Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 79759
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
A.79.759 "AOLITA JUAN MANUEL C/ MUNICIPALIDAD DE ZARATE S/ PRETENSION ANULATORIA - RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY"
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres, Soria y Kohan dijeron:
I.1. La titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n°1 del Departamento Judicial Zárate-Campana, hizo lugar a la demanda promovida por Juan Manuel Aolita contra la Municipalidad de Zárate, por haber detectado vicios en los elementos esenciales del acto (v. decreto 79/2020) y ordenó a la demandada que dentro de un plazo de sesenta días lo reincorpore en el empleo del que fuera ilegítimamente privado, con funciones de igual rango y remuneración a las que tenía con anterioridad al dictado de la norma invalidada.
Asimismo, condenó a la Municipalidad a abonar al actor una indemnización equivalente al treinta y cinco por ciento de los salarios dejados de percibir desde que fuera separado del cargo (1-II-2020) hasta la fecha de su efectiva reincorporación, considerándose como base de cálculo el sueldo neto actual correspondiente a la categoría en la que revistaba el agente a la fecha del cese, con actualización e intereses, que deberá ser abonado dentro de los sesenta días (cfr. arts. 163 y 215 Const. pcial. y 78 inc. 3, CCA) del momento en el que quede firme. Con costas a la vencida (v. sent. de 3-VI-2024).
I.2. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás, admitió parcialmente el recurso de apelación deducido por la Municipalidad de Zárate, con costas de alzada en el orden causado (art. 51, CCA; v. sent. de 15-X-2024).
En lo que aquí interesa, la Cámara reseñó que el actor había promovido diversas pretensiones (anulatoria, de restablecimiento y reconocimiento de derechos e indemnizatoria) contra la Municipalidad de Zárate, y peticionaba que se declarase la nulidad del decreto del señor Intendente Municipal n° 79/2020 por el cual se dispuso su cese como Jefe del Departamento de Derechos Humanos a partir del 31-I-2020, que se ordenase su reincorporación en el cargo que ocupaba y que se le abonase una indemnización equivalente a los haberes mensuales que le hubieran correspondido percibir desde febrero de 2020, hasta la fecha de su efectiva reincorporación en el cargo correspondiente.
Repasó la apelación y antecedentes acompañados a la causa, destacando que la recurrente alegaba tres conjuntos de agravios: en primer lugar lo referido a la valoración de la prueba efectuada por la jueza de primera instancia, luego las cuestiones vinculadas a la reparación del daño patrimonial y, en tercer término, los mecanismos de actualización, con aplicación del precedente "Barrios" de este Tribunal (v. causa C. 124.096, sent. de 17-IV-2024).
En cuanto al primer agravio, la Cámara sostuvo que no prosperaría, por cuanto lo expresado por la Municipalidad no lograba conmover el detallado análisis efectuado por la magistrada de grado a la hora de ponderar las probanzas rendidas en autos, las que había analizado bajo las reglas de la sana crítica.
Señaló asimismo que el agravio sobre la extensión del daño patrimonial dispuesto tampoco prosperaba, por cuanto la jueza había determinado tal rubro siguiendo los lineamientos que -desde hace tiempo- había dado esta Suprema Corte.
Respecto del mecanismo de actualización que se había ordenado, analizó que podía escindirse en dos partes. Por un lado, aunque no muy claramente, la demandada parecía agraviarse por la fijación de los montos a valores actuales (del momento de la sentencia) y, por el otro, de la aplicación al caso de los lineamientos dados por este Tribunal en el fallo "Barrios".
Sobre la fijación de los montos indemnizatorios concedidos a valores actuales, citó fallos de este Tribunal y sostuvo que ese era el criterio que se venía siguiendo en materia de empleo público, por lo que no se advertía el motivo por el cual esos precedentes no serían aplicables al tipo de deuda que se trataba en este caso.
Finalmente, estimó que la parcela del agravio que hacía referencia al mecanismo aplicable para la preservación del crédito en particular, en el caso en análisis debía prosperar. En efecto, se observaba que la jueza de grado había aplicado aquí las pautas y lineamientos brindados por este Tribunal en el fallo "Barrios" y, sin que se soslayara la conveniencia de que los jueces ajustaran sus decisiones a las de los tribunales superiores, aquí la aplicación de la actualización dispuesta de oficio al capital de condena efectivamente afectaba el principio de congruencia, como lo había denunciado la Municipalidad demandada, habida cuenta que ello no había sido sometido al principio de contradicción y bilateralidad que debía darse en todo proceso.
Modificó la sentencia entonces, en esa última parcela y, por tanto, hizo lugar parcialmente al recurso de apelación de la demandada, con costas de la instancia en el orden causado (v. art. 51 inc. 1, CCA, 2da. parte).
II. Frente a ello, la demandada (mediante presentación electrónica de fecha 1-XI-2024) interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley donde, en lo que interesa por ser materia de agravio ante este Tribunal, reitera dilatadamente los agravios expuestos y rechazados oportunamente por la Cámara actuante, denunciando omisión de tratamiento y aplicación de la ley, con violación al principio de la sana crítica.
En prieta síntesis, sostiene que la sentencia impugnada no deja dudas en cuanto a que la alzada declaró la nulidad del acto administrativo sin fundamento razonable y valoró la prueba testimonial de forma absurda a los efectos de fijar una indemnización en favor del actor.
Remarca que se omitió el deber de resolver conforme el ordenamiento legal aplicable al caso en cuestión, ya que habiendo una fuente de las denominadas "directas", como es la ley 14.656, es en base a ella que debió circunscribirse el análisis de los hechos alegados por las partes y las probanzas rendidas en la causa.
El recurso fue concedido por la Cámara (v. resol. de 26-XI-2024).
III. El remedio no prospera, atento la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5827).
IV.1. En punto a la vulneración de lo dispuesto en la norma que cita, la recurrente no se encarga de desarrollar adecuadamente tal parcela.
La Municipalidad recurrente manifestó que en base a la ley 14.656, que consideró aplicable al caso, la Cámara no fundamentó concretamente de dónde proviene la ilegitimidad del acto, por lo que declaró su nulidad sin fundamento razonable y, en consecuencia, valoró la prueba testimonial de forma absurda, para concluir que no se pretende un análisis por parte del Tribunal sobre si los hechos y la prueba han sido apreciados en el sentido adecuado, sino para que se pronuncie sobre la errónea aplicación de la ley.
La a quo, sin embargo -y en lo que a los agravios formulados interesa-, sentenció que la Municipalidad no lograba conmover el detallado análisis efectuado por la magistrada de grado a la hora de ponderar las probanzas rendidas en autos, las que había analizado bajo las reglas de la sana crítica.
Y señaló además que no prosperarían, ni los agravios vinculados a la extensión del daño patrimonial dispuesto, como tampoco respecto al mecanismo de actualización que se había ordenado y la fijación de los montos indemnizatorios concedidos a valores actuales, por cuanto ello se había determinado siguiendo los lineamientos dispuestos en precedentes de este Tribunal.
IV.2. Tiene dicho esta Corte que quien afirma que la sentencia viola preceptos legales no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito, no resultando suficiente a ese efecto la simple exposición de un criterio interpretativo distinto al del juzgador (doctr. causas A. 71.488, "Gras", sent. de 09-III-2016; A. 74.131, "Magadán", resol. de 30-V-2018; A. 75.469, "Olano", resol. de 21-XI-2018, entre muchas otras).
La recurrente sostiene que se incurrió en la errónea aplicación de la ley 14.656 que rige el empleo público municipal. Sin embargo la Cámara, en resumen, consideró que el obrar de la Municipalidad resultó ilegítimo siendo -por tanto- nulo el acto que declaró la cesantía del actor, por lo que ello no trasunta más que un juicio de disconformidad personal respecto del resultado de las pautas interpretativas propuestas por la a quo , omitiendo señalar aquello que resulta esencial a los fines recursivos, esto es, las razones tendientes a demostrar en qué medida lo resuelto por el Tribunal de Alzada importa una violación de las normas aplicadas (doctr. causas A. 71.971, "Ciccone", sent. de 22-VI-2016; A. 72.682, "Biasetti", sent. de 16-V-2018; A. 74.336, "Macia", resol. de 10-X-2018, entre muchas otras).
Es que la Cámara, en lo que aquí concierne, coincide con la resolución de la jueza de grado luego de reseñar, ordenada y detalladamente, las postulaciones de la recurrente, quien ensaya una impugnación a la decisión de la a quo fundamentada exclusivamente en la propia interpretación del caso.
Al respecto, esta Corte tiene dicho que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que el impugnante insiste en reiterar los planteos que ya fueron llevados -con suerte adversa- ante las instancias de grado, reproduciendo agravios que no logran patentizar los yerros que se le imputan al fallo y que, antes bien, se circunscriben a exteriorizar una mera disconformidad con el sentido de lo resuelto, evidenciando un punto de vista subjetivo y discrepante que intenta hacer prevalecer su propio criterio por sobre el de los magistrados, sin hacerse cargo de impugnar concretamente los fundamentos sobre los cuales se estructura la sentencia en crisis (doctr. causas A. 73.210, "Emar Salud", sent. de 18-IV-2018; A. 74.515, "Rojas", sent. de 20-III-2019; A. 78.037, "Calvo", resol. de 9-II-2023 y A. 77.831, "Basile", resol. de 9-X-2023, e.o.).
La facultad revisora de esta Suprema Corte está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación que contra ella se formule en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. De allí que el éxito de la postulación recursiva dependa de que se baste a sí misma para que, de su lectura, pueda advertirse el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal. Ello exige una crítica concreta, directa y eficaz de las conclusiones definitorias y argumentos en que se funda el fallo recurrido (doctr. causas A. 73.218, "Ríos", sent. de 25-X-2017; A. 73.943, "Gáspari", sent. de 15-VIII-2018; A. 75.836, "Perez", sent. de 20-XI-2019; A. 74.603, "Bingos Platenses", sent. de 19-VIII-2020, e.o.).
IV.3. En la especie, ninguno de los agravios expuestos por la parte recurrente conlleva una réplica eficaz a los fundamentos que estructuran la resolución de la Cámara, pues su pieza recursiva insiste en recalcar que se incurrió en la errónea aplicación de la ley 14.656, sin que se evidencie en esta vía extraordinaria ningún vicio casatorio que justifique revertir lo fallado por los jueces de grado en el marco de su competencia, habida cuenta de que lo que se plantea como violación a la ley no pasa de ser -en rigor- una mera disconformidad de la impugnante con el sentido de lo resuelto, circunstancia que no alcanza para tener por cumplidas las cargas técnicas que supone el tránsito por ante esta Suprema Corte.
V. Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. art. 1. acápite 3 “c”, resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/08/2025 17:05:11 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/08/2025 14:37:43 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/08/2025 16:25:11 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/08/2025 09:09:35 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2025 14:21:12 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/08/2025 14:33:21 hs. bajo el número RR-514-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia