Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78437
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y se revoca la sentencia impugnada rechazando la demanda en todas sus partes (art. 289, CPCC).
Las costas de las instancias de grado se imponen en el orden causado (arts. 51 inc. 2, ley 13.101 —texto según ley 14.437— y 274, CPCC).
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen a la vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101— 68 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.437, "Andrade, Marcelo Ricardo c/ Ministerio de Seguridad s/ Pretensión anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás desestimó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado y, en consecuencia, confirmó lo resuelto por el juez de primera instancia que, a su turno, había admitido la demanda promovida.
Disconforme con tal pronunciamiento, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, cuya concesión fue denegada con sustento en la insuficiencia del valor del litigio.
Interpuesta contra dicha decisión una queja en los términos del art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial, este Tribunal, mediante resolución de fecha 31-VII-2023, declaró mal denegado el recurso y lo concedió.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. El señor Marcelo Ricardo Andrade promovió demanda contencioso administrativa contra el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires pretendiendo el reconocimiento del derecho al cobro de las diferencias salariales por el desempeño en la jerarquía de Director y Comisario Mayor, desde el 22 de marzo de 2012 hasta el 3 de noviembre de 2015, con distinción de los distintos períodos en los que lo hizo como Comisario y como Comisario Inspector, ello con más los intereses a tasa activa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
I.2. A su turno, el Juez de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de San Nicolás hizo lugar a la demanda, ordenando el pago de las diferencias salariales solicitadas por el actor por el desempeño de funciones de mayor jerarquía.
Para ello consideró que, si bien no había designación por acto formal, tal obstáculo debía ceder frente a la realidad de los hechos.
Estimó que la solución del pago de la bonificación por mayor función respondía a la doctrina del enriquecimiento sin causa y el legítimo abono y que a pesar de la falta de acto de designación surgía la clara voluntad de la Administración de tener por designado al actor en tales funciones.
I.3. Recurrida dicha sentencia, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás desestimó el recurso de apelación interpuesto por la representación fiscal y confirmó la sentencia de primera instancia (v. sent. de 15-IX-2022). Impuso las costas a la demandada en su calidad de vencida (art. 51, CCA, texto según ley 14.437).
Para así decidir el tribunal interviniente consideró que la cuestión a dilucidar consistía en determinar si de los elementos obrantes en la causa podía derivarse que el actor había ejercido en los hechos un cargo de mayor relevancia institucional que el que revistaba formalmente, circunstancia que permitiría el derecho al cobro de las diferencias salariales pretendidas.
Advirtió que, en el sub lite , la realidad —la asignación de funciones y la posesión del cargo— supera el andamiaje formal de la Administración.
Puntualizó que los argumentos expuestos en el recurso de apelación interpuesto por la demandada se asientan sobre el aspecto formal del caso (inexistencia de un acto administrativo de designación) sin hacerse cargo de rebatir las circunstancias fácticas que se vinculan con el desempeño de las funciones encomendadas por el superior.
Asimismo, señaló que encontrándose acreditado el desempeño de un cargo de mayor jerarquía al de revista, la aplicación del texto expreso de la ley, ante la conducta irregular por omisiva de la Administración Pública actuante, deviene conculcatoria del principio de razonabilidad (art. 28, Const. nac.).
Por último, señaló que las cuestiones relativas a diferencias salariales derivadas de la relación de empleo público son alcanzadas por el plazo quinquenal del art. 2.560 del Código Civil y Comercial de la Nación.
II. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 30-IX-2022, 08:15:10 a.m., en el sistema Augusta).
II.1. Denuncia la violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte en la causa A. 76.228, "Flores", sentencia de 12-II-2021.
II.2. Alega que incurre en el vicio de absurdo y ejercicio abusivo del llamado " distinguishing " al forzar diferencias inexistentes entre los casos análogos para eludir el respeto de la doctrina legal implicada.
II.3. Afirma que se viola el texto expreso del art. 46 de la ley 13.982, que exige que exista un acto administrativo de designación emanado de la autoridad competente, como condición sine qua non para el pago de la mayor función.
II.4. Señala el apartamiento expreso de la ley, sin tacha constitucional de por medio, con violación a las reglas metodológicas del correcto proceder decisorio (arts. 1, 2 y 3, Cód. Civ. y Com. y 18, Const. nac.).
II.5. Considera errónea la interpretación de los arts. 14 bis de la Constitución nacional y 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires al juzgarlos en abstracto, sin anclaje real con el caso concreto, para justificar una decisión contra legem .
II.6. Aduce la errónea aplicación del principio de primacía de la realidad del empleo privado, al extendérselo al ámbito público, con violación de la doctrina legal (cfr. SCBA causa A. 72.025, "Klappenbach", sent. de 21-XII-2016).
II.7. Alega violación de la ley, doctrina legal y absurdo al invocarse el enriquecimiento sin causa para justificar un pago contra legem con violación a las reglas del legítimo abono y del decreto 1.344/04.
II.8. Destaca la absurda valoración de las circunstancias del caso al computar la falta de acto administrativo como una voluntad estatal favorable al actor.
II.9. Por último, se agravia de la violación del art. 2.560 del Código Civil y Comercial al pretender aplicar al cálculo de diferencias salariales un plazo largo de prescripción, en contra de las obligaciones periódicas (violando los arts. 2.562 y 2.563 del Código Civil y Comercial).
III. Considero, por los fundamentos que seguidamente desarrollaré, que el recurso interpuesto debe prosperar.
Los argumentos expuestos en la pieza recursiva demuestran el yerro en las instancias ordinarias en la resolución de la causa de conformidad con el régimen normativo aplicable y la doctrina legal sentada por este Tribunal.
Merece acogida el agravio relacionado con la interpretación y alcance que debe darse del art. 46 de la ley 13.982.
En efecto, el citado precepto dispone: "El personal que se desempeñe en alguno de los cargos previstos en las estructuras orgánicas o en el nomenclador de funciones en su caso sin tener la jerarquía determinada para dicho cargo, percibirá la retribución fijada para la jerarquía que se correlacione con la función que desempeñe, siempre que la designación haya sido dispuesta mediante acto administrativo dictado por autoridad competente. Dicho adicional corresponderá ser abonado cuando la designación sea para cubrir cargos para los que se prevea jerarquía de comisario o superior".
Surge evidente que el régimen legal del empleo público impone como requisito inexcusable para acceder a las pretendidas diferencias salariales, la designación expresa por autoridad competente en el cargo de mayor jerarquía, circunstancia que no acontece en autos.
Es decir que el acto expreso de designación regular —en el cargo— o reubicación en funciones jerárquicas constituye una condición ineludible —entre otras— para la procedencia de las diferencias salariales.
Contrariamente a lo decidido por el Tribunal de Alzada, el alegado desempeño por parte del actor de funciones que resultarían propias de un cargo distinto al que exhibe su situación de revista, no permite tener por demostrado sin más el cumplimiento de las exigencias normativas para admitir la demanda.
En consecuencia, le asiste razón a la recurrente en cuanto expresa que el actor no ha logrado acreditar la concurrencia de la totalidad de los presupuestos previstos por la legislación a los fines de acceder a las diferencias salariales requeridas.
En ese sentido, recuerdo que esta Corte ha dicho en reiteradas oportunidades que la prestación de servicios en un cargo superior al que legalmente se tiene no autoriza a exigir el pago de un sueldo correspondiente al cargo superior pues es necesario el nombramiento respectivo (conf. doctr. causas B. 57.874, "Acevedo", sent. de 30-V-2007; B. 63.504, "González", sent. de 31-VIII-2011; A. 74.424, "Cepeda", sent. de 17-X-2018; A. 76.390, "Rincón", sent. de 12-VII-2022; entre muchas otras).
Tal línea jurisprudencial constituye la doctrina legal vigente en la materia, por lo tanto, corresponde en la especie hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto y rechazar la pretensión actora, en tanto no se encuentra acreditado el cumplimiento de los presupuestos legales que condicionan la procedencia del reclamo por diferencias salariales, puntualmente, la necesidad de una designación por parte de autoridad competente a la fecha de inicio del período por el cual se reclaman las mismas.
De este modo, habiendo abordado el agravio atinente a la violación del art. 46 de la ley 13.982 y en virtud de la solución que allí se propicia, estimo que deviene innecesario expedirme acerca de los demás cuestionamientos articulados en la pieza impugnativa por la parte recurrente.
IV. Así, por los fundamentos expuestos, procede hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto (art. 289 inc. 2, CPCC) y revocar la sentencia impugnada, rechazando la demanda en todas sus partes.
Las costas de las instancias de grado se imponen en el orden causado (arts. 51 inc. 2, ley 13.101 —texto según ley 14.437— y 274, CPCC).
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen a la vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101— 68 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan , el señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y se revoca la sentencia impugnada rechazando la demanda en todas sus partes (art. 289, CPCC).
Las costas de las instancias de grado se imponen en el orden causado (arts. 51 inc. 2, ley 13.101 —texto según ley 14.437— y 274, CPCC).
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen a la vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101— 68 y 289, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/12/2024 11:13:10 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/12/2024 13:57:00 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/12/2024 14:03:56 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2024 13:50:46 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2024 14:36:18 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 19/12/2024 14:41:26 hs. bajo el número RS-97-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia