Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77469
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.469, "Asociación Protección del Mercado Común del Sur (PROCONSUMER) c/ Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (O.P.D.S.) s/ Pretensión Anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Kogan , Torres , Kohan .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata desestimó la excepción de falta de legitimación activa y —por mayoría— confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda entablada por la asociación actora, declarando la nulidad de la resolución 1.294/16, dictada por el Director Ejecutivo del ex Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. La Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur (Proconsumer) promovió demanda contencioso administrativa contra el entonces Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS, hoy Ministerio de Ambiente), solicitando la anulación de la resolución 1.294/16, que modificó el art. 2 de la resolución 550/04 de la ex Secretaría de Política Ambiental, añadiendo que cuando los centros de tratamiento de residuos patogénicos no contasen con un sistema alternativo propio para el manejo de emergencias, ni hubiesen celebrado convenio con un tercero a tales fines, el responsable podrá denunciar el hecho y pedirle a la autoridad de aplicación que le designe un centro para que reciba los residuos, lo que será establecido por sorteo y costeado por el solicitante, debiéndose agotar la lista de empresas autorizadas antes de que cada cual pueda volver a ser incluida en la desinsaculación.
Interpretó que si bien dicho organismo contaba con facultades de fiscalización y contralor en la materia, no podía ejercer esas funciones irrazonablemente.
Recordó que, conforme a las reglas generales consagradas en los arts. 40 a 43 de la ley 25.612, la responsabilidad por los residuos industriales y de actividades de servicios se extiende desde su generación in situ hasta su derivación a la planta de tratamiento y disposición final.
Puntualizó que el art. 2 de la resolución 550/04 —antes de su modificación por la norma aquí impugnada— resolvía la problemática derivada de la imposibilidad de contar con un sistema alternativo de tratamiento de residuos patogénicos en el propio centro, previendo que para ello se alcanzara un acuerdo con un tercero habilitado a tal fin, lo cual brindaba certeza, previsibilidad y rapidez en la solución, además de minimizar hipotéticos riesgos.
Manifestó que la resolución 1.294/16, dada la forma en que lo alteró, puso en jaque el derecho a gozar de un ambiente sano, contrariando los principios de prevención, precaución y no regresión, entre otros.
I.2. En esa línea, cuestionó distintos aspectos del diseño adoptado por la normativa atacada:
I.2.a. Ante todo, criticó la injerencia estatal en lo que —a su modo de ver las cosas— deberían ser contratos libremente suscriptos entre generadores, transportistas y tratadores de residuos, debiendo ellos responsabilizarse por acordar con los prestadores más idóneos a fin de no sufrir las consecuencias del régimen ambiental tuitivo de la ley 25.612.
I.2.b. Ligado con lo anterior, encontró sumamente problemático para la lógica que informa la responsabilidad civil en el marco de dicha legislación (que definió como de tipo objetiva, en cabeza del dueño o guardián del residuo y que abarca todas las etapas, desde la generación hasta la disposición final), que la Provincia —con su intervención a través de la asignación de un centro de tratamiento— vaya a ingresar en esa cadena de causación, interrumpiéndola y exponiéndose innecesariamente a reclamos patrimoniales ella misma y no los verdaderos responsables.
I.2.c. Tildó de irrisorio el sistema de designación de un centro de tratamiento mediante simple sorteo, sin que en este proceso se tengan en consideración factores relevantes, tales como: la idoneidad del agente de tratamiento alternativo, las distancias a recorrer entre el centro desbordado y el de disposición final, la capacidad operativa de cada cual, si a su vez aquel también se encuentra en estado emergencia, etcétera. Según dice, la laxitud con la que fue establecido este mecanismo (donde se van sorteando proveedores siguiendo el orden de una lista) podría fácilmente conducir a "un carrusel girando locamente", sin que los residuos patogénicos pudiesen ser dispuestos en tiempo y forma adecuada.
I.3. En lo restante, le endilgó a la resolución basarse en antecedentes falsos. Concretamente, sostuvo que no era cierto que se hubiera colectado experiencia que aconsejara la revisión y actualización de la normativa anterior. Más adelante, negó que se hubiesen verificado situaciones de emergencia en los operadores registrados ante el ex OPDS.
II.1. Corrido el pertinente traslado, la Fiscalía de Estado dedujo —en primer lugar— excepción de falta de legitimación activa. Esto mismo, en la inteligencia de que no surgía vinculación entre los objetos estatutarios de la asociación actora y la pretensión articulada.
Tras citar doctrina y jurisprudencia, analizó lo estipulado en la escritura mediante la cual se constituyó Proconsumer y en lo establecido por la reforma que le dio su denominación actual, a la vez que amplió sus propósitos.
Consideró que a través de la demanda presentada no se intentaba defender derechos de consumidores y usuarios, ni tampoco el ambiente, sino que se procuraba tutelar un interés netamente patrimonial en favor de la industria de tratamiento de residuos patogénicos, integrada por generadores, centros de tratamiento y transportistas.
Siendo así, toda vez que semejante cosa desbordaba su objeto social, concluyó que la actora no se encontraba legitimada para promover la pretensión deducida.
II.2. En subsidio, la representación fiscal sostuvo que la resolución 1.294/16 del ex OPDS se ajustaba a derecho.
Recordó las facultades con que —en su momento— contaba el organismo para planificar, formular, proyectar y fiscalizar la política ambiental, así como también todo lo referido al transporte, tratamiento y disposición final de residuos patogénicos, ya que resultaba ser autoridad de aplicación de la ley 11.347 reguladora de esos temas.
Dijo que entre tales cometidos se encontraba el de habilitar a los operadores que realizaban el tratamiento de residuos patogénicos derivados por los generadores y que, en ejercicio de tal función, la entidad dictó —entre otras— la resolución 1.294/16, modificatoria del art. 2 de la resolución 550/04.
Explicó que, tras la sanción del decreto 403/97, el primer párrafo del art. 38 del decreto 450/94, reglamentario de la ley 11.347, establecía que los centros de tratamiento de residuos patogénicos debían contar mínimamente con dos unidades de procesamiento, más un sistema alternativo para emergencias.
Advirtió que, en ese marco, la ya citada resolución 550/04 dispuso que se consideraría como sistema de emergencia, por un lado, a la planta propia situada fuera del establecimiento donde funcionaren las dos unidades de tratamiento; y, por otro, a las plantas de propiedad de un tercero, caso este último en el cual debería formalizarse entre los sujetos involucrados un "convenio-tipo" que respetase determinadas formalidades, cuya vigencia se extendería hasta tanto alguna de las partes notificara su finalización o el cese de la operación.
Añadió que, para el supuesto de acreditarse la imposibilidad de suscripción del referido convenio con un tercero, la impugnada resolución 1.294/16 vino a incorporar la posibilidad de que el interesado solicitase a la autoridad ambiental la designación, a su exclusivo cargo, del centro de tratamiento que en caso de emergencia recibiría los residuos y que —en tal escenario— dicho centro se determinaría mediante un sorteo a efectuarse entre los establecimientos debidamente habilitados.
De lo anterior extrajo la inexistencia de perjuicio alguno que justificara dejar sin efecto la resolución 1.294/16. Por el contrario, aseguró que la disposición cuestionada encuentra fundamento en el principio preventivo que rige en materia ambiental (v. presentación electrónica de fecha 18-IV-2018, pto. V.1., párr. anteúltimo).
Invocó, a todo evento, el principio según el cual nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de las leyes y descartó que la nueva regla vaya a trastocar la cadena de responsabilidades.
III. La señora jueza de primera instancia desestimó la excepción de falta de legitimación activa e hizo lugar a la demanda entablada, declarando la nulidad de la resolución 1.294/16.
En cuanto a lo principal —que es lo único que interesa a los fines del recurso extraordinario—, reseñó el marco normativo aplicable a la cuestión de fondo debatida y analizó el expediente administrativo n° 2145-0008075/16, en el cual se registró el procedimiento seguido por el OPDS para modificar el art. 2 de la resolución 550/04.
Advirtió que este se inició con un anteproyecto de acto administrativo que, previa intervención de la Dirección de Asuntos Jurídicos, fue remitido al Área Operadores de Residuos Especiales y Patogénicos, dependiente de la Dirección Provincial de Residuos, donde se produjo un dictamen que —con el objetivo de mejorar el diseño previsto— propuso:
"...incorporar al mecanismo de sorteo planteado para designar el centro de tratamiento habilitado que deberá recibir los residuos, la variable de la distancia entre ambos centros a efectos de minimizar la distancia recorrida por el residuo con el consiguiente riesgo ambiental que en el traslado se genera y de optimizar la logística minimizando la demanda de recursos necesarios para dicho traslado" (expte. adm. cit., fs. 6).
Notó que, de acuerdo con el mismo documento:
"...también debería preverse, salvo mejor opinión de la superioridad, la capacidad operativa, capacidad de almacenamiento diario y capacidad de almacenamiento en cámara frigorífica de acuerdo a lo previsto en el artículo 19 inciso f) del decreto 450/94. En el mecanismo de sorteo deberían considerarse dichas capacidades a efectos de evitar que un centro de gran capacidad de tratamiento reciba por sorteo como centro alternativo un centro de menor capacidad de tratamiento y no pueda cumplir con el objetivo buscado" (expte. adm. cit., fs. 6).
Observó que, de conformidad con lo dictaminado, se formuló un nuevo proyecto de resolución, glosado a fs. 7/8 del expediente administrativo.
Apreció que la Asesoría General de Gobierno consideró este último proyecto, sin presentar objeciones sustanciales, mientras que la Dirección de Asuntos Jurídicos del ex OPDS aseguró que se había "...reformulado el texto de la iniciativa en función de lo indicado por el área técnica y el organismo asesor...", pero que en la parte dispositiva de la resolución 1.294/16 no se incorporaron finalmente las variables de distancia y capacidad operativa del centro de tratamiento mencionadas entre los considerandos, pese a la modificación auspiciada. Tampoco se exteriorizaron las razones por las cuales eso se dejó afuera.
Juzgó así que las discordancias expuestas y la ausencia de justificación se traducían en vicios en la causa y motivación de la resolución 1.294/16, lo que conllevaba su nulidad por tratarse de defectos en sus elementos esenciales (arg. arts. 103 y 108, dec. ley 7.647/70).
Y si bien reconoció que el dictamen emitido constituye un acto preparatorio de la decisión final que —como tal— carece de efectos vinculantes, dijo que no podía dejar de ponderarse el criterio allí sentado, por emanar de organismos administrativos con competencia específica y experiencia puntual en la materia ambiental a regular. En esta línea, recordó que la contemplación de la distancia entre centros tenía por objeto "...minimizar la distancia recorrida por el residuo con el consiguiente riesgo ambiental que en el traslado se genera y [...] optimizar la logística minimizando la demanda de recursos necesarios para dicho traslado", mientras que la inclusión de la capacidad operativa, capacidad de almacenamiento diario y capacidad de almacenamiento en cámara frigorífica, se aconsejó a los fines de "...evitar que un centro de gran capacidad de tratamiento reciba por sorteo como centro alternativo un centro de menor capacidad de tratamiento y no pueda cumplir con el objetivo buscado" (conf. expte. adm., fs. 6).
Concluyó así que el bloque normativo ambiental y sus principios rectores (conf. art. 4, ley 25.675; e.o.), leídos a la luz de la jurisprudencia y doctrina que invocó, imponían la anulación de la resolución 1.294/16 del ex OPDS.
Disconforme, la Fiscalía de Estado recurrió el pronunciamiento.
IV. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó el fallo de primera instancia: por unanimidad en lo atinente a la legitimación de la asociación actora y por mayoría en lo restante.
IV.1. En lo medular, el señor juez Spacarotel —con la adhesión de la señora jueza Milanta— reprodujo la reseña de las constancias administrativas formulada por la señora jueza de grado.
Tras ello, aclaró que no era objeto de controversia el carácter de autoridad de aplicación del ex OPDS, como tampoco cuál era el marco normativo involucrado en el caso.
Puntualizó que el sistema de sorteo de centros de tratamiento de residuos patogénicos para situaciones de emergencia fue avalado por las áreas técnicas y de asesoramiento intervinientes, pero solo en la medida en que se respetaran ciertos parámetros de tutela ambiental (distancia y capacidad operativa, de almacenamiento diario y en cámara frigorífica, etc.).
Refirió que la demandada no desconocía la importancia de estas variables, en tanto afirmaba que debían tenerse en cuenta, pero que ellas fueron suprimidas del texto finalmente aprobado por medio de la resolución 1.294/16.
Confirmó, entonces, que la discordancia entre los considerandos y la parte resolutiva del acto impugnado era reveladora de los vicios en su causa y motivación.
IV.2. Sobre el tópico, expresó que la necesidad de motivar un acto administrativo de carácter general, en virtud de la forma republicana y el principio de publicidad de los actos de gobierno, conllevaba el deber de brindar las razones que condujeron a la supresión de los parámetros técnicos propuestos por los organismos de asesoramiento intervinientes, más allá del carácter no vinculante de los dictámenes emitidos, en especial por las particularidades de las propuestas incluidas y el devenir del procedimiento seguido en el caso.
En abono de su posición, citó el art. 108 inc. "c" del decreto ley 7.647/70 y jurisprudencia de esta Suprema Corte, en especial la que veda a la Administración apartarse infundadamente de las respuestas a las consultas formuladas a organismos asesores.
Por otra parte, resaltó la importancia de los parámetros omitidos en la parte dispositiva de la resolución 1.294/16, desde el prisma de la tutela ambiental preventiva. Invocó los arts. 41 de la Constitución nacional y 28 de la provincial; 2, 4 y concordantes de la Ley General del Ambiente 25.675 y 2, 5 y concordantes de la ley 11.723; la Ley de Residuos Patogénicos 11.347 y su reglamentación; y lo sostenido al respecto por esta Suprema Corte en la causa B. 55.868, "Manuel R. Aguirre S.A.", sentencia de 20-VIII-2008.
Reiteró lo advertido en la instancia anterior, en el sentido de que la auspiciada priorización de los centros de tratamiento que se encontrasen a menor distancia del centro requirente procuraba reducir al mínimo el transporte o traslado del residuo patogénico, a fin de evitar riesgos de derrames y la consecuente contaminación por eventuales accidentes en dicho recorrido. Esto —añadió— guardaba conformidad con lo contemplado en el Preámbulo y el art. 4 inc. 2 apartado "d" del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, aprobado por la ley 23.922.
Lo mismo para la pretendida consideración de la capacidad operativa, de almacenamiento, aun en cámara frigorífica, de los centros de tratamiento, que —subrayó— apuntaba a evitar que resultase sorteado como sistema alternativo de emergencia uno que no pudiera cumplir con la finalidad de asegurar el debido, adecuado y oportuno tratamiento de residuos patogénicos, con los riesgos ambientales que ello podría acarrear.
IV.3. Por todas esas razones, concordantes con las brindadas en primera instancia, la mayoría de la Cámara confirmó la nulidad de la resolución 1.294/16 del ex OPDS.
V. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, la Fiscalía de Estado denuncia violación de la ley 11.347 y su reglamentación, incluidos el decreto 403/97 y la resolución 1.294/16; falta de razonabilidad y absurdo en la interpretación de los hechos; errónea aplicación del art. 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos, de la doctrina de esta Corte que establece que los dictámenes no tienen fuerza vinculante y de los arts. 41 de la Constitución nacional y 28 de la provincial, así como también de los principios consagrados en las leyes 25.675 y 11.723.
A esta altura ya no resiste la legitimación de la asociación actora, independientemente de que si ella estuviese ostensiblemente ausente —que no lo está— correspondería su abordaje de manera oficiosa (CSJN Fallos: 342:853).
V.1. En primer lugar, le reprocha al pronunciamiento recurrido haber afectado el principio de distribución de competencias entre los poderes del Estado, desconociendo las facultades en materia de transporte, tratamiento y disposición final de residuos patogénicos que fueran atribuidas a la autoridad administrativa por medio de la ley 11.347 y su reglamentación, con las modificaciones introducidas por el decreto 403/97.
Repasa, en particular, lo estatuido por el art. 38 de este último y, luego, por las resoluciones 550/04 (dictada por la ex Secretaría de Política Ambiental) y 1.294/16 (emitida por el ex Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible).
De allí extrae que, en ejercicio de sus legítimas competencias, el ex OPDS se limitó a modificar el art. 2 de la citada resolución 550/04, con el objetivo de facilitar la instrumentación del sistema alternativo de tratamiento de residuos patogénicos en casos de emergencia, siempre que el interesado acreditara la imposibilidad de suscribir un convenio con un tercero y solicitara a la autoridad ambiental la designación de otro centro de tratamiento, que en tal supuesto se realizaría mediante sorteo.
Con apoyo en lo sostenido por el voto en minoría de la sentencia del Tribunal de Alzada, asegura que la resolución 1.294/16 se ajusta a derecho en todas sus partes, en tanto que el ex OPDS se encontraba ampliamente facultado para dictarla, introduciendo las modificaciones pertinentes en función del interés público comprometido.
V.2. A continuación, tacha de irrazonable y absurda la interpretación de los hechos del caso, en la medida en que se le atribuyeron vicios a la motivación de la resolución 1.294/16, sin explicar los agravios que estos causarían.
En favor de su posición, cita ciertos conceptos vertidos en la disidencia del fallo puesto en crisis, que descartan lesión en los derechos invocados, desvío en la razonabilidad o el interés público y que caracterizan la crítica de la actora co
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