Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 79215
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (cfr. arts. 279, CPCC y 31 bis, primer párrafo, ley 5.827).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—; 68 primer párr. y 289 in fine, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 79.215, "Vera, Fabián Alejandro y Otros c/ ARBA s/ Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Kogan , Torres , Kohan .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la pretensión anulatoria dirigida contra la resolución 14/19 de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) y, en consecuencia, reconoció el derecho de los actores a que se les liquiden diferencias salariales devengadas desde el día 1 de noviembre de 2005 hasta el día 1 de mayo de 2014 por aplicación del decreto 2.599/05.
Disconforme con ese pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 29-VIII-2023, 11:54:17 hs.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución del día 6 de febrero de 2024.
Dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la pretensión anulatoria dirigida contra la resolución 14/19 de ARBA y, en consecuencia: i) reconoció el derecho de los actores a que se les liquiden y abonen las diferencias salariales devengadas desde el día 1 de noviembre de 2005 hasta el día 1 de mayo de 2014, por aplicación del decreto 2.599/05; ii) tomó como base de cálculo el haber actual correspondiente a la categoría respectiva al momento de dictarse la sentencia y iii) fijó un interés puro del 6% anual desde que cada concepto debió abonarse hasta la fecha de la sentencia y, de allí en más, aplicó la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. sent. de fecha 28-XII-2020).
Para así resolver, y en lo que aquí interesa, efectuó las siguientes consideraciones:
I.1. Con relación a la cuestión de fondo, sostuvo que el decreto 2.599/05 —según se desprendía de sus considerandos— tuvo por objeto homogeneizar el régimen horario en el ámbito de la ex Subsecretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía, pautando un régimen de cuarenta horas semanales de labor, con una bonificación equivalente al 125% del sueldo básico que perciban los empleados de la citada repartición (art. 1).
Sin embargo, para los agentes dependientes de la Dirección de Sistemas Informáticos que optasen por igual régimen horario —como los actores en autos—, estableció sin mayor justificación que la bonificación sería menor, equivalente al 60% (art. 6).
Advirtió que, con posterioridad, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 1.316/15 por el que equiparó dicho suplemento, determinando que a partir del día 1 de mayo de 2014 la bonificación prevista en el art. 6 del decreto 2.599/05 sería equivalente al 125%, igual que para el resto del personal alcanzado por la misma norma.
No soslayó que los actores ya percibían la bonificación prevista en el decreto 8.373/87, equivalente al 65% del sueldo básico, en función de las características especiales del trabajo en los "centros de cómputos". También dijo que no era materia de debate su desempeño en la ex Dirección de Sistemas Informáticos del Ministerio de Economía, con un régimen de cuarenta horas semanales.
Remarcó que no surgía del texto del decreto 2.599/05, como tampoco de sus considerandos, fundamento alguno en respaldo de la distinción formulada.
Y así, aseveró que no resultaba atendible el argumento esgrimido por el Fisco en juicio, tendiente a justificar el diferente trato retributivo en la circunstancia de que los actores ya percibían la bonificación prevista en el decreto 8.373/87. En este sentido, consideró que no era incompatible la percepción de este plus salarial (en su calidad genérica de empleados públicos informáticos) con la bonificación por integrar —a su vez— los cuadros del Ministerio de Economía.
Reafirmó lo anterior con las declaraciones contenidas en el decreto 1.316/15 (que finalmente reconoció a los actores la bonificación del 125% a partir del día 1 de mayo de 2014) y de que ello se hacía a fin de "…lograr una equiparación salarial en el otorgamiento de la bonificación implementada por la normativa descripta" (cons. 7°).
Por todo eso, concluyó que la distinción efectuada en el art. 6 del decreto 2.599/05 había sido discriminatoria y contraria al postulado de igualdad, por carecer de una justificación objetiva y razonable para la diferencia de trato.
I.2. En cuanto a la prescripción liberatoria opuesta por la demandada, la rechazó aplicando el plazo decenal del art. 4.023 del Código Civil (ley 340), tomando como hito interruptivo el reclamo administrativo de fecha 29 de diciembre de 2014.
I.3. Al hacer lugar a la pretensión, mandó a pagar las diferencias salariales devengadas desde el día 1 de noviembre de 2005 hasta el día 1 de mayo de 2014, a valores actuales, con un interés del 6% anual calculado desde el día siguiente a la fecha del reclamo en sede administrativa y hasta la fecha de la sentencia. De allí en más, aplicó la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado, confirmando de ese modo la sentencia de primera instancia (v. sent. de fecha 10-VIII-2023).
Circunscribió los agravios de la demandada a la interpretación del plexo normativo aplicado y a la determinación de la condena estimada a valores actuales.
II.1. Con relación al primer tópico, ponderó que la propia Administración había reconocido el trato desigual recibido por los actores respecto del resto de los agentes al dictarse el decreto 1.316/15.
Al efecto, precisó que la equiparación de la bonificación especial del personal de la Dirección de Servicios Informáticos (art. 6, dec. 2.599/05) con el resto de la planta del organismo en el 125% del salario, sin referencia alguna al beneficio que ya percibían en virtud del decreto 8.373/87, implicó admitir que no eran mutuamente excluyentes.
Tildó de evidente que el beneficio conferido por esta última normativa no se encontraba vinculado con el estatuido en ocasión de implementar el régimen horario de cuarenta horas semanales en el ámbito de la cartera económica (dec. 2.599/05), ni tampoco surgía de sus previsiones razón alguna que permitiese inferir que ambas fueran complementarias.
Confirmó así que el art. 6 de este último decreto, a falta de cualquier explicación, produjo una distinción arbitraria para el personal del área de sistemas al asignarles una bonificación especial inferior que al resto de la planta ministerial.
II.2. En lo restante, invocando jurisprudencia de esta Suprema Corte, desestimó el agravio vertido en torno al alcance de la condena estimada a valores actuales y los intereses reconocidos.
III. Frente a lo así decidido, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Denuncia la errónea aplicación del art. 4.023 y la violación del art. 4.027 inc. 3 del derogado Código Civil; de los arts. 384 del Código Procesal Civil y Comercial y 7 y 10 de la ley 23.928 y la errónea interpretación de los decretos 8.373/87, 2.599/05 y 1.316/15. Asimismo, alega absurdo valorativo y violación de la doctrina legal que cita.
III.1. Inicia su embate sosteniendo que el acto por el cual a la postre se terminó equiparando a los actores (dec. 1.316/15), fue meramente constitutivo y se dictó hacia el futuro. Es decir, sin contener reconocimiento retroactivo alguno o admitir una situación preexistente, de modo tal que la Cámara mal pudo aferrarse a aquel para fundar su sentencia.
III.2. Denuncia absurdo en la valoración de la prueba e interpretación del plexo normativo aplicado.
Reprocha que la Cámara no haya valorado los argumentos que culminaran con el dictado de la resolución 14/19 por la cual se rechazó el reclamo en sede administrativa, como así tampoco, las razones brindadas por la Administración al dictar el decreto 1.316/15.
En concreto, cuestiona que la Cámara haya interpretado que el decreto 2.599/05 resultó discriminatorio, argumentando que su finalidad fue que la totalidad del personal actualmente dependiente de ARBA percibiera un adicional del 125%. Siendo esto así, entiende razonable que se establecieran dos bonificaciones diferentes de manera expresa, las cuales obedecían a la circunstancia de que los actores —en su condición de agentes de la Dirección de Sistemas Informáticos— ya se encontraban cobrando una bonificación salarial de hasta el 65%, prevista en el decreto 8.373/87.
Afirma que, justamente por ello, el decreto 1.316/15 unificó la equiparación salarial que regía en los hechos por aplicación de tres normas: respecto de los actores, por los arts. 1 del decreto 8.373/87 y 6 del decreto 2.599/05. Y, con relación al resto de los agentes, por el art. 1 del decreto 2.599/05. En ambos supuestos, ecualizando la bonificación especial en el 125% del salario básico.
Así las cosas, dice que la sentencia puesta en crisis tendrá la consecuencia de que los actores percibirán un 190% de bonificaciones salariales, lo cual es absurdo.
III.3. En lo tocante a la prescripción, reclama por la aplicación del plazo quinquenal previsto en el art. 4.027 inc. 3 del viejo Código Civil, por estimar que es el que se adecua a la naturaleza del reclamo.
III.4. Por último, se agravia de la condena estimada a valores actuales, aduciendo que la sentencia —en ese segmento— vulnera la prohibición de indexar establecida en la ley 23.928 y su modificatoria 25.561, como así también, la doctrina legal de esta Suprema Corte y de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que cita.
IV. El recurso no prospera (art. 279, CPCC).
IV.1. Partiendo lógicamente por la crítica ligada con la prescripción de la acción, la recurrente alude a consideraciones que supuestamente habría efectuado la Cámara sobre el tópico.
Sin embargo, de la simple lectura de su sentencia no surge que la a quo se halla expedido en ese aspecto. Y ello es atendible, pues en ningún pasaje del recurso ordinario de apelación el Fisco se alzó en contra de lo resuelto en ese punto por el magistrado (v. presentaciones electrónicas de fechas 17-II-2021; 25-II-2021 y sent. de fecha 10-VIII-2023).
En tal contexto, con independencia del acierto o error del plazo escogido, lo concerniente a la prescripción es algo que llega firme a esta instancia, por lo que las alegaciones traídas resultan inabordables al ser el fruto de una reflexión tardía (doctr. causas A. 70.071, "Frascona", sent. de 11-IV-2012; A. 72.840, "Weiss", sent. de 28-VI-2017; A. 74.518, "Ciancio", sent. de 10-IV-2019; e.o.).
IV.2. Pasando a analizar si la Cámara juzgó correctamente que el art. 6 del decreto 2.599/05 establecía una arbitraria diferencia de trato entre empleados como los actores y el resto de la planta de la dependencia, la impugnante denuncia absurdo en la interpretación de dicha normativa.
Más allá de si esa forma de agraviarse es la adecuada, puesto que —como se sabe— se encuentra reservada a la descalificación de los pronunciamientos por patentes desvíos lógicos en lo atinente a la apreciación de la prueba y los hechos —y no a la interpretación de las normas— (doctr. causas A. 74.831, "Fontana", sent. de 8-V-2019 y A. 76.742, "Sánz Ortiz", sent. de 24-V-2024), la crítica igualmente no es de recibo.
IV.2.a. No deja de ser llamativa la expresa reserva formulada en el art. 6 del decreto 2.599/05 respecto de los empleados informáticos, o que de hacer las sumatorias propuestas por el Fisco se llega efectivamente al 125%, lo que sería una intención —no explicitada— de poner ahí un tope para el cúmulo de bonificaciones especiales.
Pero también es cierto que —como lo advirtieron el señor juez de grado y la Cámara— en ningún lugar se desliza alguna razón —cual fuere— para recortarles sustancialmente una bonificación reconocida a la generalidad de los cuadros de la entonces Subsecretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía.
El decreto 1.316/15, que satisfizo de allí en adelante la pretensión de los interesados, tampoco aportó algo concreto capaz de justificar la otrora diferencia de trato. Antes bien, reconoce la vigencia del decreto 8.373/87 —no lo modifica, ni deroga— y la importancia de que exista una total equiparación con respecto a la bonificación del decreto 2.599/05. Siendo así, los argumentos vertidos por la Fiscalía de Estado (con pie en la resolución 14/19 del Director Ejecutivo de ARBA) no son sino un intento de racionalización ex post facto de una cadena de decisiones administrativas consumadas que carecen de las precisiones que aquí se quieren establecer.
Como se tiene dicho, es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley si el recurrente expone su propio criterio personal, distinto al del sentenciante, en orden a la interpretación de las disposiciones en las que se han subsumido los hechos, sin lograr demostrar que haya existido una errónea aplicación o interpretación del plexo normativo en cuyos términos se funda la sentencia, tal como lo exige el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (doctr. causas A. 70.891, "Mohando", sent. de 6-VIII-2014 y A. 70.232, "Benítez", sent. de 27-IV-2016).
IV.2.b. Coadyuva al resultado arribado lo que surge del precursor decreto 4.104/87 (inmediatamente reemplazado por el dec. 8.373/87), al explicar en sus breves fundamentos que la bonificación para el personal de la ley 10.430 que se desempeña en "centros de cómputos" responde a: "Que dada la tarea específica que realizan algunos de ellos deben funcionar en forma ininterrumpida durante todo el día, a fin de mantener el servicio a los usuarios de las redes de teleprocesamiento, lo que implica que las personas afectadas a esos trabajos deban estar en disponibilidad para prestar servicios cuando se lo requieran, fuera del horario normal de trabajo en razón de ser áreas críticas para el mantenimiento de distintos servicios que son necesarios para el normal desenvolvimiento de la Administración Pública".
Asimismo, en actos administrativos más recientes ligados al movimiento de empleados informáticos bajo el mismo régimen, se ha sostenido en línea semejante: "Que las labores en los centros de cómputos se consideran de características especiales, conforme lo estipulado por el Decreto Nº 8373/87 y modificatorios, las cuales deben realizarse en forma ininterrumpida a fin de mantener el adecuado funcionamiento de la base de datos [...], y el soporte técnico correspondiente a los sistemas informáticos, lo que implica que las personas afectadas a dichos trabajos deben estar en disposición permanente para prestar servicios cuando se las requiera, brindando la asistencia técnica necesaria a los efectos de garantizar el normal desenvolvimiento de los sistemas de información de la jurisdicción " (dec. 1.707/19, cons. 5°).
Entiendo que lo transcripto es revelador de ciertas particularidades que no están necesariamente ligadas con la carga horaria semanal de cuarenta horas, lo cual permite aceptar la tesis de que las bonificaciones de los decretos 8.373/87 y 2.599/05 no eran derechamente incompatibles entre sí, habiendo la Administración —sin ningún esfuerzo argumentativo— excluido a los reclamantes de la percepción íntegra de aquella última durante el tiempo en que la situación desfavorable perduró.
Por lo tanto, la sentencia apelada no es "absurda" en este aspecto, ni se muestra incompatible con tradicionales principios de construcción estatutaria.
Lo expuesto alcanza para desestimar el agravio principal (art. 279, CPCC).
IV.3. Finalmente, en cuanto a la queja fundada en la estimación de la indemnización debida a valores actuales y con una tasa de interés puro del 6% anual, con el argumento de que ello violaría la regla del nominalismo y la prohibición de indexación de deudas (conf. arts. 7 y 10, ley 23.928 —texto según ley 25.561— y 772 y 1.748, Cód. Civ. y Com.), corresponde su desestimación en los términos del art. 31 bis, primer párrafo de la ley 5.827, pues plantea agravios ya desestimados en casos análogos (conf. causas A. 78.351, "Carrillo", sent. de 30-V-2024; A. 78.353, "Leguero", sent. de 20-XI-2024; e.o.).
V. Por los fundamentos expuestos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Con costas (arts. 60 inc. 1, CCA; 68 y 289 in fine, CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Kohan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (cfr. arts. 279, CPCC y 31 bis, primer párrafo, ley 5.827).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—; 68 primer párr. y 289 in fine, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/07/2025 21:01:46 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/07/2025 11:03:01 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/07/2025 14:10:27 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/07/2025 18:57:02 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/07/2025 19:04:35 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 17/07/2025 19:08:14 hs. bajo el número RS-58-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia