Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78740
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (cfr. arts. 31 bis, ley 5.827 —texto según ley 13.812—, 279 y 289, CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—; 68 primer párr. y 289 in fine, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.740, "Díaz, Martina c/ Ministerio de Seguridad s/ Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia por medio de la cual se hizo lugar a la pretensión entablada.
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por el mencionado tribunal.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda promovida por la señora Martina Beatriz Díaz —en su carácter de conviviente supérstite de quien en vida fuere el agente Marcelino Tomás Monzón, fallecido en acto de servicio—, reconociendo el derecho de la actora al subsidio previsto en el art. 47 de la ley 13.982, equivalente a veinte (20) veces el sueldo que por todo concepto perciba un Comisario General del Subescalafón Comando.
Asimismo, condenó a la demandada a abonarle las sumas debidas a valores actuales, con intereses a una tasa del 6% anual calculados desde el día siguiente a la fecha del reclamo en sede administrativa y hasta la fecha de la sentencia. De allí en más, a la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación.
I.2. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso deducido por la demandada y confirmó el fallo de grado.
Para así resolver, en lo que aquí interesa:
I.2.a. Hizo mérito de la actual doctrina de esta Suprema Corte, en punto a que la percepción de una indemnización laboral no resulta incompatible con el cobro del subsidio mensual a cargo del Estado para auxiliar los infortunios padecidos en ejercicio de la función de policía de seguridad que dispone, en el caso, el art. 47 de la ley 13.982 (conf. causa B. 60.833, "Noriega", sent. de 8-IV-2015; e.o.).
I.2.b. Rechazó los cuestionamientos referidos a la base de cálculo del subsidio, determinada a valores actuales. Ello, en tanto la pauta adoptada se insertaba dentro de la doctrina legal de esta Suprema Corte en el marco de actos administrativos declarados ilegítimos vinculados con el empleo público (conf. causas B. 60.558, "González", sent. de 6-XI-2019 y A. 74.138, "Gelvez", sent. de 27-XI-2019), criterio que la propia Cámara —recordó— había extendido al ámbito previsional.
Expresó que, más allá de la naturaleza jurídica de la obligación, lo determinante a los efectos de la aplicación del método de valor actual del haber referido, es que se trata del pago de un subsidio no percibido en virtud del acto administrativo que rechazó la petición de la actora y fue declarado nulo, lo cual justifica la subsunción del caso en los términos de la doctrina legal citada, en tanto eso supone una reparación más cabal del detrimento sufrido.
Derivó, de ello, que tampoco había error de juzgamiento al haberse fijado un interés puro del 6% sobre el capital —calculado a valores actuales— y hasta el momento del dictado de la sentencia de mérito; para de allí en adelante establecerse la tasa que surge del precedente B. 62.488, "Ubertalli" (sent. de 18-V-2016).
II. Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia que la Cámara violó el art. 47 de la ley 13.982, apartándose de los criterios sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en casos análogos al presente.
Asimismo, alega que la a quo incurrió en absurdo y violación de doctrina legal, afectando garantías constitucionales.
Dice que se trata de un supuesto de trascendencia, gravedad institucional y notorio interés público, con vulneración de la propiedad y el principio non bis in idem (arts. 17 y 18, Const. nac.).
Por último, se agravia de la condena estimada a valores actualizados, por entender que vulnera la prohibición de indexar establecida en la ley 23.928 y su modificatoria 25.561.
II.1. Con relación al primer planteo, entiende que la solución de la Cámara desvirtúa y viola el sentido de la ley aplicable, al reconocer el derecho a percibir un "mal llamado" subsidio policial (el del art. 47 de la ley 13.982), el que —afirma— resulta incompatible con la indemnización ya abonada a la actora por la ART.
Para fundar sus manifestaciones, aduce que el suplemento policial tiene una finalidad compensatoria. Insiste en que el único supuesto en que puede reclamarse es cuando no se haya percibido un resarcimiento laboral por el accidente.
Expresa que se ha hecho una interpretación errónea de la normativa sobre la idea de "compatibilidad". Cita fallos de la Corte federal en donde se entendió que la finalidad de este "subsidio" consiste en indemnizar el accidente laboral sufrido por el agente en un acto de servicio y que tal objetivo resarcitorio resulta plenamente coincidente con el cobro de la indemnización integral que pudiera haberse recibido por la vía civil o laboral. Al haberse permitido las dos cosas, considera que se produjo un enriquecimiento sin causa producto de una doble indemnización no autorizada.
II.2. Por otro lado, se agravia respecto de la condena a abonar a valor actual las retroactividades reconocidas.
Indica que la decisión adoptada en la causa A. 74.138, "Gelvez", sentencia de 27-XI-2019, en la que se apoyó la Cámara, se contrapone con la jurisprudencia de la Corte nacional y que dos de los jueces que conformaron aquella mayoría ya no integran este Tribunal provincial.
Alega que, aun luego de las reformas introducidas por el Código Civil y Comercial, en nuestro ordenamiento sigue rigiendo el nominalismo y la prohibición de indexar las deudas dinerarias o actualizar los créditos, en especial cuando estos resulten tarifados con montos líquidos o fácilmente liquidables. Manifiesta que la deuda discutida en autos es de carácter dinerario y que, como tal, debe aplicársele lo dispuesto por los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (texto según ley 25.561).
Sustenta su agravio en la diferencia entre obligaciones de valor y dinerarias, derivada de lo normado por los artículos 765 y 772 del Código Civil y Comercial y de lo explicado por los autores que cita. Se apoya asimismo en jurisprudencia que ha elaborado acerca de semejante distinción.
Remata diciendo que cualquier liquidación por créditos salariales debe practicarse sobre la base de los valores nominales que históricamente hubiera correspondido percibir (doctr. art. 619, Cód. Civ.), resultando improcedente el intento de fomentar una indexación encubierta de la obligación dineraria.
III. El recurso no prospera.
III.1. En cuanto al tema principal en debate, este ha sido objeto de tratamiento por el Tribunal en casos sustancialmente análogos al sub lite , lo que resulta suficiente para dar respuesta al presente (art. 31 bis, ley 5.827, modif. por ley 13.812).
En efecto, en la causa L. 84.498, "C., A. y otros", sentencia de 14-X-2009 y en fallos posteriores, tales como los recaídos en las causas B. 63.730, "Vandamme", sentencia de 18-IV-2011; L. 110.774, "A., E. E. y ots.", sentencia de 15-X-2014; A. 71.426, "Rodríguez", sentencia de 10-VIII-2016; A. 72.573, "Espeche", sentencia de 18-IV-2018; A. 74.199, "Galeano", sentencia de 6-V-2019, A. 74.161, "Gonzalez", sentencia de 29-V-2019 y L. 120.561, "Blanco de Castro", sentencia de 11-IX-2019. Y, más recientemente, en las causas L. 119.756, "Goitea", sentencia de 10-VIII-2020; A. 75.480, "Melgarejo", sentencia de 23-XI-2020; A. 75.633, "Abraham", sentencia de 25-XI-2020; A. 75.998, "Rodriguez", sentencia de 19-VIII-2021 y A. 75.840, "Peralta", sentencia de 2-XII-2021, esta Suprema Corte propició la procedencia de la acumulación de ambos beneficios.
Siendo así, corresponde rechazar —sin más— esta parcela del embate (arts. 31 bis, cit. y 279 in fine, CPCC).
III.2. Tampoco prospera el otro aspecto de la queja, consistente en el empleo de una pauta de estimación para el reconocimiento de las retroactividades basada en valores actuales (en el caso, tomando como referencia el sueldo que por todo concepto perciba un Comisario General del Subescalafón Comando al momento de sentenciarse) y la aplicación de una tasa de interés pura del 6% anual (v. mi voto en causa A. 78.351, "Carrillo", sent. de 30-V-2024).
La crítica revuelve en torno a la prohibición de indexación según los términos de las leyes 23.928 y 25.561 y la supuesta violación de doctrina legal de este Tribunal sobre el tópico.
El apelante reconoce que la Cámara, para confirmar el criterio del juez de primera instancia, se apoyó en precedentes de este Tribunal. Singularmente, en el de la causa A. 74.138, "Gelvez", sentencia de 27-XI-2019. Sin embargo, en este antecedente y en muchos otros he brindado una serie de fundamentos para resistir una crítica como la aquí ensayada —que busca imponer a ultranza la regla del nominalismo— que no son objeto de debida confrontación y que, vale decir, exceden la disquisición teórica entre deudas dinerarias y deudas de valor que aquí marcan el eje de la impugnación (v. mi voto en causa cit., en esp. ptos. V.2.a. y V.2.e.).
Aun cuando las circunstancias en las cuales tales justificaciones fueron ensayadas no sean exactamente las mismas que en el sub examine , la generalidad de algunas de esas proposiciones bien pudo servir para abastecer el decisorio del Tribunal de Alzada a la hora de confirmar la determinación judicial de la reparación económica en el caso concreto (conf. art. 165, CPCC).
Nada de eso es materia de refutación efectiva en la pieza bajo análisis.
En su lugar, ella se ciñe a reclamar por la aplicación de las leyes ya mencionadas e invocar un temperamento sentado en un discreto precedente (causa A. 74.360, "APOC", sent. de 29-XII-2020), cuyo contenido —a modo de una suerte de premisa general— no se condice con otros fallos posteriores a los que, eventualmente, cabría asignarles mayor valor como doctrina legal, en los cuales se fijó la indemnización debida a valores actuales (v. por ej., causas B. 65.203, "Pérez", sent. de 31-VIII-2021; B. 76.049, "Gardinetti", sent. de 9-X-2023; B. 57.667, "Roqueiro", sent. de 23-VI-2023; B. 67.498, "A., J.", sent. de 31-X-2023; entre muchas otras). Y que de ser eso así, serían tales los precedentes a los que cabría mirar a la hora de sentenciar y no aquellos que pudieron existir a la hora de interponerse el recurso (doctr. causas C. 110.372, "Juárez", sent. de 5-III-2014; C. 102.534, "C., A.", sent. de 10-VIII-2016; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016; C. 122.303, "Dadario", sent. de 25-II-2021; e.o.).
En esas condiciones, cabe recordar que a criterio de esta Corte resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no se hace cargo de la línea argumental de la decisión impugnada y se dedica a criticarla con su propia interpretación, dejando incólumes afirmaciones que, más allá de su acierto o error, le dan sustento bastante (doctr. causa A. 74.300, "Hernández", sent. de 14-II-2024).
Asimismo, que no basta con la mera individualización de precedentes y su trascripción para sustentar un planteo de violación de la doctrina legal en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, sino que deben indicarse los aspectos centrales del caso donde se sentó el criterio que pretende se le aplique a la pretensión incoada y la similitud con las circunstancias fácticas y jurídicas de la causa (doctr. causas A. 73.228, "Arbelo", sent. de 19-X-2016; A. 72.793, "Ruiz", sent. de 5-VII-2017; A. 74.288, "Paredi Pavioni", sent. de 3-V-2018; e.o.).
IV. Por todo ello, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto. Con costas a la recurrente vencida (arts. 31 bis, ley 5.827 —texto según ley 13.812—; 60 inc. 1, CCA y 279 in fine y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Adhiero al punto III.1. del voto del colega que inicia el acuerdo y por idéntico sustento considero que corresponde rechazar —sin más— esa parcela del embate (arts. 31 bis, cit. y 279 in fine, CPCC).
II. Asimismo adhiero al punto III.2. en cuanto señala específicamente la insuficiencia técnica del recurso (conf. mi voto en la causa A. 78.351, "Carrillo", sent. de 30-V-2024).
Por lo expuesto, doy mi voto también por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó también por la negativa.
La señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (cfr. arts. 31 bis, ley 5.827 —texto según ley 13.812—, 279 y 289, CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—; 68 primer párr. y 289 in fine, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/11/2024 01:47:39 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/12/2024 12:25:28 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/12/2024 13:53:12 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/12/2024 17:40:39 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/12/2024 08:17:56 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 03/12/2024 08:20:38 hs. bajo el número RS-93-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia