Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75514
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.514, "Martin, Laura Daniela c/ Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inconstitucionalidad", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Pettigiani, Genoud, Torres .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar a la pretensión actora. En consecuencia declaró, por considerarlo inconstitucional, la inaplicabilidad al caso del art. 3 de la ley 5.177, texto según ley 12.277; anuló la resolución del Colegio de Abogados impugnada y dispuso que se le permita el ejercicio de la profesión de abogada a la actora Laura Daniela Martín en los términos del inc. "e" del art. 3 de la ley 5.177, en su redacción original; con costas a la parte demandada en su carácter de vencida (arts. 74, CCA -texto según ley 13.325- y 51, Cód. cit. -texto según ley 14.437-).
Disconforme con tal pronunciamiento, la parte demandada dedujo recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley. La Cámara interviniente concedió el mencionado en primer término y el otro fue denegado en virtud de no haber cumplido el recurrente con el depósito establecido en el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. La doctora Laura Daniela Martín, por derecho propio, dedujo recurso directo contra la resolución del Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires -de fecha 8 de junio de 2007- la que, al admitir parcialmente el recurso de apelación que interpusiera contra la decisión del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de La Plata, dispuso la matriculación de la actora pero estableció su incompatibilidad absoluta para el ejercicio de la profesión de abogada (conf. art. 3, ley 5.177 -texto según ley 12.227-) por ser contadora y estar inscripta en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Peticionó la declaración de inconstitucionalidad de la referida norma.
I.2. Radicada la causa en la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, en virtud de la resolución sobre su competencia decidida por esta Suprema Corte con fecha 5 de marzo de 2014, se ordenó tramitar la presente acción conforme el proceso instituido por el art. 74 del Código Contencioso Administrativo -texto según ley 13.101-.
II. A su turno, el Tribunal de Alzada actuante, por mayoría de fundamentos, hizo lugar a la pretensión de la parte actora.
Para así decidir, entendió que el debate sometido a juzgamiento radicaba en el cuestionamiento constitucional -efectuado por la demandante- del art. 3 de ley 5.177, texto según ley 12.277, sobre la base del cual el Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires le prohibió el ejercicio de la profesión de abogada, por encontrarse matriculada como contadora.
Señaló que dicha norma dispone en su parte pertinente que "No podrán ejercer la profesión de abogados por incompatibilidad: Absoluta: [...] e) Los abogados y procuradores que no cancelen su inscripción como escribanos públicos, doctores en ciencias económicas, contadores públicos, martilleros públicos, o cualquier otra profesión o título que se considere auxiliar de la justicia".
Indicó que el texto original del art. 3 inc. "e" de la ley 5.177, establecía para los contadores una incompatibilidad relativa, limitada al ejercicio simultáneo de ambas profesiones solo cuando se tratara de la actuación del profesional en un mismo proceso judicial como abogado y como auxiliar de la justicia. Y que dicha incompatibilidad limitada o relativa fue modificada en su alcance por la ley 12.277, para ser transformada en una incompatibilidad absoluta, en atención a la cual, los contadores matriculados no pueden ejercer la profesión de abogados en la Provincia de Buenos Aires.
Consideró que no se advertía argumento o fundamento alguno que autorizara la prohibición de ambos ejercicios profesionales, fuera de los casos en que coincidieran como auxiliares de la justicia en un mismo proceso.
Por otra parte, afirmó que no se encontraban -entre los fundamentos de la ley 12.277- las razones que justificarían la modificación -de relativa a absoluta- del régimen de incompatibilidad para los contadores, así como tampoco cual fue el objetivo perseguido con la reforma, circunstancias que impedían evaluar su correspondencia.
Advirtió que en el caso no se apreciaba la existencia de una razón válida que permitiera aseverar que el ejercicio conjunto de las profesiones de contador y abogado resultara perjudicial para la comunidad, o se constituyera en un obstáculo para el correcto ejercicio de alguna de ellas, con la salvedad de los casos en que la persona interviniera como auxiliar de la justicia y lo hiciera -a su vez- como abogado.
Indicó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un caso análogo (autos "Nalim, Juan Carlos", sent. de 23-X-1986, CSJN Fallos: 308:1781), sostuvo que no constituye una reglamentación razonable del derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita -garantizado por el art. 14 de la Constitución nacional- la interpretación de una ley provincial que consagra la existencia de incompatibilidad entre las profesiones de abogado y contador, no observando de qué manera se encontraría afectado el interés de la comunidad por el ejercicio contemporáneo de ambas profesiones y, por otro lado, señaló que una disposición así de incompatibilidad absoluta no parecía adecuada al fin que requiere su establecimiento. Ello sin perjuicio de aclarar las eventuales consecuencias que pudiere alcanzar la conducta asumida por quien, en ejercicio de diferentes roles profesionales, asumiera la defensa de intereses contrapuestos que la ley o los interesados le encomendaran.
Ponderó asimismo lo resuelto respecto de este tema por la Suprema Corte provincial al conceder sendas medidas cautelares en el marco de las acciones deducidas en los términos del art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial, según surge de las causas I. 73.106, "Nápoli" (resol. de 28-X-2015); I. 74.052, "Bergaglio" (resol. de 18-V-2016) e I. 74.162, "Semacendi" (resol. de 13-VII-2016), donde se dispuso -precautoriamente- la aplicación del art. 3 de la ley 5.177 en su texto original.
Con relación a la vulneración del principio de igualdad, tras citar distintos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, destacó que el art. 16 de la Constitución nacional impone un principio genérico (igualdad ante la ley de todos los habitantes) que no impide la existencia de diferencias legítimas y que la igualdad prevista por esa norma no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que en iguales circunstancias se concede a otros.
Agregó que el ámbito de la referida cláusula constitucional admite gradaciones, las apreciaciones de más o de menos, el balance y la ponderación. Sin embargo, en el presente caso y atendiendo a la reforma operada por la ley 12.277 al art. 3 de la ley 5.177, juzgó que se discrimina a la actora por el solo hecho de revestir la condición de contadora matriculada en la Provincia de Buenos Aires, impidiéndole el ejercicio de la profesión de abogada y restringiendo ostensiblemente el principio de igualdad y de no discriminación, sin que se brinden razones para ello, situación que resulta inadmisible.
Entendió que tal evidente incongruencia con el principio de igualdad permitía encuadrar el caso en un supuesto de discriminación en razón de la condición profesional de la actora, reprobado inexorablemente por el derecho internacional sobre los derechos humanos (arts. 75 inc. 22, Const. nac.; 1.1, Pacto de San José de Costa Rica y 26, PIDCP). Citó fallos de esta Corte provincial (causa B. 65.948, "Gerez " ), del Tribunal Constitucional de España y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Concluyó en que la reforma operada por la ley 12.277 al art. 3 inc. "e" de la ley 5.177, en tanto estableció una incompatibilidad absoluta para el ejercicio de la profesión de abogada a la actora, por su calidad de contadora matriculada en la Provincia de Buenos Aires, sin ninguna justificación objetiva y razonable que la avale, debía ser invalidada por discriminatoria.
Expresó que, en el presente caso, el órgano colegial tenía la carga de demostrar una "...justificación suficiente de la restricción" (CSJN Fallos: 321:194), obligándole a sustentar la improcedencia de los reparos centrados en una distinción normativa de la índole de la aquí abordada (cfr. doctr. causa "Hooft", cit., cons. 4), en modo tal que, para superarlos, debió argumentar la pertinencia de los fines ambicionados por la norma y los medios empleados para concretarlos (CSJN in re "Gottschau", cons. 5, con cita de "Hooft", cons. 6; SCBA causa B. 65.948, cit.).
Así frente a la ausencia de justificación de la restricción impuesta a la actora, expresó que la incompatibilidad absoluta establecida por el art. 3 de la ley 5.177, en la redacción brindada por la ley 12.277, que impide a la señora Martín el ejercicio de la profesión de abogada por revestir la calidad de contadora matriculada en la Provincia de Buenos Aires, debía ser invalidada por discriminatoria, advirtiendo que dicha norma no supera el control de razonabilidad efectuado en orden a las garantías constitucionales contempladas en los arts. 14 de la Constitución nacional y 10, 11, 27, 31, 35, 39 y 42 de la provincial, circunstancia que autorizaba a descalificarla -también- por irrazonable.
III. Contra ese pronunciamiento, el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires interpone recurso extraordinario de inconstitucionalidad (el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley también deducido, no fue concedido).
Luego de reseñar los antecedentes del caso, formula los agravios que la sentencia de la Cámara -según aduce- le ocasiona y justifica la incompatibilidad prevista en la norma impugnada (v. pto. 5, recurso).
Cuestiona el fallo endilgándole la falta de solidez de los fundamentos en que éste se apoya en relación con la supuesta inexistencia de un motivo válido que torne razonable la incompatibilidad y lo resuelto respecto a la afectación del principio de igualdad.
Sostiene que el régimen normativo es razonable toda vez que es legítimo el poder de policía en materia del ejercicio de la profesión de abogado (v. pto. 5.1., recurso).
Aduce que los derechos consagrados en la Constitución no son absolutos ya que se encuentran sujetos a las leyes que, razonablemente, reglamentan su ejercicio. Invoca fallos de la Corte nacional y de esta Suprema Corte provincial.
Añade que se ha puntualizado que el legislador tiene la facultad de disponer todo lo relativo a las condiciones bajo las cuales es permitido el ejercicio de profesiones que, por su índole, tienen punto de contacto con la administración de justicia, como son, entre otras, las de abogado, notario, procurador o martillero. Agrega que es competencia del Poder Legislativo provincial reglamentar los derechos y, en concreto, el ejercicio de la abogacía sometido al límite de la razonabilidad.
Desarrolla argumentos en favor de la constitucionalidad de la ley 5.177, detallando las obligaciones dispuestas en la norma como así también las prohibiciones.
Afirma que, a tenor del art. 56 de la ley 5.177, los abogados son asimilados a los magistrados en cuanto atañe al respeto y consideración que debe guardársele.
Esgrime que estas disposiciones se dirigen a asegurar el recto y debido ejercicio de la profesión con particular relación al eminente rol social que ésta cumple y, por tal razón, es que se debe entenderse la incompatibilidad contenida en torno a los contadores. Sostiene que la misma "...lejos de traducirse en una prohibición sin sentido o discriminatoria se encuentra engarzada en un complejo de incompatibilidades tendientes a asegurar la adecuada colaboración en el servicio de justicia que presta el abogado".
Cita precedentes judiciales y doctrina sobre el concepto y alcance de la razonabilidad, y transcribe fallos de esta Corte en los que se ha debatido la incompatibilidad prevista en la ley 10.793 relacionada a las profesiones de abogado y martillero y que fuera resuelta en favor de la constitucionalidad del régimen normativo (caso "Souto").
Aduce que existe una razón práctica que consiste en lograr una mayor eficacia en el ejercicio de la profesión, una dedicación plena a la tarea confiada a los efectos de proteger los derechos y altos objetivos que la profesión conlleva, y advierte que la reglamentación adoptada se encuentra dentro del ámbito de decisión propio de las autoridades legislativas.
Por otra parte, considera que la legislación censurada por la Cámara de Apelación no afecta el principio de igualdad y que el cumplimiento de los recaudos previstos en las normas de ética para los abogados de la Provincia de Buenos Aires constituye una exigencia ineludible. Sostiene que el régimen de incompatibilidades establecido en la ley 5.177 resulta acorde con las disposiciones contenidas en las normas de ética para los abogados en la Provincia de Buenos Aires.
Menciona disposiciones de similares características que rigen en el ámbito provincial y destaca el rol de los colegios de profesionales y los intereses que los mismos tutelan.
IV. El recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto no prospera.
IV.1. Como consideración preliminar, se observa que si bien se han interpuesto conjuntamente los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley (este último finalmente no concedido por la Cámara), ha resultado posible discernir los argumentos correspondientes a una y otra impugnación (doctr. causas Ac. 91.830, sent. de 5-V-2006; A. 68.436, "Giannino", sent. de 25-VIII-2010; e.o.).
IV.2. Con relación a la vía admitida recuerdo que esta Suprema Corte tiene dicho, de conformidad con lo dispuesto por el art. 299 del Código Procesal Civil y Comercial, que la misma solo se abre en el supuesto de que en la instancia ordinaria se haya controvertido y decidido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales, confrontados con normas de la Constitución local (conf. art. 161 inc. 1, Const. prov.; causas Q. 71.994, "Zara Argentina", resol. de 4-VII-2012; A. 72.011, "Bernuzzi", resol. de 2-V-2013; A. 71.403, "Fisco de la Prov. de Bs. As. c/ Leroux", sent. de 29-III-2017; e.o.).
El objeto de este remedio extraordinario es el de corregir errores in iudicando cometidos al apreciarse el apego de una norma local a la Constitución provincial (arts. 161, Const. prov.; 299 y 300, CPCC; conf. causas A. 73.248, "Esso", sent. de 13-XI-2019 y A. 72.766, "Eguiguren", sent. de 3-V-2020), supuesto ausente cuando el caso constitucional se plantea respecto de cláusulas de la Constitución nacional (conf. causa A. 72.922, "Millers", sent. de 18-IV-2018).
Del mismo modo, lo referente a pretendidos errores de juzgamiento con sustento en la inaplicabilidad de normas legales y precedentes emitidos por esta Suprema Corte resulta ajeno a la vía intentada, puesto que la violación o errónea aplicación de la ley o doctrina legal del Tribunal constituyen causales propias del recurso de inaplicabilidad de ley y, por ende, extrañas al recurso extraordinario de inconstitucionalidad (conf. causa A. 71.563, "Ferro", sent. de 28-XII-2016).
IV.3. En el caso planteado, el impugnante ataca la decisión de la Cámara que declaró inconstitucional el art. 3 de la ley 5.177, texto según ley 12.277, pero no funda correctamente su posición con un confronte directo entre esta norma y las que dan sustento a la decisión mayoritaria adoptada por el Tribunal de Alzada.
Si bien se hace referencia a los arts. 25, 26 y 57 de la Constitución provincial con relación a los límites del ejercicio de los derechos individuales (v. pto. 5.1.1., recurso), corresponde recordar que la exigencia de fundar adecuadamente un recurso extraordinario no queda cubierta con la sola invocación de la supuesta infracción de un derecho o garantía constitucional si en esa operación se omite efectuar la réplica adecuada y precisa de las motivaciones esenciales que el pronunciamiento judicial impugnado contiene (conf. doctr. causas A. 74.742, "Romero", resol. de 29-V-2019; A. 74.076, "Sanabria", sent. de 6-XI-2019; e.o.).
Por otro lado, se advierte que el voto que hizo mayoría no se sustentó únicamente en normas de la Constitución provincial, sino que señaló la vulneración que en la especie se generaba con relación a los arts. 16 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 1.1 del Pacto de San José de Costa Rica y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, para luego, específicamente en el último párrafo del punto V, indicar que la norma cuestionada debía ser invalidada por discriminatoria, advirtiendo a su vez que no superaba el control de razonabilidad efectuado en orden a las garantías constitucionales contempladas en los arts. 14 de la ley Fundamental y 10, 11, 27, 31, 35, 39 y 42 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Al respecto, se impone recordar que uno de los datos que caracteriza a la instancia recursiva extraordinaria ante esta Suprema Corte está dado por la mayor exigencia en cuanto a las cargas técnicas que deben ser idóneamente abastecidas para transitar con éxito la casación (conf. causa A. 70.852, "Nidera", sent. de 24-V-2016).
De allí que la impugnación efectuada por este carril debe ser en su desarrollo expositivo autosuficiente y referirse a las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado que dan sustento a la declaración de constitucionalidad o de inconstitucionalidad, según el caso, demostrando su desacierto (conf. doctr. causas A. 68.436, "Giannino", sent. de 25-VIII-2010; A. 69.574, "Saavedra Zapata", sent. de 30-V-2012; A. 72.897, "Fredes", resol. de 12-III-2014; Q. 70.953, "Morón", sent. de 14-X-2015 y A. 74.817, "Aguas Bonaerenses S.A.", resol. de 29-VIII-2018). Dicha impugnación, además, debe ser concreta, directa y eficaz (conf. doctr. causas Ac. 83.866, "Village", sent. de 16-IV-2003; A. 68.446, "Russo", sent. de 12-VIII-2009 y A. 70.688, "Teixido", sent. de 29-X-2014).
En ese sentido, agrego que debe ser rechazado el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto contra la sentencia de la Cámara que declaró la inaplicabilidad de la norma cuestionada tras considerar que la misma se encontraba en pugna tanto con la Constitución provincial como con la Constitución nacional, si es que dicha impugnación, en la mejor de las estimaciones, solo alcanzaría a enervar algunos de los pilares argumentales de aquel, pero omite la crítica de los restantes fundamentos expuestos y deja en pie las razones constitucionales esgrimidas por el tribunal con sustento en la Constitución nacional, cuyo cuestionamiento fue intentado mediante el recurso de inaplicabilidad de ley declarado inadmisible por no cumplir con los recaudos pertinentes (conf. voto del doctor Soria, causa C. 121.442, "Larrauri", sent. de 11-VIII-2020).
En tales términos, el remedio intentado no es idóneo para conmover la decisión de la Cámara de declarar la invalidez del art. 3 de la ley 5.177, texto según ley 12.277.
IV.4. Sin perjuicio de que lo expresado sella la suerte adversa del recurso, no dejo de observar que esta Suprema Corte, recientemente, dictó sentencia definitiva en un caso análo
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