Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75818
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas a la recurrente en su carácter de vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101- y 68, 279 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.818, "BBVA Banco Francés S.A. c/ Tribunal Fiscal de Apelación y Otros s/ Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud, Carral, Budiño, Violini.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata admitió el planteo de prescripción articulado por la actora y dejó sin efecto el acto administrativo dictado por el Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires de fecha 16 de octubre de 2014 (v. fs. 229/233).
Disconforme con ese pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara actuante (v. fs. 236/247).
Dictada la providencia de autos a fs. 257 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata resolvió dejar sin efecto la resolución dictada por el Tribunal Fiscal de Apelación el 16 de octubre de 2014 y hacer lugar al planteo de prescripción articulado por la parte actora; en consecuencia, declaró inaplicables al caso las disposiciones de los arts. 157 y 161 del Código Fiscal (t.o. 2011) y ordenó la devolución de las sumas ingresadas en concepto de pago previo.
Para así decidir, comenzó explicando que, en virtud de la época de nacimiento de la obligación, se aplicaba a la presente causa la legislación de fondo vigente al momento del hecho, toda vez que se había consumado bajo el amparo de esa norma (ref. Cód. Civil, ley 340 y modif.).
Expuso que el régimen aplicable para determinar si operó el plazo de prescripción liberatoria resultaba el Código Civil y no las previsiones del Código Fiscal local, conforme el marco jurídico que surge del fallo "Filcrosa SA" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentencia de 30-IX-2003, seguido por la mayoría de esta Suprema Corte bonaerense.
Sentado lo anterior, advirtió que el período reclamado en autos corresponde al año 2004, por lo que el término de la prescripción, conforme al art. 3.956 del Código Civil, comenzó a correr el 1 de enero de 2005 y por lo tanto expiró el 1 de enero de 2010, de acuerdo a lo que dispone el art. 4.027 en su inc. 3 del Código Civil citado. Siempre, claro está que, como en el caso, no existieran causales de interrupción y/o suspensión.
En tal sentido observó que el expediente administrativo 2360-0020194/08, en el que se dictó la disposición determinativa sancionatoria 3.197/10, el 30 de junio de 2010 y notificada en igual fecha, carecía de efectos suspensivos en los términos del art. 3.986 del Código Civil y, en consecuencia, la pretensión de cobro del crédito fiscal en cuestión resulta extemporánea.
Finalmente, ordenó devolver las sumas ingresadas por la actora en concepto de pago previo más intereses según se determine en la etapa de ejecución de sentencia.
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, la Fiscalía de Estado denuncia violación de los arts. 159 del Código Fiscal (t.o. 2011) y 5, 121 y 123 de la Constitución nacional. Alega asimismo, la errónea aplicación de los arts. 75 inc. 12 de la Constitución nacional y -como consecuencia de todo lo anterior- de los arts. 3.956, 3.986 y 4.027 inc. 3 del Código Civil (ley 340).
Remarcó la necesidad de revisar la doctrina sentada por la Corte federal en el caso "Filcrosa", a la luz de la nueva normativa nacional que regula expresamente la preeminencia de las normas locales tributarias en materia de prescripción, atento la insoslayable autonomía de estas por sobre las disposiciones del derecho común.
Seguidamente expresó que el art. 2.532 del nuevo Código confirma expresamente la competencia de las legislaturas provinciales para regular la prescripción liberatoria en cuanto al plazo de tributos. Agregó que el art. 2.560 establece que el plazo de prescripción es de cinco años, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local.
En cuanto al alcance de la potestad provincial para regular la prescripción de sus tributos, destacó que, si el legislador ha reivindicado que las normas locales pueden regular la prescripción liberatoria en cuanto a los plazos, más aún pueden regular el modo de cómputo y las causales de suspensión e interrupción.
Sentado ello, recordó que el art. 159 del Código Fiscal regula el inicio del plazo de prescripción para determinar y exigir el pago de deudas tributarias.
