Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77572
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario interpuesto, se revoca la sentencia impugnada por su intermedio y se ordena reenviar la causa a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata para que —con otra integración— dicte un nuevo pronunciamiento que trate las cuestiones pendientes.
Costas de alzada y de esta instancia extraordinaria al actor vencido (arts. 68, 274 y 289, CPCC).
El depósito previo deberá restituirse a la recurrente (art. 293, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.572, "Sugastti, Juan Carlos c/ Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Torres , Kogan , Kohan .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad La Plata, declaró extinguida —por prescripción— la potestad disciplinaria del Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires y anuló la sanción objeto del proceso (v. sent. de 10-VI-2021, y su aclaratoria de 9-IX-2021).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la parte demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 29-VI-2021, 06:04:01 p.m.), siendo concedido por la Cámara interviniente (v. resol. de 26-XI-2021).
Dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El señor Juan Carlos Sugastti interpuso recurso directo en los términos del art. 74 del Código Contencioso Administrativo, con el objeto de obtener la nulidad de la sanción de cancelación de matrícula e inhabilitación definitiva para integrar los órganos de conducción del Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires (conf. arts. 17 inc. 6 y 18, ley 10.411), impuesta por el Tribunal de Disciplina de dicho ente el día 6 de diciembre de 2018.
La sanción se fundó en la realización de conexiones antirreglamentarias y que diferían de la documentación visada por el profesional, conductas consideradas contrarias a los deberes de la profesión y al decoro y prestigio de esta (conf. arts. 14 inc. 9, 16 incs. 2, 3 y 4, ley 10.411 y 3 apdo. II incs. "a", "b" y "g", Código de Ética Profesional).
Al deducir la impugnación judicial, el actor planteó previamente la prescripción de la acción disciplinaria, con sustento en el art. 23 de la ley 10.411.
Dicha norma establece que "Las sanciones disciplinarias prescriben a los dos (2) años de haberse tomado conocimiento del hecho que dé lugar a la sanción. La prescripción se interrumpirá durante la tramitación del proceso disciplinario".
El Colegio de Técnicos, al contestar el traslado, solicitó el rechazo del planteo. Alegó que las actuaciones tramitaron en tiempo y forma, que la sanción se dictó dentro de los plazos legales, sin vicios procedimentales, y que —conforme con dicho artículo— la prescripción se hallaba interrumpida durante la tramitación del proceso disciplinario.
II. La Cámara de Apelación, en instancia originaria, hizo lugar a la pretensión y declaró prescripta la potestad disciplinaria del Colegio de Técnicos, anulando la sanción impuesta.
Para así decidir, advirtió que el sumario administrativo se había extendido de manera excesiva, configurando un trámite irregular e ineficaz para interrumpir el curso de la prescripción. Señaló que dicha interrupción requiere un procedimiento desarrollado con regularidad y dentro de los plazos legales, de modo que el respeto de los términos procesales constituye condición necesaria para mantener viva la acción disciplinaria.
Sostuvo que la Administración no puede mantener indefinidamente a un matriculado sometido a un proceso disciplinario o a la eventual imposición de una sanción, pues ello lesiona derechos constitucionales (arts. 18, Const. nac. y 15, Const. prov.), en especial el derecho de defensa y el de obtener una decisión motivada y oportuna.
Tras reseñar la normativa aplicable, la Cámara observó que habían transcurrido más de tres años entre la comisión de las faltas (julio de 2015) y el dictado de la sanción (6-XII-2018).
Destacó asimismo dilaciones injustificadas, en exceso de los tiempos previstos: ocho meses para notificar al colegiado de la imputación para que presente descargo y dieciséis meses desde que la causa quedó en estado de resolución hasta la emisión del acto sancionador, sin que mediara causa válida que lo explicase (arts. 21 y 23, ley 10.411).
Concluyó que el ejercicio de la potestad disciplinaria se hallaba prescripto, conforme al plazo de dos años previsto en el art. 23 de la ley 10.411, contado desde la toma de conocimiento de la presunta infracción hasta la emisión del acto sancionatorio.
III. Contra dicho pronunciamiento, la parte demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Alega que la Cámara efectuó una incorrecta aplicación del art. 23 de la ley 10.411, apartándose de su texto expreso. Sostiene que el Tribunal de Alzada omitió considerar un aspecto esencial del precepto, cual es que la prescripción se interrumpe durante la tramitación del proceso disciplinario.
Afirma que el razonamiento seguido por la Cámara resulta errado, al entender que la resolución final del procedimiento debía dictarse dentro del plazo de dos años contados desde la toma de conocimiento del hecho o de la denuncia contra el matriculado.
Expone que en ningún momento transcurrió un lapso de dos años sin actos de impulso o decisión dentro del expediente, y que la resolución sancionatoria se dictó dentro de los términos legales.
Sostiene que la norma es clara y categórica, y que la Cámara no la aplicó correctamente, puesto que el sumario se mantuvo en trámite continuo y dentro de los plazos previstos en el art. 23 de la ley 10.411.
Concluye que la sentencia apelada constituye un "absurdo jurídico", por apartarse del texto legal aplicable, y solicita su revocación.
IV. El recurso prospera.
IV.1. En la especie, las presuntas faltas atribuidas al señor Sugastti, cometidas en el mes de julio de 2015, fueron conocidas por el asesor técnico del Distrito II del Colegio el día 10 de agosto de 2015 (según consta a fs. 1 del expediente 366/15). Las demoras señaladas por la Cámara, ocurridas durante el sumario y hasta el dictado del acto sancionatorio, si bien evidencian un trámite que se prolongó en el tiempo, no excedieron en ningún caso el plazo de dos años previsto en el art. 23 del Estatuto para la operatividad de la prescripción.
Dicha norma, como ya se transcribió, establece que las sanciones disciplinarias prescriben a los dos años de haberse tomado conocimiento del hecho que dé lugar a la sanción, y que la prescripción se interrumpirá durante la tramitación del proceso disciplinario.
Así las cosas, se encuentra fuera de discusión que el inicio del sumario tuvo lugar dentro del plazo de dos años contados desde la toma de conocimiento de los hechos investigados, y que tal acto interrumpió la prescripción en curso.
Lo que el a quo parece haber puesto en duda es la virtualidad interruptiva de algunos de los actos cumplidos en sede disciplinaria, al considerar que fueron dictados con dilaciones injustificadas. Al privarlos de dicho efecto, entendió que la sanción impuesta el día 6 de diciembre de 2018 se dictó una vez vencido el plazo estatutario.
IV.2. Frente a ello, corresponde concluir que el tribunal anterior aplicó erróneamente el art. 23, al declarar prescripta la potestad disciplinaria, pues no se advierten razones que permitan desconocer la eficacia interruptiva de los actos cumplidos en el expediente seguido ante el Colegio, los cuales revelan el sostenido interés de la corporación profesional en investigar y sancionar los hechos denunciados.
El texto legal es claro —y por ello debía estarse a él— al disponer que "La prescripción se interrumpirá durante la tramitación del proceso disciplinario" (conf. doctr. causas A. 74.649, "Supercarne S.A.", sent. de 22-V-2019; A. 74.789, "Constructora Dimare S.A.", sent. de 5-VI-2020, e.o.).
Siendo así, la mayor o menor celeridad del trámite —aun cuando resulte deseable su abreviación—, ni las apreciaciones subjetivas de los judicantes respecto del ritmo que debió imprimírsele a las actuaciones, bastan para soslayar una norma legal que, en este punto, no admite matices interpretativos.
Dicho precepto —mejor o peor— fue observado por el Colegio de Técnicos, que actuó dentro del gran marco temporal establecido, sin dejar transcurrir en ningún momento más de dos años entre actos de impulso útiles.
La circunstancia de que el régimen estatutario hubiese consignado plazos para efectuar determinadas comunicaciones o dictar ciertos actos, a falta de toda especificación acerca de las consecuencias de su incumplimiento, no avalaba la fatal conclusión a la que arribó la Cámara.
Por ello, la interpretación finalmente asumida, en el sentido de que entre la comisión de las faltas imputadas y la imposición final de la sanción no debían pasar más de dos años, resulta jurídicamente desacertada.
IV.3. A lo dicho solo cabe agregar que, en la especie, no se vislumbra la dilación del procedimiento sumarial a lo largo de un plazo que quepa reputar irrazonable, según este concepto ha sido desarrollado en el marco del derecho administrativo sancionador (conf. causas A. 76.049, "Gardinetti", sent. de 9-IX-2023; v. tb., CSJN Fallos: 335:1126; e.o.).
V. Por todo lo expuesto, propongo acoger el recurso extraordinario interpuesto, revocar la sentencia impugnada por su intermedio y reenviar la causa a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata para que —con otra integración— dicte un nuevo pronunciamiento que trate las cuestiones pendientes.
Costas de alzada y de esta instancia extraordinaria al actor vencido (arts. 68, 274 y 289, CPCC).
El depósito previo deberá restituirse a la recurrente (art. 293, CPCC).
Voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Kohan dijo:
Atento la configuración de los hechos relevados en el voto inicial, comparto la propuesta decisoria del señor Juez doctor Soria.
Voto por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario interpuesto, se revoca la sentencia impugnada por su intermedio y se ordena reenviar la causa a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata para que —con otra integración— dicte un nuevo pronunciamiento que trate las cuestiones pendientes.
Costas de alzada y de esta instancia extraordinaria al actor vencido (arts. 68, 274 y 289, CPCC).
El depósito previo deberá restituirse a la recurrente (art. 293, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/04/2026 09:59:19 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/04/2026 15:25:17 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 03/04/2026 12:39:15 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/04/2026 10:29:06 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/04/2026 12:51:05 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 06/04/2026 13:17:27 hs. bajo el número RS-17-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia