Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76118
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.118, "Akzo Nobel Argentina S.A. y Otros c/ ARBA s/ Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Budiño.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata desestimó la demanda interpuesta por la firma actora y los señores Gustavo Gambirassi, Rodolfo Sero, Ramón Goreglad, Juan Carlos Saavedra Richard y Luis Alejandro Elena, contra la resolución definitiva del Tribunal Fiscal de Apelación que había confirmado la determinación de oficio respecto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Impuso las costas del proceso a la vencida (art. 51 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 14.437-; v. fs. 216/232).
Disconforme con dicho pronunciamiento, el letrado apoderado de la firma actora interpuso recurso extraordinario en favor de la empresa e invocó el carácter de gestor del art. 48 del Código Procesal Civil y Comercial para el resto de los coactores (v. presentación electrónica de fecha 12-VII-2019), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 240/241.
Llamados los autos para resolver (v. fs. 243), debieron suspenderse, para declarar la nulidad de lo actuado por el letrado Gonzalo M. Gros en nombre de los cinco coactores, por la omisión de ratificar la gestión de aquel en tiempo útil, quedando en consecuencia únicamente subsistente el interpuesto por la firma actora.
De conformidad a ello y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, rechazó la pretensión anulatoria deducida en relación a la obligación de pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (en adelante ISIB) correspondiente a los períodos 2007 (enero-diciembre) y 2008 (enero-diciembre), y la atribución de responsabilidad solidaria imputada. En consecuencia, confirmó el ajuste efectuado sobre la actividad de la actora, al no resultar alcanzada por la exención normada en las leyes 11.490 y 11.518, tras considerar que los ingresos obtenidos de la ejecución del contrato de franquicia no se identificaban con la venta mayorista exenta.
Para así decidir, primero reseñó los antecedentes relevantes de la cuestión controvertida, entre los que destacó lo actuado en el procedimiento de verificación de las obligaciones tributarias de la firma ALBA Fábrica de Pinturas, Esmaltes y Barnices S.A. (actualmente Akzo Nobel Argentina S.A.; v. expediente administrativo 2.360-0125733/2.009), en el que fueron detectadas diferencias en sus obligaciones como contribuyente del ISIB (Régimen del Convenio Multilateral), por los períodos comprendidos entre los meses de enero a diciembre de los años 2007 y 2008.
Expuso que, en el sumario iniciado a través de la disposición delegada 1.317/13 contra la firma Akzo Nobel Argentina S.A. y responsables solidarios, se dictó la disposición delegada SEFSC 3.552/13, que determinó diferencias a favor del Fisco por los períodos arriba indicados y aplicó una multa por omisión tributaria, responsabilizando solidariamente a los directivos de la contribuyente. Disposición que, luego, fue confirmada en todas sus partes por el Tribunal Fiscal de Apelación por resolución de 18-VIII-2016.
A su turno, la Cámara desestimó la demanda anulatoria y confirmó lo resuelto por el Tribunal Fiscal, tras descartar la existencia de vicios en la motivación, finalidad y procedimiento desarrollado ante la Administración, pues consideró que de la lectura de los actos impugnados se apreciaban los antecedentes de hecho y de derecho que dieron origen a la disposición adoptada, entre ellos, la descripción de la actividad desarrollada por la empresa y la documentación ponderada en el decisorio.
Añadió que la prueba producida no permitía concluir que el obrar de la autoridad tributaria estuviera inspirado en un propósito distinto al previsto en la ley y que, pese a los agravios expresados ante el rechazo de la prueba pericial contable ofrecida en la instancia de descargo, la misma no había sido propuesta al interponer la demanda judicial, circunstancia que -según consideró la Cámara- demostraba la falta de interés en su realización.
Seguidamente, se abocó a la cuestión principal sobre la que hace eje la demanda, relativa a la modalidad operativa de la firma y la discrepancia en el tratamiento brindado a los ingresos provenientes de los contratos de franquicia.
Resaltó que la empresa -conforme sus propios dichos- se dedica a la fabricación de pinturas, esmaltes y barnices para su posterior venta, comercializa productos de su propia elaboración y otros que no lo son y que, dentro de los canales de comercialización, existe una cadena de franquicias a las que les vende productos propios y de terceros y a las cuales se les cobra -además- por otros servicios, entre ellos el asesoramiento comercial.
Ponderó que la actividad de fabricación de pinturas, barnices y revestimientos, se encuentra alcanzada por el beneficio de exención en el ISIB en función de las disposiciones de las leyes 11.518 y 13.003.
Y coincidió con la autoridad administrativa que, en el caso, las particularidades de las franquicias de las que también se vale la actora para desplegar su actividad comercial, revelan la importancia que adquiere todo lo relativo al asesoramiento que involucra el contrato de franquicia celebrado por la firma contribuyente, siendo inseparables los diversos ingresos obtenidos por la actora con motivo de la ejecución del contrato. Por esta razón, concluyó, tales servicios no se hallan alcanzados por la exención del pago del gravamen y, por lo tanto, sobre ellos debe aplicarse el tributo bajo el código de actividad 749.900 "servicios empresariales n.c.p.".
Advirtió que de los contratos adjuntados por la empresa actora, se apreciaba la existencia de una estructura negocial que excedía la mera distribución de mercaderías, tratándose más bien de la provisión de un método operacional uniforme, estandarizado y probado que supera ampliamente a las distintas mercaderías y bienes en su ponderación individual.
En consecuencia, consideró acertado el tratamiento de la actividad principal como servicios empresariales, en tanto los ingresos derivaban de una unidad inescindible, justificando la aplicación de la alícuota que establece la ley impositiva para la prestación de servicios.
Así, rechazó que el criterio expuesto no contemplara la realidad económica que invoca la actora y señaló que el análisis de las constancias del expediente administrativo daba sustento a la postura argüida por el Fisco provincial.
En ese orden de ideas, afirmó que el ajuste que motiva la causa se apoyaba en el hecho indudable que demuestra la actividad de comercialización que, por un lado, no se ve limitada ni consiste en la venta de productos fabricados por la empresa para su ulterior venta al consumidor final, como sucede en la venta mayorista. Y por el otro, en que esta se ve integrada con los servicios propios de una de las especies de franquicia, que es la figura contractual utilizada por la empresa en el desarrollo de su actividad.
Descripta de ese modo la dinámica del negocio, consideró el Tribunal de Alzada que resultaban inconsistentes las críticas en torno al encuadre tributario efectuado, dado que el emprendimiento se basa en una marca, un determinado diseño del local junto a otros aspectos que trascienden la mera compraventa, asegurando al franquiciante la provisión de sus productos en un marco de asistencia permanente y control de los franquiciados, tanto respecto de los precios, las características de locales y el stock necesario para atender las necesidades operativas.
Concluyó que resultaba acertada la calificación como servicios empresariales de la actividad comercial que desarrolla Akzo Nobel por medio de franquicias, por lo que correspondía se tribute la totalidad como servicios empresariales, conforme la alícuota que la ley impositiva contempla para ese tipo de actividad (conf. arts. 219, 223 y concs., Cód. Fiscal -t.o. 2011-).
Asimismo, desestimó las críticas esbozadas respecto a diferencias numéricas y metodología empleada para practicar el ajuste y liquidación, al señalar que no se hacía cargo de refutar las constancias del expediente administrativo, que las primeras resultaban estar a favor de la actora y que, en consecuencia, el embate no lucía adecuado. Aclaró que la demandante omitió referirse a los errores que advertía en la determinación tributaria y -principalmente- a las razones que la llevaron a afirmar su existencia.
Por otra parte, descartó que se configurara un supuesto de doble imposición sobre los ingresos declarados por la contribuyente, porque lo actuado en sede administrativa demostraba que ARBA realizó la estimación sobre la base de aquellos y detrajo los provenientes de las ventas a los franquiciados que, previamente, fueran declarados bajo la actividad de "fabricación de pintura", para reasignarlos a la actividad "servicios empresariales n.c.p.", y así poder determinar las diferencias a su favor.
Estimó que nada de lo actuado en sede administrativa conducía a descalificar el encuadre impositivo del caso como "servicios empresariales", añadiendo que el objeto de la franquicia resultaba suficiente para delimitar una especie tributaria distinta y ajena a la exención con que contaba la firma demandante, por lo que rechazó la pretendida violación al principio de legalidad.
Asimismo, rechazó los agravios opuestos con relación a la multa aplicada, al tener por configurado el elemento objetivo del tipo de infracción imputada: el incumplimiento de pago en debida forma de la obligación fiscal. Agregó que en autos no se había acreditado ninguna de las causales exculpatorias previstas en la legislación para eximir de responsabilidad al contribuyente.
En otro orden, desestimó el cuestionamiento relacionado a los intereses aplicados, tras señalar que el contribuyente que deja de pagar o que abona un monto inferior por interpretar la ley tributaria de una manera distinta a la aplicada por el órgano competente, no da sustento a la exención de accesorios. Descartó también la aplicación de la última parte del art. 509 del Código Civil y Comercial, referido a que circunstancias excepcionales y ajenas al deudor le habrían impedido el cumplimiento de la obligación tributaria.
Finalmente, el voto que hizo mayoría desestimó la objeción formulada respecto al régimen de responsabilidad solidaria estatuido por el Código Fiscal, con fundamento en lo expuesto en las causas 2.969, "Yell", sentencia de 12-VII-2007 y 4.716, "Yell" también, sentencia de 27-XI-2012 a las cuales remite. En esa misma línea, citó además la causa 3.084, "Orbis", sentencia de 8-X-2015, en el que la propia Cámara sostuvo que la regulación realizada por el Código Fiscal no merecía reproche constitucional alguno, pues las disposiciones relativas al tema en debate (art. 21) armonizaban con el régimen de la ley nacional 19.550, previendo como eximente la imposibilidad de cumplimiento en forma correcta y tempestiva que la demandante no demostró.
Añadió que la imputación en la responsabilidad solidaria no vulnera ninguna norma federal sino que, por el contrario, se adecua a la hipótesis prevista por la Ley General de Sociedades para responsabilizar personalmente a los directores por el desempeño de la sociedad.
Descartó la aplicación del precedente C. 110.369, "Fisco c/ Raso", sentencia de 2-VII-2014, indicando que la interpretación que hace el actor del fallo resulta errónea.
A todo lo expuesto, agregó que la responsabilidad solidaria no es subsidiaria ni tiene naturaleza represiva, sino más bien de garantía, circunstancia que posibilita, entre otras cuestiones, que el responsable pueda obtener del contribuyente el reembolso de lo abonado.
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, la actora denuncia violación y errónea aplicación de los arts. 14, 16, 17, 18, 28, 31, 33, 75 inc. 12 y concordantes de la Constitución nacional; 10, 25, 31, 45, 56, 57 y concordantes de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Aplicación errónea de los arts. 7, 219 y concordantes del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires; 509 y 512 del Código Civil y Comercial; y vulneración de la doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación contenida en los precedentes "Parafina del Plata", Fallos: 271:198; "Usandizaga, Perrone y Juliarena", Fallos: 303:1251; "Buombicci", Fallos: 316:1190; "IKA Renault", Fallos: 304:203; "Nobleza Piccardo", Fallos: 333:1817; "Palomeque", Fallos: 326:1062; como también de esta Suprema Corte en la causa C. 110.369, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Raso".
Señala que la convalidación del criterio fiscal respecto al encuadre de los ingresos obtenidos por Akzo Nobel en la actividad servicios empresariales (n.c.p. Código NAIIBB 749.900), como resultado de las ventas de mercadería que efectúa a través de su red de franquicias, se contrapone a lo dispuesto en el art. 219 del Código Fiscal y el principio de realidad económica.
Insiste en que el tratamiento conjunto como prestación de servicios responde a un inadecuado análisis de los contratos y el funcionamiento del negocio.
Invoca el antecedente de esta Corte A. 73.723, "Cepas Argentinas SA", sentencia de 18-IX-2019, y dos resoluciones emitidas por la Sala III del Tribunal Fiscal de Apelación que le fueron favorables.
Alega que su actividad principal es la de fabricación y venta de pinturas y afines y que, si bien en principio correspondería diferenciar cada una de ellas para tributar conforme la calificación que se les asigne a cada cual, cuando sucede -como en este caso- que una es complementaria de otra principal, la totalidad de los ingresos han de tributar a la alícuota fijada para esta última que, en este supuesto, sería la fabricación de productos.
Sostiene que la Cámara ha hecho un análisis incorrecto de la documentación acompañada al expediente administrativo, pues ha omitido considerar que el otorgamiento de franquicias que la sociedad efectúa a través de la marca "Pinturerías del Centro ALBAnet", constituye un canal de comercialización de productos que brinda al franquiciante el beneficio de asumir un menor riesgo económico con relación a una política comercial que comprometa la inversión en el desarrollo de locales propios pero que también, en contraposición, lleva a involucrar a terceros que estén decididos a aceptar reglas tendientes a mantener el prestigio adquirido ante los consumidores finales. Y, en consecuencia, la calificación de esta actividad comercial desplegada por medio de franquicias se corresponde con "venta al por mayor" y no como "prestación de servicios empresariales".
Acusa a la Cámara de violentar el principio de legalidad al convalidar el encasillamiento dentro de la actividad "servicios empresariales n.c.p.", de parte de los ingresos que la firma incluía en la de "fabricación y venta al por mayor de pinturas y productos conexos", introduciendo de ese modo un requisito para la vigencia del beneficio tributario que no surge de la letra de la ley, pues supone que, si el producto fabricado industrialmente en jurisdicción provincial, se comercializa mediante franquicias, la exención emanada de la ley 11.518 no le aplica.
Señala que el último párrafo del art. 1 de la ley 11.518 establecía que quedarían excluidas del beneficio las ventas que los contribuyentes alcanzados por aquel efectuasen a consumidores finales; y que el decreto 4.002/00 definió a estos últimos como aquellos a quienes las industrias realizan ventas de bienes que son adquiridos para uso o consumo sin incorporarlos al desarrollo de una actividad económica posterior.
Concluye así que, como las ventas efectuadas por Akzo Nobel Argentina a los franquiciados tuvieron destino de reventa y, en consecuencia, no se trata de consumidores finales, son operaciones que deben necesariamente ser alcanzadas por el beneficio que dispone la ley 11.518. Argumento que considera reforzado al interpretar que, conforme lo dispuesto en el art. 219 del Código Fiscal, las operaciones en cuestión igualmente mantendrían la exención por resultar una actividad complementaria.
Agrega que el Tribunal de Alzada omitió pronunciarse sobre la cuestionada metodología aplicada por la autoridad administrativa para ajustar la liquidación de las diferencias reclamadas, generando una doble imposición.
Insiste en que no corresponde aplicar la multa ni intereses resarcitorios por tratase de una materia no delegada a las provincias y, por lo tanto, violatorio del art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional. Solicita se aplique lo que surge de los fallos "IKA Renault" y "Nobleza Piccardo" de la Corte federal.
En último término, se agravia de la responsabilidad solidaria confirmada por el Tribunal de Alzada y de la imposición de costas.
III. El recurso prospera.
III.1. La controversia planteada se circunscribe a determinar qué tratamiento impositivo corresponde otorgar a los ingresos que la firma actora obtiene de la comercialización, a través de los contratos de franquicia, de los productos que fabrica.
Al respecto, puntualizo que de las diversas actividades que realiza Akzo Nobel, con relación a la fabricación y producción de pinturas y otros revestimientos, es claro que la venta a consumidor no final se encuentra alcanzada por el beneficio de exención en el ISIB de conformidad con lo dispuesto por las leyes 11.518 y posteriores concordantes, pero que el problema se plantea en relación con la comercialización mediante la figura de franquicias celebradas con terceros, donde no solo distribuye sus productos sino que también involucra otras prestaciones que exceden la típica compraventa.
Así, de un lado el Tribunal de Alzada ha considerado que las particularidades del contrato de franquicia que celebra la actora genera obligaciones y prestaciones para ambas partes que exceden las propias de un contrato de compraventa o distribución, como ser el pago de aranceles, el deber de actualizar equipamientos e instalaciones comerciales periódicamente, compromisos relacionados al uso de la imagen y a la capacitación del personal, entre muchas más. Y que esa es la razón por la cual corresponde que los ingresos derivados de los servicios así descriptos sean encuadrados bajo el código de actividad 749.900 "servicios empresariales n.c.p.", no alcanzados por la exención impositiva prevista únicamente para la fabricación y venta a consumidor no final de esos productos.
Frente a ello, la recurrente se agravia aduciendo que la interpretación de la Cámara restringe ilegítimamente la vigencia del beneficio tributario que dispone la ley, al discriminar de la exención al mismo producto fabricado de manera industrial pero comercializado mediante el contrato de franquicia.
III.2. Ahora bien, para decidir esa calificación corresponde encuadrar las ventas que la actora efectúa de sus productos a sus cocontratantes en los acuerdos de franquicia, y en esa tarea es preciso considerar lo resuelto por este Tribunal en la causa A. 73.723, "Cepas Argentinas SA.", sentencia de 18-IX-2019, de análoga configuración a la presente.
Allí, al igual que en estos autos, la autoridad tributaria en el supuesto de la comercialización mediante franquicias, asignó los ingresos correspondientes a la actividad de elaboración y fabricación de productos al código "prestación de servicios empresariales"; actividad que, a diferencia de la anterior, no se halla alcanz
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