Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78938
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.938, "Tonil, Pablo Daniel c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Kogan , Torres , Kohan .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso interpuesto por la demandada y acogió el deducido por la actora. En consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda, modificándola en cuanto a la base de cálculo de la condena y respecto al cómputo de los intereses que deriva de la doctrina legal aplicable (v. sent. de 29-XI-2022).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por el mencionado tribunal.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda promovida por el señor Pablo Daniel Tonil, declarando la nulidad de la resolución 1.628 del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y reconociendo, en consecuencia, el derecho del actor al beneficio previsto en el art. 1 de la ley 13.985 y su reglamentación, desde la fecha en que se produjo el accidente por acto de servicio policial (v. sent. de 16-XII-2019).
De otra parte, determinó la ausencia de incompatibilidad entre los beneficios que reconocen las leyes 13.982 (art. 47) y 13.985 (art. 1) al personal policial herido en acto de servicio, debido a la naturaleza disímil de aquellos por distinguirse los supuestos que los originan y la modalidad de pago que contemplan. De tal modo, estimó que un entendimiento contrario a lo anterior tornaría incongruente la sanción de las leyes 13.982 y 13.985 en la misma fecha (19-III-2009), especialmente cuando el decreto 1.050/09 es el que en su art. 88 remite a la ley 13.985.
Por último, consideró que a las sumas reconocidas deberán aplicarse intereses desde la fecha de las lesiones padecidas por el actor (23-XII-2015) hasta su efectivo pago, calculados a la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días vigentes en cada período de aplicación.
I.2. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso interpuesto por la demandada y acogió el deducido por la actora. Consecuentemente, confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda, modificándola en cuanto a la base de cálculo de la condena, estableciendo que para su cálculo debía tenerse en cuenta el sueldo actual del Teniente Primero de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, como así también en lo relativo al cómputo de intereses desde la fecha del hecho generador y hasta la de la sentencia, lapso durante el cual se aplicará la tasa del 6% anual y de allí en más la tasa de interés establecida en la causa B. 62.488, "Ubertalli", sentencia de 18-V-2016 (v. sent. de 29-XI-2022).
Para así resolver, en lo que aquí interesa:
I.2.a. Hizo mérito de la actual doctrina de esta Suprema Corte, en punto a que la percepción de una indemnización laboral no resulta incompatible con el cobro del subsidio mensual a cargo del Estado para auxiliar los infortunios padecidos en ejercicio de la función de policía de seguridad que disponen los arts. 1 de la ley 13.985 y 10 del decreto 149/10 (conf. causa B. 60.833, "Noriega", sent. de 8-IV-2015).
I.2.b. Desestimó los agravios de la recurrente demandada procurando que se liquiden los intereses desde que existió efectivo reclamo en sede administrativa.
I.2.c. Por otro lado, compartiendo el criterio sentado por la magistrada de grado y siguiendo los precedentes del propio Tribunal de Alzada en casos análogos al sub lite (v.gr. causa 24.929, "Peralta", sent. de 28-VI-22), estimó pertinente la acumulación del beneficio receptado en el art. 47 de la ley 13.982 —tramitado por expediente judicial separado ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 4 departamental (Exp. n° 16.518)— con el pretendido en autos previsto en la ley 13.985 (art. 1), cuyo cobro será periódico y mientras dure la incapacidad transitoria, transformándose eventualmente en continuo en el supuesto de que la incapacidad resulte permanente y que el retiro fuera dispuesto por dicha circunstancia.
En efecto, previa reseña de la normativa aplicable en la especie (arts. 47 y 48, ley 13.982; 88, dec. regl. 1.050/09 y 1, ley 13.985), sostuvo que el entendimiento sistémico de las disposiciones ventiladas en el caso permitían derivar en la compatibilidad del beneficio de la ley 13.982 —el cual, sin haber sido derogado expresa ni implícitamente, se percibe por única vez exclusivamente en el supuesto de fallecimiento o incapacidad total y permanente del agente en acto de servicio y en ejercicio de la función de seguridad (art. 47)—; con cualquier otro que derive del mismo hecho y del sistema previsional específico de la Policía Bonaerense.
En esa línea, para acceder al reconocimiento de los beneficios preceptuados en cada caso, advirtió que los preceptos en cuestión contemplan diferentes extensiones, distinguiéndose en particular en su determinación económica, pues mientras que una normativa establece un subsidio mensual (art. 1, ley 13.985), la otra lo reconoce por única vez (art. 47, ley 13.982).
Asimismo, consideró que si bien la limitación del art. 1, tercer párrafo de la ley 13.985 puede comprender a otros beneficios, no alcanzaba al previsto por el art. 47 de la ley 13.982 al privar la compatibilidad que esta disposición establece expresamente y que impide que la prestación quede alcanzada por la restricción dispuesta por aquella normativa, dado que difiere su universo de destinatarios.
I.2.d. Finalmente, estimó que prosperaba el cuestionamiento del apelante actor vinculado a la base de cálculo del subsidio, determinada a valores actuales, con sustento en lo resuelto por esta Corte en el precedente B. 60.558, "González", sentencia de 6-XI-2019. Ello, pues resultaba comprobada la antijuricidad del obrar de la Administración junto a la privación del subsidio legal que correspondía al actor recibir oportunamente (conf. doctr. causa A. 74.138, "Gelvez", sent. de 27-XI-2019 y sus citas; e.o.).
Concluyó que a las sumas resultantes correspondía adicionar el accesorio por interés puro al 6% anual hasta el momento del dictado de la sentencia; para de allí en adelante establecerse la tasa más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones a treinta días.
II. Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia que la Cámara violó los arts. 1 de la ley 13.985 y 10 del decreto 149/10, apartándose de los criterios sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en casos análogos al presente; y 47 de la ley 13.982, transgrediendo asimismo la doctrina legal de esta Suprema Corte sobre la sentada en la causa A. 75.191, "Bais", resolución de 7-VIII-2019.
Alega que la a quo incurrió en absurdo y violación de doctrina legal, afectando garantías constitucionales.
Dice que se trata de un supuesto de trascendencia, gravedad institucional y notorio interés público, con vulneración de la propiedad y el principio non bis in idem (arts. 17 y 18, Const. nac.).
Por último, se agravia de la condena estimada a valores actualizados, por considerar que vulnera la prohibición de indexar establecida en la ley 23.928 y su modificatoria 25.561.
II.1.a. Con relación al primer planteo, entiende que la solución de la Cámara desvirtúa y viola el sentido de la ley aplicable, al reconocer el derecho a percibir un "mal llamado" subsidio policial (el de la ley 13.985), el que —afirma— resulta incompatible con el reclamo de reparación integral efectuado por el actor por el mismo accidente laboral a través de la vía judicial.
Para fundar sus manifestaciones, aduce que el suplemento policial tiene una finalidad compensatoria, tal como surge de los fundamentos de la ley 13.985. Asimismo, plantea que la normativa citada establece que este resulta incompatible con cualquier otro beneficio de idéntica naturaleza que se otorgue por la misma causa, lo cual es reafirmado por el art. 10 del decreto reglamentario 149/10. Insiste en que el único supuesto en que puede reclamarse es cuando no se haya percibido una indemnización laboral por el accidente.
Expresa que se ha hecho una interpretación errónea de la normativa sobre el término "incompatibilidad". Cita fallos de la Corte federal en donde se entendió que la finalidad de este "subsidio" consiste en indemnizar el accidente laboral sufrido por el agente en un acto de servicio y que tal objetivo resarcitorio resulta plenamente coincidente con el cobro de la indemnización integral que pudiera haberse recibido por la vía civil o laboral. Al haberse permitido las dos cosas, considera que se produjo un enriquecimiento sin causa producto de una doble indemnización no autorizada.
II.1.b. De otra parte, se agravia con relación a la superposición de los beneficios previstos en las leyes 13.982 (art. 47) y 13.985 (art. 1) por no poder acumularse entre sí.
En ese sentido, interpreta que la compatibilidad o incompatibilidad entre dichos beneficios se mide conforme a la identidad de causa de origen, en tanto que la solución normativa establecida en la ley 13.985 resulta clara para el caso de autos, pues quien tuviera una incapacidad transitoria que deviene en permanente continuará cobrando el subsidio mensual por aquella incapacidad.
Entiende, de un lado, que más allá de las redacciones de las normas involucradas y a fin de evitar un enriquecimiento indebido, la autoridad quiso evitar la duplicación de indemnizaciones por el mismo concepto y, de otro, que la razón de la incompatibilidad mentada surge del análisis normativo en virtud de lo dispuesto en ambas legislaciones cuestionadas.
Asimismo, denuncia la violación de la doctrina legal de esta Corte sentada en la causa A. 75.191, "Bais", resolución de 7-VIII-2019, en la que —según considera— se declaró incompatible la acumulación de dos subsidios policiales por el mismo accidente. Transcribe pasajes de los antecedentes y considerandos del fallo que denuncia transgredido.
II.2. Por último, se agravia respecto de la condena a abonar a valor actual las retroactividades reconocidas.
Indica que la decisión adoptada en la causa A. 74.138, "Gelvez", sentencia de 27-XI-2019, en la que se apoyó la Cámara, se contrapone con la jurisprudencia de la Corte nacional y que dos de los jueces que conformaron aquella mayoría ya no integran este Tribunal provincial.
Alega que, aun luego de las reformas introducidas por el Código Civil y Comercial, en nuestro ordenamiento sigue rigiendo el nominalismo y la prohibición de indexar las deudas dinerarias o actualizar los créditos, en especial cuando estos resulten tarifados con montos líquidos o fácilmente liquidables. Manifiesta que la deuda discutida en autos es de carácter dinerario y que, como tal, debe aplicársele lo dispuesto por los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (texto según ley 25.561).
Sustenta su agravio en la diferencia entre obligaciones de valor y dinerarias, derivada de lo normado por los arts. 765 y 772 del Código Civil y Comercial y de lo explicado por los autores que cita. Se basa asimismo en jurisprudencia que se ha elaborado acerca de semejante distinción.
Remata diciendo que cualquier liquidación por créditos salariales debe practicarse sobre la base de los valores nominales que históricamente hubiera correspondido percibir (doctr. art. 619, Cód. Civ.), resultando improcedente el intento de fomentar una indexación encubierta de la obligación dineraria.
III. El recurso no prospera atento su manifiesta insuficiencia.
III.1. En primer lugar, habré de destacar que no resulta un hecho controvertido que el día 23 de diciembre de 2015, el señor Pablo Daniel Tonil, sufrió heridas graves luego de un enfrentamiento armado con delincuentes, las cuales fueron declaradas imputables al servicio conforme resolución 1.289/16.
En cuanto a la acumulación o no de la indemnización prevista en la legislación laboral con otros beneficios del régimen para el personal policial como el pretendido en autos (ley 13.985), es decir, si resulta compatible el cobro de ambos, este tema ha sido objeto de tratamiento por el Tribunal en casos sustancialmente análogos al sub lite , lo que resulta suficiente para dar respuesta al presente (art. 31 bis, ley 5.827, modif. por ley 13.812).
En efecto, en la causa L. 84.498, "C., A. y otros", sentencia de 14-X-2009 y en fallos posteriores, tales como los recaídos en las causas B. 63.730, "Vandamme", sentencia de 18-IV-2011; L. 110.774, "A., E. E. y ots.", sentencia de 15-X-2014; A. 71.426, "Rodríguez", sentencia de 10-VIII-2016; A. 72.573, "Espeche", sentencia de 18-IV-2018; A. 74.199, "Galeano", sentencia de 6-V-2019 y L. 120.561, "Blanco de Castro", sentencia de 11-IX-2019, y, más recientemente, en las causas L. 119.756, "Goitea", sentencia de 10-VIII-2020; A. 75.480, "Melgarejo", sentencia de 23-XI-2020; A. 75.633, "Abraham", sentencia de 25-XI-2020; A. 75.998, "Rodriguez", sentencia de 19-VIII-2021 y A. 75.840, "Peralta", sentencia de 2-XII-2021, esta Suprema Corte propició la procedencia de la acumulación de ambos beneficios.
En las últimas causas señaladas se reseñó, asimismo, que si bien el art. 10 del decreto 149/10 (reglamentario de la ley provincial 13.985) establece que la percepción del subsidio previsto en dicha norma es "incompatible con otro de la misma naturaleza", seguidamente aclara que no resulta "excluyente de indemnizaciones contempladas en la legislación vigente". La mentada previsión —ausente en el antiguo régimen del decreto ley 9.550/80— desarticula los argumentos del recurrente, quien, por otro lado, tampoco aquí ha desplegado ninguna reflexión sobre el pasaje antes transcripto del precepto en cuestión.
Siendo así, corresponde rechazar —sin más— esta parcela del embate (arts. 31 bis, cit. y 279 in fine, CPCC).
III.2. Por otra parte, en el acápite VI.1.iv. del recurso interpuesto se denuncia que no pueden coexistir los beneficios establecidos en las leyes 13.982 (art. 47) y 13.985 (art. 1), cuestionamiento que no es debidamente desarrollado con el rigor exigido en esta instancia, en tanto la recurrente limita su embate a discrepar con lo resuelto por la Cámara desplegando su propia opinión sobre el tópico.
De ese modo, la impugnante omite toda referencia a los argumentos del Tribunal de Alzada respecto a la interpretación del plexo normativo que estimó aplicable, en los precedentes que cita y en la explicación accesoria que brinda en este segmento para estructurar su decisorio (v. cons. 2° de la sentencia); circunstancia que resulta suficiente para su rechazo pues como tiene dicho esta Corte, debe desestimarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que ha elegido elaborar su impugnación sobre una serie de razonamientos que se desentienden de aquellos que dotan de contenido al fallo (conf. causas L. 104.897, sent. de 13-VII-2011; A. 71.328, sent. de 26-V-2016; e.o.).
En efecto, el agravio queda a mitad de camino y no resulta idóneo para justificar la revocación del decisorio en crisis. En este aspecto, es dable recordar que la facultad revisora de la Suprema Corte está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación que contra ella se formule en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. De allí que el éxito de la postulación recursiva dependa de que se baste a sí misma para que, de su lectura, pueda advertirse el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal. Ello exige una crítica concreta, directa y eficaz de las conclusiones definitorias y argumentos en que se funda el fallo recurrido (v. mis votos en causas A. 75.430, "Vela", sent. de 19-VIII-2020; A. 76.740, "Caputo", sent. de 22-IX-2021; A. 77.124, "Saldivia", sent. de 27-X-2022; A. 77.129, "Schab", sent. de 2-III-2023; A. 77.392, "Viamonte", sent. de 29-VIII-2023; A. 77.626, "Nazhur", sent. de 30-V-2024; e.o.).
Tal déficit que exhibe la pieza impugnativa se evidencia además en la repetición de consideraciones formuladas en esta parcela en el recurso de apelación interpuesto. Sobre dicha cuestión, esta Corte ha expresado que resulta insuficiente el remedio procesal intentado que se limita a insistir en un enfoque legal de las circunstancias del caso, disímil al del Tribunal de Alzada, sin otro sustento que el afán de hacer prevalecer su propio criterio, reiterando objeciones expuestas en la expresión de agravios que fueron clara y concretamente desechadas por el juzgador, cuyas motivaciones esenciales no son rebatidas, siendo ello lo acontecido en el caso y que conlleva al rechazo del agravio desplegado (conf. causas C. 103.395, "Figueroa", resol. de 4-VIII-2010; C. 108.697, "Fernández", resol. de 15-VI-2011 y A. 75.872, "Rodríguez", sent. de 25-IV-2022).
III.3. Asimismo, deviene igualmente inatendible la alegada vulneración de doctrina legal.
Ello así pues, de acuerdo a la cita y transcripción de párrafos de la causa A. 75.191, "Bais", resolución de 7-VIII-2019, que efectúa la recurrente, además de advertirse que lo allí debatido versa sobre un supuesto diferente al ventilado en el sub examine , lo que se reputa violado es lo sostenido en el decisorio de la Cámara pronunciado en aquella causa, no conformando por tanto doctrina legal en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. causa C. 112.716, "Rial", sent. de 7-V-2014).
Cabe recordar al respecto que la doctrina legal a que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, es la que emerge de los fallos esta Suprema Corte y no de los de otros órganos jurisdiccionales (conf. doctr. causas Ac. 88.175, "Frenkel", sent. de 24-V-2006; C. 106.767, "González", sent. de 22-XII-2010; C. 105.776, "Juarez", sent. de 18-IV-2011; C. 112.716, "Rial", sent. de 7-V-2014; e.o.).
Por último, es dable señalar que sin perjuicio de que —reitero— los presupuestos fácticos delineados en la presente difieren de aquellos que se desarrollaron en la causa "Bais" invocada por la agraviada, lo cierto es que, en esta última, este Tribunal resolvió la insuficiencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley allí intentado, sin sentarse doctrina legal alguna en la materia allí discutida (v. causas L. 126.437, "Bonopera", resol. de 26-V-2021; L. 127.177, "Milone", resol. de 1-XI-2021; L. 123.497, "García", resol. de 21-X-2022; e.o.).
III.4. Igual suerte adversa ha de correr el aspecto de la queja consistente en el empleo de una pauta de estimación para el reconocimiento de las retroactividades basada en valores actuales (tomando como referencia el sueldo de un Teniente Primero al momento de sentenciarse) y la aplicación de una tasa de interés pura del 6% anual (v. mi voto en causa A. 78.351, "Carrillo", sent. de 30-V-2024).
La crítica revuelve en torno a la prohibición de indexación según los términos de las leyes 23.928 y 25.561 y la supuesta violación de doctrina legal de este Tribunal sobre el tópico.
El apelante reconoce que la Cámara, para confirmar el criterio del juez de primera instancia, se apoyó en precedentes de este Tribunal. Singularmente, en el de la causa A. 74.138, "Gelvez", sentencia de 27-XI-2019. Sin
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