Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 79191
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que ha sido insuficientemente fundado (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812, y 279, CPCC), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
A.79.191 "GONZALEZ ENRIQUE C/ MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN S/ PRETENSION ANULATORIA -RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY-"
Los señores Jueces doctores Torres, Soria, Genoud y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I.1. El señor Enrique Rubén González interpuso demanda contencioso administrativa pretendiendo la anulación del decreto 2419/17, mediante el cual el Intendente de la Municipalidad de Trenque Lauquen dispuso su cesantía, y la reparación de los daños y perjuicios sufridos -según adujo- a consecuencia del acto impugnado (present. elect. de 29-III-2022).
I.2. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n°1 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen declaró la inadmisibilidad de la pretensión anulatoria y de la resarcitoria vinculada (v. resol. de 5-IV-2022).
Para así decidir, consideró que el señor Gonzalez inició el 10-VII-2018 una pretensión idéntica a la promovida en la presente causa, donde también solicitó la anulación de los decretos 2419/17 y 121/18, así como el resarcimiento de los daños que éstos le ocasionaron (expte. 11.253 "Gonzalez, Enrique c/ Municipalidad de Trenque Lauquen s/ pretensión anulatoria") y que en dicho expediente, el 25-II-2022, se declaró la caducidad de la instancia mediante sentencia que se encontraba firme y consentida.
Entendió que dicha declaración de caducidad implicó la extinción del proceso y la nueva pretensión que se interpusiera por el mismo objeto, debía cumplir con los requisitos de admisibilidad que el Código Contencioso Administrativo exige (conf. art. 31 inc. 1, CCA).
Concluyó que la demanda ingresada el 29-III-2022 fue interpuesta fuera del plazo de caducidad previsto en el art. 18 del Código Contencioso Administrativo, en tanto el decreto 2419/17 le fue notificado al actor el 26-XII-2017, la revocatoria interpuesta contra éste fue rechazada por extemporánea mediante el decreto 121/18 -notificado el 22-I-2018-, y la nueva revocatoria también fue rechazada mediante el decreto 298/18 notificado el 28-II-2018.
I.3. A su turno, la parte actora apeló y se agravió por entender que la caducidad de instancia sólo finiquita la acción, pero no el derecho. Señaló que el reclamo en estos autos nunca había caducado al haber sido interpuesto dentro del plazo legal del mencionado art. 18.
Sostuvo que los requisitos de admisibilidad que el Código Contencioso Administrativo exige para habilitar la acción ya habían sido verificados por el juez de grado en el primer juicio, por lo que aplicarlos para la interposición de esta nueva demanda implica una errónea interpretación de la ley, en desmedro del derecho de defensa en juicio y el debido proceso.
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín rechazó el recurso de apelación interpuesto por el actor y, en consecuencia, confirmó la resolución de primera instancia e impuso las costas por su orden -art. 51, inc. 2, CCA- (v. resol. de 30-XI-2023).
II.1. Para así decidir, luego de reseñar los expedientes administrativos y judiciales del caso, destacó que la pretensión bajo examen implica claramente un supuesto de demanda contencioso administrativa en el marco del ordenamiento jurídico aplicable (arts. 166, Const. Prov.; 1, 2, 12 y concs., CCA).
Entendió que, como el actor solicitó la nulidad del decreto 2419/17 dictado por el Intendente de Trenque Lauquen, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios generados por dicho acto, para accionar judicialmente debe estarse a los preceptos establecidos por el Código Contencioso Administrativo (ley 12.008 -texto según ley 13.101-) y los principios que informan la materia.
Recordó que el art. 18 de dicho ordenamiento, que regla los plazos para deducir la demanda, dispone que "La pretensión de anulación, la resarcitoria vinculada con aquélla... deberán promoverse dentro del plazo perentorio de noventa (90) días, contados de la siguiente manera: a) Si se pretende la anulación de actos administrativos de alcance particular, desde el día siguiente al de la fecha de la notificación al interesado del acto definitivo y que agota la vía administrativa. En caso de haberse deducido contra el citado acto un recurso administrativo procedente, el plazo se contará desde el día siguiente al de la fecha de la notificación al interesado de la decisión que rechace aquel recurso....".
Agregó que el art. 318 del Código Procesal Civil y Comercial -por remisión del art. 77 del Código Contencioso Administrativo- determina que la caducidad operada en primera o única instancia no extingue la acción, la que podrá ejercitarse en un nuevo juicio.
Bajo tales lineamientos, observó que el juez de primera instancia procedió de acuerdo a lo estipulado por el ordenamiento ritual al verificar los requisitos de admisibilidad de la pretensión (art. 31 inc. 1, CCA), declarando superado el plazo previsto para interponer la acción (art. 18, CCA), en tanto este último empezó a correr con la notificación del decreto 2.419 que agotó la vía administrativa, y que no se vio suspendido por el recurso interpuesto en sede administrativa, por resultar extemporáneo.
En tales términos, concluyó que la demanda iniciada en fecha 20-III-2022 fue deducida luego de que el plazo de caducidad dispuesto por el art. 18 citado se encontrara ampliamente vencido.
II.2. Por último, consideró que no obsta a la conclusión señalada el agravio del apelante relativo a que la demanda fue interpuesta en tiempo y forma en el marco de los autos "Gonzalez, Enrique Ruben c/ Municipalidad de Trenque Lauquen s/ pretensión anulatoria" (causa n° 11.253), atento a que dichas actuaciones concluyeron mediante la declaración de caducidad de instancia, la que -tal y como lo reconoce la recurrente- tiene como efecto extinguir la acción.
Por ello, dijo que la identidad de sujetos, objeto y causa de la presente demanda con respecto a la referida causa N° 11.253 ya fenecida, no resulta impedimento para considerarla como una nueva acción independiente y, por ende, sujeta a los requisitos de admisibilidad formal de la pretensión prescriptos por la normativa aplicable.
Con tales fundamentos, rechazó el recurso de apelación articulado por la parte actora y, en consecuencia, confirmó la resolución apelada en cuanto fue materia de agravio, con costas por su orden (v. art. 51 inc. 2, CCA).
III. Frente a ello, el señor González interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley denunciando absurdo, arbitrariedad manifiesta y flagrante violación de garantías constitucionales de defensa en juicio, violación del precepto legal de buena fe y debido proceso (v. punto I, objeto de la pieza recursiva).
Asimismo, denuncia la errónea aplicación de los arts. 18 y 77 del Código Contencioso Administrativo, este último en consonancia con el art. 318 del Código Procesal Civil y Comercial. Reitera el argumento expuesto en la apelación respecto de que, determinada la caducidad operada en primera o única instancia, no se extingue la acción, la que podrá ejercitarse en un nuevo juicio.
Sostiene que la Cámara erró en su interpretación sobre el instituto de la caducidad, toda vez que al ser la presente una nueva demanda con identidad de sujeto, objeto y causa, se transformó en una nueva acción independiente de la anterior, la que torna admisible la pretensión.
Con cita de doctrina de la Corte nacional, sostiene que no puede declararse de oficio la caducidad.
Reitera que los requisitos de admisibilidad que el Código Contencioso Administrativo exige para la debida interposición de una demanda ya habían sido convalidados por el Juzgado de primera instancia al habilitar la acción en el expediente primigenio. Aduce que, por ello, resulta erróneo aplicar lo normado en el art. 18 de dicho ordenamiento a esta nueva presentación.
IV. El remedio no puede prosperar, atento a la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5.827).
IV.1. El Tribunal de Alzada sostuvo que el juez de grado había procedido de acuerdo a lo fijado en el Código Contencioso Administrativo, en punto a verificar los requisitos de admisibilidad de la pretensión, declarando que se encontraba superado el plazo de caducidad previsto para interponerla (conf. art. 18, ordenamiento citado).
La parte recurrente, frente a las justificaciones brindadas por la Cámara para decidir la inadmisibilidad de la acción intentada, en prieta síntesis, argumentó que lo decidido resulta absurdo y erróneo porque viola su derecho de defensa en juicio y el debido proceso.
IV.2. Ha sostenido este Tribunal -reiteradamente- que quien afirma que el fallo transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas A. 74.222, "García", resol. de 4-VII-2018; A. 77.196, "Sarachu", resol. de 12-VIII-2022, e.o.).
En autos, los fundamentos antes descriptos y que se erigen en el pilar jurídico del pronunciamiento en crisis, no logran ser conmovidos por los reproches del recurrente.
En tal sentido, resulta insuficiente el remedio procesal deducido que se ciñe a reiterar un enfoque legal de las circunstancias de autos, disímil al del juzgador, sin otro sustento que el afán de hacer prevalecer su propio criterio reiterando objeciones expuestas en la expresión de agravios que fueron fundadamente desechadas, mediante motivaciones esenciales que no son rebatidas (doctr. causas A. 73.816, "Moyano Walker", sent. de 21-II-2018; A. 74.741, "Sacco", resol. de 21-XI-2018; A. 76.856, "Geraghty", resol. de 19-VIII-2021; A. 78.037, "Calvo", resol. de 9-II-2023, e.o.).
Por ende, la deficiente técnica desplegada por el apelante, que se desentiende por completo de los argumentos expuestos por la a quo , dejan firme el decisorio atacado.
IV.3. En punto a la denunciada vulneración de los arts. 18 y 77 del Código Contencioso Administrativo en consonancia con el art. 318 del Código Procesal Civil y Comercial y 16, 18 y concs. de la Constitución nacional, la parte recurrente no se encarga de desarrollar adecuadamente tales agravios, en tanto, partiendo de la sola invocación de las mencionadas normas, no hace más que exponer un fundamento disímil al sentado por la Cámara e insuficiente para rebatirlo debidamente.
Como se señalara, quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos legales no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito, no resultando suficiente a ese efecto la mera exposición de un criterio interpretativo distinto al del juzgador (doctr. causas A. 73.688, "Randello", sent. de 18-X-2017; A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018; A. 74.629, "Vázquez", resol. de 5-XII-2018), tal como acontece en la especie.
V. Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. arts. 31 bis, ley 5.827 y 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que ha sido insuficientemente fundado (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812, y 279, CPCC), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. art. 1. acápite 3 “c”, resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/04/2024 17:28:40 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/04/2024 08:59:29 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/04/2024 11:51:18 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/04/2024 13:19:36 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/04/2024 14:14:05 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 19/04/2024 14:18:05 hs. bajo el número RR-225-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia