Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78420
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, se revoca la sentencia impugnada y, en consecuencia, se rechaza la demanda en todas sus partes (art. 289 inc. 2, CPCC).
Costas de todas las instancias por su orden, dado que lo antedicho importa una modificación en la doctrina legal de este Tribunal seguida por el a quo (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—; 68 segunda parte y arg. art. 274, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.420, "Ledesma, Martín Carmelo c/ Ministerio de Justicia y Otro/a s/ Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Kohan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que, en su hora, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida por el señor Ledesma, anulando las resoluciones 216/06 y 8/11 del Ministerio de Seguridad. Mediante ellas se había desestimado su pedido de pago de un adicional por mayor jerarquía, al considerarlo prescripto en función del art. 4.027 inc. 3 del Código Civil (ley 340) y el plazo de cinco años allí contemplado. Por reputar aplicable al supuesto el plazo genérico decenal del art. 4.023, el juez de grado había ordenado a la demandada que analice nuevamente la solicitud y se expida sobre su mérito (v. sent. de fecha 6-VII-2021).
Disconforme con ese pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 10-VIII-2021, 11:23:26), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fecha 4 de octubre de 2022.
Dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara, al confirmar el fallo, desestimó la queja de la demandada basada en la inexistencia de acto administrativo de designación, reputado por ella un presupuesto para el cobro de las diferencias salariales que se pretendían. Esto mismo, por cuanto advirtió que las resoluciones sujetas a revisión, en rigor, rechazaron la petición con el solo fundamento de que los períodos reclamados habían prescripto, mas no por lo otro.
Aclarado eso, analizó la corrección jurídica de esto último. Y tras dejar sentado que los hechos del caso no se vieron influenciados por la nueva regulación sobre el tópico que trajo el Código Civil y Comercial (puesto que el período reclamado abarcaba desde el 1-I-1998 al 28-V-1998), reconoció que la decisión del magistrado se ajustó a la doctrina legal de esta Suprema Corte, en cuanto aplicó el término decenal del art. 4.023 del derogado Código Civil para un atraso salarial en el marco del empleo público.
II. Frente a lo decidido, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Denuncia violación o errónea aplicación de los arts. 4.023 y 4.027 inc. 3 del derogado Código Civil y 2.562 inc. "c" del Código Civil y Comercial. Asimismo, alega inobservada cierta doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que cita.
Básicamente, cuestiona la aplicación del plazo de prescripción decenal (art. 4.023, Cód. Civ.), en lugar del quinquenal o bianual (arts. 4.027 inc. 3, Cód. Civ. y 2.562 inc. "c", Cód. Civ. y Com.). Ello por estimar que aquel primero no se adecua a la naturaleza del reclamo. Refiere que tanto la doctrina autoral como la jurisprudencia de la Corte federal ven a la prestación salarial en la relación de empleo público como una obligación periódica, a la cual le caben las reglas específicas previstas en esas otras dos normas.
Exige, en síntesis, un cambio en la doctrina legal de este Supremo Tribunal provincial, considerando su actual integración.
III. El recurso prospera (art. 289, CPCC).
III.1. Liminarmente, he de señalar que en la especie resultan enteramente aplicables las previsiones del Código Civil (ley 340), pues ponderando la fecha de formulación del reclamo administrativo el 6 de agosto de 2003, se advierte que al momento de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (1-VIII-2015) no se encontraba en curso ningún plazo de prescripción. De allí que, en la especie, no ha de gravitar la norma transicional del art. 2.537 de la novel legislación.
III.2. Hay que recordar que, bajo la vigencia de la vieja codificación civil, este Tribunal, en anterior integración, ha sostenido que ante la ausencia en el derecho administrativo local de un plazo de prescripción que comprenda a las acciones por las que se reclaman haberes devengados en el marco de una relación de empleo público, debía estarse a lo dispuesto en el Código Civil (arts. 16, Cód. Civ. y 171, Const. prov.). Acorde con ello, una mayoría ha sostenido que la prescripción decenal del art. 4.023 del citado Código era la aplicable a toda clase de acciones prescriptibles que no estén sujetas a un plazo distinto (doctr. causas B. 50.934, "Isaac", sent. de 8-VII-1997 y sus citas; B. 55.609, "Vargas", sent. de 19-XII-2001; e.o.).
Sin embargo, por mi lado he entendido que debía estarse a lo fijado en el antiguo art. 4.027 inc. 3, precepto comprensivo de los atrasos en "...todo lo que debe pagarse por años, o por plazos periódicos más cortos". A ellos se les asignaba un término quinquenal de prescripción, más breve que el término general de diez años que traía el art. 4.023 (v. mis votos en causas B. 61.121, "Bacigalupi", sent. de 21-V-2003; B. 61.667, "Chiase", sent. de 10-XI-2004; B. 61.558, "Galesio", sent. de 6-VII-2005; B. 61.663, "Arce", sent. de 10-X-2012; A. 73.890, "Almirón", sent. de 7-VI-2017; e.o.).
Pero hay que aclarar que ello será así, siempre y cuando pueda reputarse que lo que se reclama es un "atraso" en la obligación a cargo de la Administración empleadora. Esto es, algo que pueda traducirse en un incumplimiento o infracción a un deber de pago que debe llevarse a cabo a plazos y en forma periódica. De lo contrario, el plazo genérico de prescripción será, eventualmente, el aplicable, a falta de una previsión más específica.
III.3. En la especie, la errónea liquidación de un rubro salarial —como sería aquí el reconocimiento de las diferencias por desempeño del actor de una mayor jerarquía como Subjefe departamental de la Policía bonaerense— debe considerarse un "atraso" de las características señaladas.
De eso se sigue que la norma aplicable, en lugar de la avalada por el a quo , no era otra —según mi criterio— que el art. 4.027 inc. 3 del Código Civil.
Calificada doctrina se ha inclinado en el sentido que aquí propongo, al considerar incluidos en el enunciado normativo del art. 4.027 —a falta de disposiciones propias del derecho administrativo— a los sueldos u honorarios de los funcionarios y empleados del Estado, porque en todos los casos existe una periodicidad en la obligación (conf. Salvat-Galli, "Tratado de Derecho Civil Argentino", t. III, p. 549 y sigs.; Cazeaux-Trigo Represas, "Derecho de las Obligaciones", La Plata, t. III, 3ª ed., p. 796; Rezzónico, L. Ma., "Estudio de las Obligaciones", vol. 2, 9ª ed., p. 1.170; Spota, Alberto G., "Tratado de Derecho Civil", t. I, Parte General, vol. 3, n° 10, Prescripción y caducidad, Buenos Aires, Depalma, 1968, p. 526, n° 2239 y n° 2261, p. 615; Borda, Guillermo, "Tratado de Derecho Civil, Obligaciones", 7ª ed., n° 1133; Boffi Boggero, Luis M., "Tratado de las Obligaciones", Buenos Aires, 1980, t. 5, n° 1847; lo propio ha acontecido ante la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal: v. Sala II, en autos "Coyro" de 29-IX-1994 y "Marenzi" de 8-IV-1997; íd. en autos "Castro, Favio D. c. Ministerio de Cultura y Educación", de 15-II-2000, "La Ley", 2000-D, 481, entre muchos otros; v. tb. fallo plenario en autos "Arbey Ballesteros", de 19-X-1993).
En esa inteligencia, quedan alcanzadas por la prescripción quinquenal las sumas debidas al agente en tanto tengan su origen en diferencias en la liquidación mensual de los salarios o adicionales salariales que le son debidos. Sumas que, por otra parte, son determinadas o determinables en tanto su fijación depende de una operación matemática. Como lo apuntara Salvat, se trata de una deuda fácil y prontamente liquidable, que debe ser considerada como deuda líquida (ob. cit., p. 122, punto 1.778).
III.4. Puedo concluir, entonces, que el reclamo administrativo de autos —tal como lo notó la autoridad ministerial— se encontraba prescripto al momento de su presentación (6-VIII-2003), atento a la fecha del último período devengado (mayo de 1998).
La queja del Fisco es, por lo tanto, de recibo.
IV. Si lo que digo es compartido, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario, revocar la sentencia impugnada y rechazar la demanda incoada (art. 289 inc. 2, CPCC).
Costas de todas las instancias por su orden, dado que lo antedicho importa una modificación en la doctrina legal de este Tribunal seguida por el a quo (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—; 68 segunda parte y arg. art. 274, CPCC).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Si bien —por economía procesal— en algunas oportunidades previas he compartido el criterio de aplicar la que constituyera la doctrina mayoritaria de esta Suprema Corte en torno al plazo de prescripción aplicable, durante la vigencia del Código Civil (ley 340), a las diferencias salariales derivadas de relaciones de empleo público (v., por todas, causa B. 63.373, "Saez", sent. de 14-IX-2020), las argumentaciones desplegadas por la Fiscalía de Estado en la especie, donde se debate una típica remuneración que "...debe pagarse por años, o plazos periódicos más cortos..." (arg. art. 4.027 inc. 3, Cód. Civ.), me persuaden de la necesidad de ajustar en esta instancia dicha posición a lo dispuesto por la normativa que acaba de referirse, así como también a la tradicional interpretación practicada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. Fallos: 173:289; 205:200) y por la jurisprudencia y los autores referidos en el voto del doctor Soria, al cual adhiero.
En consecuencia, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Tal como expone el distinguido colega que abre el acuerdo, en autos las instancias previas resolvieron conforme con la doctrina legal que, por ese entonces, este Superior Tribunal provincial con su anterior conformación y mi adhesión, aplicara.
Ahora bien, los argumentos que expone la Fiscalía de Estado en este caso en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, sumados a los criterios incorporados en el Código Civil y Comercial de la Nación acortando los plazos de prescripción en salvaguarda de la seguridad jurídica y el razonable interés social que exige que las obligaciones no permanezcan vigentes indefinidamente, es que a través de una nueva reflexión, he de modificar la posición que he mantenido hasta ahora para plegarme a la que propicia el doctor Soria; más allá de que en estas actuaciones —como bien señala mi colega a quien presto adhesión— resulte aplicable la norma anterior (Cód. Civ., ley 340).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Kohan dijo:
Con los mismos señalamientos e iguales motivaciones que expresa la señora Jueza doctora Kogan, comparto los fundamentos propuestos por el señor Juez doctor Soria y doy mi opinión en igual sentido.
Voto por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, se revoca la sentencia impugnada y, en consecuencia, se rechaza la demanda en todas sus partes (art. 289 inc. 2, CPCC).
Costas de todas las instancias por su orden, dado que lo antedicho importa una modificación en la doctrina legal de este Tribunal seguida por el a quo (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—; 68 segunda parte y arg. art. 274, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/09/2025 15:52:18 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/09/2025 17:04:20 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/09/2025 13:17:55 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/09/2025 09:31:18 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/09/2025 10:43:48 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 11/09/2025 10:49:32 hs. bajo el número RS-65-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia