Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77973
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado (arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—; 68 primer párrafo y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.973, "Donati, Trinidad de las Mercedes c/ Municipalidad de Tandil s/ Pretensión Anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Kohan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata rechazó el recurso intentado por la señora Trinidad de las Mercedes Donati y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que desestimó la demanda deducida (v. sent. de 8-II-2022).
Contra ese pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 2-III-2022), el que fue concedido por la Cámara mediante resolución de 29-III-2022.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de 12-X-2022) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que desestimó la demanda deducida por la señora Trinidad de las Mercedes Donati contra la Municipalidad de Tandil, tendiente a obtener la anulación del decreto 2.207/11 que redujo de 48 a 40 horas semanales el régimen laboral para el personal de la justicia de faltas y, consecuentemente, disminuyó el haber que percibía hasta ese momento (v. sent. de fecha 8-II-2022).
I.1. Para así resolver, consideró —por fuera del genérico reparo relativo a la errónea ponderación de los hechos— que con la documental agregada se acreditaba que por decreto 587/09 se dispuso la disponibilidad absoluta de los choferes asignados a las escuelas de concentración rural —entre los que se hallaba la demandante— y se ordenó la reestructuración de áreas y la reubicación de agentes conforme lo dispuesto en los arts. 9 inc. "b" y 18 de la ley 11.757, entonces vigente.
También precisó que de tales constancias se desprendía que: a) por decreto 1.117/09 se ordenó el traslado de la reclamante, en comisión de servicios, a la Secretaría Legal y Técnica para cumplir funciones en el Juzgado de Faltas n° 2, manteniendo su situación de revista (categoría 7 del Agrupamiento Servicio y 48 horas semanales); b) el titular de ese juzgado hizo saber por nota al Secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Tandil la situación del personal y reacomodamiento de sus tareas, informando los agentes que estaban bajo el régimen de 48 horas y los que debían ingresar en el de 40 horas, a efectos de equiparar el régimen horario de los empleados de su organismo; c) el 27-VI-2011 se notificó en disconformidad la señora Donati de la disminución horaria; y d) por decreto 2.207/11 se dispuso la reducción horaria en el marco de la reorganización administrativa establecida.
I.2. Tras ensayar los lineamientos dados por esta Suprema Corte en torno al ejercicio del ius variandi del que goza la Administración y la obligación de motivar los actos administrativos, consideró que el decreto 2.207/11 explicitaba adecuadamente las razones para la reducción horaria, la que obedecía a la necesidad de equiparar la situación del personal administrativo del Juzgado de Faltas n° 2 de la Municipalidad de Tandil. De ese modo, juzgó que el acto impugnado cumplía con las exigencias previstas en los arts. 103 y 108 de la ordenanza general 267/80.
I.3. A su vez, ponderó que el contenido material o las consecuencias que se derivaban del decreto 2.207/11, no afectaban las garantías y derechos constitucionales invocados por la demandante.
Luego de recordar el criterio de esta Corte acerca de la naturaleza estatutaria de la relación de empleo público y de las facultades de la Administración a su respecto, como así también el carácter no contractual del sueldo y la posibilidad consecuente de modificación, sostuvo que —en el caso— las variaciones horarias y salariales futuras fueron dispuestas conforme los arts. 1, 13 y 19 de la ley 11.757, en el ejercicio de las competencias asignadas por los arts. 107, 108 inc. 10 y 181 del decreto ley 6.769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades, en adelante LOM).
Reparó en que tampoco se apuntaba a una actuación municipal estrictamente ilegítima, ya que la actora solo invocó en apoyo de su tesitura la intangibilidad de la remuneración, defensa que carecía de justificación normativa y, además, no alegó ni acreditó que la modificación instaurada fuese irrazonable o confiscatoria en sus haberes.
I.4. Por último, descartó un obrar administrativo contradictorio que importara una violación a la doctrina de los actos propios, ello al otorgarse horas extras a los integrantes de la dependencia luego de haberse dispuesto la reducción horaria.
Puntualizó que las horas extraordinarias se autorizaron ante el requerimiento del titular del Juzgado de Faltas n° 2 de cara al incremento de trabajo en el área de Tránsito y Habilitación, habiéndose detallado en cada caso cuáles eran las tareas a realizar y quiénes las llevarían a cabo.
De allí, sostuvo que las razones de servicio justificaron el otorgamiento de aquellas, recordando además que su otorgamiento respondía al criterio discrecional del departamento ejecutivo.
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que, reiterando los mismos agravios expuestos en el recurso de apelación, denuncia la violación de los arts. 58, 59 y 77 del Código Contencioso Administrativo; 34 inc. 4, 163 inc. 6, 354 inc. 1 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 14 bis, 17, 18 y 99 de la Constitución nacional y 39 de la Constitución provincial. Asimismo, plantea la vulneración de la doctrina legal que cita (v. escrito electrónico de fecha 2-III-2022). Finalmente, alega absurdo.
II.1. Aduce que el Tribunal de Alzada, en varios pasajes de su decisorio, justificó el actuar del municipio sobre la base de supuestas prerrogativas discrecionales, sin contrastarlas con los preceptos constitucionales mencionados y los pactos internacionales de derechos humanos que consagran los principios de irrenunciabilidad, justicia social, primacía de la realidad, progresividad, indemnidad y equidad.
Asimismo, expresa que la Cámara, al referirse a la naturaleza estatutaria de la relación de empleo público, desconoció que la reforma de la Constitución provincial de 1994 habría reconocido el carácter contractual de ese vínculo.
A su vez, cuestiona la reducción horaria que le fuere impuesta a fin de compatibilizar sus actividades con las de la oficina a la que fue trasladada tras la disolución del servicio de choferes, al afectarse con esto la intangibilidad de su remuneración.
Señala que el a quo , al resolver como lo hizo, ignoró que su reclamo era de índole alimentaria, mirando en su lugar a lo establecido en la LOM y los arts. 11 y 19 de la ley 11.757, desentendiéndose de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de La Nación que enseña acerca del alcance de la protección del salario y los principios de tutela del trabajador, justicia social, progresividad y seguridad económica.
II.2. Por último, alega que tanto el juez de primera instancia como el Tribunal de Alzada incurrieron en absurdo. Esto mismo, al negarse a realizar íntegramente la prueba pericial contable ofrecida en el escrito de demanda, tendiente a acreditar que tras la reducción horaria se concedieron horas extras al personal, incluyendo a ella. Lo anterior, coadyuvado por una equivocada valoración de los testimonios producidos.
Entiende que se trata de una conducta contradictoria, máxime cuando ese otorgamiento ha de responder a circunstancias extraordinarias.
III. El recurso no prospera (art. 279, CPCC).
III.1. Tal como ha sido expuesto, la Cámara, a partir de evaluar las constancias administrativas arrimadas al expediente, convalidó la legitimidad de la actuación de la Municipalidad de Tandil en virtud de haberse enmarcado en los arts. 1, 13 y 19 de la anterior ley 11.757 y 107, 108 inc. 10 y 181 de la LOM, que establecen prerrogativas que habilitan a la comuna a disponer variaciones unilaterales del horario laboral a sus agentes, ello por razones de servicio y siempre en el marco de la razonabilidad.
En tal sentido, de un lado juzgó que no se había acreditado que la disminución del régimen horario de 48 a 40 horas semanales fuese irrazonable o confiscatorio de los haberes de la actora; y, del otro, que razones de servicio evidentemente justificaron esa forma de proceder, como también la posterior implementación del pago de horas extras para atender situaciones puntuales de la oficina.
Así pues, el Tribunal de Alzada falló atendiendo al marco jurídico vigente —que habilitaba la reducción horaria— y en la falta de acreditación de las circunstancias señaladas por la doctrina de este Tribunal vinculadas con la razonabilidad de la medida, señalando además que "...cualquier cambio que experimente la composición de su salario -salvo que conlleve probada confiscatoriedad o importe una manifiesta irrazonabilidad- no es base suficiente de agravio que justifique su descalificación constitucional, ello más allá del mayor o menor acierto de la política adoptada o de su oportunidad y conveniencia, temas -en principio- ajenos al debate ante los tribunales de justicia" (v. sent. de Cámara, pto. 4.1.).
III.2. De arranque, es patente que en la especie se ha omitido acometer contra las normas específicamente actuadas por la Cámara, por lo que, partiendo desde esa base, difícilmente pueda quedar expuesta la supuesta violación jurídica alegada (doctr. causas A. 72.638, "Barán", sent. de 20-IX-2017; A. 74.744, "Vizcaíno", sent. de 26-XII-2019; A. 75.652, "Maciel", sent. de 14-XII-2020; A. 76.000, "Sotelo", sent. de 31-VIII-2021; A. 78.590, "Ferrero", sent. de 26-II-2024; e.o.).
Sin perjuicio de lo anterior, de la lectura de la pieza recursiva advierto que la interesada reitera ante esta instancia extraordinaria planteos expuestos en el recurso de apelación, los que tuvieron respuesta desfavorable ya desde el inicio del juicio, insistiendo que la medida impuesta por el municipio afecta la intangibilidad de su remuneración, los principios de irrenunciabilidad, justicia social, primacía de la realidad, progresividad, indemnidad y equidad, a la par de traer a colación precedentes de este cuerpo sobre el ejercicio del ius variandi en las relaciones de empleo público.
Empero, con esa estrategia, la quejosa no logra demostrar que la Cámara haya incurrido en las infracciones normativas que denuncia y tampoco que se haya vulnerado la doctrina de esta Corte que invoca.
Al respecto, se tiene dicho que es ineficaz el recurso que no se hace cargo de la línea argumental del fallo y, en reemplazo, se dedica a impugnarlo con su propia interpretación del tema, dejando incólumes afirmaciones que le dan sustento bastante (doctr. causas A. 71.718, "Raymundo", sent. de 14-VI-2017; A. 73.023, "Rodriguez", sent. de 9-V-2018 y A. 73.962, "Herscher", sent. de 15-V-2019). Además, que es inadecuada la generalizada denuncia acerca de la inobservancia de preceptos constitucionales, cuando ella queda subordinada —como acá— a una no probada violación de normas de derecho público local o inclusive procesal, como también se aduce (doctr. causas A. 75.034, "Gas Natural Ban S.A.", sent. de 17-IX-2021 y A. 76.284, "Maldonado", sent. de 10-VI-2022).
En definitiva, no hay en la pieza bajo análisis una crítica concreta a los fundamentos dados en el pronunciamiento impugnado, toda vez que se argumenta en paralelo, circunscribiéndose a invocar nuevamente los principios antedichos de un modo abstracto y genérico, al igual que cuando argumenta en torno al ejercicio válido del ius variandi . En tales condiciones, la insuficiencia del intento revisor es clara.
Por lo tanto, el principal motivo de queja debe desestimarse.
III.3. En lo remanente, no prospera el planteo de absurdo.
Aquí la impugnante aduce que la Cámara descartó la producción de prueba contable y omitió apreciar los testimonios de los señores Cardelo, Taranto, Arias y Palazzo y la documental acompañada consistente en notas remitidas por el titular del Juzgado de Faltas n° 2, todo esto a fin de poder acreditar la contradicción en el proceder municipal cuando, con posterioridad a la reducción de la jornada, otorgó horas extras.
Tal cuestión fue expresamente desechada en virtud de las razones de servicio invocadas en las constancias administrativas agregadas, ligadas con la sobrecarga de tareas en la oficina de Tránsito y Habilitación, las que la Cámara remarcó que no habían sido cuestionadas por la recurrente.
Lejos de ir contra eso, la apelante contradice la apreciación jurídica efectuada por la Cámara a partir de consideraciones materiales que se sustentan solo en su propio criterio y que no se traducen más que en meras discrepancias subjetivas relacionadas con el modo en que se ejercen facultades discrecionales o aquellas relativas a la organización horaria de la planta de empleados municipales.
Debe tenerse en cuenta que el absurdo no queda configurado aun cuando el criterio de los sentenciantes pudiera ser calificado de objetable, discutible o poco convincente, porque se requiere algo más: el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones inconciliables con las constancias objetivas de la causa (doctr. causas A. 71.648, "Zitto", sent. de 20-VIII-2014; A. 72.030, "Eycheverry", sent. de 3-VI-2015 y A. 73.962, cit.). De ahí que el mentado vicio solo se presenta si media acabada demostración de su existencia y no basta con invocarlo, sino que es menester evidenciarlo cabalmente a través de una correcta y concreta fundamentación (doctr. causas A. 70.247, "Capra", sent. de 20-III-2013 y A. 73.580, "Favini", sent. de 9-IX-2015).
Como fuere, independientemente de la constatación fáctica que tanto se persigue, la sentencia tuvo por existente el pago de horas extras, pero aun así reputó que esa conducta no encerraba contradicción, ni era reveladora de un desvío en la finalidad. Y esto es algo que, como ya se dijo, no se ha logrado rebatir (v. sent. de Cámara, pto. 5.2.).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado (arts. 279 y 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—; 68 y 289 in fine , CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Kohan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado (arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—; 68 primer párrafo y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/06/2025 12:42:13 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/06/2025 13:35:03 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/06/2025 14:13:47 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/06/2025 11:33:17 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/06/2025 12:14:23 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 27/06/2025 12:22:58 hs. bajo el número RS-52-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia