Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78547
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.547, "L., M. E. c/ Ministerio de Trabajo s/ Pretensión Anulatoria y otras. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Kohan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás, por mayoría, rechazó el recurso interpuesto por la actora y confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto desestimó la pretensión anulatoria dirigida contra la resolución que dispuso el cese de la agente M. E. L. por abandono del cargo, aunque descartando el cargo deudor y mandando a pagar los salarios devengados entre el 11 de julio de 2019 y el 27 de septiembre de 2019 (v. sent. de fecha 8-XI-2022).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 30-XI-2022), el que fue concedido mediante resolución de fecha 15-XII-2022.
Agregada la memoria presentada por la demandada (v. presentación electrónica de fecha 12-IV-2023) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás confirmó, por mayoría, la sentencia de primera instancia que rechazó la pretensión anulatoria contra los actos del Ministerio de Trabajo que dispusieron el cese de la actora por abandono del cargo (v. resols. 2018-229-GDEBA-MTGP y 2019-379-GCEBA-MTGP), ordenando únicamente el pago de los salarios devengados entre el 11 de julio de 2019 y 27 de septiembre de 2019, con intereses.
Para así decidir, en lo que a esta instancia extraordinaria interesa, el Tribunal de Alzada consideró que los argumentos desplegados por la apelante no lograban conmover los pilares fundamentales en los cuales se sustentó el fallo de grado. Aquel consideró justificada la sanción expulsiva impuesta (en atención a las ausencias registradas entre el 3-I-2017 y el 5-V-2017), período en el que la señora L. fue formalmente intimada para que se reintegre o justifique debidamente las inasistencias, sin cumplir con ninguna de las dos cosas.
I.1. En lo medular, descartó que la autoridad administrativa hubiese cuestionado los certificados médicos presentados por la agente. Dijo que, en realidad, se le indicó y notificó que, en lo sucesivo y para darle curso a los pedidos de licencia médica, debía canalizarlos a través del portal www.rrhh.gba.gov.ar (en adelante, portal de RRHH).
A su vez, no obstante que el período que interesaba a los fines de evaluar la sanción impuesta era el transcurrido entre el 3 de enero y el 5 de mayo de 2017, el a quo igualmente ponderó que ante la exhibición de un certificado médico emitido por un especialista en psiquiatría fechado 10 de mayo de 2017, la Administración le informó a la semana que —según los términos del art. 49 de la ley 10.430— la recidiva de enfermedades crónicas no se considera "enfermedad", salvo que se manifieste transcurridos dos años. Consecuentemente, a partir del 5 de mayo de 2017, debía iniciarse el procedimiento por abandono del cargo (v. expte. adm. 21.542-0001924/17).
Señaló que las circunstancias alegadas por el Ministerio no fueron impugnadas por la actora al presentar el telegrama del 5 de octubre de 2018, al cual se dotó de vis impugnativa.
I.2. Rechazó —por extemporáneo— el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 50 y 51 de la ley 10.430 (referidos a los recaudos para acceder a las licencias por enfermedad), por no haber sido alegado al tiempo de interponer la demanda o previo a la traba de la litis.
También descartó la supuesta violación de la normativa emanada de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), básicamente por la ausencia de cualquier explicación acerca de la incidencia que esta tendría sobre la legitimidad de los actos atacados.
I.3. Puntualizó que la recurrente, al insistir con rechazar la aplicación de los arts. 78 inc. "a", 80, 83 y 85 de la ley 10.430, no hizo más que desentenderse del desarrollo argumentativo plasmado por la jueza de primera instancia, quien concluyó que las ausencias registradas y reconocidas por la actora no hallaban debida justificación, de acuerdo con las constancias del expediente administrativo.
I.4. Desestimó, además, la queja de que la sentencia —al eliminar el cargo deudor— tuvo por configurado el cese en una fecha distinta a la que se dispuso en el acto administrativo (5-V-2017 en lugar de 5-I-2017). Reputó que, eventualmente, se trataba de un error intrascendente, separable del resto, que de ninguna manera podía implicar la nulidad de toda la actuación.
I.5. Relacionado con la nulidad de las notificaciones practicadas en sede administrativa, expresó que el planteo también fue introducido tardíamente, pues pese a que el tema fue puesto de relieve por primera vez en el voto en disidencia en el marco de la anterior intervención que le cupo al Tribunal de Alzada durante el trámite de la medida cautelar autónoma (resol. de 25-I-2019), la demandante no denunció tal circunstancia en el expediente administrativo en tiempo hábil como para que el Ministerio adoptase las medidas pertinentes, siendo paralelamente su deber estatutario comunicar cualquier cambio de domicilio.
Precisó que la agente en ningún momento cuestionó la validez de la notificación de la resolución 2018-229. Tampoco adujo hallarse en situación de indefensión en ocasión de fundar el recurso administrativo, menos aún explicó cuál fue el perjuicio sufrido a raíz de las presuntas irregularidades que alega.
Asimismo, rechazó la necesidad de una vista de lo actuado a Fiscalía de Estado, desde que la medida expulsiva no afectaba intereses patrimoniales de la Provincia, como así también, que hubiese correspondido su publicación en el Boletín Oficial, puesto que se trataba de un acto de alcance individual.
I.6. Finalmente, desestimó los argumentos apoyados en la supuesta violencia de género padecida. Ante todo, por tratarse de argumentos que no formaron parte del debate previo, sino que fueron incorporados recién en la segunda instancia y tras el resultado parcialmente adverso de la pretensión.
A mayor explicación, advirtió que la alusión a fragmentos de lo resuelto en el expediente donde tramitó un primer juicio que iniciare contra el Ministerio a fin de resistir un cambio de tareas, carecían de aptitud para modificar lo resuelto. De un lado, porque de allí no surgía con un agravio concreto. De otro, porque tampoco explicaba qué incidencia tendría aquello con el abandono del cargo por inasistencias injustificadas entre el 3 de enero de 2017 y 5 de mayo de 2017.
El voto mayoritario admitió que aquel primer proceso iniciado por la agente L. en el año 2010 (impugnando un memorando por el cual se le asignaban tareas distintas), se fundó en normativa relativa a violencia laboral y de género y que fue allí donde obtuvo la suspensión de los efectos del acto que —en su hora— dispuso el cambio de funciones y motivó el inicio de un procedimiento sumarial para determinar si lo actuado por Marcelo Herrera, como responsable de la Delegación Ramallo del Ministerio de Trabajo, encuadraba en un supuesto de acoso laboral y/o violencia de género (conf. art. 8 de la ley 13.168). Pero inmediatamente destacó que, con posterioridad a la obtención de dicha medida cautelar, la actora se desinteresó de la suerte del proceso y que, pese la intimación cursada y notificada, no realizó actividad procesal útil, lo cual se tradujo en la declaración de caducidad de la instancia, que quedó firme.
II. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la señora L. denuncia violación de la doctrina legal que impone dictar sentencias con perspectiva de género. Afirma que el abandono del cargo que se le imputa no fue tal y que las causales que invocó la Administración no habilitaban la sanción expulsiva. Insiste, por ende, en que las ausencias en que incurrió a partir del mes de enero de 2017 se encuentran justificadas.
Asevera, también, que la sentencia es absurda al no anular la totalidad de las actuaciones administrativas a pesar de que la jueza —para invalidar el cargo deudor— había establecido que la fecha del cese efectivo era posterior al allí consignado.
Por último, se agravia de que en el caso no se dio intervención a la Contaduría General de la Provincia, ni a la Asesoría General de Gobierno, como tampoco al Fiscal de Estado.
III. El recurso prospera.
Considero que el análisis circunstanciado de todas las constancias obrantes en la causa demuestra que no se siguió un procedimiento administrativo que respetara el derecho de defensa, sino que, por el contrario, estuvo marcado por un extremo rigor formal y por el desconocimiento de los principios aplicables a la materia.
De manera previa reseñaré los elementos que —a mi parecer— resultan de trascendental relevancia para la correcta solución del caso.
III.1. En esa labor, en primer lugar he de señalar que si bien en la presente causa se está impugnando el acto administrativo que declaró la cesantía por abandono de cargo de la señora L., lo cierto es que tanto la sentencia de primera instancia como la del Tribunal de Alzada limitaron su análisis exclusivamente a evaluar si —en tiempo y modo oportuno— la actora justificó las ausencias constatadas, soslayando hacer una evaluación integral y de contexto de lo acontecido en la relación de empleo público.
La interpretación que propicio recoge, de un lado, el tradicional principio de interpretación a favor del trabajador, receptado en el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial, el cual establece que: "...En materia laboral y de seguridad social regirán los principios de irrenunciabilidad, justicia social, gratuidad de las actuaciones en beneficio del trabajador, primacía de la realidad, indemnidad, progresividad y, en caso de duda, interpretación a favor del trabajador...". El citado artículo constituye la recepción a nivel provincial de la finalidad tuitiva perseguida por el constituyente nacional al incorporar el art. 14 bis a la Constitución nacional (conf. causa A. 74.134, "Fregonese", sent. de 29-V-2019; e.o.).
Asimismo, mi propuesta descansa en los derechos que protegen la tutela judicial y administrativa continua y efectiva, la inviolabilidad de la defensa, el debido proceso y otras garantías judiciales de las personas, tales como las de ser oídas previo a la determinación de sus derechos y obligaciones (conf. arts. 15, Const. prov.; 18, Const. nac.; 8.1, CADH; e.o.).
Partiendo de ese enfoque, no debería pasarse por alto que en autos se tuvo por configurado el abandono de cargo, figura excepcional que permite a la Administración decretar la cesantía, sin sumario previo, en supuestos donde resulte presumible que el agente no tiene intención de permanecer en el cargo, circunstancia que se tiene por configurada cuando, luego de una notificación fehaciente de retomar labores en determinado plazo, no se presenta a prestar servicios ni justifica sus inasistencias.
Desde este mirador, y teniendo en cuenta que en el particular supuesto de autos se trata de una mujer, adulta mayor, que padece —según la propia junta médica del organismo demandado— de una incapacidad parcial y permanente del 40% y una invalidez jubilatoria del 45%, quien —a su vez— denunciara actividad discriminatoria en su contra; considero que resultó extremadamente rigorista la idea de que debió cumplir estrictamente con las formalidades de sus obligaciones laborales ( i.e., presentación de certificados médicos por el portal de RRHH), máxime cuando la consecuencia de su incumplimiento resulta —sin más— la cesantía, dejándola en una situación de absoluto desamparo.
III.2. Adentrado ahora en la labor de analizar la presente causa, considero pertinente examinar el contexto en el que se desarrolla la relación de empleo público, conforme se fueron sucediendo temporalmente los hechos que dan sustento a la decisión que propongo adoptar.
Así, en primer lugar, he de señalar que en el año 2011 se dictó una medida cautelar en favor de la actora por la cual se dejó sin efecto la fuerza ejecutoria del memorándum del 10 de mayo de 2010 que ordenó el cambio de tareas a la señora L. (v. causa, "L., M. E. c/ Ministerio de Trabajo, Deleg. San Nicolás- Ramallo, y otros s/ pretensión Anulatoria e Indemnizatoria", expte. 6657-2010).
Para así decidir, la jueza del Juzgado Contencioso Administrativo de San Nicolás tuvo en especial consideración el expediente administrativo donde consta una denuncia previa de la señora L. por violencia laboral (ley 13.168) contra el doctor Herrera. En dicho expediente, la Asesoría de Gobierno y la Dirección Provincial de Delegaciones Regionales del Ministerio de Trabajo consideraron que las conductas del denunciado podrían encuadrar, prima facie , en discriminación, ofensas y maltrato psicológico, dando lugar a la iniciación de un sumario administrativo en su contra. Por ello la magistrada tuvo por acreditado que existían indicios de que el cambio de funciones podría no haber sido legítimo y estar vinculado a la denuncia previa de maltrato.
III.3. Posteriormente, ya en el año 2016, se inicia —a instancias de la actora— el expediente administrativo 21542-26308/16 del Ministerio de Trabajo (solicitud de junta médica, fecha de inicio: 1-IX-2016; digitalizado el 5-X-2020, en adelante «expte. adm. 1»), del que surgen las siguientes constancias útiles para la resolución de la litis:
Fs. 1 (1-IX-2016). Pedido de junta médica para determinar porcentaje de incapacidad y gestionar jubilación por invalidez ante el Instituto de Previsión Social (IPS).
Fs. 2. Certificado médico expedido por la doctora Paula Vázquez, que consigna literalmente: "La paciente L. [...] consulta por un cuadro depresivo severo, con fibromialgia, trastorno de ansiedad, de impulsividad, fobias y momentos de angustia severa, llanto y sensación de sin sentido de su vida. A partir de un grave conflicto laboral, con consecuencias complicadas, perdiendo su lugar y rol habituales [...] Sufre desde allí un quiebre de su estructura psicológica, con depresión, con fobias, miedos e ideación persecutoria...".
Fs. 4/5 (4-XI-2015). Formulario de licencia médica psiquiátrica suscripto por la doctora Vázquez.
Fs. 7 (19-X-2016). Solicitud de junta médica para incapacidad psicofísica con fines previsionales.
Fs. 9 (29-XII-2016). Dictamen de junta médica: incapacidad parcial y permanente 40%, invalidez jubilatoria 45%; alta con cambio provisorio de tareas (sin atención al público) a partir del 3 de enero de 2017.
Fs. 11 (13-I-2017). Notificación practicada en Mitre 583 piso 4 departamento "E" de San Nicolás, donde la actora deja constancia textual: "por la presente firmo en disconformidad, hago expresa reserva de mis derechos, ratificando en un todo certificado médico expedido por profesional [...] Paula Vázquez...".
Fs. 13/23 (16-I-2017). Presentación de la actora informando que ese mismo 16 de enero de 2017 será sometida a una cirugía artroscópica de rodilla derecha y que, consecuentemente, deberá guardar reposo total, acompañando los certificados médicos y estudios que lo acreditan.
Fs. 26 (24-I-2017). (Se hace constar la ausencia de las fs. 24 y 25 en el expediente). Nota de pedido de reubicación elevada por la actora, solicitando destino en otra repartición de la Administración provincial. Invoca la afectación a su salud mental que implicaría retomar tareas en la Delegación Regional de Trabajo —donde manifiesta haber sufrido variados maltratos— y acompaña antecedentes que respaldan tal planteo.
Fs. 29 (24-II-2017). Dictamen de la Asesoría General de Gobierno que, al analizar la solicitud de reubicación por razones de salud, señala textualmente: "Por las presentes actuaciones se consulta respecto a la solicitud de reubicación, por razones de salud, en otra repartición provincial efectuada por [...] M. E. L. [...] La nombrada impugnó además el dictamen médico emitido por el Departamento Juntas Médicas de la Dirección de Salud Ocupacional [...] Cabe señalar que las conclusiones y dictámenes de la Junta Médica tienen carácter inapelable [...] y constituyen un acto preparatorio de la voluntad de la administración [...] resultando por ello inadmisible la impugnación planteada. El requerimiento de traslado a otra repartición provincial por razones de salud debe tramitarse en los términos del artículo 21 del Decreto N° 4161/96, en razón de lo establecido por el artículo 24 de la Ley N° 10.430".
Fs. 32. El Departamento de Juntas Médicas ratifica el dictamen emitido a fs. 9 y agrega —como fs. 31— la declaración jurada firmada por la señora L. el mismo día de la junta médica, donde afirma haber aportado todos los elementos diagnósticos disponibles y declara como domicilio Mitre 583 piso 4 departamento "C".
Fs. 34 (10-IV-2017). Salud Ocupacional deniega licencia (art. 49, ley 10.430) para marzo 2017.
Fs. 35 (20-IV-2017). Carta documento remitida al domicilio Roca 12 piso 1 departamento "B" de San Nicolás, que expresa: "...se la intima plazo de cuarenta y ocho (48) horas a reintegrarse a la Delegación Regional de Trabajo y Empleo de San Nicolás. Caso contrario, se la considerará incursa en abandono de cargo de acuerdo a lo establecido en el artículo 85 de la Ley 10.430 [...] Asimismo, se le informa que la Dirección de Salud Ocupacional ha denegado la licencia médica por usted solicitada en el mes de marzo del corriente...". La constancia del correo indica dos visitas marcadas "Cerrado/Ausente", con devolución por "Plazo vencido - no reclamado" (v. fs. 35 y vta.).
Fs. 37 (5-V-2017). Cédula dirigida al domicilio Mitre 583 piso 4 departamento "C" notifica la providencia 750 dictada por la subdirectora de Personal del Ministerio de Trabajo: al haberse denegado la apelación de la junta médica, ordena reintegrarse a su puesto bajo apercibimiento de considerarla incursa en abandono de cargo y sujeta a las sanciones del art. 85 de la ley 10.430 (como puede observarse no se fija un plazo concreto de reincorporación ni se detalla cuál es la sanción aplicable en caso de incumplimiento).
A su vez, del expediente 21542-0001924/17 (Certificado/ Licencia, inicio 11-V-2017; digitalizado 5-X-2020, expte. adm. 2) resultan:
Fs. 2 (11-V-2017). Informe del delegado Regional del Ministerio de Trabajo: "En cumplimiento con lo ordenado, se procedió a notificar mediante Cédula en fecha 5 de mayo de 2017 [...] Se deja constancia que a la fecha la Agente M. E. L. no se ha presentado a cumplir sus funciones en esta Delegación Regional. Ahora bien, el día 10 de mayo de 2017 ingresó por mesa de entrada de esta Delegación Certificado Médico mediante el cual la empleada L. comunica reposo laboral por el término de 15 días...".
Certificado médico (9-V-2017). Doctora Paula Vázquez: la señora L. se encuentra en tratamiento y ese día acudió a una consulta de urgencia con "crisis de angustia, ideación de ruina y destrucción, crisis de pánico, llanto permanente y fantasías de autodestrucción". Prescribe medicación, indica que deberá ser reevaluada y dispone reposo laboral por quince días de carácter ambulatorio.
Fs. 40. Informe del Departamento Legajos y Control de Asistencia: "...Es notificada en fecha 5/5/17, a efectos de regularizar su situación laboral, caso contrario será considerada incursa en abandono de cargo [...] Según lo manifestado por el titular de la Delegación Regional San Nicolás, no se reintegró a su puesto de trabajo y el día 10/5/17 presenta certificado médico extendido por profesional psiquiatra [...] Por lo expuesto esta Dirección entiende que a partir del
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