Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78409
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (cfr. arts. 31 bis, ley 5.827 —texto según ley 13.812— y 279 y 289, CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101— y 68 primer párrafo y 289 in fine, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.409, "Gómez, Marcelo Andres c/ Ministerio de Seguridad s/ Pretensión anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín rechazó el recurso interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia por medio de la cual se hizo lugar parcialmente a la pretensión entablada.
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por el mencionado tribunal.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Marcelo Andrés Gómez, declaró la nulidad de las Resoluciones del Ministerio de Seguridad dictadas el 23 de agosto de 2016 y el 26 de diciembre de 2017 y reconoció el derecho del actor al beneficio previsto en el art. 11 inc. "n" de la ley 13.201, equivalente a treinta sueldos del máximo grado del escalafón de las policías de la Provincia de Buenos Aires, a valores actuales, con intereses, calculados desde la fecha en que se produjo el hecho dañoso (4-II-2004) y hasta el dictado de la sentencia de primera instancia, en el 6% anual; de allí en más a la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación.
Asimismo, desestimó la pretensión indemnizatoria de daño moral y psíquico.
Por último, impuso las costas a la demandada vencida (art. 51 inc. 1, CCA).
I.2. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín rechazó el recurso deducido por la demandada y confirmó el fallo de grado.
Para así resolver, en lo que aquí interesa:
I.2.a. Hizo mérito de la actual doctrina de esta Suprema Corte en punto a que la percepción de una indemnización de raigambre laboral no resulta incompatible con el cobro del beneficio a cargo del Estado para auxiliar los infortunios padecidos en ejercicio de la función de policía de seguridad que dispone, en el caso, la indemnización prevista en el art. 11 inc. "n" de la ley 13.201 (conf. causa B. 63.730, "Vandamme"; entre muchas otras).
I.2.b. Rechazó los cuestionamientos de la demandada referidos a la base de cálculo del beneficio a valor actual. Ello en razón de que de la simple lectura del art. 11 inc. "n" de la ley 13.201, se desprende que en el caso se trata del reconocimiento del derecho a obtener una "indemnización" equivalente a treinta salarios y como tal constituye un típico supuesto de deuda de valor (conf. doctr. de esta Corte en causas C. 87.704, "Gerez", sent. de 14-XI-2007; A. 73.454, "Arguilla", sent. de 13-XI-2019 y B. 62.523, "Fernandez", sent. de 31-VIII-2021; entre otras y art. 772, Cód. Civ. y Com.).
Aseveró además que el criterio adoptado en la sentencia de grado se corresponde con la doctrina legal de la Suprema Corte en supuestos de actos administrativos ilegítimos en materia de empleo público (conf. causas B. 64.394, "Lazzatti", sent. de 31-VIII-2021 y A. 75.704, "Vallejos", sent. de 22-XII-2021).
Expresó que una solución distinta a la propuesta implicaría contradecir el art. 14 bis de la Constitución nacional, según el cual se debe asegurar una retribución justa al trabajador. Con más razón si dicha retribución se utiliza como base de cálculo en los casos de fallecimiento o incapacidad total y permanente ocasionada en ejercicio de la función de policía. Estimó que para que sea "justa" debe adecuarse a la realidad del momento en el cual se la abona.
II. Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal en el que denuncia, en lo principal, que el Tribunal de Alzada violó y aplicó erróneamente el art. 11 inc. "n" de la ley 13.201, vigente al momento del siniestro denunciado, apartándose de los criterios sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en casos análogos al presente.
Asimismo, alega que la Cámara incurrió en absurdo y violación de doctrina legal, afectando garantías constitucionales.
Dice que se trata de un supuesto de trascendencia, gravedad institucional y notorio interés público, con vulneración de la propiedad y el principio non bis in idem (arts. 17 y 18, Const. nac.). Cita fallos de la Corte nacional.
Por último, se agravia de la condena estimada a valores actualizados, vulnerando la prohibición de indexar establecida en la ley federal 23.928 y su modificatoria 25.561. Alega violación de la doctrina legal sentada por este Tribunal en la causa A. 74.360, "APOC", sentencia de 29-XII-2020, entre otras.
II.1. Con relación al primer planteo, entiende que la solución de la Cámara desvirtúa y viola el sentido de la ley aplicable, al reconocer el derecho a percibir el beneficio policial previsto en la ley 13.201, el que —afirma— resulta incompatible con el reclamo de reparación integral efectuado por el actor por el mismo accidente laboral a través de la vía judicial.
Para fundar sus manifestaciones, aduce que el beneficio previsto por el art. 11 inc. "n" de la ley 13.201 tiene una finalidad indemnizatoria. Asimismo, plantea que la normativa regulatoria, prevé de manera expresa que su percepción será incompatible con cualquier otra indemnización, subsidio o beneficio similar que se otorgue a los agentes por la misma causa. Insiste en que el único supuesto en que puede reclamarse el beneficio policial, es cuando no se haya percibido una indemnización laboral por el accidente.
Expresa que se ha hecho una interpretación errónea de la normativa sobre la idea de "compatibilidad". Cita fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los que se resolvió que la finalidad de este tipo de beneficios es indemnizar el accidente laboral sufrido por el agente en un acto de servicio y que, bajo sus fines, tal objetivo resarcitorio resulta coincidente con el cobro de la indemnización integral que pudiera haberse recibido por la vía civil o laboral.
II.2. Por otra parte, se agravia de la condena a valor actual de las retroactividades reconocidas.
Indica que la decisión adoptada al respecto en la causa A. 74.138, "Gelvez", sentencia de 27-XI-2019, se contrapone con la jurisprudencia de la Corte nacional y que dos de los jueces que conformaron aquella mayoría ya no integran este Tribunal provincial.
Alega que, aun luego de las reformas introducidas por el Código Civil y Comercial, en nuestro ordenamiento siguen rigiendo el nominalismo y la prohibición de indexar las deudas dinerarias o actualizar los créditos, en especial cuando estos resulten tarifados con montos líquidos o fácilmente liquidables. Manifiesta que la deuda por salarios caídos discutida en autos es de carácter dinerario y que como tal debe aplicársele lo dispuesto por los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (texto según ley 25.561).
Sustenta su agravio en la diferencia entre obligaciones de valor y dinerarias, derivada de lo normado por los arts. 765 y 772 del Código Civil y Comercial y de lo explicado por los autores que cita. Se apoya asimismo en jurisprudencia de la Corte nacional ("Massolo", Fallos: 333:447 y "Álvarez", Fallos: 342:1847) y provincial (causas C. 110.849, "Molina", sent. de 26-VI-2013; B. 66.861, "Verchick", sent. de 29-III-2017; A. 74.360, "APOC", sent. de 29-XII-2020; e.o.).
Expresa que cualquier liquidación por créditos salariales debe practicarse sobre la base de los valores nominales que históricamente hubiera correspondido percibir (doctr. art. 619, Cód. Civ.), resultando improcedente el intento de fomentar una indexación encubierta de la obligación dineraria.
III. El recurso no prospera.
III.1. En cuanto al tema principal en debate, este ha sido objeto de tratamiento por este Tribunal en casos sustancialmente análogos al sub lite , lo que resulta suficiente para dar respuesta al presente (conf. art. 31 bis, ley 5.827, modif. por ley 13.812).
En efecto, en la causa L. 84.498, "C., A. y otros", sentencia de 14-X-2009 y en fallos posteriores, tales como los recaídos en las causas B. 63.730, "Vandamme", sentencia de 18-IV-2011; L. 110.774, "A., E. E. y ots.", sentencia de 15-X-2014; A. 71.426, "Rodríguez", sentencia de 10-VIII-2016; A. 72.573, "Espeche", sentencia de 18-IV-2018; A. 74.199, "Galeano", sentencia de 6-V-2019 y L. 120.561, "Blanco de Castro", sentencia de 11-IX-2019. Y, más recientemente, en las causas L. 119.756, "Goitea", sentencia de 10-VIII-2020; A. 75.480, "Melgarejo", sentencia de 23-XI-2020; A. 75.633, "Abraham", sentencia de 25-XI-2020; A. 75.998, "Rodriguez", sentencia de 19-VIII-2021; A. 75.840, "Peralta", sentencia de 2-XII-2021 y A. 76.301, "Cabanay", sentencia de 27-X-2022; entre otras; esta Suprema Corte propició la procedencia de la acumulación de ambos beneficios.
Siendo así corresponde rechazar sin más esta parcela del embate (art. 31 bis, cit. y 279 in fine, CPCC).
III.2. Tampoco prospera el otro aspecto de la queja, referida a la condena indemnizatoria calculada a valores actuales, en razón de la insuficiencia técnica del recurso.
En efecto, contra el pronunciamiento de la Cámara, el Fisco reitera argumentos que fueran oportunamente tratados y descartados por el Tribunal de Alzada.
Asimismo, el recurrente plantea la prohibición de indexación de las deudas dinerarias e invoca la doctrina emergente de la causa A. 74.360, "APOC", referente a diferencias salariales, pero omite informar cómo la normativa y doctrina que cita resultan aplicables en la especie, donde, la Cámara condenó al pago de haberes a valores actuales.
Al respecto esta Suprema Corte ha dicho que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el cual el recurrente insiste en reiterar los planteos que ya fueran llevados —con suerte adversa— ante las instancias de grado, reproduciendo agravios que lejos están de patentizar los yerros que se le imputan al fallo y que antes bien, se circunscriben a exteriorizar una mera disconformidad con el sentido de lo resuelto, evidenciando un punto de vista subjetivo y discrepante que intenta hacer prevalecer su propio criterio por sobre el de los magistrados, sin hacerse cargo de impugnar concretamente los fundamentos medulares sobre los cuales se estructura la sentencia en crisis (conf. doctr. causa A. 78.503, "Traut", sent. de 15-XI-2023).
Así, no basta para dar por satisfecha la carga técnica de apropiada refutación que pesa sobre el recurrente, el embate que ha obviado controvertir los pilares sobre los que se asienta la solución puesta en entredicho (conf. causa A. 78.055, "Telez", sent. de 24-X-2023); toda vez que, en la vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. Va de suyo, entonces, que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida; déficit que, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que —al margen de su acierto o error— se asienta el fallo del tribunal inferior (conf. causa A. 76.048, "ESPN SUR SRL y ot", sent. de 4-X-2023).
Por otra parte, cabe recordar que a criterio de esta Corte resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no se hace cargo de la línea argumental de la decisión impugnada y se dedica a criticarla con su propia interpretación, dejando incólumes afirmaciones que, más allá de su acierto o error, le dan sustento bastante (doctr. causa A. 74.300, "Hernández", sent. de 14-II-2024).
Por último, cabe observar, que no basta con la mera individualización de precedentes y su trascripción para sustentar un planteo de violación de la doctrina legal en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, sino que deben indicarse los aspectos centrales del caso donde se sentó el criterio que pretende se le aplique a la pretensión incoada y la similitud con las circunstancias fácticas y jurídicas de la causa (doctr. causas A. 73.228, "Arbelo", sent. de 19-X-2016; A. 72.793, "Ruiz", sent. de 5-VII-2017; A. 74.288, "Paredi Pavioni", sent. de 3-V-2018; e.o.).
Por lo expuesto, en tanto los agravios traídos a esta instancia extraordinaria resultan inatendibles en virtud de la insuficiencia técnica del recurso (conf. mi voto en la causa A. 78.351, "Carrillo", sent. de 30-V-2024) corresponde rechazar el recurso con costas (conf. art. 279, CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Adhiero al voto del doctor Torres.
II. En lo tocante a la segunda línea de agravios, tal como he notado en causas análogas a la presente (v. causas A. 78.351, "Carrillo", sent. de 30-V-2024 y A. 78.353, "Leguero", sent. de 20-XI-2024; e.o.), la crítica revuelve en torno a la prohibición de indexación según los términos de las leyes 23.928 y 25.561 y la supuesta violación de doctrina legal de este Tribunal sobre el tópico.
El apelante dice que la Cámara, para confirmar el criterio del juez de primera instancia, se apoyó en precedentes de este Tribunal. Apunta para eso a la causa A. 74.138, "Gelvez", sentencia de 27-XI-2019. Sin embargo, en este antecedente y en muchos otros he brindado una serie de fundamentos para resistir una crítica como la aquí ensayada —que busca imponer a ultranza la regla del nominalismo— que no son objeto de debida confrontación y que, vale decir, exceden la disquisición teórica entre deudas dinerarias y deudas de valor que aquí marcan el eje de la impugnación (v. mi voto en causa cit., en esp. ptos. V.2.a. y V.2.e.).
Aun cuando las circunstancias en las cuales tales justificaciones fueron ensayadas no sean exactamente las mismas que en el sub examine, la generalidad de algunas de esas proposiciones bien pudo servir para abastecer el decisorio del Tribunal de Alzada a la hora de confirmar la determinación judicial de la reparación económica en el caso concreto (conf. art. 165, CPCC).
Nada de eso es materia de refutación efectiva en la pieza bajo análisis.
En su lugar, ella se ciñe a reclamar por la aplicación de las leyes ya mencionadas e invocar un temperamento sentado en un discreto precedente (causa A. 74.360, "APOC", sent. de 29-XII-2020), cuyo contenido —a modo de una suerte de premisa general— no se condice con otros fallos posteriores a los que, eventualmente, cabría asignarles mayor valor como doctrina legal, en los cuales se fijó la indemnización debida a valores actuales (v. por ej., causas B. 65.203, "Pérez", sent. de 31-VIII-2021; B. 76.049, "Gardinetti", sent. de 9-X-2023; B. 57.667, "Roqueiro", sent. de 23-VI-2023 y B. 67.498, "A., J.", sent. de 31-X-2023; entre muchas otras). Y que de ser eso así, serían tales los precedentes a los que cabría mirar a la hora de sentenciar y no aquellos que pudieron existir a la hora de interponerse el recurso (doctr. causas C. 110.372, "Juárez", sent. de 5-III-2014; C. 102.534, "C., A.", sent. de 10-VIII-2016; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016; C. 122.303, "Dadario", sent. de 25-II-2021; e.o.).
En esas condiciones, cabe recordar que a criterio de esta Corte resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no se hace cargo de la línea argumental de la decisión impugnada y se dedica a criticarla con su propia interpretación, dejando incólumes afirmaciones que, más allá de su acierto o error, le dan sustento bastante (doctr. causa A. 74.300, "Hernández", sent. de 14-II-2024).
Asimismo, que no basta con la mera individualización de precedentes y su trascripción para sustentar un planteo de violación de la doctrina legal en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, sino que deben indicarse los aspectos centrales del caso donde se sentó el criterio que pretende se le aplique a la pretensión incoada y la similitud con las circunstancias fácticas y jurídicas de la causa (doctr. causas A. 73.228, "Arbelo", sent. de 19-X-2016; A. 72.793, "Ruiz", sent. de 5-VII-2017; A. 74.288, "Paredi Pavioni", sent. de 3-V-2018; e.o.).
III. Por ende, reiterando mi acompañamiento, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto. Con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, CCA; 279 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (cfr. arts. 31 bis, ley 5.827 —texto según ley 13.812— y 279 y 289, CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101— y 68 primer párrafo y 289 in fine, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/02/2025 12:53:03 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/02/2025 13:45:24 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/02/2025 10:01:49 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/02/2025 16:04:51 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/02/2025 09:04:52 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 27/02/2025 09:06:32 hs. bajo el número RS-3-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia