruebas testimoniales, informativa y pericial practicadas surgía que el actor laboró para la comuna demandada ininterrumpidamente durante el período comprendido entre el 1 de febrero de 1989 (desempeñándose en la Municipalidad de Morón hasta el año 1996, momento en el cual pasó a depender de la Municipalidad de Hurlingham, en virtud de la división del primero de los partidos nombrados) y el 2 de junio de 2017 (habiendo ejercido funciones administrativas en comisión en el Sindicato de Trabajadores Municipales de Hurlingham desde el mes de marzo de 2016 hasta la fecha en la cual se notificó del decreto de cesantía).
Añadió que el último cargo desempeñado fue el de director del obrador municipal (con régimen de 40 horas) y que no surgía de la documental exhibida por la Municipalidad ni de la agregada con la actividad probatoria, como tampoco del peritaje contable practicado en autos, que el actor se hubiera ausentado injustificadamente de su puesto de trabajo durante el período que va desde el 16 hasta el 22 de marzo de 2017.
En dicho marco, consideró que la Municipalidad de Hurlingham se había apartado del procedimiento reglado por la ley 14.656 a los fines de determinar la violación o no, por parte del señor Pizurno, de la obligación de prestar los servicios correspondientes. Ello -dijo- en razón a la falta de instrucción del sumario administrativo ordenado por la autoridad competente, en las condiciones y con las garantías establecidas en el Estatuto aplicable, lo cual violentaba el derecho subjetivo del actor -de rango constitucional- a tener acceso a un procedimiento administrativo regido por los principios de legalidad, juridicidad y razonabilidad.
Para más, reiteró que de los documentos de la demandada no surgían constancias de que el actor no se hubiera presentado a prestar tareas inherentes a su función desde el 16 hasta el 22 de marzo de 2017, como tampoco descuentos por faltas o inasistencias (conf. peritaje contable producido en autos).
I.2. Disconforme con dicha sentencia, la demandada dedujo recurso de apelación (v. presentación electrónica de 9-VI-2020).
I.3. La Cámara de Apelación del fuero con asiento en la ciudad de San Martín confirmó parcialmente el pronunciamiento de grado (v. sent. de 9-III-2021).
I.3.a. Para así decidir, comenzó por señalar que -contrariamente a lo planteado por la demandada- no se había violado el principio de congruencia al resolver la nulidad del acto de cesantía, sino que se había juzgado sin modificar los hechos, con razonable equilibrio, respeto del contradictorio y posibilitando a las partes ejercer su plena y oportuna defensa.
Sostuvo, en tal sentido, que si bien era cierto que, en el apartado de su escrito inicial destinado al objeto, el señor Pizurno había omitido peticionar de manera expresa la nulidad del acto de cese, también lo era que dicha pretensión se desprendía de manera inequívoca del relato efectuado en la demanda, toda vez que en otros pasajes el vicio había sido planteado con claridad y además tal impugnación surgía del contenido de las cartas documento cursadas, que habían sido transcriptas.
I.3.b. Seguidamente, manifestó que la alegada recepción de la carta documento a través de la cual la comuna demandada habría intimado al actor a reintegrarse a sus tareas, bajo apercibimiento de cesantía, no fue acreditada en autos, al no haberse activado la producción de la prueba informativa tendiente a ello.
I.3.c. A continuación, expuso que el planteo conforme al cual la acción habría sido deducida una vez transcurrido el plazo de caducidad previsto en el art. 18 del Código Contencioso Administrativo, resultaba a todas luces extemporáneo, por haber sido resuelta dicha cuestión al decretarse la habilitación de la instancia y encontrarse ello consentido, sin que mediase posibilidad de reabrir el debate sobre el tema debido a la preclusión.
I.3.d. Por último, con relación al agravio dirigido a cuestionar la indemnización reconocida por salarios caídos, fundamentado en la falta de prestación de servicios correspondiente, entendió que el monto del perjuicio debe quedar supeditado a la demostración que efectúe la actora y en su caso, a la prueba en contrario de la demandada, en virtud del juego interactivo y dinámico de las cargas en materia probatoria, propio del proceso contencioso administrativo.
