Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78921
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario interpuesto (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101— y 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.921, "Sugastti, Juan Carlos c/ Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Torres , Kogan , Kohan .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata declaró extinguida —por prescripción— la potestad disciplinaria del Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires y anuló la sanción objeto del proceso (v. sent. de 1-XII-2022).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la parte demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 19-XII-2022, 03:23:14 p.m.), el cual fue concedido por la Cámara interviniente (v. resol. de 11-VII-2023).
Dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El señor Juan Carlos Sugastti interpuso recurso directo en los términos del art. 74 del Código Contencioso Administrativo, con el objeto de solicitar la nulidad de la sanción de cancelación de su matrícula (conf. art. 17 inc. 6, ley 10.411) y la aplicación del art. 18 de la misma ley —inhabilitación definitiva para formar parte de los órganos de conducción del Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires—, impuesta por el Tribunal de Disciplina de esa entidad con fecha 15 de septiembre de 2016 en el expediente TD 964/16 (expedientes del Colegio de Técnicos Distrito II 347/15 y 364/15).
Lo anterior, en tanto la conducta del imputado —consideradas las obligaciones impuestas por el art. 14 inc. 9 de la ley 10.411— se subsumió en lo previsto por el art. 16 incs. 2, 3, 4 y 6 de la misma norma, así como en el art. 3 apartado I incs. "a", "b" e "i" del Código de Ética Profesional. Ello por cuanto la presentación de sus contratos profesionales no se ajustó a la ley, generando implicancias en el sistema de aportes previsionales, a lo que se añade el hecho de haber visado sus propios contratos, configurando posible autointerés.
El actor, al deducir impugnación directa ante la Cámara de Apelación contra la sanción aplicada, planteó ante todo la prescripción de la acción disciplinaria en los términos del art. 23 de la ley 10.411, sosteniendo que el Colegio no podía alegar desconocimiento de las supuestas infracciones imputadas, pues siempre tuvo a su disposición copias de todos los trámites efectuados por él.
El planteo mereció réplica del Colegio de Técnicos en su oportunidad procesal, que requirió su rechazo alegando que las actuaciones tramitaron en tiempo y forma, que no existieron vicios de procedimiento, que las inconductas del actor se prolongaron en el tiempo y que, una vez detectadas y denunciadas, se iniciaron las actuaciones correspondientes.
II. La Cámara hizo lugar a la pretensión anulatoria y declaró extinguida —por prescripción— la potestad disciplinaria del Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, anulando la sanción en cuestión.
Para así resolver, consideró que de las constancias administrativas acompañadas a la causa se desprendía que había transcurrido el plazo bienal establecido en el art. 23 de la ley 10.411 para que opere la prescripción de la acción disciplinaria, en cuanto prevé que: "Las sanciones disciplinarias prescriben a los dos (2) años de haberse tomado conocimiento del hecho que dé lugar a la sanción. La prescripción se interrumpirá durante la tramitación del proceso disciplinario".
Refirió que no se hallaba controvertido que, con motivo de las supuestas irregularidades en la carga de los expedientes y/o certificados de aptitud eléctrica presentados por el técnico Sugastti, correspondientes al período mayo/agosto de 2013, se inició un procedimiento disciplinario que concluyó con la resolución sancionatoria del Tribunal de Disciplina de fecha 15 de septiembre de 2016.
Puntualizó que, más allá de los informes de fechas 13 de abril y 17 de septiembre de 2015, por medio de los cuales el vocal titular del Colegio, técnico Jorge Ricardo Carabajal, informó acerca de las supuestas irregularidades, lo cierto era que la demandada desde mucho antes estaba en condiciones de conocer las presuntas infracciones cometidas.
Señaló que se dictó la resolución distrital 947, en fecha 30 de diciembre de 2015, a través de la cual el Consejo Directivo resolvió declarar que la conducta del técnico configuraba presunta transgresión a distintas normas estatutarias, elevando las actuaciones al Tribunal de Disciplina para que, en caso de corresponder, inicie el proceso disciplinario (v. fs. 1.447).
Es decir, pasados dos años desde la comisión de los hechos imputados y, por tanto, ya configurada la prescripción de la potestad disciplinaria.
III. Contra ese pronunciamiento, la parte demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Sostiene que la Cámara de Apelación erró en cuanto a la interpretación del art. 23 de la ley 10.411.
Argumenta que el Colegio de Distrito tomó conocimiento de las irregularidades una vez que el actor dejó su cargo de visador, ya que hasta ese momento siempre ocultó su accionar irregular.
Agrega que, a partir de la denuncia del técnico Carabajal de fecha 13 de abril de 2015, se inició el expediente disciplinario que interrumpió el plazo prescriptivo, desde ese entonces y hasta la finalización del proceso disciplinario.
Señala que jamás se dejó transcurrir un lapso de dos años entre acto y acto de avance o decisión, habiéndose dictado la sanción dentro de los plazos legales.
Entiende que, en definitiva, la Cámara ha fallado la causa en abierta violación del derecho aplicable y se ha apartado de la norma que regula la prescripción, dictando una sentencia absurda que debe ser revocada.
IV. El recurso no prospera.
IV.1. Determinar el comienzo del curso de la prescripción, su interrupción o suspensión, usualmente constituye una cuestión de índole fáctica reservada a los jueces de grado. Por lo que las conclusiones que al respecto estos formulen no son susceptibles de revisión en la instancia extraordinaria, salvo el supuesto de absurdo que debe ser eficazmente demostrado (doctr. causas A. 71.159, "Tosetti", sent. de 28-VIII-2013; C. 97.720, "Baglietto", sent. de 12-XI-2008; A. 76.501, "Energy S.A.", sent. de 26-II-2024; e.o.).
IV.2. Si bien el pronunciamiento atacado no ha consignado separadamente los períodos que comprenden las supuestas irregularidades en el cargado de los expedientes y/o certificados de aptitud eléctrica presentados por el técnico Sugastti —esto es, mayo de 2013 (expediente del Colegio Distrito II 347/15) y julio/agosto de 2013 (expediente del Colegio Distrito II 364/15)—, lo cierto es que concluyó que fue recién con el dictado la resolución distrital 887/15 (v. fs. 823, exp. 347/15), de fecha 20 de mayo de 2015, similar a la 947, de fecha 30 de diciembre de 2015 (v. fs. 1.447, exp. 364/15), que el Consejo Directivo resolvió declarar que la conducta del técnico configuraba presunta transgresión a las normas citadas al comienzo, elevando —recién ahí— las actuaciones al Tribunal de Disciplina para que, en caso de corresponder, inicie proceso disciplinario.
Sobre esa base, la Cámara estimó que, con independencia de lo que se desprendía de los informes de fechas 13 de abril y 17 de septiembre de 2015 acerca del descubrimiento de las supuestas irregularidades, el Colegio estuvo siempre en condiciones de detectar las infracciones presuntamente cometidas por el actor.
De modo tal que, a los fines de la prescripción y en línea con lo estatutariamente previsto, para el órgano judicial el dies a quo comenzó a correr a partir del mismo hecho de la comisión y no con posterioridad.
Por lo que la sustanciación fehaciente de los respectivos sumarios —con su eventual virtualidad interruptiva— había ocurrido pasados dos años a contar desde los hechos investigados, habiéndose extinguido para ese entonces la potestad disciplinaria (art. 23, ley 10.411).
IV.3. Tales conclusiones no son debidamente refutadas por el recurrente, quien se limita a argumentar genéricamente acerca de la violación de la ley y el absurdo, pero sin demostrar esto último como era menester.
Ceñirse a discrepar de lo resuelto no constituye base idónea de agravios, mucho menos para dejar en evidencia aquel segundo vicio. Esto es así, dado que semejante anomalía queda configurada cuando media cabal demostración del error palmario y fundamental, única vía que autoriza la apertura de la casación para el examen de cuestiones de hecho y prueba (conf. causas A. 73.023, "Rodríguez", sent. de 9-V-2018; A. 76.260, "Howard", resol. de 4-III-2020; A. 76.904, "Gabela", resol. de 16-VI-2021; A. 76.786, "Balbuena", resol. de 15-VII-2021; A. 77.196, "Saracho", resol. de 12-VIII-2022; e.o).
IV.4. Para más, advierto que, para hacer frente a lo fallado en ese aspecto, la mejor respuesta del apelante consiste en decir que "la prescripción empieza a correr una vez tomado conocimiento de los hechos, circunstancia que se acredita en autos a partir de la denuncia realizada por el técnico Carabajal, circunstancia que responde precisamente a que el hecho fue ocultado por el propio actor en su condición de visador del Colegio " .
Sin embargo, se desprende que tal argumento no fue expuesto en la oportunidad procesal oportuna, razón por la cual aquel pudo ser un dato obviado por la Cámara.
Siendo así, esta Corte ha decidido que las cuestiones que de manera novedosa y extemporánea se introducen por primera vez ante la instancia extraordinaria —como ocurre en este caso con relación al justificativo antes apuntado— resultan ineficaces para habilitar esta vía recursiva, en tanto constituyen el fruto de una reflexión tardía (conf. doctr. causas A. 72.840, "Weiss", sent. de 28-VI-2017; A. 74.494, "Industrias Alimenticias Mendocinas S.A.", sent. de 12-VII-2022; A. 77.531, "Pérez", sent. de 4-VI-2025; A. 77.771, "Padro Suclupe", sent. de 27-VI-2025; e.o.).
V. Lo expuesto es suficiente para rechazar el remedio intentado. Con costas a la demandada vencida (arts. 60 inc. 1, CCA y 289 in fine , CPCC).
El depósito previo queda perdido para la recurrente (art. 294, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Kohan dijo:
Comparto la propuesta decisoria del señor Juez doctor Soria.
Voto por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101— y 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/04/2026 09:59:29 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/04/2026 15:25:25 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 03/04/2026 12:39:22 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/04/2026 10:29:08 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/04/2026 12:51:07 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 06/04/2026 13:17:32 hs. bajo el número RS-20-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia