Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77967
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 279, CPCC).
Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.967, "Benitez, Armando Cesar c/ Ministerio de Desarrollo Humano y Trabajo y otro/a s/ Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Budiño.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, rechazó el recurso deducido por la parte actora y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que desestimó la demanda (v. sent. de 1-VII-2021).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la demandante interpuso recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad (v. presentación electrónica de 5-VIII-2021, 09:54:00 y 09:56:30 hs., respectivamente), siendo concedido el primero y denegado el segundo (v. resol. de 7-IV-2022).
Dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. El señor Armando César Benítez, quien revistara como asistente de minoridad en el "Centro Cerrado Nuevo Dique", promovió demanda contencioso administrativa contra el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires —actual Ministerio de Desarrollo de la Comunidad— (Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia), con el objeto de que se declare la nulidad de las resoluciones 74 del día 22 de junio de 2016 y 18 del día 24 de enero de 2017 —que, respectivamente, dispusieran su cesantía y rechazaran los recursos de revocatoria y jerárquico en subsidio—, y se ordene su reincorporación, con más el reconocimiento de los haberes devengados e intereses y daños sufridos (v. demanda a fs. 24/30 vta.).
I.2. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata desestimó la demanda (v. sent. de 4-VI-2019).
Para resolver de ese modo, consideró —en lo medular— que la falta endilgada y la consecuente sanción de cesantía impuesta al actor fueron el resultado de la actividad probatoria desplegada durante la tramitación del procedimiento administrativo, correctamente encuadradas en el régimen normativo disciplinario aplicable.
Estimó que el demandante se había limitado a plantear su disconformidad con la sanción, pero sin aportar elementos capaces de desvirtuar la materialidad de la falta atribuida.
II. Apelada dicha sentencia, la Cámara de Apelación —por mayoría— rechazó el recurso interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento de primera instancia. Esto mismo, al no poder tener por acreditado el error en la valoración de las circunstancias que derivaran en la sanción segregativa (v. sent. de 1-VII-2021).
II.1.a. Tras recordar que la autoridad administrativa halló responsable al señor Benítez de la violación del deber previsto en el art. 78 inc. "e" de la ley 10.430 —cesándolo en el cargo (conf. arts. 81 y 83 incs. "c" y "d", ley cit.)— y de reseñar el resto de la normativa aplicable al caso, sostuvo que efectivamente se constataron elementos de convicción suficientes como para arribar al resultado que aquí se cuestiona (v. expte. adm. 21709-3585/08).
Recordó que el acto sancionatorio fue dictado en el marco de un sumario administrativo que se iniciara respecto de diversos agentes —entre los que figuraba el actor—, con el objeto de deslindar la responsabilidad que podía caberles con relación a los hechos denunciados el día 11 de octubre de 2008 en el "Centro Cerrado Nuevo Dique".
Apreció que las pruebas fueron objeto de expresa valoración, coincidiendo los dictámenes de las áreas que debían intervenir en que la falta atribuida se hallaba fehacientemente acreditada, al revelar la agresión física y lesiones sufridas en ese contexto por el menor F. G., en cuyo marco se formuló auto de imputación al actor confiriéndosele vista de lo actuado para que produjere descargo.
Compartió lo establecido por el juez de grado, en cuanto a que nada de eso pudo ser desvirtuado por el demandante mediante elementos probatorios capaces de revelar otra realidad —ni en sede administrativa, como tampoco en esta instancia judicial—, limitándose en la demanda a plantear su disconformidad con la falta imputada y la sanción impuesta.
En consecuencia, entendió que la cesantía fue tramitada en un procedimiento administrativo regular, respetuoso del derecho de defensa, cuyo acto sancionatorio dio cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos que le dieron sustento.
II.1.b. También recalcó la independencia de la investigación penal respecto de la administrativa, a mérito de lo cual el resultado arribado en el proceso criminal (v. IPP 06-00-032553-08, resol. de 21-IV-2010, en la cual se dispuso el archivo) no preconfiguraba la ausencia de responsabilidad disciplinaria.
En ese sentido, consideró que la valoración de los hechos realizada en sede administrativa se ciñó a la evaluación de la conducta llevada a cabo por el agente en el marco de las obligaciones previstas por las normas estatutarias. Y sobre esa base, citando jurisprudencia de esta Corte, explicó que la responsabilidad penal y la disciplinaria eran dos esferas diferentes, por lo que — a priori — no existe impedimento para considerar que una misma conducta, aunque pueda no merecer reproche desde el punto de vista penal, sí lo tenga en el ámbito administrativo, que en este supuesto se halla reglado por las normas que rigen la relación de empleo público.
II.1.c. En función de lo anterior, el a quo sostuvo que la falta de demostración de los extremos aducidos en el pedido de anulación comportaba una omisión fatal para la procedencia de la pretensión, pues pesaba sobre el actor la carga de acreditar sus dichos. Habiendo soslayado esto último, concluyó que lo resuelto por el magistrado de grado resultaba ajustado a las constancias de la causa y al orden normativo involucrado en la especie.
II.2. Finalmente, a la luz de las constancias obrantes en autos apreciadas con sujeción a las reglas de la sana crítica, dijo que la medida disciplinaria fue razonable, proporcionada a la falta comprobada y dictada en el ámbito de un sumario disciplinario como resultado de un ordenado procedimiento llevado a cabo por la Administración, en cuyo contexto se garantizó plenamente el derecho de defensa del exagente.
III.1. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el actor denuncia violación de los arts. 1, 17, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 1 de su par provincial; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 103 y 108 del decreto ley 7.647/70; el quebrantamiento de la doctrina legal de esta Suprema Corte y la inobservancia de precedentes de otros tribunales.
Asimismo, alega arbitrariedad y plantea el caso federal.
III.2. La apelación arranca por esta última causal de revisión, denunciándose que la sentencia de la Cámara carece de fundamentación y lesiona garantías constitucionales que frustran el derecho federal invocado, no pudiendo considerarse un acto jurisdiccional válido.
Arguye que el Tribunal de Alzada vulneró el principio de congruencia, pues omitió tratar el planteo relativo al abastecimiento de la motivación de las resoluciones administrativas cuestionadas, y, por ello, transgredió los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional.
Transcribe varios pasajes del pronunciamiento a fin de indicar que ha quedado demostrado que el a quo se apartó de las circunstancias comprobadas de la causa y que su fundamentación fue solo aparente, por desvincularse de los mentados actos administrativos.
Insiste con la exigencia de motivación de los actos dictados por la Administración y, en virtud de ello, denuncia tanto la infracción de la doctrina legal de esta Corte como de la jurisprudencia de otros tribunales, a lo que añade la opinión doctrinaria de varios autores. Así también, la violación de lo dispuesto en los arts. 103 y 108 del decreto ley 7.467/70.
Se queja, finalmente, del quebrantamiento de garantías ligadas con el debido proceso.
IV. El recurso es insuficiente (art. 279, CPCC).
IV.1. Corresponde comenzar por recordar que en instancia extraordinaria es requisito de ineludible cumplimiento para el recurrente la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte. Deficiencia que se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 72.082, "Delgado", sent. de 20-V-2015; A. 72.983, "Miranda", sent. de 29-XI-2017; A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018; A. 76.273, "Colombo", resol. de 19-II-2020; A. 78.993, "Valbuena", resol. de 19-VIII-2024; e.o.).
A partir de ello, cabe advertir que el recurrente edifica el grueso de su impugnación con pie en la doctrina de la arbitrariedad (v. acápites V.1. y V.2. del recurso).
En cuanto a esto, atendiendo a la reserva del caso federal formulada, he de recordar que la invalidación de una sentencia sobre tales bases es de carácter excepcional, además de que su articulación no tiene por objeto sustituir a los jueces de la causa en cuestiones que les son privativas, ni a corregir en ulteriores instancias fallos equivocados o que se reputen tales en orden a temas no federales. Semejante invocación solo cabe ser admitida frente a desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a causa de los cuales los pronunciamientos no puedan adquirir validez jurisdiccional (CSJN Fallos: 329:3761; 329:2206; 330:133 y 717; 339:1066).
Siendo así, es evidente que la argumentación desplegada en esa dirección remite a la valoración de circunstancias de hecho y, a todo evento, a la interpretación de las normas de derecho público local que se dicen violadas. Eso, sumado a la recitación jurisprudencial que no logra hacerse cargo frontalmente de los fundamentos brindados por la Cámara, se traduce en no más que el desacuerdo con el criterio adoptado por el tribunal, insuficiente a los fines de tener por acreditado semejante defecto (doctr. causas A. 75.616, "Dalbón", sent. de 19-VIII-2020; A. 75.034, "Gas Natural Ban S.A.", sent. de 17-IX-2021; A. 78.260, "Rubini", sent. de 11-X-2023; e.o.; CSJN Fallos: 331:477; 330:4211; 340:1089).
IV.2. Dicho lo anterior, observo que el resto de las críticas efectuadas tampoco logran rebatir los argumentos expuestos por el Tribunal de Alzada, en tanto ninguna resulta precisa ni refuta idóneamente el sustento material y normativo en que se basó la mayoría del órgano judicial para confirmar el decisorio de grado. En esto se advierte la reiteración de los planteos formulados que giran en derredor de la vulneración del principio de congruencia y del incumplimiento de la exigencia de motivación de los actos administrativos.
IV.2.a. En lo tocante a lo primero, el impugnante se limita a mencionar genéricamente que el pronunciamiento, apartándose de las circunstancias de la causa, omitió abordar un supuesto déficit motivacional de las resoluciones administrativas cuestionadas —lo que le habría impedido ejercer su derecho de defensa—, pero sin realizar mayor desarrollo que lo apuntado. Siendo esto así, la queja no puede ser abordada.
Como fuere, me permito señalar que los agravios relacionados con la violación del principio de congruencia, por estar vinculados con la interpretación de los escritos presentados en el proceso, deben estar acompañados de una adecuada demostración de absurdo (doctr. causas C. 101.790, "Alegre", sent. de 29-IV-2009; C. 118.170, "Nasif", sent. de 7-V-2014; A. 71.594, "Silva Ruiz", sent. de 9-IX-2015; A. 73.431, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Matera", sent. de 4-III-2022; e.o.). Vicio que, en el caso, no le ha sido endilgado a la sentencia impugnada. O a todo evento, le cabría lo señalado supra punto IV.1. respecto de la doctrina de la arbitrariedad y su insustancialidad a los efectos pretendidos.
IV.2.b. Tampoco es de recibo la crítica que insiste con la ausencia de motivación de los actos administrativos cuya nulificación se pretende. Para ello, el apelante denuncia la violación de los arts. 103 y 108 del decreto ley 7.647/70 —vinculados con el contenido y obligación de motivar los actos administrativos—; 17 y 18 de la Constitución nacional y 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos —ligados con el derecho de defensa y debido proceso—, además de la infracción de doctrina legal de esta Suprema Corte sobre tales temas.
Considero que el actor no logra montar un ataque efectivo contra la sentencia en este aspecto, que para juzgar en punto a la suficiencia de la motivación del acto segregativo se valió —además de otros elementos— del marco jurídico regulador del empleo público, destacando específicamente que se había valorado lo sostenido en los tres dictámenes a los que allí se hacía referencia, contestes en cuanto a la mecánica de los hechos investigados y la gravedad de la inconducta, que involucraba la agresión a un menor de edad por parte de su cuidador.
Por ende, el embate genérico que no repara en tales circunstancias es, claramente, insuficiente a los fines recursivos (art. 279 in fine , CPCC).
IV.2.c. Como corolario de ello, no es atendible la denuncia acerca de la inobservancia de preceptos constitucionales o de tratados internacionales, cuando ella queda subordinada —como acá— a una no comprobada violación de normas de derecho público local (doctr. causa A. 78.142, "Rosato", sent. de 11-VIII-2023 y sus citas).
IV.3. Similar suerte adversa ha de correr la invocada violación de la doctrina legal de este Tribunal, que el actor intenta fundar con la trascripción de sumarios jurisprudenciales.
Es que no basta con identificar un caso que contenga la doctrina que se denuncia como conculcada, sino que debe plantearse su similitud o analogía con la plataforma fáctica de la causa bajo análisis (doctr. causas A. 76.590, "Zheng", sent. de 23-VI-2023; A. 74.300, "Hernández", sent. de 14-II-2024; e.o.).
Dado que eso se omite, el planteo se presenta insuficiente (art. 279 in fine , CPCC).
Dicho lo anterior, agrego que la invocación de precedentes de otros órganos judiciales no resulta eficaz para fundamentar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, porque no constituyen la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, aunque se trate de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (doctr. causas A. 75.736, "Pita", sent. de 13-XI-2019; A. 78.027, "Benítez", sent. de 29-IV-2024; e.o.).
V. Por las razones expuestas, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 279, CPCC).
Voto por la negativa .
Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan , el señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente.
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 279, CPCC).
Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/12/2024 12:40:52 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/12/2024 13:48:25 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/12/2024 16:40:39 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/12/2024 07:21:38 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/12/2024 08:39:36 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 30/12/2024 08:50:10 hs. bajo el número RS-105-2024 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia