Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78316
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289 último párrafo, CPCC), con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.316, "Barsoti, Viviana Elizabeth c/ Poder Judicial s/ pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Maidana, Carral, Violini.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia (v. sent. de fecha 5-XI-2021).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la parte demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. escrito electrónico de fecha 26-XI-2021, 10:56:24 p.m., en el sistema Augusta), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fecha 25 de agosto de 2022.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de fecha 1-III-2023) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, en lo que al caso interesa, rechazó el recurso de apelación deducido por la representación fiscal, y en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que admitió parcialmente la demanda promovida por la señora Viviana Elizabeth Barsoti contra el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, mediante la cual persiguiera la nulidad de las resoluciones 1.390 y 2.730, del 15 de junio de 2011 y del 10 de octubre de 2012, por las que se impusiera y confirmara, respectivamente, la sanción de cesantía en el cargo de Perito del Cuerpo Técnico Auxiliar del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de la Oficina de la Asesoría Pericial del Departamento Judicial de Mercedes, por incumplir la prohibición de acumulación de cargos públicos y ocultar la situación de incompatibilidad debido a una relación contractual con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación entre los meses de octubre de 2003 y enero de 2006 (v. sent. de fecha 5-XI-2021).
I.1. Para así decidir, tras dejar sentado que no había controversia en lo referente a la plataforma fáctica y jurídica del caso, señaló que el bloque de legalidad al que debió sujetarse la Administración no es solo conformado con las disposiciones actuadas (arts. 11 incs. "a", "f" y "g", Ac. 3.354; 66 y 67, Ac. 2.300; 53, Const. prov. y 1, dec. ley 8.078/73), sino también debió integrarlo con los principios generales del derecho y, en particular, con la garantía de la igualdad ante la ley (art. 16, Const. nac.).
En efecto, observó un trato desigual con otros agentes en iguales condiciones que la aquí actora en los cuales se aplicó una medida menos gravosa conforme fuera propuesto por la Procuración General, que en su intervención refirió a diversas circunstancias que permitían apartarse excepcionalmente de la solución legal (arts. 11 y 7 apdo. II, Ac. 3.354) "en virtud de mostrarse excesiva la imposición de una pena de esa índole" (refiriéndose a la de cesantía por estricta aplicación legal).
También puso de manifiesto que al emitir el dictamen el señor Procurador General ponderó el breve lapso por el cual la sumariada incurrió en el incumplimiento atribuido, la ausencia de antecedentes disciplinarios, el buen concepto informado por el señor juez del Tribunal de Menores donde prestaba tareas y, especialmente, en la circunstancia de haber cesado al momento de resolver la situación irregular.
I.2. Seguidamente, coincidió con la señora jueza de primera instancia en que resulta de aplicación la doctrina de este Tribunal mediante la cual "es vinculante para la Administración el criterio vertido en un precedente administrativo, por aplicación de los principios de igualdad ante la ley, seguridad jurídica y buena fe, cuando concurran en el caso determinados requisitos, a saber: i) se trate de un acto administrativo de alcance particular, ii) exista identidad subjetiva en la autoridad que decida ambos casos e identidad objetiva en las circunstancias y pretensiones ventiladas, iii) no se brinde una motivación cabal y suficiente que sustente el cambio del criterio interpretativo adoptado y, por último, iv) el precedente invocado sea legítimo" (doctr. causas B. 62.593, "Chazarreta", sent. de 29-II-2012; B. 64.434, "Scopel", sent. de 29-VI-2016; en sentido similar, Q. 70.810, "Unión de Docentes", sent. de 17-II-2014).
I.3. Conforme a tales lineamientos, apreció —tal como lo expuso la magistrada de primera instancia— que de las copias certificadas de las resoluciones 1.269, 2.805, 2.775 y 2.776 dictadas con anterioridad al acto impugnado, en las cuales se investigaban conductas análogas de varios agentes judiciales, se procedió a sancionarlos con treinta (30) días de suspensión, destacando —a tal fin— el caso del perito González, cuya superposición de cargos se produjo en el mismo período y bajo igual modalidad que la parte actora.
En base a ello juzgó que la potestad disciplinaria fue ejercida contraviniendo la regla de la igualdad (art. 16, Const. nac.).
Añadió que la investigación general iniciada a varios agentes que fuera tramitada por expediente n° 3001-41/06, constituía prueba suficiente y daba cuenta de la identidad objetiva que desautoriza el criterio adoptado por la autoridad judicial en función administrativa.
Indicó que la analogía con los demás supuestos investigados impone a la Administración explicar fundadamente las razones que se tuvieron en cuenta para decidir apartarse de los criterios anteriores, toda vez que la motivación constituye un elemento esencial de todo acto administrativo, sobre todo si se encuentra en juego la garantía de la igualdad.
Concluyó que el acto que impuso la cesantía a la actora incumple con las previsiones del art. 108 del decreto ley 7.647/70, más aún cuando el dictamen previo a la emisión del acto sancionador aconsejaba un desenlace menos gravoso para la demandante.
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. escrito electrónico de fecha 26-XI-2021, 10:56:24 p.m., en el sistema Augusta) la Fiscalía de Estado denuncia la vulneración de los arts. 16 de la Constitución nacional; 53, 182, 186 y 189 de su par provincial; 108 del decreto ley 7.647/70; 11 incs. "a", "f" y "g" y 13 del Reglamento Disciplinario del Poder Judicial, Ac. 3.354 y 66 inc. "m" y 72 inc. 1, Ac. 2.300.
Asimismo, aduce la transgresión de la doctrina legal de esta Corte sobre el precedente administrativo.
II.1. Con relación a la transgresión de los arts. 16 de la Constitución nacional; 53 de su similar provincial y 108 de la ley de procedimiento administrativo, señala que no se encuentra controvertido que la parte actora se vinculó con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el periodo 1 de octubre de 2003 al 10 de enero de 2006 como contratada en esa cartera en situación de incompatibilidad.
Argumenta que las instancias ordinarias pese a reconocer que el régimen disciplinario aplicable prevé —ante la situación descripta— la cesantía como única sanción, anuló el acto administrativo impugnado y reenvió las actuaciones a la autoridad administrativa para que dicte uno nuevo, debidamente fundado.
Refirió a que el Tribunal de Alzada decidió de ese modo basándose en la fuerza vinculante del precedente administrativo (causa B. 58.244, "Nazar Anchorena", sent. de 27-II-2008) y el principio de igualdad (art. 16, Const. nac.), en virtud de que en las mismas actuaciones se sancionó con una medida correctiva a otros agentes en iguales condiciones, en los que se siguió el criterio de la Procuración General que aconsejaba la aplicación de una sanción menos gravosa a la expulsiva y no lo hizo en el caso de la actora.
Entiende que la Cámara contradice la doctrina legal en la cual se apoya, en la medida en que los antecedentes cuya obligatoriedad proclama para el caso en juzgamiento no deben sustentarse en un obrar ilegal o antijuridico (causa B. 58.244, antes cit.).
II.2. Alega que la antijuricidad del precedente soslaya la obligatoriedad de explicar el apartamiento de los criterios seguidos en otros supuestos en los cuales se aplicaron sanciones que la ley no autorizaba.
Por otra parte, señala que tal como quedó admitido en el procedimiento sumarial como en el judicial, el régimen disciplinario no prevé para la falta endilgada y acreditada en autos otra sanción que la cesantía (arts. 11 incs. "a", "f" y "g", Ac. 3.354; 66 y 67, Ac. 2.300) y ello responde al carácter absoluto de la prohibición de acumular cargos públicos (art. 53, Const. prov.).
En ese orden aduce también que la Cámara interviniente vulnera la doctrina de este Tribunal que se desprende de las causas B. 51.960, "Bruzzone", sentencia de 14-VII-1992; B. 57.189, "Massimino", sentencia de 5-VII-2000; B. 65.388, "Tata", sentencia de 28-II-2001, con relación al carácter absoluto de ese imperativo constitucional, señalando que de allí se deriva la severidad de la sanción; incluso a mayor abundamiento expresa que se ha extendido al ámbito de la seguridad social (conf. causas A. 71.913, "Salas", sent. de 13-V-2015 y A. 72.791, "Ixtaina", sent. de 21-X-2015).
Agrega que la doctrina de autores destacados se ha referido a la razonabilidad del texto constitucional que proscribe que una misma persona pueda válidamente acumular dos o más empleos públicos.
II.3. Por último, respecto a la infracción de los arts. 182, 186 y 189 de la Constitución provincial y 13 y 66 del Acuerdo 3.354 expresa que el Tribunal de Alzada omitió analizar la ilegitimidad de los precedentes y ordenó dictar un nuevo acto a fin de que la autoridad brinde la motivación suficiente en torno a la decisión que haya de adoptar.
Sostiene que esa opción no es jurídicamente viable, en tanto no es una posibilidad que le otorgue el ordenamiento jurídico a la autoridad disciplinaria.
III. El recurso no prospera.
La Cámara interviniente consideró que el acto administrativo por el cual se le impuso la sanción de cesantía a la licenciada Barsoti carecía de motivación, en el entendimiento de que la Administración debió haber explicado fundadamente los motivos por los cuales se apartó de precedentes administrativos similares al aquí analizado, especialmente el caso del perito González a quien se le aplicó una medida de carácter correctivo, con motivo de la superposición de cargos durante el mismo periodo y bajo la misma modalidad que la parte actora.
En este sentido, juzgó vulnerado el principio de igualdad (art. 16, Const. nac.) y nulo el acto sancionatorio (art. 108, dec. ley 7.647/70).
III.1. La recurrente alega que la doctrina legal emergente de la causa "Nazar Anchorena" (causa B. 58.244, antes cit.) en relación con el carácter vinculante del precedente administrativo no es aplicable, toda vez que entiende que de ningún modo la Administración debió explicar, en el caso, el apartamiento del criterio adoptado en un supuesto en el cual se aplicó una sanción que la ley no preveía, debido a que el antecedente invocado —aduce— era ilegítimo.
En efecto en el citado precedente esta Corte consideró vinculante para la Administración el criterio vertido en un precedente administrativo, por aplicación de los principios de igualdad ante la ley, seguridad jurídica y buena fe, cuando concurran en el caso determinados requisitos: se trate de un acto administrativo de alcance particular, exista identidad subjetiva en la autoridad que decida ambos casos e identidad objetiva en las circunstancias y pretensiones ventiladas, no se brinde una motivación cabal y suficiente que sustente el cambio del criterio interpretativo adoptado y, por supuesto que el precedente invocado sea legítimo (conf. doctr. causas B. 62.593, "Chazarreta", sent. de 29-II-2012; B. 64.434, "Scopel", sent. de 29-VI-2016; A. 74.591, "Tedesco", sent. de 8-V-2019; e.o.); recaudo que, como antes señaló, la Fiscalía de Estado denuncia incumplido.
Más allá del esfuerzo argumentativo desplegado en la pieza impugnatoria, la recurrente no ha demostrado la ilegitimidad que solo enuncia.
En este aspecto su mera insinuación no alcanza para acreditar el carácter contra legem del precedente administrativo del perito González invocado por la Cámara para confirmar el pronunciamiento de primera instancia.
III.2. Por otra parte, resulta inapropiado el agravio de la violación de la doctrina legal en torno al carácter absoluto de la prohibición contenida en el art. 53 de la Constitución provincial de acumular dos o más cargos a sueldo en una persona como así también la interpretación extendida al ámbito de la seguridad social.
Ello, toda vez que el alcance de lo decidido se circunscribió al análisis de un elemento esencial del acto administrativo referido, en el caso, a la motivación del acto sancionador y el cual la Cámara consideró ausente, dado que la autoridad administrativa no explicó las razones por las cuales se apartó de un precedente análogo que impuso una sanción menos gravosa.
III.3. Por último, también resulta inatendible la queja de la recurrente relacionada con la omisión por parte del Tribunal de Alzada de analizar la legitimidad de los precedentes administrativos análogos y a su vez el reenvío ordenado para que se emita un nuevo acto.
La solución del Tribunal de Alzada que confirmó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto resolvió la nulidad del acto de cesantía impuesto a la actora y ratificó el reenvío no causa agravio alguno a la Fiscalía de Estado, en virtud de que la solución importa otorgarle a la autoridad competente la posibilidad de dictar un nuevo acto conforme el ordenamiento jurídico en el marco de las atribuciones privativas de la Administración en materia disciplinaria.
Y, a su vez, no le corresponde a la judicatura sustituir a la Administración en un asunto propio de su competencia.
La invocación de ciertos preceptos supuestamente infringidos por la sentencia impugnada (arts. 182, 186 y 189, Const. prov. y 13 y 66, Ac. 3.354) de ninguna manera importa el debido cumplimiento de la carga que supone la demostración de la forma en que se materializa la vulneración a las normas invocadas, en los términos del art. 279 in fine del Código Procesal Civil y Comercial.
En este sentido, tiene dicho este Tribunal que quien denuncia la violación de preceptos del derecho vigente, anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo, desde que la frustración de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor. Dicha carga no es adecuadamente satisfecha por el recurrente si sus agravios en este sentido no pasan del mero enunciado y una escueta exposición discrepante, sin lograr demostrar las transgresiones que denuncia (causas A. 73.862, "Migliori", sent. de 3-V-2018; A. 75.190, "Riedel", sent. de 30-VI-2021 y A. 76.742, "Sánz Ortiz", sent. de 24-V-2024).
IV. Por los fundamentos expuestos, no habiéndose demostrado las transgresiones normativas denunciadas y la violación de la doctrina legal invocada, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289 último párrafo, CPCC), con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Maidana , Carral y Violini, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289 último párrafo, CPCC), con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/03/2025 17:07:07 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/03/2025 10:36:32 - CARRAL Daniel Alfredo - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/03/2025 13:12:07 - VIOLINI Victor Horacio - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/03/2025 14:05:47 - MAIDANA Ricardo Ramon - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/03/2025 13:56:27 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 12/03/2025 14:02:27 hs. bajo el número RS-6-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia