Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76818
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.818, "Burgos, Diego Sebastián contra Municipalidad de Tres Arroyos s/ pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Kohan.
I. La Cámara en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, luego de anular el fallo de primera instancia, dispuso hacer lugar a la pretensión anulatoria iniciada por el señor Diego Sebastián Burgos contra la Municipalidad de Tres Arroyos, declarando la inconstitucionalidad de la tasa por conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal contemplada en los arts. 222 a 230 de la ordenanza fiscal 3.486/92 y, consecuentemente, la nulidad del decreto 1.046/16. Ordenó al municipio demandado la restitución al demandante de la suma de diecinueve mil quinientos sesenta y siete pesos con doce centavos ($19.567,12) en concepto de pagos realizados por el contribuyente por los períodos 2/2010 a 2/2015 de la tasa cuestionada, con más intereses.
II. Disconforme con dicho pronunciamiento, la Municipalidad de Tres Arroyos interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara interviniente.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata inició su análisis revisando los argumentos del juez de primera instancia que llevaron al rechazo de la demanda. Tras ello, concluyó que la sentencia debía ser declarada nula, debido a la falta de una fundamentación adecuada. Estimó que la decisión no constituía una derivación razonada de los hechos y aspectos jurídicos considerados, y que se encontraba claramente desconectada de los hechos del caso.
Para ello, explicó que al comparar las conclusiones del informe pericial (que el magistrado tuvo en consideración) a tenor de la doctrina del Máximo Tribunal que exige como recaudo de validez de la tasa la prestación de un servicio concreto e individualizado respecto de algo no menos concreto e individualizado del contribuyente (también invocada por el juez), con la decisión finalmente adoptada, se apreciaba una fractura en el iter argumental desarrollado por el magistrado. De allí que la solución finalmente postulada resultara incoherente y contradictoria respecto del razonamiento esbozado en los considerandos para intentar sustentarla (cfr. sent. de 4-VI-2020; v. punto 2 del voto del doctor Ucin a la primera cuestión, al que adhiriera luego el doctor Mora).
Por tales razones, en definitiva, el Tribunal de Alzada consideró que se habían quebrantado de modo insuperable los recaudos consagrados por el art. 171 de nuestro cuerpo constitucional provincial y, en consecuencia, procedió a declarar la nulidad de la sentencia apelada.
Con fundamento en ello, la Cámara interviniente recordó que es deber de los tribunales ad quem —declarada que sea la nulidad del pronunciamiento de grado— pronunciarse sobre todas las cuestiones de fondo que quedaron sometidas a su conocimiento, razón por la cual procedió a tratar el fondo de la cuestión.
En este sentido, manifestó que (conforme lo expresado en sus propios precedentes) para que la percepción de una tasa municipal sea legítima, la autoridad local necesariamente tiene que brindar, con relación al sujeto obligado al pago, el servicio por el cual grava la actividad que constituye el hecho imponible descripto en la norma, no resultando suficiente una actuación meramente declamativa de la Administración (tal como sería postular que el servicio se encuentra organizado, sin ninguna constancia que acredite la efectiva prestación respecto del contribuyente reclamante). Tampoco puede la comuna —añadió— pretender escudarse en la efectiva prestación del servicio a otros contribuyentes ajenos a la relación tributaria examinada.
En el caso, sin embargo, el Tribunal de Alzada puntualizó que se encontraba fuera de discusión que el ingreso principal al campo denominado "El Paso", se encuentra "sobre la Ruta Provincial 75, que une las localidades de San Cayetano con Adolfo Gonzalez Chaves...", que "...no existe ingreso alguno sobre ninguna otra ruta o camino, siendo la mencionada sobre la RP75 la única forma posible de acceder al establecimiento" y que "...se puede afirmar que no existe ningún otro camino de la red vial municipal lindero al campo en cuestión" (cfr. informe pericial de fs. 140/145; v. punto 2.3. del voto del doctor Ucin a la segunda cuestión). Todo lo cual confirmaba que la Municipalidad de Tres Arroyos no prestaba ningún servicio concreto, efectivo e individualizado en relación al predio rural del actor (al cual solo puede accederse a través de la ruta provincial 75) por lo que mal podría el municipio de Tres Arroyos considerar sujeto pasivo a quien no obtiene (ora en forma directa, ora en forma potencial) contraprestación alguna por el pago de la gabela.
Como conclusión de lo cual, sostuvo la Cámara, correspondía hacer lugar a la pretensión de autos y declarar la inconstitucionalidad de la tasa por conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal en su aplicación al demandante, por cuanto prescinde de aquel recaudo esencial de validez, y constituye al contribuyente en sujeto pasivo por su sola condición de titular del inmueble, en violación del derecho de propiedad y el principio constitucional de legalidad en materia tributaria (cfr. arts. 17 y 19, Const. nac. y 25 y 31, Const. prov.). Declaró asimismo la ilegitimidad y consecuente nulidad del decreto 1.042/16 dictado por el Intendente de la Municipalidad de Tres Arroyos.
Por último, el Tribunal de Alzada dispuso que resultaba pertinente, como consecuencia de lo antedicho, y como lógico efecto de la declaración de inconstitucionalidad de la tasa de conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal respecto del actor y la consecuente anulación judicial del acto que rechazó su pedido, la privación de causa jurídica al pago que el señor Burgos efectuó a la Administración municipal por dicho tributo —que no le era exigible—, razón por la cual correspondía ordenar a la Municipalidad de Tres Arroyos restituir, dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles, la suma de $19.567,12 indebidamente abonada por la actora conforme fue acreditado en autos respecto de los períodos 2/2010 a 2/2015, con más los intereses que correspondan, calculados desde la fecha de cada pago, conforme la tasa más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires por operaciones de depósitos a treinta (30) días en cada uno de los períodos comprendidos en dicho lapso temporal (v. punto 2.5.2. del voto mencionado).
II.1. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la Municipalidad de Tres Arroyos denuncia la existencia de absurdo en la valoración de la prueba.
Ello así, en tanto, según aduce, la decisión judicial atacada viola las leyes de la lógica formal y patentiza conclusiones racionalmente incompatibles, por contradictorias, con las premisas de las cuales se infiere (v. punto V.1. del recurso de fecha 10-IX-2020).
II.2. Por otra parte, la recurrente asegura que en el caso se ha violado la ley y la doctrina legal conforme reiterados pronunciamientos de esta Suprema Corte.
En particular, expresó que la Cámara interviniente habría violado el art. 171 de la Constitución provincial por cuanto al resolver la inconstitucionalidad de los arts. 222 a 230 de la ordenanza fiscal 3.486/92 no habría tenido en cuenta la falta de demostración cabal por parte del actor, en cuanto a la forma en que dichas normas contrariarían la Constitución, causándole de ese modo un agravio concreto.
Sobre este acápite, destaca la recurrente, resulta claro en su opinión que del texto del art. 222 de la citada ordenanza se desprende que el hecho imponible de la tasa de conservación, reparación y mejorado de calles y caminos rurales municipales no está condicionado a que el titular del dominio de una parcela rural tenga un camino de acceso directo a su fundo, pues la propia ordenanza impone, lisa y llanamente, dicho tributo a los titulares de dominio de los inmuebles sin condicionamiento alguno.
II.3. Añade aún que, tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria indican que no existe norma constitucional o legal que obligue a que las tasas exhiban estricta proporcionalidad con el costo del servicio, pues mediante lo que se percibe no debe atenderse únicamente a los gastos de la oficina que los presta (v. punto VI del escrito recursivo).
II.4. Plantea que correspondería revocar el fallo atacado de acuerdo al principio de la presunción de legitimidad de los actos administrativos, dado que el decreto 1.042/16, dictado por el Intendente de Tres Arroyos. que rechaza la petición del señor Burgos de que se lo exima del pago de la tasa de conservación, fue fundado, precisamente, en las normas de la ordenanza fiscal municipal que obligaban al pago de la tasa en cuestión.
II.5. Por último, la recurrente indica que se habría violado el principio de congruencia en tanto la sentencia de Cámara procedió a declarar la inconstitucionalidad de los arts. 222 a 230 de la ordenanza fiscal 3.486/92 cuando el señor Burgos únicamente accionó con la pretensión de que se declarara la inconstitucionalidad de los arts. 222 y 225 del citado cuerpo normativo. Como consecuencia de lo cual, el a quo habría alterado ilegítimamente la causa petendi .
III. Anticipo que, en atención a su insuficiencia técnica, el recurso merece ser desestimado (conf. doctr. art. 279, CPCC).
La pieza recursiva bajo análisis, lejos de atacar los fundamentos centrales de la sentencia impugnada, se circunscribe a su propia apreciación de las constancias de la causa y del derecho aplicable, discrepando —sin más— con las conclusiones a las que arribó el Tribunal de Alzada.
III.1. En primer lugar, la recurrente se queja de la configuración en autos de absurdo en la valoración de la prueba; no obstante, limita su embate a denunciarlo, sin acreditar dicho extremo.
Al respecto, esta Suprema Corte ha dicho que la mera discrepancia con las decisiones de la Cámara no es base idónea de agravios ni configura absurdo que dé lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, puesto que dicha anomalía queda configurada cuando media cabal demostración de su existencia, lo que implica poner de relieve el error palmario y fundamental que autoriza la apertura de la instancia extraordinaria (conf. causa A. 73.503, "Industrias Isaco", sent. de 20-XI-2024).
Así, quien afirma que la sentencia transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827 —texto según ley 13.812—; doctr. causa C. 123.610, "Lascano, Carlos Alberto", sent. de 4-XII-2019; e.o.).
Lo expuesto resulta suficiente para rechazar esta parcela del recurso.
III.2. Seguidamente, el recurrente aduce que la Cámara habría violado el art. 171 de la Constitución provincial por cuanto al resolver la inconstitucionalidad de los arts. 222 a 230 de la ordenanza fiscal 3.486/92 no habría tenido en cuenta la falta de demostración cabal, por parte del actor, de la forma en que dichas normas contrariarían la Constitución, causándole de ese modo un agravio concreto.
Agrega que del art. 222 de la citada ordenanza se desprende que el hecho imponible de la tasa de conservación, reparación y mejorado de calles y caminos rurales municipales no está condicionado a que el titular del dominio de una parcela rural tenga un camino de acceso directo a su fundo, pues la propia ordenanza impone dicho tributo a los titulares de dominio de los inmuebles sin condicionamiento alguno.
Ahora bien, el Tribunal de Alzada manifestó que para que la percepción de una tasa municipal sea legítima, la autoridad local necesariamente tiene que brindar, con relación al sujeto obligado al pago, el servicio por el cual grava la actividad que constituye el hecho imponible descripto en la norma, no resultando suficiente una actuación meramente declamativa de la Administración. Añadió que tampoco puede la comuna pretender escudarse en la efectiva prestación del servicio a otros contribuyentes ajenos a la relación tributaria examinada.
Por último, señaló que se encontraba fuera de discusión que la Municipalidad de Tres Arroyos no prestaba ningún servicio concreto, efectivo e individualizado en relación al predio rural del actor (al cual solo puede accederse a través de la ruta provincial 75) por lo que mal podría el municipio de Tres Arroyos considerar sujeto pasivo a quien no obtiene (ora en forma directa, ora en forma potencial) contraprestación alguna por el pago de la gabela.
Sobre la base de lo acreditado en autos concluyó que deviene inconstitucional el cobro de la tasa por conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal al actor de autos, por cuanto prescinde de aquel recaudo esencial de validez, y constituye al contribuyente en sujeto pasivo por su sola condición de titular del inmueble, en violación del derecho de propiedad y el principio constitucional de legalidad en materia tributaria (cfr. arts. 17 y 19, Const. nac. y 25 y 31, Const. prov.).
Como surge manifiesto del relato, la argumentación de la sentencia recurrida llega incólume a esta instancia extraordinaria, por cuanto no fue objeto de embate, limitándose la expresión de agravios a dar su propio punto de vista discordante sobre el tema.
Al respecto, esta Suprema Corte tiene dicho que la ausencia de una crítica puntual de los fundamentos centrales de la sentencia sella la suerte adversa del recurso interpuesto, pues, en la vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. Se desprende de ello, entonces, que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida; déficit que en este supuesto, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que se asienta el fallo del tribunal inferior (doctr. causa A. 74.114, "Massalin Particulares", sent. de 20-XI-2019; e.o.).
Asimismo, se ha señalado que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que desinterpreta los términos expuestos por la Cámara, parte de premisas erróneas o contrapone argumentos dogmáticos, solo discordando con las conclusiones del fallo (doctr. causas A. 76.388, "Graziani", sent. de 3-XI-2021; C. 121.912, "Cos, Guillermo Emilio", sent. de 26-XII-2019; C. 120.605, "Guzmán, Juan José Angel", sent. de 7-III-2018; e.o.).
En tales condiciones, esta parcela del recurso carece de virtualidad para revertir lo fallado por la Cámara.
III.3. Seguidamente, el recurrente aduce que tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria indican que no existe norma constitucional o legal que obligue a que las tasas exhiban estricta proporcionalidad con el costo del servicio.
Este agravio también debe ser rechazado atento que, como surge de lo arriba reseñado, no fue un argumento sostenido por la Cámara para declarar la inconstitucionalidad de la tasa bajo análisis.
Una vez más, la recurrente limitó su queja sobre el punto a discrepar con lo resuelto por el tribunal a quo , desconociendo los fundamentos por los que se hizo lugar a la pretensión de autos, los que llegan firmes a esta instancia extraordinaria atento su falta de eficaz embate.
Al respecto, se reitera que esta Suprema Corte ha dicho que quien afirma que la sentencia transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827 —texto según ley 13.812—; doctr. causa C. 123.610, "Lascano, Carlos Alberto", sent. de 4-XII-2019; e.o.).
III.4. Continúa el embate sosteniendo que corresponde revocar el fallo atacado a la luz del principio de la presunción de legitimidad de los actos administrativos, dado que el decreto 1.042/16 fue fundado, precisamente, en las normas de la ordenanza fiscal municipal que obligaban al pago de la tasa en cuestión.
Agravio que tampoco puede tener acogida, en tanto sostiene la presunción de validez de un acto fundado justamente en una norma que fue declarada inconstitucional por la sentencia recurrida. Así, siendo que el recurrente no ha logrado revertir en autos dicha tacha, es que no puede recobrar vigencia la presunción alegada.
III.5. Por último, la recurrente indica que se habría violado el principio de congruencia en tanto la sentencia de Cámara procedió a declarar la inconstitucionalidad de los arts. 222 a 230 de la ordenanza fiscal 3.486/92 cuando el señor Burgos únicamente peticionó que se declarara la inconstitucionalidad de los arts. 222 y 225 del citado cuerpo normativo. Como consecuencia de lo cual denuncia el a quo habría alterado ilegítimamente la causa petendi .
Al respecto, debe remarcarse que la sentencia atacada declaró, efectivamente, la inconstitucionalidad del Título XV de la ordenanza fiscal 3.486/92, puesto que, como expresa claramente, la declaración de inconstitucionalidad en el caso abarca la tasa de conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal en forma completa, esto es, de los arts. 222 a 230. Dicho temperamento fue adoptado atento la inexistencia de prestación de un servicio concreto, efectivo e individualizado por el municipio respecto del predio del demandante, en violación del derecho de propiedad y el principio constitucional de legalidad en materia tributaria (cfr. arts. 17 y 19, Const. nac. y 25 y 31, Const. prov.; cfr. punto 2.4. de la segunda cuestión de la sentencia de referencia).
Recuerdo entonces que, en este punto, el actor interpuso la presente pretensión anulatoria contra la Municipalidad de Tres Arroyos, a fin de obtener la anulación del decreto 1.042/16, que desestimó su solicitud de eximición del pago de la tasa municipal de conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal, en relación a un inmueble rural de su propiedad, habida cuenta de que no se encuentra servido por ningún camino municipal.
Así pues, y toda vez que el acto administrativo impugnado se sustentó explícitamente en lo dispuesto en los arts. 222, 225, 227, subsiguientes y concordantes de la ordenanza fiscal municipal, no resulta entonces, en modo alguno irrazonable, ilegal, ni violatorio del derecho de defensa de la parte demandada, que la declaración de inconstitucionalidad hecha por la Cámara abarque, coherentemente, todo el capítulo que regula la cuestión debatida y que, particularmente, sirvió de sustento normativo a la decisión administrativa que resultara el principal acto jurídico impugnado por el actor.
Debe ponderarse, de su lado, que esta Suprema Corte tiene dicho al respecto que el reproche esgrimido en lo atinente a la afectación del derecho de defensa y la bilateralidad del proceso por la denuncia en autos de la aplicación al actor de una norma luego declarada inconstitucional, alegando a tal fin un error de juzgamiento por transgredir la congruencia con el objeto de lo pretendido en el escrito de demanda, es infructuoso cuando los agravios relativos a la violación del principio de congruencia, por estar vinculados con la interpretación de los escritos presentados en el proceso, no sean acompañados de
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.