Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77531
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.531, "Pérez, Margarita Letencia c/ Ministerio de Seguridad s/ Pretensión anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Soria , Torres , Kohan .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, hizo lugar al recurso de apelación articulado por la demandada y revocó el pronunciamiento de grado que hizo lugar a la demanda interpuesta por la señora Margarita Letencia Pérez contra el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (v. sent. de 11-V-2021).
Disconforme con ese pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de 27-V-2021, 14:16:16 hs.), el que fue concedido por la Cámara actuante mediante resolución de 11 de noviembre de 2021.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. La señora Margarita Letencia Pérez promovió demanda contra el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, pretendiendo la declaración de nulidad de la resolución 908 de fecha 7 de abril de 2017 mediante la cual se dispuso su pase a situación de retiro activo obligatorio. Solicitó, asimismo, que se la reincorpore al servicio en la misma situación en la que se encontraba antes del dictado del acto administrativo que impugna y se le abonen los salarios caídos con aportes (v. demanda de 7-IX-2017 a fs. 47/55).
I.2. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata resolvió hacer lugar a la demanda y reconoció el derecho de la actora a ser reincorporada en el grado de Subcomisario hasta que complete los meses necesarios requeridos por el art. 26 de la ley 13.236. También condenó a la demandada a abonar la diferencia de haberes devengados desde su retiro activo obligatorio (7-IV-2017) hasta su efectiva reincorporación (v. sent. de 4-IX-2019).
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, hizo lugar al recurso deducido por la Fiscalía de Estado y revocó el pronunciamiento del magistrado que previno (v. sent. de 11-V-2021).
Para así decidir, puntualizó que la resolución 908 del día 7 de abril de 2017 emitida por el Ministerio de Seguridad provincial —en uso de las atribuciones conferidas por el régimen de emergencia (leyes 14.853 y 14.806, prorrogada por la ley 14.866) y en los términos expuestos en la normativa citada en el acto administrativo mencionado—, dispuso el pase a situación de retiro activo obligatorio de distintos agentes, entre los que se encontraba la actora, quien revistaba en el cargo de Subcomisaria del Subescalafón Administrativo.
Refirió que —sin haberse puesto en tela de juicio en el pleito— por la resolución 108.017, del día 23 de agosto de 2017, dictada por el Directorio de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías bonaerense, se otorgó a la demandante el beneficio de retiro móvil ordinario (conf. arts. 25 inc. "a", 28 y 61, ley 13.236) a partir del día 8 de abril de 2017, computando su tiempo de servicio en treinta y cinco años, once meses y veintitrés días con el goce del ciento por ciento (100%) del haber de pasividad; liquidándose su haber con la jerarquía de Oficial Principal (Adm.) de acuerdo al art. 26 de la ley 13.236, en tanto había desempeñado ese cargo desde el día 1 de enero de 2014 al día 1 de enero de 2017.
En ese contexto, entendió que de acuerdo a la normativa aplicable al caso (arts. 153, decreto 1.050/09 —reglamentario de la ley 13.982—; 26, ley 13.236 y 7, ley 14.806) no se encontraba controvertido, conforme la prueba incorporada en la causa, que el último cargo desempeñado por la agente fue el de Subcomisaria del Subescalafón Administrativo, y que ello aconteció durante un período inferior al exigido legalmente —doce meses— para determinar el haber previsional (tres meses y siete días, conf. foja de servicios a fs. 105/107).
En tales condiciones, consideró que no se había acreditado la ilegitimidad del retiro activo obligatorio dispuesto con sustento en la declaración de emergencia instituida por la ley 14.806 —cuya constitucionalidad no fue controvertida—, pues si bien el cese se produjo cuando la demandante hacía sólo tres meses y siete días que había sido promovida al grado de Subcomisaria (Adm.), el beneficio jubilatorio había sido acordado con el goce del ciento por ciento (100%) del haber de pasividad en el cargo de Oficial Principal, lugar donde se había desempeñado por más de los doce meses requeridos legalmente (art. 26, ley 13.236).
Concluyó, con invocación de doctrina de esta Corte, que más allá de la expectativa que pudiera tener la actora de obtener el beneficio sobre la base del último cargo desempeñado, lo cierto es que no se ha demostrado que el ordenamiento jurídico aplicable estableciera la obligación de mantenerla en este durante doce meses, tal como si se tratara de un derecho adquirido, o bien que las normas respectivas adolezcan de defectos que las pongan en pugna con las cláusulas constitucionales, cuestión que tampoco fuera invocada por la demandante.
III. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal en el que denuncia la violación y errónea interpretación de los arts. 58 de la ley 13.982; 153 del decreto 1.050/09 y 7 de la ley 14.806; además de la vulneración de los arts. 14 bis, 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional y 11, 31 y 39 de su par provincial.
También alega absurdo, cita doctrina de esta Corte y plantea el caso federal.
III.1. Refiere que el pronunciamiento que impugna viola el art. 7 de la ley 14.806 y no efectúa una interpretación sistémica de dicha norma. Considera que, equivocadamente, el Tribunal de Alzada dilucidó que la sola invocación de ese artículo, y en forma aislada, legitimaba al Ministro de Seguridad a disponer el pase a retiro obligatorio de la actora con prescindencia de la legislación vigente.
Sostiene, también, que la Cámara aplica erróneamente los arts. 58 de la ley 13.982 y 153 del decreto 1.050/09; ello así en tanto consideró que el presupuesto exigido por la última norma recién citada se cumplimentó con el pago de un haber jubilatorio correspondiente a una jerarquía inferior (Oficial Principal) distinta de la que revestía la agente al momento del cese (Subcomisario Administrativo). Denuncia absurdo e irrazonable dicha conclusión.
III.2. Además, en paralelo, plantea la inconstitucionalidad del art. 153 del decreto antes mencionado por afectar el derecho a la estabilidad laboral, en tanto adiciona otra causal de baja no prevista en la nómina taxativa del art. 58 de la ley 13.982.
III.3. Reprocha que el tribunal omitió ponderar la falta de motivación del acto administrativo de cese (resol. 908/17), el cual sólo se limitó a citar normas sin explicar como se cumplen los fines que estas prevén.
Asimismo denuncia la falta de causa del acto administrativo en cuestión, en tanto el agente no percibe un haber previsional equivalente al ciento por ciento de su jerarquía de cese.
IV. El recurso no prospera atento la deficiencia técnica que porta (arts. 279 y 289, CPCC).
IV.1.a. En primer lugar, corresponde abordar el embate formulado contra el pronunciamiento de la Cámara con relación a la vulneración del régimen de emergencia (art. 7, ley 14.806).
En autos, el señor Ministro de Seguridad, mediante la resolución 908/17, resolvió disponer el pase a situación de retiro activo obligatorio de la actora (art. 1). Ello, en ejercicio de sus facultades discrecionales y "…de las atribuciones conferidas por las leyes 14.853 y 14.806, prorrogada por la ley 14.866" (considerandos resol. 908/17 a fs. 27).
Al respecto, cabe señalar que mediante la ley 14.806 (B.O. de 26-I-2016) —prorrogada por la ley 14.866 (B.O. de 9-I-2017)— la legislatura provincial declaró, dentro de su esfera de competencias (art. 103, Const. prov.), la emergencia por el término de doce meses en materia de seguridad pública y de política y salud penitenciaria en el territorio bonaerense (art. 1); y —en ese marco— dispuso facultar al Ministerio de Seguridad a "…resolver la disponibilidad de los agentes o desafectar del servicio de acuerdo a lo normado por la legislación y reglamentación vigentes, pudiendo asimismo jubilar o pasar a retiro según el caso" (art. 7).
Por lo demás, el art. 15 del ordenamiento de emergencia preceptuó que "…no será de aplicación por el término de la emergencia declarada en el artículo 1 toda norma que se oponga a la presente ley" (art. 15, ley 14.806).
Sobre el punto, luce insuficiente lo postulado por la recurrente respecto a la violación de la legislación de emergencia penitenciaria, pues al concentrarse en insistir en que la mera invocación e interpretación aislada del art. 7 de la ley 14.806 no habilitaba al Ministerio demandado a prescindir de la legislación vigente, pierde de vista individualizar concretamente en esta parcela cuáles son los dispositivos normativos específicos del régimen del personal de las policías que autorizaban a la Administración a actuar de otra manera.
Tal posicionamiento ha conducido a la quejosa a desentenderse de la interpretación y aplicación del conjunto normativo —esto es, arts. 26 de la ley 13.236; 153 del decreto 1.050/09 reglamentario de la ley 13.982 y 7 de la ley 14.806— que el tribunal estimó aplicable al caso para estructurar su decisorio. Esta circunstancia resulta suficiente para justificar el rechazo del remedio intentado, pues como tiene dicho esta Corte, debe desestimarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que ha elegido elaborar su impugnación sobre una serie de razonamientos que se desentienden de aquellos que dotan de contenido al fallo (conf. causas L. 104.897, sent. de 13-VII-2011 y A. 71.328, sent. de 26-V-2016).
Para más, considero que las potestades otorgadas por el ordenamiento de excepción a la Administración permiten sostener que no se advierte, al igual que lo señalara el Tribunal de Alzada, la ilegitimidad del obrar estatal al disponer el "…retiro activo obligatorio con sustento en la declaración de emergencia instituida por la ley 14.806" (pto. II.3. de la sentencia).
Es que la fundamentación de la medida de retiro adoptada en función del régimen de emergencia constituye razón suficiente en orden a su convalidación.
IV.1.b.i. Por otra parte, tampoco resulta de recibo la denuncia de conculcación de preceptos normativos aplicados erróneamente por el Tribunal de Alzada, cuyo resultado concluyó en absurdo.
En particular, la recurrente, al circunscribir su ataque en el decreto 1.050/09 reglamentario de la ley 13.982, basado en lo que a su criterio fue un yerro de interpretación normativa, ya que —según sostiene— el recaudo exigido por el art. 153 del decreto mentado no se perfeccionó con el abono de un haber jubilatorio que no se correspondía con la jerarquía que revistaba la agente al momento del cese; prescindió de un aspecto prácticamente incontrovertido como lo es que —de conformidad con las constancias de la causa— el tiempo durante el cual desempeñó el último cargo de revista antes del retiro (Subcomisario Administrativo), no alcanzó el período mínimo de doce meses exigido por el ordenamiento previsional (art. 26, ley 13.236). Por esto es que el Tribunal de Alzada se centró en entender que, para determinar el haber previsional, la Administración acordó el beneficio jubilatorio (v. resol. 108.017) con el ciento por ciento del haber de pasividad en el cargo —Oficial principal— ejercido durante un periodo superior al previsto legalmente.
Como puede apreciarse, la actora no rebate idóneamente tal consideración pues, sin hacerse cargo de lo resuelto, formula en su lugar una mera argumentación subjetiva en torno a lo que reputa es el verdadero alcance del dispositivo normativo —a través del cual se faculta a la autoridad de aplicación "…para disponer el pase a retiro obligatorio del personal policial que se encuentre en condiciones de percibir el máximo del haber jubilatorio previsto para su grado, conforme a la Ley de Retiros" (art. 153, decreto 1.050/09)—.
En rigor, la Cámara fundamentó su decisión sobre el punto en lo establecido al respecto por el art. 26 de la ley 13.236 de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, régimen jurídico al que remite la disposición reglamentaria que se controvierte.
Así, comprobó que la situación de la demandante encuadraba en el supuesto aprehendido en segundo término por la norma previsional (art. 26), tras cotejar —de un lado— que al tiempo del pase a retiro dispuesto por la resolución ministerial segregativa (resol. 908/17, de fecha 7-IV-2017) la agente no había cumplido en el último cargo que desempeñara (Subcomisario Administrativo del Subescalafón Administrativo, desde el día 1 de enero de 2017 al día 7 de abril de 2017) el mínimo de doce (12) meses consecutivos, y —de otro— que revistó en el puesto anterior (Oficial Principal del Subescalafón Administrativo) desde el día 1 de enero de 2014 hasta el día 1 de enero de 2017.
Así las cosas, se tiene dicho que es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que no se hace cargo de la línea argumental de la decisión impugnada y se dedica a criticarla con su propia interpretación del tema, dejando incólumes afirmaciones que le dan sustento bastante (conf. causas A. 70.484, "Leiva Heli", sent. de 28-VIII-2013; A. 70.888, "Dragui", sent. de 19-X-2016; A. 73.197, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Meranol", sent. de 22-VIII-2018; A. 75.578, "Berardozzi", sent. de 5-VIII-2022; e.o.).
Del mismo modo, en esta parcela la insuficiencia del planteo se expone en la medida en que la recurrente se limita a exhibir su discrepancia subjetiva con el criterio del sentenciante sin acreditar el absurdo denunciado (doctr. causas A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016; A. 73.265, "Vélez", sent. de 21-VI-2017; A. 73.467, "Larsen", resol. de 21-II-2018; e.o.).
En suma, quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos legales no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito, no resultando idóneo a ese efecto la mera exposición de un criterio interpretativo distinto al del juzgador (doctr. causas A. 71.488, "Gras", sent. de 9-III-2016; A. 73.688, "Randello", sent. de 18-X-2017; A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018 y A. 77.224, "Urbina", sent. de 3-X-2022).
IV.1.b.ii. Como corolario de ello, no resulta atendible la denuncia acerca de la inobservancia de preceptos constitucionales, cuando ella queda subordinada —como aquí— a una no comprobada violación de normas de derecho público local (doctr. causa A. 78.142, "Rosato", sent. de 11-VIII-2023 y sus citas).
IV.2. Ahora bien, tampoco ha de prosperar el planteo dirigido a obtener la declaración de inconstitucionalidad del art. 153 del decreto 1.050/09 precedentemente aludido.
IV.2.a. Al respecto, advierto que el planteo tal como ha sido articulado en la pieza recursiva carece de un adecuado desarrollo que dé sustento suficiente a la pretendida existencia de un agravio constitucional.
Esta Suprema Corte tiene dicho que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como la última razón del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1.087; 301:1062; 302:457 y 1.149; 303:1708; 324:920; 335:2333; e.o.).
De allí que la alegación de un supuesto de aquella índole requiere, por parte de quien lo invoca, de una crítica clara, concreta y fundada de las normas constitucionales que reputa afectadas; en fin, en estos casos, para arribar a una conclusión tan relevante como la que conduce a invalidar un precepto por contrario a la Constitución, la carga impugnativa y probatoria debe exacerbarse (causas L. 110.415, "Castro", sent. de 12-XII-2012; L. 117.127, "L., J. M.", sent. de 16-VII-2014; L. 120.743, "Guerrero", sent. de 6-VII-2020 y L. 129.296, "Florentín", sent. de 20-XI-2024), imperativo que aquí no se verifica satisfecho.
En efecto, la impugnante sólo limita su embate a enunciar su disconformidad con lo establecido en la normativa que cuestiona, alegando —principalmente— que afecta el derecho a la estabilidad laboral.
IV.2.b. Para más, y tal como ocurriera en otros precedentes de similar configuración decididos por esta Corte, en el caso no se encuentra afectado el derecho a la estabilidad de la agente, más allá de su expectativa —como lo señalara la Cámara— de mantenerse en el último cargo en que fue designada "durante los doce meses siguientes a su ascenso". Bajo esta tesitura, ante una situación excepcional de emergencia, formalmente declarada, el derecho a la estabilidad del empleado público puede ser reemplazado por una indemnización o, como en el caso, por el otorgamiento de un beneficio previsional (conf. doctr. causas B. 55.956, "Pérez Demarchi", sent. de 17-V-2000; B. 57.253, "Rodríguez", sent. de 9-V-2001 y B. 57.780, "Stefancik", sent. de 11-VI-2003), que en el caso ha sido el máximo al que pudo acceder la actora —el ciento por ciento de su haber jubilatorio—.
IV.3. Tampoco mejora la suerte de la impugnación el reproche relativo a la falta de motivación y a la carencia de causa del acto administrativo de cese (resol. 908/17).
En efecto, la recurrente alega —genéricamente— que los sentenciantes omitieron abordar tanto la ausencia de motivación de la resolución ministerial cuestionada —achacando simplemente que el acto "sólo se limita a invocar normas"—, como así también su falta de causa —reducido a referir a la privación de percibir un haber previsional equivalente al ciento por ciento de su jerarquía de cese— (v. apdo. IV, últimos párrs., del recurso interpuesto), sin realizar mayor desarrollo que lo apuntado.
Ello bastaría para la desestimación del agravio. El embate genérico que no repara en tal circunstancia es, claramente, insuficiente a los fines recursivos (art. 279 in fine , CPCC).
Como fuere, considero que las aludidas potestades otorgadas por el ordenamiento de excepción a la Administración admite sostener que no se advierte, al igual que lo señalara el Tribunal de Alzada, la ilegitimidad del obrar estatal al disponer el "…retiro activo obligatorio con sustento en la declaración de emergencia instituida por la ley 14.806" (v. pto. II.3. de la sentencia).
Es que la motivación de la medida de retiro adoptada en función del régimen de emergencia, ponderada por la Cámara, constituye razón suficiente en orden a su convalidación.
Sobre esto, he de recordar que esta Corte ha sostenido que frente a la denuncia en punto a los vicios en la motivación del acto de cese es un principio recibido mayoritariamente por el Tribunal que incumbe al Poder Administrador la atribución de disponer —con la debida habilitación legal, mediante norma transitoria y de emergencia— la baja de un empleado por razones de servicio, con su consecuente indemnización. Excepto cuando dicha declaración importe una cesantía encubierta, un juicio negativo respecto de la conducta del agente o
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