Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77302
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario interpuesto (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.302, "Urga, Pablo Alberto contra Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires Distrito V. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata resolvió hacer lugar a la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por el Colegio de Médicos Distrito V y, en consecuencia, rechazar la demanda incoada por el actor, con costas a su cargo en su condición de vencido (v. sentencia de fecha 26-XI-2020).
Disconforme con dicho pronunciamiento este interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 16-XII-2020), el que fue concedido por la Cámara interviniente el día 10 de agosto de 2021.
Dictada la providencia de autos para resolver (1-X-2021), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducido por la parte actora?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. El señor Pablo Alberto Urga, médico clínico, promovió pretensión anulatoria contra el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires Distrito V con asiento en la localidad de Luján, adecuando el recurso de apelación oportunamente interpuesto contra la resolución dictada el 12 de marzo de 2016 por el Tribunal Superior de Disciplina del Colegio de Médicos de la Provincia, que le aplicó la sanción de suspensión en la matrícula profesional por el término de seis (6) meses, por encontrarlo responsable de haber transgredido normas de contenido ético profesional (arts. 5, 6 y 7, Código de Ética) al presentar para su facturación al Círculo Médico de Chivilcoy prestaciones médicas de obras sociales realizadas mientras se encontraba de viaje en el exterior y con goce de licencias, en los meses de diciembre de 2012 y enero de 2013; solicitando se la revoque (v. fs. 29/54 y vta.).
I.2. A fs. 64/77 compareció y contestó la demanda el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires Distrito V, aquí demandado.
En particular, negó que el acto administrativo objeto de la acción promovida haya sido emitido por su parte.
Aclaró que el objeto de la acción es la impugnación de un acto administrativo que no emanó del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires Distrito V, por cuanto el Tribunal Disciplinario Superior del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires no depende de aquel.
Explicó que, impugnándose una resolución dictada por el Tribunal Superior del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, la acción debió dirigirse contra ese órgano y no, tal como se lo hizo, contra el Tribunal Disciplinario distrital, motivo por el cual opuso la defensa de falta de acción por ausencia de legitimación pasiva para ser demandado.
II. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, en lo que al caso interesa, indicó que el error en que incurrió el actor en el escrito de promoción se afincó en una condición propia de la organización del colegio profesional que no ha sabido deslindar, ya que -según sus términos- la condición jurídica del demandado se ofrece con inequívocos contornos de órgano comprendido en la estructura propia de un único sujeto de derecho, a saber, el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires (conf. arts. 1, 2, 5, 6. 24, 27 y ccs., dec. ley 5.413/58).
Señaló que solo al Colegio de la Provincia le corresponde el perfil de persona jurídica pública no estatal, en el marco de una organización institucional en el que las entidades departamentales se dirigen integrándolo como parte orgánica.
Consideró que los colegios de distrito no poseen personalidad jurídica propia distinta del Colegio de Provincia, sino que se reportan a él como organización única que posee la capacidad jurídica de gobernar la matrícula profesional.
Ponderó que en toda cuestión que suscite la intervención de ambos, la voluntad definitiva, expuesta de manera suficiente con la actuación del máximo escalón jerárquico, descalifica el intento por dirigir la acción hacia un órgano que lo comprende en su constitución, pero que carece de capacidad jurídica para estar en juicio en defensa del acto que consuma la instancia y proviene del órgano con decisión final.
Por último, la Cámara puntualizó que el único sujeto legitimado a comparecer en juicio es el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, que no fue demandado en autos, razón por la cual acogió la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta.
III. Contra dicho pronunciamiento la parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
El recurrente alega que la sentencia impugnada interpretó erróneamente (error in iudicando ) los arts. 1, 2, 5, 6, 24, 27 y concordantes del decreto ley 5.413/58 y violó los arts. 163 inc. 6, 375, 384 y siguientes, 330 del Código Procesal Civil y Comercial; 51, 74 y concordantes de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-, en cuanto a la apreciación y valoración de la excepción de falta de legitimación deducida por el demandado, arribando a conclusiones equivocadas que no encuentran respaldo en la normativa aplicable, y que al emplearlas como premisas, conducen al dictado de una sentencia en franca violación al derecho que rige el caso.
Agrega que el Tribunal de Alzada también efectuó una errónea aplicación analógica de la jurisprudencia dictada por el propio órgano, todo lo cual conduce a una sentencia injusta.
Por otra parte, arguye que violó la doctrina legal emanada de las sentencias dictadas por esta Suprema Corte de Justicia (Ac. y Sent. 1976, v. I, pág. 637; 1977, v. III, pág. 719, 1.265; causa A. 73.981, LP, RSD 128-20 S 5-X-2020; e.o.).
Sostiene, a su vez, que la sentencia recurrida incurre en una contradicción al fundamentar la postura a favor de darle acogida a la excepción de falta de legitimación pasiva articulada, en tanto se considera que en definitiva se trata de la misma persona, no de otra distinta.
Manifiesta en tal sentido, que concuerda con el Tribunal de Alzada en cuanto a que los Colegios Distritales forman parte integrante y/o se encuentran comprendidos dentro del Colegio de Médicos provincial. Y que de ello se colige, que también forman la voluntad del ente del cual dependen.
Afirma que esto significa que el ente distrital que fue demandado por la decisión tomada por el Superior Tribunal de Disciplina del Colegio al que representa, tenía las siguientes alternativas: a) contestar la demanda en su nombre y representación, como ente distrital apéndice del órgano principal que conforma; b) remitir la demanda al órgano principal para que sea este quien la conteste en tiempo y forma; o c) citar formalmente al Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires para que intervenga en el proceso.
Explica que el Colegio Distrital V optó por contestar a la demanda, oponer todas las defensas necesarias y rechazar todos los cuestionamientos endilgados en su contra, en una total y absoluta libertad de defensa, sin limitación alguna.
Puntualmente estima que de ello surge claramente, más allá de la excepción planteada, que actuó en nombre y representación del Colegio de Médicos provincial, del cual depende, en ejercicio de su derecho de defensa.
Alega, por otra parte, que no es cierto que los colegios de médicos distritales carezcan de personalidad jurídica, sino todo lo contrario; el art. 1 del decreto ley 5.413/58 les confiere atribuciones para actuar como personas jurídicas de derecho público. Y en tal carácter -continúa-, conforme al espíritu de su constitución, actúa en nombre y representación del Colegio de Médicos del que forma parte integrante.
Sostiene que no cabe duda de que el Colegio Distrital V contestó la demanda bajo dicha premisa, desplegando todas las defensas que tenía a su alcance para desvirtuar los argumentos expuestos en la demanda, y para justificar la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Disciplina del Colegio de Médicos provincial.
Señala que el pronunciamiento de la Cámara cae en un excesivo rigorismo formal inaceptable, carente de toda lógica, en tanto desprecia el principio de búsqueda de la verdad material objetiva, rechazando una demanda fundada con argumentos sólidos y contundentes, y evitando de esta manera efectuar un análisis de legalidad del acto administrativo atacado, como lo prescribe el art. 74 del Código Contencioso Administrativo.
Remarca que por el decreto ley 5.413/58 se otorgó un mandato o derecho de representación del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires hacia los Colegios distritales, para que estos lo representen en su nombre ante terceros.
Alega que el Tribunal de Alzada permitió que el proceso judicial se llevara a cabo con la sola presencia del Colegio de Médicos Distrito V, quien tuvo oportunidad de contestar la demanda y controlar las pruebas ofrecidas por la contraria, entendiendo de esta forma que la demandada estuvo bien representada.
Agrega que el propio tribunal al momento de caratular el proceso indicó a quién había que demandar, según providencia de fecha 13 de junio de 2016, por la que intimó al recurrente a adecuar su pretensión a la jurisprudencia de esta Corte, caratulando el proceso tal como consta en soporte papel e informático.
Por último, argumenta que los jueces que votaron en segundo y tercer término lo hicieron apoyando la postura del magistrado preopinante en base a un antecedente cuya exégesis resulta alejada del objeto del proceso y fundamentalmente, de la falta de legitimación pasiva resuelta en forma unánime.