Apuntó que la aplicación de dicha norma impone concluir que, en el caso, no había operado la prescripción de las acciones para exigir el pago de las obligaciones fiscales adeudadas por la parte actora en su condición de contribuyente del impuesto sobre los ingresos brutos.
Señaló que tratándose de una deuda generada por un tributo que debe ser determinado por el contribuyente en sus declaraciones juradas anuales a año vencido, el plazo de prescripción del período cuestionado en la demanda (2004) comenzó a correr al año siguiente del vencimiento del plazo para la presentación de la declaración jurada anual, es decir el 1 de enero de 2006. Por lo tanto (de no mediar ninguna causal interruptiva o suspensiva) la prescripción hubiera operado el 1 de enero de 2011, (arts. 209 y 210, Cód. Fiscal).
Entendió así que la disposición determinativa sancionatoria 3.197/10 que determinó las obligaciones de la firma por el período indicado, se dictó y notificó el 30 de junio de 2010, en consecuencia, concluye, no había transcurrido el plazo de cinco años necesario para poder declarar la prescripción, como sostuvo erróneamente la Cámara de Apelación interviniente.
Añade que el Fisco determinó y reclamó temporáneamente el pago de las diferencias surgidas en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos, resultando desacertada la sentencia del tribunal actuante en cuanto consideró cumplido el plazo de prescripción a la fecha del dictado de la resolución determinativa.
Puntualizó que es claro el agravio que la sentencia recurrida le provoca al Fisco, pues las normas violadas no son inconstitucionales y su aplicación al caso impone concluir que la potestad fiscal no se encontraba prescripta y de allí la plena exigibilidad de la deuda que compone la pretensión fiscal.
Por último, destacó que el art. 161 del Código Fiscal determina que el plazo queda suspendido por un año, entre otros, desde la fecha de la intimación administrativa de pago. Lo que, en el caso, aconteció el día 30 de junio de 2010 con la notificación a la firma demandada de la disposición determinativa sancionatoria 3.197/10. Y que, cuando mediare recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de Apelación, la suspensión se prolongará hasta los noventa (90) días posteriores a que la autoridad de aplicación reciba las actuaciones en el marco de las cuales el Tribunal Fiscal hubiere dictado sentencia.
Precisó entonces que el cómputo del plazo debe iniciarse solo desde que el acreedor tiene la posibilidad efectiva de demandar judicialmente el cobro de la deuda y se prolonga durante el tiempo de la inacción voluntaria del acreedor.
Sostuvo que la recta interpretación de las cuestiones debatidas en autos, impone destacar que cuando el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional menciona los diferentes códigos de derecho material, establece una pauta de distribución de competencia legislativa entre la Nación y las provincias respecto del derecho común que, interpretada racionalmente, no solo debe obedecer al texto de los actuales arts. 121 y 126 de la Constitución nacional (siendo la legislación local la regla, en tanto la legislación nacional es la excepción) sino que, en el caso particular de los gobiernos locales, debe respetar las autonomías legislativas.
III. En mi opinión, el recurso prospera.
Como en precedentes análogos (v. causa A. 74.414, "Grupo Peñaflor S.A.", sent. de 30-XI-2021); en la causa A. 71.388, "Fisco c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018, señalé que un nuevo estudio del régimen de la prescripción de los tributos locales, a la luz de los arts. 2.532 y 2.560 del nuevo Código Civil y Comercial (aprobado por la ley 26.994), me había convencido de modificar mi postura anterior, que era coincidente con el precedente "Filcrosa" de la Corte nacional y establecer -en consecuencia- que en la materia señalada deben prevalecer las normas locales por sobre la legislación de fondo.
En mérito a lo allí sostenido y por los argumentos que en la misma oportunidad desarrollara el doctor Soria, a cuyo voto adherí -con ciertas salvedades- y adonde cabe remitir en honor a la brevedad, entiendo que asiste razón a la Fiscalía de Estado en cuanto denuncia violación del art. 159 y concordantes del Código Fiscal (t.o. 2011).
IV. Por los fundamentos expuestos, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, revocar la sentencia atacada y devolver las actuaciones para que se analice lo atingente a la prescripción conforme las previsiones del Código Fiscal (conf. art. 289, CPCC).
Atento el modo en que se resuelve, las costas deben distribuirse por su orden, dado que la actora pudo considerar que la deuda se hallaba prescripta (conf. arts. 60 inc. 1, CCA y 68 segundo párrafo, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Acompañaré la solución propuesta por la doctora Kogan, quien ha tenido la deferencia de citar mi voto en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos S.R.L.", sentencia de 16-V-2018.
Allí sostuve, en lo tocante al plazo de prescripción en materia tributaria y sus aspectos complementarios, que debía estarse a lo regulado por la normativa provincial.
Puntualicé que la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación explicitó un criterio opuesto al sentado en el caso "Filcrosa" por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que evidenció el propósito de revertir esa línea de interpretación. Por ello indiqué que quedaba sin sostén el mantenimiento de la doctrina que emana de este precedente (v. punto IV.3.e. de mi voto en la causa A. 71.388, cit.).
Expliqué que el Congreso, como primer intérprete de sus competencias, valoró que el plazo de prescripción de tributos era un asunto de resorte local y, por ende, ajeno al art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional; lo que desbarata los argumentos tendientes a sostener la mencionada doctrina del Máximo Tribunal federal.
Advertí además que el contenido de la normativa tributaria local era sustancialmente idéntico al preceptuado a nivel nacional en varias disposiciones de la ley 11.683, guardando congruencia en orden a su razonabilidad (conf. art. 28, Const. nac.).
Ello, sumado al resto de las consideraciones vertidas a las que remito por cuestiones de brevedad, me convence de postular la aplicación de la legislación tributaria local al caso de autos.
II. No ignoro que más cerca en el tiempo una mayoría de la Corte federal se expidió en el caso "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A." (Fallos: 342:1903, sent. de 5-XII-2019) de un modo que, a simple vista, desautorizaría la lectura normativa que vengo defendiendo. Y que desprovista de cualquier cualificación adicional o novedosa, esta última debería ceder en favor de tal criterio jurisprudencial a fin de salvaguardar la economía procesal, consistentemente con el temperamento que he seguido veces anteriores.
Pero al margen de la menor fuerza vinculante que cabría asignarle a un argumento obiter dictum por no estar directamente ligado al caso -donde la sentencia apelada, por haber sido dictada con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, nunca pudo fundamentarse de un modo semejante al que aquí propicio- (CSJN Fallos: 219:583), lo concreto es que del análisis de la referida decisión no es posible extraer la refutación del punto de vista aquí avanzado y que, por lo pronto, habré de mantener.
Tras recordar las normas incorporadas a la nueva codificación de fondo que facultaron a las legislaciones locales a regular el plazo de prescripción liberatoria en materia de tributos (v. causa "Volkswagen", cons. 4°), la Corte sostuvo: "Que, sin embargo, los hechos del caso no deben ser juzgados a la luz del mencionado Código Civil y Comercial ni sobre la base del principio de la aplicación inmediata de la nueva ley [...] sino de conformidad con la legislación anterior, pues no se ha controvertido en autos que la deuda tributaria reclamada en concepto del impuesto sobre los ingresos brutos responde a los períodos fiscales comprendidos entre los años 1987 y 1997...", para luego ensayar acerca de la "noción del consumo jurídico" y concluir que "...el caso debe ser regido por la antigua ley y por la interpretación que de ella ha realizado este Tribunal" (cons. 5°).
Aun cuando pueda subyacer el propósito de desconocer su injerencia, la opinión mayoritaria no se detuvo a analizar la articulación entre la solución brindada por el legislador nacional al aprobar la ley 26.994 (v. arts. 2.532, 2.560 y concs.) y su virtualidad para desentrañar el verdadero alcance de la "legislación anterior" o "antigua ley" -como arriba se dice- en materia de potestades tributarias provinciales y municipales. Lo que hizo fue abordar tales elementos de manera aislada, reconociendo la vigencia de la nueva codificación desde el día de su vigencia -de un lado- y reiterando la doctrina "Filcrosa" hasta ese momento -de otro-. Mas no su interrelación, como sí lo hizo abiertamente el voto minoritario (v. voto del señor juez Rosatti, cons. 12°, segundo párrafo).
Lo anterior no se ha visto alterado, tampoco, en los casos elevados a la Corte nacional provenientes de esta jurisdicción, en los cuales expresamente reparé en las implicancias de la nueva codificación civil y comercial en la materia. En ellos se remite, sin más, al referido precedente "Volkswagen" (CSJN causas CSJ309/2020 /CS1, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Wunder" y CSJ2620/2019 /CS1, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ De Fabio", sents. de 26-XI-2020).
III. Consecuentemente, corresponde acoger el recurso extraordinario interpuesto y devolver las actuaciones a la Cámara de Apelaciones para que, debidamente integrada y observando los arts. 157, 159, 161 y concordantes del Código Fiscal (t.o. 2011), proceda a realizar un nuevo cómputo de la prescripción de la deuda determinada en el impuesto sobre los ingresos brutos para el período que es objeto de controversia.
Voto por la afirmativa .
Costas por su orden, dado que la actora pudo considerar que la deuda se hallaba prescripta (arts. 60 inc. 1, CCA y 68 segundo párrafo, CPCC).
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Discrepo con la solución dada por mis colegas. Por el contrario, entiendo que la sentencia recurrida debe ser confirmada por los siguientes argumentos.
II. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la citada causa "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A. c/ Provincia de Misiones - Dirección General de Rentas y otro s/ demanda contenciosa administrativa" (CSJ4930/2015, sent. de 5-XI-2019), ratificó su inalterada jurisprudencia de Fallos: 326:3899; 332:616; 332:2108; 332:2250 (entre otros), haciendo referencia a las razones por las que invariablemente había sostenido que la prescripción no era un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho.
Para así decidir, advirtió que en ese caso -al igual que en el de autos- se estaba en presencia de una situación jurídica y de actos o hechos que son su consecuencia, cumplidos por el Fisco y por el particular en su totalidad durante la vigencia de la legislación anterior, por lo que la noción de consumo jurídico (cfr. doctrina de Fallos: 232:490; 306:1799; 314:481; 321:1757 y "Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires", Fallos: 338:1455, cons. 5°), conducía a concluir que debía regirse por la antigua ley y por la interpretación que de ella había realizado ese Tribunal -en la jurisprudencia señalada supra-.
En esa inteligencia, siendo que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulta relevante para los tribunales inferiores, ya sea por tratarse de temas federales donde resulta la intérprete última y más genuina de nuestra carta fundamental o, sin serlo, por aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, corresponde desestimar el agravio traído por el Fisco referente a la aplicación de las normas del Código Civil en desmedro de lo establecido por el Código Fiscal en la materia, atento que este asunto discurrió bajo la vigencia del antiguo Código Civil, hoy derogado.
III. Por lo expuesto, doy mi voto por la negativa , con costas (arts. 279 y 289, CPCC).
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Comparto la propuesta decisoria elaborada por el señor Juez doctor Torres sobre la base de los fundamentos que tuve oportunidad de señalar en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018, sustancialmente análoga a la presente, a la que remito en razón de la brevedad.
Dichos razonamientos fueron señalados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Filcrosa", los que fueron renovados por dicho Tribunal en autos "Volkswagen de ahorro para fines determinados S.A.", sentencia de 5-XI-2019 (CSJN Fallos: 342:1903).
II. Por los fundamentos brindados, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto, con costas a la recurrente en su carácter de vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101- y 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Carral , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Budiño y Violini , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas a la recurrente en su carácter de vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101- y 68, 279 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/05/2024 22:47:59 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2024 11:35:15 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 29/05/2024 15:40:41 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/05/2024 09:43:35 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/05/2024 11:20:24 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/05/2024 15:18:25 - CARRAL Daniel Alfredo - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/06/2024 14:51:02 - VIOLINI Víctor Horacio - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/06/2024 09:16:16 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 13/06/2024 09:16:42 hs. bajo el número RS-67-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia