Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75192
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.192, "Galibert, María Esther contra Instituto de Previsión Social. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inconstitucionalidad", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Kogan, Pettigiani, Torres, Violini .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata revocó la sentencia de primera instancia que, a su turno, había declarado la inconstitucionalidad del art. 2 del decreto 683/11 (reglamentario de la ley 14.196) y, en consecuencia, le había reconocido a la señora María Esther Galibert el derecho a percibir la "retribución especial sin cargo por reintegro" prevista en la ley 13.355, con el monto actualizado a la fecha de la solicitud (v. fs. 109/114).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inconstitucionalidad (v. fs. 117/121).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 127/141), dictada la providencia de autos (v. fs. 142) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inconstitucionalidad?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. La señora María Esther Galibert promovió demanda contencioso administrativa contra el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires pretendiendo la anulación de la resolución 782.903 mediante la cual el Directorio de ese organismo previsional rechazó su solicitud tendiente a percibir la retribución sin cargo de reintegro con el monto actualizado al momento del efectivo pago en los términos del art. 1 in fine de la ley 14.196 (v. fs. 164 y 177, expte. adm. 2350-131030-02).
Asimismo, requirió que se declare la inconstitucionalidad del art. 2 del decreto 683/11, reglamentario de la ley antes citada, en la medida que -según entiende la aquí recurrente- vulnera el principio de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.
Invocó en su planteo constitucional un exceso reglamentario que transgrede el art. 144 inc. 2 de la Constitución provincial.
Paralelamente indicó que la reglamentación cuestionada efectúa una discriminación basada en la fecha de cese por la cual se la priva de un derecho alimentario que a otras personas, en la misma situación y cumpliendo los requisitos legales, se les reconoce; lesionando de este modo los principios de legalidad y de razonabilidad.
I.2. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 de La Plata hizo lugar a la demanda y anuló la resolución impugnada. En consecuencia, declaró la inconstitucionalidad del art. 2 del decreto 683/11, y reconoció el derecho de la actora a percibir la retribución por egreso conforme la remuneración vigente al momento en el que solicitó su pago (26-VII-2011, v. fs. 57). Ello, más los intereses que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones electrónicas a treinta días y hasta su efectivo pago (v. fs. 74/84).
I.3. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpuso recurso de apelación (v. fs. 88/92) el que fue admitido por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata.
En consecuencia, el Tribunal de Alzada revocó la sentencia de primera instancia, rechazó la acción promovida y dejó sin efecto la declaración de invalidez del art. 2 del decreto 683/11, como así también la condena en cuanto al modo de calcular el monto del premio por egreso. Impuso las costas en el orden causado -art. 51 inc. 2 del Código Contencioso Administrativo- (v. fs. 109/114).
Para así decidir, sostuvo que el decreto 683/11, reglamentario de la ley 14.196, no ofrece reproche constitucional alguno, pues los términos mediante los cuales especifica el alcance de la expresión "monto actualizado al momento del efectivo pago" (art. 1 in fine, ley cit.) resultan acordes al marco jurídico que rige la materia, a la ley reglamentada y a la normativa superior.
Con cita en un antecedente de ese Tribunal señaló que no resulta pertinente la liquidación del beneficio de acuerdo a la remuneración actual más los intereses, pues ello supone implícitamente una metodología de repotenciación que se encuentra vedada por la legislación federal (CCALP causa "Plesniak", sent. de 20-III-2012).
Puntualizó que el crédito antecedente de la pretensión no consiste en una deuda de valor, sino que participa de los caracteres de las obligaciones de dar sumas de dinero (conf. arts. 616, 622 y concs., Cód. Civ. -ley 340- entonces vigente) y por lo tanto no admite el intento de restablecer su valor real por encima de las sumas nominales.
Por los fundamentos señalados el Tribunal a quo sostuvo que el juez de grado incurrió en un error de juzgamiento al determinar que la forma de liquidar la retribución especial por egreso debía ser calculada con la remuneración mensual vigente para la categoría de revista de cese actualizada a la fecha de su solicitud, más los intereses.
Explicó que lo contrario implica que la ley 14.196 estableció un método de cálculo de la deuda, incompatible con las normas legales y las directivas jurisprudenciales respecto a la improcedencia de la utilización de cualquier mecanismo que importe indexación o actualización monetaria.
Al respecto, con cita en precedentes de esta Suprema Corte y del Máximo Tribunal federal recordó que la modificación introducida por la ley 25.561 a la ley 23.928 mantuvo la redacción del art. 7 de ésta, y por ello en ningún caso se admite actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa (doctr. causa B. 49.193 bis, "Fabiano", resol. 2-X-2002; CSJN Fallos: 329:385).
De ese modo señaló que esta Suprema Corte declaró la validez constitucional de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (texto según ley 25.561) y ratificó la derogación, a partir del 1 de abril de 1991, de todas las normas legales o reglamentarias que establezcan o autoricen la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de deudas, impuestos, precios o tarifas, de los bienes, obras y servicios (v. entre muchas, causa L. 105.189, "Portillo", sent. de 7-IX-2011).
II. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpone recurso extraordinario de inconstitucionalidad (v. fs. 117/121).
Cuestiona el fallo del Tribunal de Alzada, en la medida que afirma que el modo en que el Instituto de Previsión Social liquidó la retribución por egreso sobre la base del art. 2 del decreto 683/11 es más restrictivo que el derecho reconocido por la ley 14.196, lesionando de ese modo el principio de legalidad, el derecho de propiedad y los principios de igualdad y razonabilidad.
Afirma que el pronunciamiento impugnado vulnera los arts. 144 inc. 2, 11, 31 y 39 de la Constitución provincial, en relación a lo dispuesto por el art. 57 de la misma.
Explica que el Poder Ejecutivo reglamentó la ley excediendo los límites de su competencia y alterando el espíritu de la misma.
Señala que mientras la ley restituye un derecho que fuera suspendido por la ley de emergencia económica (art 1, ley 12.867) el decreto establece un modo de liquidar el beneficio que lo desnaturaliza.
Refiere a los fundamentos de la ley 14.196 entre los cuales destaca que la finalidad de la norma consiste en equiparar una situación de injusticia respecto de los agentes que pudieron cobrar la bonificación por egreso de manera inmediata a su cese.
En ese sentido, alude a que el restablecimiento del derecho no puede sino serlo en las mismas condiciones en las que fue otorgado a quienes pudieron ejercerlo.
Agrega que, entre los fundamentos de la ley está explícitamente contemplado el derecho de igualdad (art. 11, Const. prov.), lo cual demuestra que la intención del legislador consistió en reconocer el mismo derecho a quienes se encuentran en iguales situaciones.
Dice que el artículo impugnado vulnera el derecho de propiedad (art. 31, Const. prov.), en la medida que establece una manera de calcular la retribución cuya liquidación arroja como resultado un importe muy inferior al monto que correspondería de calcularlo de acuerdo a las previsiones del art. 1 in fine de la ley 14.196.
Resalta el carácter alimentario del salario en relación a la retribución por egreso, cuya prestación se vincula con la cobertura de necesidades propias y del núcleo familiar, amparado por el art. 39 inc. 1 de la Constitución provincial que reconoce el derecho a un salario mínimo vital y móvil.
Refiere que el Acuerdo 3560, el cual -si bien no es vinculante ni extensible a otros regímenes- constituye un criterio válido en relación a la forma de liquidar la retribución por egreso.
Finalmente, señala que el objeto del sub judice no consiste en una indexación o repotenciación de una deuda, sino se trata fundamentalmente del derecho al cobro de una retribución por el ingreso a la pasividad y no de un antiguo crédito o una obligación de dar una suma de dinero.
III. Oído el señor Procurador General a fs. 127/141, considero que el recurso extraordinario interpuesto prospera.
III.1. De modo liminar me permito recordar que por vía del recurso extraordinario de inconstitucionalidad solo cabe cuestionar la validez de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos locales frente a disposiciones de la Constitución de la Provincia, conforme los arts. 161 inc. 1 de la Constitución local y 299 del Código Procesal Civil y Comercial (doctr. causas Ac. 58.527, "Caja de Seguridad Social para Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 20-II-1996; Ac. 78.220, "Doddi", resol. de 7-VI-2000; Ac. 85.402, "Meza", resol. de 11-XII-2002; Ac. 91.177, "Saulino", resol. de 1-IX-2004; A. 73.332, "Tevéz", sent. de 15-VII-2018; e.o.).
En el caso la parte actora solicitó que se declare la inconstitucionalidad del art. 2 del decreto 683/11 por resultar incompatible con los derechos reconocidos en los arts. 11, 31, 39 y 144 inc. 2 de la Constitución provincial.
III.2. Sentado ello, corresponde analizar el marco normativo en el cual se inscribe el sub lite :
a) La parte actora cesó con fecha 1 de abril de 2002 a fin de acogerse a los beneficios previsionales, bajo la vigencia de la ley 12.867, que había suspendido -en el marco de la emergencia económica- las retribuciones especiales por egreso reconocidas por razones de antigüedad o por reunir los requisitos para la obtención de la jubilación ordinaria.
b) La ley 13.355 restableció el llamado "premio" jubilatorio a partir del 1 de julio de 2005, el cual sería abonado dentro de los treinta días de producido el cese (v. art. 2 in fine, dec. 1.859/05, regl. ley cit.).
c) Posteriormente, la ley 14.196 reconoció el derecho a percibir la retribución que fija la ley 13.355 en las condiciones allí establecidas y con el monto actualizado al momento del efectivo pago (el destacado me pertenece) para quienes hayan obtenido su derecho jubilatorio en el período comprendido desde la vigencia de la ley 12.867 y hasta el 1 de julio de 2005.
d) Por último, el decreto 683/11 -reglamentario de la ley 14.196- dispuso que el Instituto de Previsión Social sería el organismo encargado de liquidar y abonar la mentada retribución, a requerimiento del interesado, quien deberá acreditar que se encuentra alcanzado por las pautas de la norma aportando la documentación que el organismo previsional requiera a tal fin.
En relación a la base de cálculo, estableció que para la liquidación del beneficio se tomará el último sueldo básico más la antigüedad al momento del cese de actividad, sin ningún tipo de descuento, con más los intereses que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días, a contar desde la fecha de cese (arts. 1 y 2, dec. cit.).
III.3. En mi opinión, le asiste razón al recurrente pues la ley 14.196 ha fijado en forma clara la manera de liquidar el beneficio cuando se reúnan las condiciones del art. 1 de la ley 13.355 con el monto actualizado al momento del efectivo pago (art. 1 in fine ) y el decreto reglamentario, lo restringe.
Advierto que el ejercicio de la potestad del poder ejecutivo provincial excedió los límites de sus atribuciones (art. 144, Const. prov.) especialmente la de hacer ejecutar las leyes de la provincia facilitando su ejecución por reglamentos y disposiciones especiales que no alteren su espíritu, infringiendo de ese modo la exigencia de razonabilidad que debe guardar toda disposición normativa.
Tiene dicho este Tribunal que cuando una disposición reglamentaria desconoce o restringe irrazonablemente derechos que la ley reglamentada otorga, o de cualquier modo subvierte su espíritu y finalidad, se contraría el principio de jerarquía normativa (causas C. 115.486, "Capaccioni", sent. de 30-X-2014; B. 62.043, "Karanicolas", sent. de 31-X-2016; e.o.) y configura un exceso en el ejercicio de las atribuciones que la Constitución concede al Poder Ejecutivo (arg. art. 31, Const. nac.).
En consecuencia, el acto administrativo cuestionado (resol. 782.903 obrante a fs. 177, expte. adm. 2350-131030-02) deviene ilegítimo por cuanto para rechazar la impugnación a la liquidación que la parte actora efectuara en sede administrativa se basó en el art. 2 del decreto 683/11, el cual resulta -a mi juicio- incompatible con la letra y espíritu de la ley 14.196 (ver fundamentos de la ley, recuperado el 19-V-2020 de https://normas.gba.gob.ar/documentos/VmW3ET6x.html ).
Por ello, el decreto que reglamenta la ley 14.196 (art. 2, dec. 683/11), de inferior grado normativo, cuando establece que para la liquidación del beneficio se tomará el último sueldo básico más antigüedad al momento del cese de actividad, más los intereses a contar desde la baja, se muestra incompatible con la ley formal que consagra el derecho a la percepción del beneficio tomando como base el "monto actualizado" de la retribución del agente al momento del pago (art. 1, ley 14.196).
III.4. Resulta evidente que la disposición impugnada se aparta de los fundamentos tenidos en cuenta por el legislador al sancionar la ley 14.196, circunstancia que configura una vulneración al principio de igualdad ante la ley y al derecho de propiedad, reconocidos en los arts. 11 y 31 de la Constitución provincial, máxime teniendo en cuenta el sacrificio especial de la actora por haber cesado en un período de emergencia económica, en el cual su derecho se hallaba suspendido.
El modo de liquidar el beneficio por egreso con base en los sueldos históricos con más intereses, configura en la especie el quebranto de los derechos constitucionales aludidos en el párrafo anterior, dado que no existe razón alguna que justifique un tratamiento diferente para quienes por su fecha de cese queden comprendidos bajo la ley 13.355 o 14.196.
Iguales razones me llevan a considerar que, en el caso, se conculca el derecho de propiedad garantizado en la Constitución provincial, conforme al amplio significado con que cabe interpretar a dicho vocablo (CSJN Fallos: 137:47 y 145:307; entre muchos otros).
III.5. No obstante lo expuesto, que en la especie resulta suficiente para admitir el recurso interpuesto, debo señalar que este Tribunal fijó su criterio interpretativo en el Acuerdo 3560 en relación a la regulación sectorial para los magistrados, funcionarios y agentes del Poder Judicial, en el cual expresamente se consignó que a efectos de su cálculo, siguiendo el criterio fijado por la ley 14.196, cabe asumir el monto actualizado al momento del efectivo pago, es decir, adoptar como última remuneración mensual total la vigente en la actualidad para la categoría en que revistara el interesado al momento del cese (el destacado me pertenece).
En mérito a la incongruencia de la norma reglamentaria respecto de la legal y teniendo en cuenta que el artículo enjuiciado no resiste el análisis de compatibilidad con la Constitución provincial, propongo que se declare la inconstitucionalidad del art. 2 del decreto 683/11 y su inaplicabilidad a la parte actora, por violentar los arts. 11, 31 y 144 inc. 2 de la Constitución provincial.
III.6. En relación al alcance con el que se acoge favorablemente la pretensión, debo indicar que el objeto de la presente litis consiste en que la bonificación por seis sueldos sea saldada en los términos de la ley 14.196, en cuanto establece que los agentes públicos -en las condiciones allí especificadas- tendrán derecho a la percepción indicada "con el monto actualizado al momento del efectivo pago". El decreto reglamentario, cuya declaración de inconstitucionalidad aquí se propone, tomaba como parámetro el haber al momento del cese.
Aclarado ello, cabe señalar respecto de la forma de liquidar el beneficio que, si bien en el escrito postulatorio se entremezclan expresiones no unívocas (v. fs. 9 segundo párrafo, 16 vta. segundo párrafo o incluso 18 vta.); en ciertos pasajes se hace referencia al pago del emolumento con criterio de actualidad. Así, a fs. 9 al describir el objeto de la pretensión alude "al cobro de la retribución especial por egreso a valores actuales" ; también al fundar en derecho la acción explica que el principal agravio se configura por la diferencia entre lo abonado por el organismo, y el derecho que le asiste según la ley 14.196 (v. fs. 13, 14 y 16).
Es decir que la pretensión de cobro tiene un criterio de actualidad de acuerdo a lo expresamente dispuesto por la letra de la norma.
El derecho que reclama la actora, de naturaleza alimentaria, en cuanto a su protección en el ordenamiento jurídico se encuentra ubicado por encima de otros derechos meramente patrimoniales. Se trata de una situación alcanzada por la regla de "interpretación a favor del trabajador" que se consagra en el art. 39 inc. 3 de la Constitución local, por cuya virtud ante la duda, cabe descartar la interpretación "desfavorable" o perjudicial (conf. doctr. causas B. 59.556, "Josch de Kosak", sent. de 10-IX-2003; B. 54.877, "Levitán", sent. de 18-II-2004; B. 64.163, "Fahey", sent. de 29-IV-2009; B. 65.686, "Arenas", sent. de 2-XI-2011; A. 74.134, "Fregonse", sent. de 29-V-2019; e.o.)
Por lo dicho, habiéndose declarado la inconstitucionalidad del art. 2 del decreto 683/11, entiendo que deviene operativa la normativa de la ley 14.196, por lo que corresponde reconocer a la actora el monto actualizado al momento del efectivo pago, aplicando una tasa de interés del 6% anual desde la fecha del reclamo hasta ese momento (conf. C. 120.536, "Vera", sent. de 18-IV-2018 y C. 121.134, "Nidera", sent. de 3-V-2018). A dicho monto, deberá descontarse lo percibido, según surge de fs. 58.
En virtud de lo expuesto, corresponde anular la resolución 782.903 en razón de fundarse en la norma cuya inconstitucionalidad por la presente se declara, lo que implica reconocer el monto del beneficio al momento del efectivo pago (art. 1, ley 14.196), aplicando una tasa de interés pura del 6% anual desde la fecha del reclamo (26-VII-2011) hasta la fecha de pago. A dicho monto, deberán descontarse las sumas percibidas por la actora en concepto de retribución especial por cese (v. constancias de fs. 58 y lo solicitado por la Fiscalía de Estado en el punto 2 "d" de la contestación de demanda agregada a fs. 39/45).
IV. Por los fundamentos expuestos, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inconstitucionalidad deducido, con costas (arts. 303 y 68, CPCC).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero a lo expresado en el voto del señor Juez doctor Soria en el punto III.4. y III.5 primer y segundo párrafo, puesto que ello es suficiente para brindar respuesta a la cuestión planteada.
En mérito a la incompatibilidad de la norma reglamentaria respecto de la legal y teniendo en cue
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