Resalta que utilizaron como argumento una doctrina legal que resulta inaplicable para sostener su voto (causa n° 12.408, "Streuli", resol. de 25-X-2012), por lo que la sentencia deviene carente de fundamento y motivación, y por ende, es nula; debiendo ser revocada.
IV. El recurso no prospera.
IV.1. En primer lugar, debo destacar que el tribunal a quo señaló que el demandado, inequívocamente, es un órgano comprendido en la estructura del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires (conf. arts. 1, 2, 5, 6. 24, 27 y concs., dec. ley 5.413/58).
Al respecto, he de puntualizar que los Colegios de distrito son aquellas divisiones del territorio de la Provincia de Buenos Aires en que se fragmenta el gobierno y administración del Colegio de la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo con los términos del art. 1 del decreto ley 5.413/58, que establece lo siguiente: "Créanse en la provincia de Buenos Aires, los Colegios de Médicos de Distritos entidades civiles que constituirán el Colegio de Médicos de la Provincia, para los fines de interés general que se especifican en el presente decreto-ley y que funcionarán con el carácter de derechos y obligaciones de personas jurídicas de derecho público". A su vez, el art. 24 del mismo régimen legal deja sentado que el Colegio de Médicos de la Provincia se constituirá mediante la representación de los colegios de médicos de distrito.
Dispone, por su parte, el art. 5 del citado decreto ley, que "los Colegios de Médicos de Distrito tienen exclusivamente por objeto y atribuciones [...] inc. 5. Velar por el fiel cumplimiento de las normas de ética profesional...", e "inc. 8. El poder disciplinario sobre los médicos de su jurisdicción o de aquellos que sin pertenecer a la misma, sean pasibles de sanciones por actos profesionales realizados en el distrito...".
En lo que al caso atañe, los arts. 47 y 50 del decreto ley 5.413/58, estatuyen que no podrá aplicarse ninguna sanción sin sumario previo instruido por el Consejo de distrito conforme a derecho y sin que el inculpado haya sido citado para comparecer dentro del término de diez días hábiles para ser oído en su defensa, y el plazo necesario en caso de incapacidad o fuerza mayor. Las sanciones serán apelables ante el Tribunal Superior del Colegio de Médicos de la Provincia , por recurso directo dentro de los diez días de notificarse al interesado, y de este nuevo pronunciamiento podrá recurrirse ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil en turno, en el término de quince días (el art. 3 de la ley 13.325 modificó el art. 79 de la ley 12.008 -Código Procesal Contencioso Administrativo-, estableciendo que en tales casos, resultan competentes los tribunales contencioso administrativos, y tramitarán con arreglo a lo previsto en el art. 74 del presente código...).
De acuerdo a lo que surge de las constancias de autos, no resulta controvertido por las partes que la sanción aplicada al médico Pablo Alberto Urga fue dispuesta por resolución dictada el 12 de marzo de 2016 por el Tribunal Superior de Disciplina del Colegio de Médicos de la Provincia.
Ello así, conforme lo expuesto, las alegaciones del recurrente no logran conmover las conclusiones del Tribunal de Alzada que juzgó la cuestión.
Si el Colegio Distrito V no dictó la referida resolución disciplinaria, sino que lo hizo el Tribunal Superior de Disciplina del Colegio de la Provincia -que tampoco depende de aquel-, es evidente que el Colegio de distrito carece de legitimación para ser demandado en esta litis.
No advierto que se configure la contradicción apuntada por el impugnante en el punto V, duodécimo párrafo del recurso extraordinario deducido, porque las funciones y atribuciones de los Colegios de distrito se encuentran perfectamente delimitadas en la norma aplicable.
Por su parte, al contestar la demanda, el demandado efectuó las negativas genéricas de rigor y las particulares " por no constar a su parte ", y luego de exponer la versión controvertida de los hechos, invocó falta de acción (v. fs. 71 y vta., p. 5), para luego recién contestar la demanda; eventualidad que se imponía juntamente con la argumentación sobre el fondo de la cuestión planteada, para resguardar su derecho de defensa ante un eventual rechazo de la excepción articulada, mas no -como pretende el impugnante- para ejercer el derecho de defensa del Colegio provincial.
