Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 71231
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 71.231, "Marcó, Marcelo E. José c/ Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inconstitucionalidad", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Soria, Genoud, Kogan, Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, hizo lugar al recurso deducido por la parte demandada, revocando la sentencia de grado en todos sus términos e imponiendo las costas en el orden causado (v. pronunciamiento a fs. 104/108 vta.).
Disconforme con tal pronunciamiento, el actor dedujo recurso extraordinario de inconstitucionalidad (v. fs. 111/120), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 122/123).
Oída la entonces señora Procuradora General de la Suprema Corte (v. fs. 130/134), dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 135), agregado el memorial de la parte demandada (v. fs. 139/146) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto por la parte demandada?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata hizo lugar, por mayoría, al recurso de apelación interpuesto revocando la sentencia de primera instancia que anuló los decretos 211/08 y 517/08 y ordenó que el Senado provincial abone al actor las sumas respectivas a la licencia anual no usufructuada correspondiente al año 2007.
Para así decidir, el Tribunal de Alzada expuso, en primer término, los antecedentes del caso y la normativa aplicable.
Consideró que, conforme las constancias aportadas en la causa, surgía acreditado que el actor prestó servicios en la planta temporaria de Bloque Político del Senado en diferentes periodos, habiendo cesado en sus funciones el 31 de diciembre de 2007.
Recordó que el reclamo del actor consistía en obtener una compensación dineraria por las vacaciones no gozadas correspondientes al año 2007, el que fue rechazado en sede administrativa por decreto 211 de fecha 13 de marzo de 2008, con sustento en el decreto 2.282/00.
En cuanto a la normativa aplicable, explicó que el régimen de licencia anual ordinaria para el personal de la Cámara de Senadores se encuentra regulado específicamente por el decreto 2.282/00, el cual en su art. 2 reconoce el derecho a una licencia ordinaria por descanso anual de treinta días, los cuales deberán ser gozados entre los meses de enero y febrero. En su art. 4 dispone que dicha licencia no podrá ser reemplazada en ningún caso por retribución alguna.
Valorando los antecedentes relevantes del caso y la normativa específica aplicable, advirtió que la pretensión carecía de sustento.
Así, juzgó que la solución de compensar en dinero la licencia no gozada, se contrapone a la norma específica que regula este derecho para el régimen de empleo en el que se enmarca la cuestión.
Entendió que el camino transitado por el actor con el fin de lograr el reconocimiento de un derecho que ha sido frustrado en el tiempo, no resultó acertado, ya que debió reclamar su goce efectivo, objetando en todo caso la fecha de cese, obstáculo que motivó la presente acción.
Eventualmente, agregó, debió cuestionarse la constitucionalidad de la norma que otorga sustento al rechazo de su reclamo en sede administrativa lo cual, pese a haber sido planteado en la demanda, no fue suficientemente fundado, ni tampoco considerado por el juez de grado, impidiendo su tratamiento de oficio por el Tribunal de Alzada.
Señaló, asimismo, que la reglamentación dispuesta por el decreto 2.282/00 no excede los cauces de razonabilidad en un Estado de Derecho en el cual no hay derechos absolutos, sino que su ejercicio se encuentra sujeto a las leyes que los reglamentan.
Concluyó que, igualmente, no es evidente la vulneración de los derechos de rango constitucional invocados, como tampoco la pertinencia de recurrir al régimen de la ley 10.430 cuando, como en el caso, la situación planteada se encuentra expresamente prevista en la normativa específica.
En ese sentido, aplicó el criterio de esta Corte en materia de interpretación legal que refiere que cuando el texto de la norma es claro y expreso no cabe prescindir de sus términos, correspondiendo aplicarla estrictamente y en el sentido que resulta de su propio contenido. Citó jurisprudencia de este Tribunal, en torno al mencionado principio.
II. Contra dicho pronunciamiento la actora dedujo recurso extraordinario de inconstitucionalidad, el cual obra agregado a fs. 111/120 de estos autos.
Alega el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y realiza una reseña de los antecedentes del caso.
Denuncia que, al aplicar el decreto 2.282/00, que establece en su art. 4 que en ningún caso podrán sustituirse las vacaciones por remuneración, la Cámara le provoca un perjuicio de imposible reparación, violando los arts. 10, 11 y 39 de la Constitución provincial.
Aduce, en primer término, que la sentencia recurrida vulnera su derecho de propiedad tutelado en el art. 10 de la Constitución provincial, ya que, debido a que no pudo tomarse las vacaciones por razones ajenas a su persona, se lo privó de su derecho a cobrarlas, el cual goza de protección constitucional.
Argumenta que la decisión impugnada también violenta el art. 11 de la Constitución de la Provincia que al disponer la igualdad de todos los bonaerenses e introducir todos los derechos y garantías reconocidas en la Constitución nacional y en los tratados internacionales a ella incorporados, admite también igualdad en el ámbito de los derechos del trabajo establecidos en el art. 14 bis de la Constitución nacional, es decir el derecho al trabajo y, con él, al goce de vacaciones pagas.
Destaca que la sentencia impugnada se limita a decir que el decreto 2.282/00 luce razonable y acorde al texto constitucional; que su art. 4 es expreso y claro y por ello que no corresponde hacer interpretación alguna. Según la impugnante, siguiendo tal razonamiento, cualquier norma que se considere clara y exacta, por más que vulnere derechos, terminaría siendo constitucional.
Sostiene que es errado el planteo de la Cámara respecto a que debió cuestionar la fecha de cese en su actividad, lo cual hubiese sido imposible, pues el 10 de diciembre de 2007 finalizó el mandato del senador que lo había nombrado, dándose de baja a la totalidad del personal temporario del Bloque Político designado por aquel. Agrega que, al pertenecer a la planta temporaria de la Administración Pública, se encuentra sujeto al régimen estatutario de la ley 10.430, resultando la prohibición de la sustitución remunerativa de las vacaciones no gozadas contrario a dicho régimen, lo cual lo sitúa en desventaja frente al resto de la Administración, violentando el principio de igualdad.
En otro orden refiere que la normativa observada vulnera el art. 39 incs. 1 y 3 de la Constitución provincial al menoscabar principios en materia laboral tales como: primacía de la realidad, indemnidad e interpretación a favor del trabajador.
Seguidamente, señala que la Cámara yerra al sostener que debió cuestionar la constitucionalidad de la norma en primera instancia, porque efectivamente así procedió, por más que dicho planteo no haya sido tratado por el juez de grado. Agrega que la Cámara no dio ningún tratamiento a la normativa que -según su parecer- ha sido violada, limitándose a desestimar sus objeciones como insuficientes, sin explicación alguna.
Explica que la Cámara se equivoca al relacionar la presente causa con el antecedente jurisprudencial sentado en la causa CALP n° 9.770, "Correa", dado que, en dicho caso, se trató de un reclamo similar efectuado por un contratado y no por un empleado temporario sujeto al Estatuto de Empleado Público (ley 10.430), como en el presente.
Concluye que la inconstitucionalidad del decreto 2.282/00 es manifiesta, no solo por vulnerar sus derechos, sino por situar al personal temporal de la legislatura provincial en situación de desigualdad con relación al resto del personal estatutario de la Provincia.
Hace reserva del caso federal.
III.1. Esta Corte tiene dicho que por vía del recurso extraordinario de inconstitucionalidad sólo cabe cuestionar la validez de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos locales frente a disposiciones de la Constitución de la Provincia (cfr. arts. 161 inc. 1, Const. local y 299, CPCC; doctr. causas Q. 71.952, "Lardelli", resol. de 1-VIII-2012; Q. 72.011, "Bernuzzi", resol. de 2-V-2013; A. 71.833, "Papi", sent. de 12-III-2014; A. 71.563, "Ferro", sent. de 28-XII-2016; A. 71.776, "Cementos Avellaneda S.A.", sent. de 16-VIII-2017; e.o.), abriéndose tal vía a fin de corregir errores in iudicando en el supuesto de que en la instancia ordinaria se haya controvertido y decidido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de tales normas confrontadas con la Constitución local (conf. art. 161 inc. 1, Const. prov. y causas Q. 71.994, resol. de 4-VII-2012; Q. 71.952, resol. de 1-VIII-2012; Q. 72.011, resol. de 2-V-2013; e.o.).
III.2. En el caso, tal como quedara de manifiesto en el relato de antecedentes, el accionante ha puesto en crisis el decreto 2.282/00 emitido por el Vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires en ejercicio de la Presidencia del Senado, que regula el régimen de "Licencia Anual ordinaria" del personal de Bloque Político, sosteniendo su incompatibilidad con los arts. 10 (propiedad), 11 (igualdad y por su conducto el art. 14 bis, Const. nac. -vacaciones pagas-) y 39 incs. 1 y 3 de la Constitución de la Provincia.
En particular cuestiona su art. 4 que prescribe que: "La licencia establecida en el presente régimen, no podrá ser reemplazada en ningún caso, por retribución alguna" .
En esencia, señala que, al declararse el cese en sus funciones el 31 de diciembre de 2007, se vio imposibilitado de gozar las vacaciones correspondientes a ese año, por lo estas debieron serle retribuidas, tal como lo prevén todas las legislaciones al respecto. Por tal motivo, entiende que la norma viola su derecho de propiedad, ya que como no ha podido gozarlas por razones totalmente ajenas a su persona, se ha visto privado del derecho a las vacaciones pagas, que a todo empleado -tanto público como privado- le corresponde (arts. 11, Const. prov. y 14 bis, Const. nac.; v. fs. 115).
Señala que la Cámara se limitó a decir en su sentencia que el decreto 2.282/00 luce razonable y que no viola ningún derecho constitucional, sin dar mayores precisiones sobre el tema; a señalar que el art. 4 es expreso y claro y que por ello no corresponde hacer interpretación alguna (v. fs. 115 y vta.) y que el voto del doctor Spacarotel -que resultó mayoritario- es dogmático en tanto afirma la constitucionalidad del decreto sin dar fundamento alguno (v. fs. 119).
III.3. Al presentar el memorial, la Fiscalía de Estado sostiene, de una parte, la inadmisibilidad formal del recurso, en tanto según su parecer el planteo de inconstitucionalidad que pretende invocar en esta instancia el señor Marcó no ha sido correcta y oportunamente introducido y planteado en la causa y no existe una decisión del Tribunal de Alzada expresa sobre el supuesto caso constitucional. De la otra, postula su improcedencia, sobre la base de considerar la especificidad del régimen del personal que forma parte de los bloques políticos del Senado, al cual se ha sometido, que desplaza la aplicación del Estatuto del Empleo Público, ley 10.430.
III.4. En cuanto a la objeción formal opuesta por la representación fiscal acerca de inexistencia de planteo y decisión de un caso constitucional, para su desestimación basta con repasar la argumentación desplegada por la mayoría de la Cámara a fs. 106 vta. y 107.
Allí, pese a señalarse que la inconstitucionalidad de la norma fue planteada en la demanda sin fundamentos suficientes; que no fue considerada por el magistrado de grado y que no resulta habilitado el tratamiento oficioso en el Tribunal de Alzada, seguidamente se afirma: "En ese marco, no advierto que la reglamentación dispuesta por el Decreto n° 2282/00 desborde los cauces de razonabilidad esperados en un Estado de Derecho en el cual no hay derechos absolutos, sino que su ejercicio se encuentra sujeto a las leyes que los reglamentan. Ello así, no surge con suficiente evidencia que los actos cuestionados por la parte actora vulneren los derechos de rango constitucional invocados, ni tampoco se advierte la pertinencia de recurrir al régimen de la ley 10.430 cuando, como en el caso, la situación planteada se encuentra prevista en la normativa específica. En efecto, analizando el plexo normativo en cuestión -esto es el artículo 4 del Decreto n° 2282/00- se advierte nítidamente la prohibición de retribuir en dinero el no goce de la licencia anual. Finalmente, resultando del texto de la norma aplicable una prohibición expresa en tal sentido '... no podrá ser reemplazada en ningún caso por retribución alguna', no resulta posible desplazar el régimen específico invocando las prescripciones de la ley 10.430, pues su texto no exige una labor interpretativa, sino su lisa y llana aplicación..." .
En definitiva, en el proceso se ha controvertido la validez del decreto 2.282/00 bajo la pretensión de ser contrario a la Constitución de la Provincia y la decisión de la Cámara ha sido favorable a la validez de tal norma.
III.5. Cabe, entonces, analizar la sustancia de la impugnación.
Llega firme a esta instancia que el actor se desempeñó como personal del Bloque Político durante todo el año 2007, cesando en sus funciones el 1 de enero de 2008; que por tal razón no pudo gozar de la licencia anual devengada, en los meses de enero y febrero siguientes, conforme lo establecido en el art. 2 del decreto en cuestión y que pese a haber reclamado su pago, la petición fue desestimada con sustento en la norma aquí puesta en crisis.
Vale recordar su texto: "La licencia establecida en el presente régimen, no podrá ser reemplazada en ningún caso, por retribución alguna" .
Lo terminante de la manda deja en evidencia su falta de ajuste constitucional.
Este Tribunal ha expresado que la institución del descanso anual tiene como finalidad permitir que el trabajador recupere sus fuerzas físicas y morales consumidas durante el cumplimiento de las obligaciones que le impone a lo largo del año el débito laboral; existiendo, en ese orden, antecedentes legislativos de carácter nacional e internacional. Así, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) plasmó tal beneficio del descanso anual en su Recomendación 47/36, reiterándola en el art. 2 de la Convención 52 de 1936 -vigente desde 1939-, la que a su vez, declara la nulidad de todo acuerdo que implique el abandono del derecho a su goce -art. 4-, previendo su compensación en dinero sólo en caso de despido -art. 7- y, con posterioridad la Convención 132 de 1970 -que revisara la 52- reitera tales conceptos al igual que la imposibilidad de renunciar, bajo pena de nulidad, al goce del descanso anual -art. 12- (conf. causas L. 89.614, "Martínez", sent. de 20-II-2008 y B. 65.144, "Trappani", sent. de 17-X-2018). Es que el goce efectivo de las licencias por descanso anual interesa tanto al empleado como al Estado empleador y al orden público, circunstancia que explica la particularidad de las normas que lo rigen, las que no procuran la acumulación de períodos de vacaciones no gozadas con el objeto de atesorar un crédito a favor del empleado cesante, sino que se haga efectivo el descanso en forma oportuna.
Desde tal mirador, en principio, la letra y finalidad de la norma impugnada no merece observación constitucional; empero la negación absoluta de supuestos de procedencia de una compensación ( no podrá ser reemplazada en ningún caso, por retribución alguna), en supuestos como el de autos, en que el goce del descanso se torna imposible de hecho a propósito del cese del agente, echa por tierra la previsión del art. 14 bis de la Constitución nacional que reconoce el derecho al "descanso y vacaciones pagados", cuyo goce garantiza el art. 11 de la Constitución provincial.
IV. Por las razones expuestas cabe hacer lugar al recurso extraordinario de inconstitucionalidad deducido, declarar, en el caso, la inconstitucionalidad del art. 4 del decreto 2.282/00 y, consecuentemente, condenar al Senado de la Provincia de Buenos Aires a abonar al actor la suma correspondiente a la licencia anual no usufructuada respectiva al año 2007.
A dicho monto se adicionará el importe correspondiente a los intereses los que, frente a la consolidación de la doctrina legal en las causas B. 62.488, "Ubertalli", sentencia de 18-V-2016; C. 119.176, "Cabrera" y L. 118.587, "Trofe", sentencias de 15-VI-2016 y posteriores que acompaño -dejando a salvo la opinión que adoptara en tales pronunciamientos-, deberán ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, durante los distintos períodos de devengamiento y hasta el efectivo pago, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7, 768 inc. "c" y 770, Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
Voto por la afirmativa.
Las costas de las instancias de grado se distribuyen por su orden (art. 51, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; conf. doctr. de la mayoría en la causa A. 70.603, "Rolón", sent. de 28-X-2015).
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen a la accionada (arts. 60 inc. 1, CCA, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 303, CPCC).
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Adhiero a lo expuesto por el doctor Pettigiani, en los puntos I a III. 4 de su voto
II.1. El decreto 2.282/00 del Vicegobernador de la Provincia, cuya mecánica aplicación al actor es aquí cuestionada, consagra en su art. 2 una licencia ordinaria por descanso anual de treinta días corridos para el personal del Bloque Político de la Cámara de Senadores, los cuales deberán ser gozados de forma obligatoria en los meses de enero y febrero. A su vez, el art. 3 aclara que podrán usufructuarla quienes contasen desde el momento de su designación, como mínimo, con un año de labor ininterrumpida. Y de seguido, el art 4 establece que dicha licencia "no podrá ser reemplazada en ningún caso, por retribución alguna" (v. fs. 19).
II.2. Si bien la literalidad de este último tramo de la norma puede llevar a cierta confusión, reparar en las consecuencias a que esa lectura conduce es la guía para arribar a una decisión diferente, más ajustada a los intereses en juego. Es que a la hora de interpretar una norma legal no cabe desatender el contexto general y los fines que aquella persigue. Con ese objeto, la labor del intérprete debe ajustarse a un examen atento de sus términos, que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad de quien la sancionó, extremos que no deben ser obviados por posibles imperfecciones técnicas de la instrumentación legal (CSJN Fallos: 327:1507; 329:2876; e.o.; v. mi voto en causa A. 70.755, "Lizziero", sent. de 26-III-2015).
Una recta recitación de la regla que impide a ciertos empleados de la plata temporaria del Senado sacrificar su descanso anual obligatorio a cambio de una suma dineraria sustitutiva, si bien puede ser enteramente atendible en el estricto marco de las situaciones para las cuales ella previsiblemente fue llamada a intervenir, no alcanza un supuesto como el del actor, en el cual el pedido de compensación se debe a una evidente imposibilidad material de gozar el descanso -no
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