Al respecto, citó precedentes de esta Suprema Corte donde se trataron pretensiones patrimoniales derivadas de la privación del empleo y consecuentemente del salario, tomando como parámetro de la reparación dicha remuneración y determinando distintos porcentajes en función de las circunstancias de cada caso.
En esa inteligencia, estimó que resultaba necesario señalar -por un lado- que la actividad probatoria de la parte actora en el caso había sido -sobre ese punto- insuficiente, por lo que, de acuerdo con la doctrina judicial señalada, debía cargar con la consecuencia de tal conducta procesal (conf. arts. 375, CPCC y 77 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101 y modificatorias).
Por el otro, adujo que el carácter alimentario de toda retribución otorgada en el marco del empleo público, obligaba con mayor rigor a la Administración a ajustar su actuación no solo al marco de la legalidad, sino también a las situaciones que permiten a aquella ejercer sus prerrogativas, tanto regladas como discrecionales.
En dicho contexto, entendió prudente y ajustado a las circunstancias de la causa (particularmente, que el señor Pizurno fue dado de baja de los cuadros de la Administración a los 52 años de edad, altura en la que insertarse nuevamente en el circuito laboral resulta por demás dificultoso), reconocer el 60% de los salarios dejados de percibir por el actor.
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la demandada denuncia violación de los arts. 41, 98, 103 inc. "a", 106 inc. 3, 107 -incs. 2, 4 y 7-, 108 inc. "e" y subsiguientes de la ley 14.656; 2, 10 y 1.734 del Código Civil y Comercial; 34 inc. 4, 163 inc. 6 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial; 10, 11, 15 y 171 de la Constitución provincial; 16 y 17 de la nacional.
Acusa asimismo absurdo y vulneración de la doctrina legal sentada en la causa A. 73.981, "Donadío", sentencia de 5-X-2020.
Comienza por apuntar que el decreto de cesantía 317/17 carece de anomalías, toda vez que fue dictado por la autoridad municipal en el marco de legislación que la habilitaba, sin vicios en su motivación ni en la finalidad.
Luego insiste en señalar que la actora no atacó debidamente en su escrito de inicio la legitimidad del acto administrativo de cese. Reprocha en tal sentido al pronunciamiento impugnado haber realizado una interpretación forzada de los elementos probatorios acompañados, desentendiéndose del objeto de la demanda, que se limitaría a un reclamo frente a un pretenso despido y nada más.
En línea con lo expuesto, expresa que se ha violado el principio de congruencia. En sustento de este planteo, invoca el ya mencionado precedente "Donadío", del cual transcribe algunos párrafos. Deduce que la Cámara ha arribado a una indemnización que "...a todas luces aparece injustificada, arbitraria, irracional y absurda [...] por decidir más allá de la pretensión del reclamante..." (recurso bajo tratamiento, punto 7.a, párr. 19).
A lo anterior agrega que la actora se sometió voluntariamente y sin reserva a un régimen de empleo público municipal, por lo que no podría reclamar lo que le correspondería frente a un despido en los términos del derecho laboral, sin contravenir la doctrina de los actos propios.
A continuación, afirma que el quantum indemnizatorio establecido resulta violatorio de su derecho de propiedad, ya que, si el decreto de cesantía no fue tachado de nulo, la justificación del pago en los términos y alcances determinados en la sentencia deviene ilegítima.
Como consecuencia de ello, considera que los montos fijados carecen de causa (arg. art. 726, Cód. Civ. y Com.). Añade que el municipio no podría ser obligado a abonar la suma dispuesta debido a que "...la ley 14.656 no contempla compensación alguna..." y que no hubo elementos probatorios determinantes para tener por acreditados los daños que la actora dice haber padecido como consecuencia de la cesantía.
III. El recurso no prospera.
III.1. Tal como se ha visto, a través del remedio intentado la Municipalidad de Hurlingham plantea, por un lado, que la sentencia impugnada excede los límites del principio de congruencia que domina el proceso judicial dispositivo, en tanto se ha expedido sobre peticiones que no habrían formado parte de la relación procesal, toda vez que el actor no habría solicitado en su demanda que el decreto 317/17 sea declarado nulo.
Al respecto, es dable advertir que los agravios relativos a la violación del principio de congruencia, por estar vinculados con la interpretación de los escritos presentados en el proceso, deben ser acompañados de una adecuada demostración del absurdo (conf. causas A. 71.560, "Aguirre", sent. de 28-XII-2016; A. 73.073, "Araya", sent. de 28-XI-2018; A. 75.836, "Pérez", sent. de 20-XI-2019; e.o.).
En similar sentido, esta Corte ha sostenido que es función privativa de los jueces de grado la interpretación de los escritos constitutivos de la contienda, así como la fijación de los hechos litigiosos, de modo que el control casatorio queda por regla excluido en este terreno, salvo los supuestos en que los magistrados incurran en absurdo (conf. causas A. 69.923, "Zaa", sent. de 10-VIII-2011; A. 71.318, "S., E. M.", sent. de 28-VIII-2013; A. 73.940, "Nobile", sent. de 3-X-2018; e.o.), vicio -como se verá- ausente en este segmento de la decisión.
Es que las críticas ensayadas por la recurrente contra las apreciaciones de la Cámara en el sentido de que la pretensión anulatoria del decreto de cesantía se desprende de distintos tramos del escrito de demanda resultan -en rigor- una mera discrepancia que, como es sabido, no constituye por sí misma base idónea de agravios ni configura absurdo que dé lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, pues dicha anomalía queda configurada solo cuando media cabal demostración del error palmario y fundamental en lo decidido por los sentenciantes (doctr. causa A. 74.659, "Valot", sent. de 16-XII-2020), lo que no ha sido evidenciado en la especie.
Cabe recordar que para que esta Corte pueda revisar las cuestiones de hecho y prueba no basta con denunciar absurdo y exponer -de manera paralela- la propia versión e interpretación de los hechos, sino que es necesario demostrar contundentemente que las conclusiones que se cuestionan son el producto de una apreciación absurda del cuadro fáctico. Por más respetable que pueda ser la opinión de la recurrente, ello no autoriza -por sí solo- para que esta instancia extraordinaria sustituya con su criterio al de los jueces de la instancia de apelación (conf. causa A. 75.771, "D. M., C.", sent. de 3-XII-2022).
En efecto, para acreditar la configuración del absurdo no es suficiente denunciarlo y exponer una interpretación o valoración propia, sino que hace falta demostrar fehacientemente que el procedimiento lógico-jurídico empleado por el juzgador resultó irrazonable y contradictorio (doctr. causas A. 70.187, "Núñez", sent. de 15-XII-2010; A. 70.888, "Dragui", sent. de 19-X-2016; A. 72.488, "Couto", sent. de 26-IX-2018; A. 74.056, "Zaracho", sent. de 10-IV-2019; e.o).
Ello así, por cuanto el absurdo ha sido definido como un error grave y ostensible que se comete en la conceptuación, juicio o raciocinio al analizar, interpretar o valorar las pruebas o los hechos susceptibles de llegar a serlo, con tergiversación de las reglas de la sana crítica, en violación de las normas procesales aplicables (conf. causas A. 69.017, "Salguero", sent. de 3-VI-2009; C. 105.234, "Villegas", sent. de 17-II-2010; A. 73.385, "SJC", sent. de 24-VI-2015 y A. 73.073, "Araya", sent. de 28-XI-2018).
III.2. Tampoco puede prosperar la denunciada transgresión a la doctrina sentada por esta Corte en la causa A. 73.981, "Donadío", sentencia de 5-X-2020, debido a que -además de lo que ya ha sido señalado en torno al principio de congruencia- no alcanza con la mera individualización del precedente y la transcripción de sumarios para sustentar la violación de la doctrina legal en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, sino que deben indicarse los aspectos fácticos del caso donde se sentó el criterio que se pretende aplicar a la pretensión incoada y la similitud con las circunstancias fácticas y jurídicas de la causa, cargas todas que el recurrente ha incumplido.
En línea con lo indicado, este Tribunal ha expresado que solo será suficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando se individualice concretamente la doctrina que se repute violada y se señalen los aspectos fácticos que rodearon al caso donde este Tribunal sentó el criterio que se pretende aplicar, debiéndose indicar en la respectiva denuncia la cita de la norma legal que, emanada de dicha doctrina, resulte conculcada por el tribunal de apelación (doctr. causas A. 73.228, "Arbelo", sent. de 19-X-2016; A. 72.793, "Ruiz", sent. de 5-VII-2017; A. 74.288, "Paredi Pavioni", sent. de 3-V-2018; A. 72.338, "G., H. E. y ot.", sent. de 26-XII-2018; e.o.).
III.3. En lo que respecta a la supuesta violación de distintas disposiciones del Código Civil y Comercial, así como de la ley 14.656, el recurso bajo análisis resulta también notoriamente insuficiente.
Esto es así en tanto, fuera de lo previamente analizado, dicha pieza procesal carece de una explicación que se relacione de manera concreta y directa con los fundamentos vertidos en el pronunciamiento atacado y explique por qué, al decidir como lo hizo, la Cámara habría vulnerado los preceptos invocados.
Lo indicado obliga a recordar que una de las notas características de la instancia extraordinaria está dada por la mayor exigencia en cuanto a las cargas técnicas. El acabado cumplimiento de los recaudos que fija el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial supone que el recurrente indique con claridad las normas legales infringidas por la decisión cuestionada y que lo haga circunstanciadamente, esto es, que precise en qué consiste la violación contra la que se alza o por qué motivo las considera erróneamente aplicadas (conf. causas A. 68.035, "D., J. A.", sent. de 5-III-2008; A. 73.491, "Lin", sent. de 13-VI-2018; A. 76.758, "Perazzo", sent. de 21-XII-2022; e.o.).
Es que la facultad revisora de este Tribunal se encuentra circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación que contra ella se formule en la pieza recursiva (conf. causas L. 85.098, "Fernández", sent. de 4-X-2006; L. 87.394, "V. d. C.", sent. de 11-V-2005; A. 69.413, sent. de 17-VIII-2011; A. 73.385, "J.C.S.", sent. de 24-VI-2015; A. 77.124, "Saldivia", sent. de 27-X-2022; A. 77.129, "Schab", sent. de 2-III-2023 y A. 77.187, "Tomaro", sent. de 11-VIII-2023). De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal que a juicio del recurrente padece el fallo que ataca.
A su vez, esta Suprema Corte tiene dicho que para que el escrito en que se funda el recurso de inaplicabilidad de ley cumpla la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, los argumentos que en él se formulan deben referirse directa y concretamente a los conceptos con que se estructura la sentencia; y esa función no queda cumplida con la sola enumeración de determinadas normas legales si con ello se omite, justamente, la réplica al enlace conceptual que el pronunciamiento judicial impugnado contiene (doctr. causas C. 112.074, "Lefimil", sent. de 4-IV-2013; C. 98.627, "Solitín S.A.", sent. de 26-VIII-2009 y A. 74.556, "Descalzi", sent. de 20-IX-2019).
III.4. Sentado lo anterior, he de resaltar que lo dicho hasta aquí alcanza para descartar la impugnación del monto indemnizatorio acordado en la instancia previa, ya que en esa dirección el recurrente alude -por todo fundamento- a la presunta falta de causa que derivaría de la ya abordada violación del principio de congruencia, a la supuesta vulneración de la ley 14.656 y a la acusada ausencia de elementos de prueba determinantes para tener por acreditado el daño invocado, alegaciones que se han planteado en forma claramente genérica y desvinculada de los argumentos brindados al respecto por el Tribunal de Alzada.
III.5. Por último, cabe señalar que el argumento basado en el quebranto de principios y textos constitucionales no comporta un adecuado sustento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando tales infracciones constitucionales derivarían de la trasgresión de otras normas, no acreditada en el caso (conf. causas A. 71.802, "Emma", sent. de 22-X-2014; A. 73.515, "Katz", sent. de 13-IX-2017; A. 75.641, "Ibarguren", sent. de 28-VIII-2019; A. 75.839, "Fernández", sent. de 11-VIII-2023; e.o.).
IV. En virtud de los fundamentos expuestos, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Municipalidad de Hurlingham (conf. arts. 279 y 289, CPCC), con
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.