En consecuencia, no existe el error in iudicando alegado, por errónea interpretación en la sentencia de Cámara de los arts. 1, 2, 5, 6, 24, 27 y concordantes del decreto ley 5.413/58.
IV.2. En otro orden de ideas, tampoco asiste razón al recurrente cuando afirma que el Tribunal de Alzada permitió que el proceso judicial se llevara a cabo con la sola presencia del Colegio de Médicos Distrito V.
Sabido es que el art. 330 inc. 2 del Código Procesal Civil y Comercial establece que la demanda deducida por escrito contendrá el nombre y domicilio del demandado. Y la calidad de sujeto pasivo de una relación procesal emerge -en principio- de su figuración como tal frente a una determinada pretensión y en la inteligencia de que lo afecte en un interés propio (conf. Palacio; Derecho Procesal Civil , Tomo III, pág. 9/11), por lo que su individualización queda reservada a quien promueve un proceso contradictorio, cuya correcta formulación exige la ineludible carga de denominar el demandado para posibilitar así el hábil ejercicio de la acción e incluso fijar la competencia del tribunal (conf. Morello, Augusto Mario, Sosa, Gualberto Lucas, Berizonce, Roberto; Códigos procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, t. IV, pág. 225).
La adecuación de la demanda formulada a fs. 29/54 y vta., consigna claramente cuál es el sujeto demandado tanto en el sumario como en el punto I del escrito, y la carátula del expediente solo refleja los datos que el actor incluyó en aquel, razón por la cual el tribunal a quo acierta al concluir que el único sujeto legitimado a comparecer en juicio es el Colegio de Médicos de la Provincia, que no fue demandado en autos.
Todo ello permite dejar en claro que tampoco se configura en la especie violación de los arts. 163 inc. 6, 375, 384 y siguientes, 330 del Código Procesal Civil y Comercial; 51, 74 y concordantes de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- en punto a la apreciación y valoración de la excepción de falta de legitimación.
IV.3. Alega el recurrente que el Tribunal de Alzada utilizó como argumento una doctrina legal inaplicable para sostener el voto de la doctora Milanta y del doctor Spacarotel emitidos en segundo y tercer término, razón por la que la sentencia deviene carente de fundamento y motivación, y se torna nula.
Advierto al respecto que ambos magistrados votaron respectivamente a la primera cuestión planteada, adhiriendo a la solución, y a los fundamentos y solución propuestos por el juez de primer voto doctor De Santis, de conformidad a lo resuelto por el órgano de Alzada en la causa n° 12.408, "Streuli" (resol. de 25-X-2012).
En este último pronunciamiento se acogió la excepción de falta de legitimación pasiva planteada en aquel caso por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de La Plata, similar a la deducida en los presentes; motivo por el cual la objeción del recurrente, en la especie, en cuanto a la ausencia de fundamentación y motivación de la sentencia impugnada, resulta a todas luces inadmisible.
IV.4. En punto a la pretendida violación de la doctrina legal de este Tribunal citada en el remedio deducido (Ac. y Sent. 1976, v. I, pág. 637; 1977, v. III, pág. 719, 1265; causa A. 73.981, LP, RSD 128-20 S 5-X-2020), debo señalar que en los precedentes invocados mediaron presupuestos de hecho y de derecho que difieren a los propios que se presentan en el caso en juzgamiento.
Al respecto, esta Suprema Corte ha resuelto que no basta con la mera individualización del precedente para sustentar la denuncia de violación de la doctrina legal en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, sino que deben indicarse los aspectos fácticos del caso donde se sentó el criterio cuya aplicación se pretende a la pretensión y la similitud con las circunstancias de hecho y jurídicas de la causa (conf. causas A. 76.812, "Pino Amarillo", sent. de 31-VII-2023; A. 77.484, "Giordano", sent. de 18-IX-2023; e.o.); razón por la cual también corresponde desestimar el recurso extraordinario deducido en esta parcela.
V. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora, con costas.
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/05/2024 22:48:05 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2024 11:35:16 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 29/05/2024 15:40:42 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/05/2024 09:43:36 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/05/2024 10:30:01 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 30/05/2024
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